El asesinato del general portugués Humberto Delgado y su secretaria en Badajoz, un oscuro y misterioso suceso que quedó impune

El general Humberto Delgado dirigiéndose a la población en un mitín en Portugal

El general Humberto Delgado había sido amigo íntimo de Oliveira Salazar, el viejo dictador portugués que dirigía con mano de hierro el país vecino. Sin embargo, su amistad se vendría abajo a raíz de su postulación en el año 1958 para la presidencia de la República. Era aquella la primera vez en muchos años que la oposición se presentaba a una convocatoria electoral y de hecho, gracias a un descarado fraude triunfaría el candidato oficialista, Américo Tomás. A pesar de su no victoria, Delgado terminaría por convertirse en un referente para toda la disidencia y oposición lusa, que veían en él a una figura capaz de aglutinar y desarrollar un nuevo proyecto que terminase con la anquilosada y corrupta dictadura portuguesa que se prolongada desde la década de los años veinte del pasado siglo. Ante este panorama, Delgado optó por abandonar su país y trasladarse a Brasil, donde proseguiría con su actividad política.

Conocedores del carisma del militar, la dictadura salazarista no cejó en su empeño de perseguirle. De hecho, su temida policía política, la PIDE seguiría hasta la antigua colonia portuguesa al hombre que sería conocido como «el general sin miedo». Consciente de que le seguían los pasos, puso el caso en conocimiento de las autoridades del país carioca e inmediatamente descubrieron que en la supuesta inofensiva oficina que había instalado la policía política no había un solo papel, pero sí armas de gran precisión, entre ellas un rifle, con el que pretendían darle muerte.

Ante la actitud que habían tomado los acontecimientos, Humberto Delgado decidió actuar provocando la llamada Revolta de Beja,en colaboración con otros militares portugueses que se encontraban en activo, pues él había sido degradado e incluso expulsado del Ejército. Su intentona no hizo otra cosa que acrecentar la animadversión que hacia él sentían las principales autoridades lusas, que ahora pasarían a la acción empleando métodos expeditivos para deshacerse de él. Se pondría en marcha la «Operación Otoño», destinada a liquidarlo, independientemente de los métodos que se empleasen para ello, recurriendo incluso a métodos mafiosos.

Un extraño viaje

El año 1965 fue el ejercicio escogido para dar muerte a quien era la principal referencia de la oposición portuguesa en aquel tiempo. Para ello se servirían incluso de la organización de extrema derecha francesa OAS, al frente de la cual estaba Jean Jaques Susini. Le habrían propuesto un viaje a la capital italiana, aunque el rechazó esta opción, por lo que decidió volar desde Argel a París, donde debería entrevistarse con un personaje de escasa reputación y fácilmente manipulable, Ernesto de Carvalho, quien en teoría era un opositor al régimen imperante en Portugal, aunque demostraría ser un individuo con nulos escrúpulos y escasa talla moral. Este le hizo saber que había militares portugueses que deseaban entrevistarse con él, con Delgado, en la frontera luso-española, en la provincia de Badajoz. A pesar de que personas próximas al general le quisieron hacer ver el riesgo que corría si se dirigía al lugar previamente convenido, Humberto Delgado hizo una vez más gala de su valor y arrojo para afrontar la situación. Esas mismas personas le manifestaron su desconfianza a que aquello se tratase de una emboscada y a la previsibilidad de que detrás de la misma se hallase la siempre temerosa policía política portuguesa, la PIDE.

