Mata a un amigo y a su esposa en un arrebato en Tenerife

Era otra España. Que todavía guardaba las formas y e imperaba un absurdo celo de la moral. Era un país en progreso pero que no terminaba de despegar. Sucedían cosas y algunas rozaban el escándalo en un tiempo en el que todavía estaba condenado por la Justicia el denominado «delito de adulterio«. Había que guardar las formas, aunque luego muchas aventuras se hacían a escondidas, guardando el silencio de rigor, so pena de ser denunciado y ser condenado al escarnio del vecindario, que quizás fuese una pena mucho peor que las sentencias emitidas por los tribunales.

Esta historia tiene sus raíces en la amistad que comenzaron a trabar el matrimonio compuesto por Francisco Gil Villalba, guardia civil de profesión, su esposa María Esperanza Rijo Bethencourt y la pareja compuesta por el industrial José Gómez Rodríguez y Nelsa García Díaz, quienes regentaban una tienda dedicada a la venta de muebles en la capital tinerfeña. Un buen día el miembro de la Benemérita y su cónyuge fueron a adquirir mobiliario al negocio en cuestión, a raíz de lo cual se entabló una amistad entre ambos matrimonios que perduraría cierto tiempo.

La relación de ambas parejas fue a más con el paso del tiempo y se consolidó hasta el extremo que la esposa del empresario comenzó a sospechar que su marido mantenía un idilio con la mujer del agente de la Guardia Civil, denunciando el hecho ante el cuartel del Instituto Armado en Tenerife. A consecuencia de ello, los superiores de Franciso Gil instaron a este a que presentase su baja en el cuerpo, pues una situación así en aquel entonces en un cuerpo que debía ser modélico no podía permitirse, a lo que este último accedió.

Nuevo trabajo

Gil Villalba comenzaría a trabajar en un empleo que le proporcionó su amigo José Gómez Rodríguez, el empresario de muebles. Su ocupación consistiría en cobrar letras de cambio a sus distintos clientes. Para ello contaría con el coche del industrial, que se lo vendería en 85.000 pesetas (algo más de 500 euros al cambio actual), con opción a la compra de otro. El nuevo empleado hizo efectiva la cantidad requerida por su patrono, pero este comenzó a demorarse en la cesión del automóvil, lo que a la postre iba a convertirse en el detonante de la tragedia.

Como consecuencia de la negativa a la entrega del vehículo, se producirían una serie de incidentes entre el ex-agente de la Benemérita y el industrial, siendo el primero duramente despreciado por el segundo con insultos y vejaciones, ya que no terminaba de entregarle el coche a Gil Villalba ni tampoco le devolvía el dinero que le había anticipado, lo que le conduciría a un estado de gran tensión personal y emocional.

El día 23 de septiembre de 1969 ambos protagonistas se encontraron en una calle de la ciudad insular, conminándole el antiguo guardia civil al empresario que detuviese el vehículo en el que viajaba, aunque este siguió dándole largas y menosprecios a Francisco Gil, quien en ese momento iba armado con una pistola. Sin pensárselo dos veces, con el arma que portaba efectuó dos disparos sobre José Gómez Rodríguez, quien quedó exánime prácticamente en el acto en el interior de su propio automóvil.

Posteriormente, el autor de la muerte del empresario se dirigió al domicilio de este último. Allí se encontraba su esposa, quien supuestamente ya conocía lo que le había ocurrido a su marido, por lo que recibió a Gil Villalba empuñando un cuchillo. Sin embargo, la superioridad del arma del ex-agente de la Guardia Civil dirimió una lucha desigual, pues descerrajó a Nelsa Garcá Díaz, de un solo disparo, que fue más que suficiente para terminar con su vida. Una vez perpetrado el doble crimen, el criminal se entregó en el Juzgado, presa de una gran excitación nerviosa.

Condena

En un primer momento en el año 1971 la Audiencia Provincial de Tenerife condenaría a Francisco Gil Villalba, a una pena total de 40 años de prisión, acusado de dos delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, así como al pago de una indemnización de un millón de pesetas en su conjunto (algo más de 6.000 euros actuales) a los herederos del empresario asesinado y su esposa. No obstante, su abogado, insatisfecho con esta resolución judicial, apelaría al Supremo, quien rebajaría considerablemente la condena.

En una sentencia dictada el 28 de diciembre de 1972 el Tribunal Supremo tipificaría los hechos como un delito de asesinato y otro de homicidio, quedando establecida en un total de 26 años de cárcel; 14 por la muerte del hombre y 12 por el de la mujer. La alta magistratura entendía que se daban como atenuantes muy cualificadas las de arrebato y obcecación, a lo que se añadía la de arrepentimiento espontáneo, aunque mantenía la agravante de desprecio por el sexo, así como debía satisfacer también la responsabilidad civil impuesta por la audiencia insular.

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