A pesar de todo, el general decidió hacer caso omiso de sus consejeros y asistiría a la cita. Para ello, se hospedaría en el Hotel Simancas de la capital pacense. Uno de sus primeros puntos de encuentro era la catedral de la ciudad, aunque se encontró con que allí no había absolutamente nadie. Tampoco encontraría a otros confidentes en la estación de ferrocarril, otro de los puntos convenidos en su periplo por territorio extremeño. De regreso al hotel en el que estaba hospedado, recibió la sorpresiva visita de cuatro personas, una de las cuáles, el inspector Antonio Rosa Casaco, una de las cuales le comunicó que el supuesto opositor Ernesto de Carvalho había sido detenido. De sus visitantes, tres eran miembros de la OAS y otro de la PIDE. Le comunicaron, a su vez, que otra persona se encargaría de trasladarlo no a Olivenza, como en un principio había creído sino hasta un paraje conocido como Los Almerines, por entender que era un lugar mucho más discreto para mantener una reunión de aquel calibre.

Al día siguiente, 13 de febrero de 1965. fecha prevista para la ejecución del macabro plan, un subinspector de la PIDE, Ernesto Lopes le comentó el supuesto arresto de Carvalho, al tiempo que se hacía pasar por un falso teniente del Ejército. El lugar elegido era idóneo para una reunión secreta, pero también para una trampa mortal. Humberto Delgado mostró su extrañeza por contemplar solamente a una persona en otro vehículo en el lugar elegido, a lo que el conductor que lo había traslado hasta aquel paraje le dijo que el resto se encontraban ocultos entre los árboles. Inmediatamente «El General sin miedo» se percató de que realmente aquello era una emboscada, por lo que haciendo gala de su arrojo y valor se abalanzó sobre uno de sus asaltantes, entablándose una pelea entre ambos hasta que Casimiro Monteiro, un peligroso individuo al que se le atribuían varios crímenes en las colonias portuguesas, le propinó un culatazo en la zona occipital, siendo derribado en el suelo. Este mismo sujeto le efectuaría otros tres disparos en el pecho y se encargaría de darle el toque de gracia con el mismo arma, aún humeante de los tres primeros disparos.

Una vez muerto el militar luso, su cuerpo fue envuelto en una manta y lo escondieron en un automóvil dejando un gran reguero de sangre en el suelo. Lopes regresaría al hotel en busca de la secretaria de Delgado, con la falsa excusa de que el general requería sus servicios. Una vez en el mismo paraje en el que habían dado muerte a su primera víctima, aquellos desalmados policías políticos torturarían hasta la extenuación a Arajaryr Moreira de Campos, que así se llamaba la mujer, quien moriría a manos del terrible Monteiro, quien no dudó en estrangularla para terminar con su vida.

Los asaltantes depositarían los cuerpos de sus víctimas en una especie de arroyo seco, echándoles por encima ácido sulfúrico y también cal, con la finalidad de volverlos irreconocibles, al tiempo que creían que jamás serían descubiertos. Sin embargo, dejarían demasiadas pistas que serían concluyentes a la hora de resolver el caso.

Hallazgo de los cuerpos

El dueño del hotel en el que se alojaban los dos súbditos de nacionalidad portuguesa denunciaría su misteriosa desaparición ante la Policía, pues, aunque ninguno de los dos había efectuado pago alguno, tampoco habían retirado sus pertenencias, lo que le resultaba muy extraño. Cuando ya había transcurrido algo más de mes y medio del doble asesinato, dos niños que buscaban nidos en la localidad extremeña de Villanueva del Fresno hallaron dos cuerpos en aquel paraje en el que les habían dado muerte. Comenzaba para la Policía la ardua tarea de saber lo que había ocurrido, pues se carecía de cualquier pista acerca de la identidad de las dos personas que habían sido asesinadas, pues estaban en avanzado estado de descomposición y estaban prácticamente irreconocibles.

Un anillo hallado en uno de los dedos del general, con las iniciales H.D. grabadas, sería lo que les condujo a la pista a los investigadores. Aquellos dos cadáveres no pertenecían a supuestos emigrantes que estaban huyendo de su país, como se sospechó en un principio, sino que uno de ellos pertenecía a una destacada personalidad portuguesa. Desde el Ministerio de Información y Turismo, dirigido entonces por Manuel Fraga Iribarne, se pretendió acallar un asunto que llegaría incluso a crear un pequeño incidente entre España y Portugal.

Otro elemento clave en la resolución del suceso fue el hallazgo de una quiniela portuguesa, la Totobola, en la zona aledaña a la aparición de los cuerpos. Inmediatamente se supuso que detrás de aquel crimen se encontraba la todopoderosa PIDE. El juez español encargado del caso quiso trasladarse al país vecino para interrogar a los supuestos autores del crimen, pero las autoridades lusas se lo impidieron, además de declararlo persona non grata.

Posteriormente, en Portugal se hizo un simulacro de juicio que no dejaba de ser una vulgar pantomima con la que encubrir sus vergüenzas. Fueron detenidos todos los que habían intervenido en el secuestro y asesinato de Humberto Delgado. Negaron en todo momento que tuviesen intención de asesinarlo y que solo pretendían secuestrarlo con la finalidad de darle un susto. Además, atribuyeron su muerte a Casimiro Monteiro, quien se había fugado a territorio africano, desconociéndose su paradero. Ninguno de los agentes que habían participado en el secuestro y asesinato de «El General sin miedo» sufriría la acción de la justicia, en tanto que su teórico asesino moriría, ya viejo, en Sudáfrica.

El principal responsable del comando que dio muerte a Delgado, el inspector Antonio Rosa Casaco sería detenido en Madrid en abril del año 1998. Aunque sus delitos no habían prescrito tal como lo establecía la Constitución portuguesa de 1976, el antiguo miembro de la PIDE fallecería en la localidad lusa de Cascais a la edad de 91 años, después de una turbia vida en la que no faltaron los desfalcos, ni el contrabando ni, como hemos visto, el crimen. Toda una joya que ideó un doble asesinato por el que jamás nadie tuvo que rendir cuentas ante la justicia a pesar de que hoy en día Humberto Delgado sea ya un reconocido héroe nacional en su país.

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Impunidad para el asesinato de dos jóvenes prostitutas en el madrileño barrio de Entrevías

Barrio de Entrevías en Madrid

La década de los años ochenta del pasado siglo, además de la famosa «Movida madrileña», también sería trágicamente recordada por los estragos que el consumo de heroína causaba entre los más jóvenes, llegando a fallecer en 1985 medio centenar de personas a consecuencia de las drogas en la capital de España. En este suceso que ahora se rememora se unieron prácticamente todos los ingredientes morbosos que requerían una situación de estas características, al igual que del guión de una película de Eloy de la Iglesia se tratase. Non faltaba la droga, ni por supuesto los bajos fondos y la marginalidad a la que sucumben sus tristes protagonistas, que perecen en plena juventud en un doble crimen relacionado con el tráfico de estupefacientes.

En la jornada del 25 de abril de 1985 una mujer caminaba por las vías del ferrocarril que separaba los barrios madrileños de Entrevías y Vallecas, viéndose repentinamente sorprendida por la presencia de dos cuerpos tirados en sus inmediaciones. Uno de ellos correspondía a María Francisca Pajares Maroto, de 22 años de edad, conocida como «La Paca», en tanto que el otro pertenecía a Angeles Pérez Alcaide, «Nines», un año menor que su compañera. Ambas ejercían la prostitución para costearse la terrible adicción a la que se encontraban enganchadas y que tantas tragedias estaba ocasionando en la España de la época, amén de sumir a las grandes ciudades en olas permanentes de inseguridad ciudadana.

Nada recordaba en María Francisca, sumida en un gran deterioro físico, a la joven que había aspirado a conseguir el título de belleza «Miss Madrid» hacía tan solo unos años. Su cuerpo, terriblemente desgastado a consecuencia de las drogas, declinaba la situación infame en la que se había acostumbrado a vivir. A pesar de que su familia había intentado por todos los medios que se bajase del caballo, a la joven le faltó el tesón suficiente para hacerlo. Había pasado por un centro de rehabilitación de toxicómanos en Valencia, «El Patriarca», pero solamente aguantó unas semanas, tras las cuales regresó a Madrid a ejercer la prostitución en la zona de Capitán Haya. A los estragos de la heroína, había que sumarle la sarta de golpes que sufrió el día en que fue asesinada. Según la autopsia presentaba tres impactos en el cráneo propinados por algún objeto de gran contundencia, tal vez un palo o un bate de béisbol, suficientes para terminar con su infortunada existencia. A su lado alguien había colocado una jeringuilla hipodérmica, como pretendiendo dar a entender que «esto ha sido la causa de su muerte».

Otro tanto le había ocurrido a Nines, quien habría muerto en las mismas circunstancias que su compañera y muy probablemente a manos del mismo agresor o agresores y su cadáver fue hallado a metro y medio del de «La Paca». Su rostro estaba horriblemente desfigurado y su cuerpo también experimentaba los mismos efectos de los estupefacientes que la otra mujer asesinada. Su constante deterioro era más que evidente y su suerte parecía estar sellada desde el instante mismo en que se pinchó por vez primera con una de esas macabras jeringuillas que tanto abundaron en aquella década por parques y jardines de toda España.

Una testigo sorpresa

Aunque la Policía tuvo desde el primer instante a una familia de etnia gitana en el punto de mira, ya que era de sobra conocido que se dedicaba al menudeo de la droga, nunca podrían atarse cabos los suficientemente sólidos para mantener su incriminación. Casi un año después del hallazgo de los cuerpos de las dos jóvenes asesinadas, sería detenida en el barrio de Entrevías Enriqueta Arincón Silva, alias «La Mona», de 18 años de edad, acusada de haber vendido una papelina de heroína a un joven de la zona. Según todos los indicios, esta joven, también fuertemente enganchada a las drogas y que vivía en un poblado chabolista en compañía de su madre y un sobrino, declararía ante la Policía que las dos muchachas asesinadas habrían acudido a su casa a comprar heroína. Como no la tenía, les indicó la casa de la familia de etnia gitana en torno a la cual se centraban las sospechas de los investigadores, que llegarían a detener a cinco de sus miembros, de los cuales tres serían puestos en libertad a los pocos días.

Cuando parecía que había indicios que apuntaban a una pronta resolución del caso, en mayo de 1986 fallecía la única testigo que podía aportar pruebas en el hospital Gregorio Marañón de la capital de España como consecuencia de su adicción a las drogas, ya que estaba considerada una «toxicómana intensa», un concepto clínico utilizado para medir el grado de deterioro al que se encontraba sometido su organismo, cada vez más debilitado, aunque otras fuentes apuntaban a que «alguien había decidido cerrarle la boca para siempre» aludiendo con ello a la hipotética posibilidad de que la muchacha, que no sabía leer ni escribir y tuvo que firmar su declaración ante la Policía con el dedo pulgar, podría haber sido víctima de una sobredosis en la que hubiesen intervenido terceras personas.

Con el deceso de la única persona que podía aportar algo de luz en torno a un suceso misterioso y oscuro, el caso entraría en un punto muerto, a pesar de que la Policía no dejó de tener en el punto de mira a la familia de etnia gitana de la desconfiaba. Es más, según sus indagaciones, la muerte de ambas jóvenes no se produjo en el lugar en el que habían sido encontrados sus respectivos cadáveres, sino que con toda probabilidad tuvo lugar en otro sitio y alguien, nunca se ha podido determinar quien, trasladó sus cuerpos hasta el paraje en el que fueron encontrados.

Este desgraciado episodio, al igual que muchos otros, sería archivado al carecer de indicios suficientes, a pesar de que a finales de febrero de 1991 la familia de «La Paca» intentó, sin éxito, que se reabriese el caso para tratar de localizar a quien o quienes dieron muerte a una joven cuya vida se esfumó en el cenagoso mundo de la prostitución, los bajos fondos y las drogas.

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Una niña asesinada en Punta Umbría (Huelva) por el recepcionista del hotel que regentaban sus padres

Buzos rastreando la ría en busca de la pequeña asesinada

Como todos los casos en los que la víctima es un menor, sobra decir que es escabroso y hasta escalofriante, superando cualquier apelación descalificante que se le pueda atribuir. A todo ello se sumaría la incertidumbre en que a lo largo de diez días se sumó la localidad onubense de Punta Umbría, dónde todo el mundo se convirtió en sospechoso de un suceso que conmocionaría, no solo a la provincia de Huelva, sino también a España entera. Durante aquellas largas jornadas las calles de la esplendorosa localidad andaluza, muy concurrida en épocas estivales, se vieron invadidas de periodistas que se preguntaban sobre cual sería el incierto futuro de María del Carmen Carretero Gómez, una niña de nueve años, que se convertiría en la trágica protagonista de un suceso que con tan solo recordarlo parece producir escalofríos. Y no es para menos.

La pequeña María del Carmen despareció al atardecer del día 25 de octubre de 1985. Al ano aparecer a la hora de la cena, su madre solicitó del recepcionista del Hotel Emilio, establecimiento hostelero que regentaba junto a su marido, que fuese en busca de la niña, desconociendo que aquel mismo hombre era el autor de su involuntaria desaparición. Aquella misma tarde, la criatura había estado jugando con un primo suyo de trece años, con quien era habitual que departiese en sus ratos de ocio cuando no tenía que ir a la escuela o realizar otras actividades. Fue la casa y el entorno de su familiar el primero que se registró, pero sin obtener resultado alguno ni tampoco ninguna pista que condujese al paradero de la pequeña.

El padre de la niña, José Carretero, que se encontraba de viaje, regresaría de inmediato para incorporarse al operativo de búsqueda de su hijo. Debido a la ausencia de indicios, fue entonces cuando un grupo de buzos de la Guardia Civil decidió rastrear la ría, sin que tampoco se obtuviesen frutos de esta ardua indagación. Es más, los propios equipos especializados desecharían la posibilidad de que la pequeña cayese en el mar, ya que, por regla general, este suele devolver los cuerpos cuando han transcurrido 72 horas desde su caída accidental a las aguas.

Un olor nauseabundo

Cuando ya habían transcurrido diez días de la desaparición de la pequeña, una de las empleadas de la cafetería del hotel que regentaban los padres se dirigió a una de las casas que tenía la familia y que servía también de residencia veraniega debido a la afluencia masiva de turistas. Aquel mismo lugar ya había sido rastreado en otras ocasiones, pero sin ningún éxito. La empleada, que respondía al nombre de Reyes, detectó un terrible hedor que ella supuso que procedía de la habitación 44. Temerosa de lo que pudiese encontrarse, reclamó la presencia de otra compañera, Ángeles, quienes al abrir la puerta de aquel cuarto observaron un enjambre de mosca en una de las camas. El miedo pudo una vez más con ellas y decidieron llamar a su compañero Manuel Garfia para saber lo que realmente sucedía allí, aunque ya se temieron lo peor.

A ellos tres se sumaría un primo de la pequeña, Manuel Delgado Gómez. Entre los cuatro retirarían el colchón de la cama, bajo el cual aparecería el cuerpo de María del Carmen Carretero Gómez. Fue reconocida por las ropas que llevaba, pues su rostro estaba desfigurado a consecuencia de la descomposición que comenzaba a avanzar. Inmediatamente dieron aviso a la familia del macabro hallazgo. El padre de la pequeña, que se encontraba literalmente desesperado, regresaría inmediatamente desde Huelva, a donde había acudido a visitar a un vidente para que le ofreciese alguna pista acerca del paradero de su hija. Desgraciadamente, aquella incógnita se resolvió ese mismo día de la peor forma posible.

Junto a su cuerpo fue hallado un hilo de nailón, así como ocho cabellos, siete de hombre y uno de mujer. Una forense practicaría una primera autopsia en la que dictaminaría que la pequeña había fallecido estrangulada y que había sido violada. Por su parte, el mediático doctor Luis Frontela se encargaría de llevar a efecto una segunda necropsia en la que negaría que la pequeña hubiese sido violada, ya que según su investigación la rotura del himen se debió a la expulsión de gases. Tampoco coincidió en la causa de la muerte de la menor, que él atribuyó a la asfixia a la que fue sometida.

El estupor y la consternación se apoderarían de la preciosa localidad onubense, cuyos vecinos jamás recordaban un hecho similar. A lo largo de todos aquellos días se sucederían las condenas rotundas a tan macabro suceso que enturbiaba la tradicional armonía que se vivía en la zona, únicamente interrumpida, aunque afortunadamente no de forma trágica, en los meses estivales cuando miles de turistas procedentes de toda Europa se dan cita en sus magníficas y estupendas playas, así como en sus innumerables parajes que se encuentran junto al mar.

Como suele suceder en estos casos, las investigaciones de la Guardia Civil se dirigieron, en un primer momento, al entorno más próximo a la pequeña asesinada. Tanto sus familiares como sus amigos se convirtieron en una indeseada diana. Nadie se podría imaginar que el asesino estuviese tan cerca, aunque tardarían más de un mes en proceder a su detención, después de que la Guardia Civil hubiese estrechado el cerco sobre el mismo.

Detención

Tras someterlo a seis horas de arduo y trabajo interrogatorio, el día 5 de diciembre de 1985 era detenido Juan Carlos Clavijo Jiménez, de 28 años, separado y padre de una niña de cuatro años, el conserje del Hotel Emilio, propiedad de los padres de la pequeña asesinada, la primera persona a la que le había encomendado la madre de María del Carmen que acudiese en su búsqueda. Se llegó a decir que entre ambos reinaba un mal ambiente y que el autor de la muerte de la pequeña le llegaría a soltar «te vas a acordar de mí».

Posteriormente, en presencia de la jueza, Juan Carlos Clavijo negaría que fuese el autor de la muerte de la pequeña, aunque las evidencias halladas junto al cadáver demostrarían todo lo contrario. Según los informes forenses, tanto los pelos encontrados, como una fibra de una camisa que llevaba ese día el asesino que fue hallada en el cuerpo de su víctima, pertenecían al conserje del hotel, quien se encargaría de ordenar a su abogado que pusiese una querella contra los agentes de la Guardia Civil que, según él, le habían coaccionado y torturado para que confesase su asesinato. Sin embargo, había demasiadas evidencias en su contra.

Juicio

En medio de una gran expectación, en la segunda quincena de noviembre de 1986 se celebraría el juicio contra Juan Carlos Clavijo Jiménez por el asesinato de María del Carmen Carretero Gómez. Al igual que había hecho ante la jueza que le tomó declaración se decantó por proclamar una vez más su inocencia, atribuyendo a los métodos cerriles empleados por los agentes de la Benemérita la circunstancia de haberse declarado culpable. En el juicio también testificaría su ex-mujer, una joven de 22 años, quien manifestaría que su ex-marido la maltrataba y que no se había atrevido a denunciarlo por el miedo que despertaba en ella.

La sentencia provocaría una gran decepción en la sociedad de la época, pues el asesino solamente sería condenado a 17 años de prisión, 16 por el delito de asesinato y otro más por abusos deshonestos. Además, debería hacerse cargo de las costas del proceso e indemnizar con diez millones de pesetas a la familia de la niña asesinada, aunque se declaró insolvente. De la misma forma, tampoco se le permitía acudir a Punta Umbría mientras no hubiese resarcido en su integridad a la familia de la niña.

Disconformes con la condena que se le había impuesto, los padres de María del Carmen recurrieron al Tribunal Supremo, quien elevaría en cuatro años la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Huelva. Al fin, algo era algo, aunque se nos antoja que no fue una sanción muy elevada para semejante barbaridad. Hoy en día, tal vez no se hubiese librado de la Prisión Permanente Revisable. Y sinceramente, creemos que se lo merecía.

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Triple crimen en la barriada de las Viudas en Valladolid (Los asesinatos de los Píos)

Los hechos sucedieron en la calle Tajo

Edificios de ladrillo visto, como si fuese una seña de la marginalidad a la que se ven sometidos estos barrios. Construidos mayoritariamente en la década de los años sesenta del pasado siglo al amparo del desarrollismo que pretendía erradicar los poblados chabolistas que habían surgido en los suburbios de las grandes ciudades. Además del desarraigo, el desempleo y la pobreza son casi siempre los más castigados por el tráfico de drogas al que sucumben algunos de sus moradores, carentes de cualquier horizonte digno. Así sería como se iniciaría una trágica reyerta en la noche del día 2 de diciembre de 2005. Al piso que ocupaba uno de los hermanos Jiménez, concretamente Álvaro, conocido como «El Pío» se dirigieron otra pareja de hermanos, los Serradilla, Rubén y Teodoro, que contaban con 27 y 33 años respectivamente, con la intención de adquirir algunos estupefacientes.

A partir de ese momento se iniciaría una trifulca, al parecer motivada por la «mala calidad» de la droga que les habían vendido los inquilinos de la vivienda a la que acudían -según la versión ofrecida en el transcurso del juicio que se celebró en su contra en el año 2007 por Rafael L.J. alias «El Moro». Según sus palabras, sus conflictivos clientes se abalanzaron sobre él con el ánimo de matarlo. Este, para defenderse, echó mano de una pistola, calibre 6.5, vaciando el cargador de la misma en el que llevaba incorporadas cinco balas. Tres Proyectiles alcanzarían a Rubén, uno de los cuales le seccionó la arteria aorta, a raíz de lo cual le provocaría una gran hemorragia, que sería la que al fin terminaría con su vida.

Los otros dos disparos tampoco serían en vano, pues uno de ellos alcanzaría a Beatriz G.C., esposa de Álvaro, «El Pío», quien al tratar de intermediar en la gresca que se había montado recibiría un disparo en el cráneo, que la dejaría exangüe prácticamente en el acto. No fue el caso de Teodoro, quien resultaría herido en un brazo. No obstante, al ver que no había podido alcanzar su objetivo, «El Moro» tomó una navaja que llevaba en el bolsillo y cosería literalmente a puñaladas a su tercera víctima, llegando a seccionarle la garganta. Inmediatamente después de dejar tres muertos tras de sí, abandonaría el lugar de autos en busca de un refugio indefinido.

Huida

Rafael L.J. iniciaría un largo periplo con el ánimo de sustraerse de la acción de la justicia. Su primer destino sería Laguna de Duero, en la provincia de Valladolid, donde residía un hermano suyo. Sin embargo, su cuñada, consciente de las graves consecuencias que podría acarrearle su encubrimiento, se negó a cobijarlo en su domicilio. Finalmente, recalaría en Murcia, donde residía otro de los familiares de su clan. Allí sería detenido en el transcurso de una espectacular operación judicial, junto a su hermano Álvaro el día 12 de diciembre de 2005.

Terminaba así el periplo de los dos hermanos del clan de «Los Píos» que se habían visto inmersos en una horrorosa matanza. La misma sería asumida desde el primer momento por «El Moro», quien exculpó a «El Pío» de cuanto había acontecido tan solo diez días antes en la barriada de las Viudas. Acerca de la presencia de este último en el mismo escondite en tierras murcianas, manifestaría que se había trasladado hasta allí a petición suya con el objetivo de explicarle que la muerte de la esposa de este último se había debido a «un accidente», convirtiéndose en una víctima colateral de un trágico suceso que consternaría profundamente a la capital castellana.

85 años de cárcel

Dos años después del doble crimen acaecido en los suburbios de Valladolid se celebraba el juicio contra los dos responsables de tres muertes en medio de una gran expectación. El principal protagonista de este suceso, Rafael L.J. exculparía en todo momento a su hermano, Álvaro, atribuyéndose el mismo la muerte de los dos hermanos Serradilla. Sorprendería la frialdad con que hacía su declaración en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Valladolid, pues no manifestaría en ningún instante el mínimo atisbo de arrepentimiento ni tampoco ningún remordimiento, responsabilizando de la muerte de sus víctimas a la actitud desafiante y violenta que mantuvieron con él. Aduciría en su descargo que actuó en defensa propia, ya que -según sus propias palabras- aquellos dos individuos habían intentado matarlo, aunque no portaban ningún arma.

El principal encausado se encontraría de frente con las investigaciones practicadas por los forenses, quienes restaron credibilidad a su declaración. Según las pruebas que recabaron, en el doble crimen de los hermanos Serradilla había participado más de una persona. Y esa no podía ser otra que su propio hermano Álvaro, quien también se vería cercado por la acción de la justicia, encausándolo casi de la misma manera que a «El Moro»

Finalmente, Rafael L.J. sería sentenciado a 49 años de prisión, acusado de dos delitos de asesinato, un homicidio doloso y tenencia ilícita de armas. Su hermano recibiría una condena sensiblemente menor que la suya, debiendo cumplir 36 años de cárcel. En el apartado de las indemnizaciones ambos autores del doble crimen de los hermanos Serradilla debían indemnizar con 270.000 euros a la madre de sus víctimas.

Asesina a su esposa y a su amante incendiando el vehículo en el que se encontraban en Ciudad Real

El doble crimen tuvo lugar en la carretera entre Tomelloso y Alcázar de San Juan

Las relaciones entre Lucio Lara Ropero, un hombre que en aquel momento se encontraba desempleado, y su esposa Dolores Lomas Martínez, de 35 años pasaban por un momento bastante turbio y nadie apostaba ya por la continuidad de aquel matrimonio. De hecho, era un secreto a voces que la mujer mantenía relaciones extraconyugales con Felipe Sanz Quevedo, cinco años menor que ella. Lo que nadie se imaginaba es que la sangre podría llegar al río. Y mucho menos de la forma tan macabra como lo hizo, produciéndose un sanguinario suceso que consternaría profundamente a las localidades de Tomelloso, de donde eran originarios los protagonistas de esta trágica historia y Alcázar de San Juan, en cuyas inmediaciones -a escasamente diez kilómetros- se escribió el dramático episodio que pasaría para los anales de la crónica negra de la comarca manchega.

En torno a las diez de la noche de un caluroso día de verano, el 19 de julio 1983, Lucio Lara sorprendió, según la versión que facilitaría a la Guardia Civil, a su esposa con quien era su amante, un hecho que al parecer era conocido por muchos amigos y conocidos de la pareja, Al parecer, el fatal encuentro se produjo de manera accidental y no obedecía a un plan preconcebido, tal y como se demostraría en el juicio que se celebraría más de tres años después de haber ocurrido el doble crimen. El burlado marido contempló como quien era su mujer y el joven treintañero que la acompañaba se encontraban en un camino vecina de servicio a propiedades agrícolas, próximo a la carretera comarcal C-400, que une Alcázar de San Juan y Tomelloso.

La ofuscación de Lucio Lara fue tal, que sin pensárselo dos veces, tomó un spray que contenía un líquido insecticida y rociaría con el mismo en los ojos a María Dolores Lomas y Felipe Sanz Quevedo, quienes no tuvieron tiempo de reaccionar al furibundo y sorpresivo ataque del hombre que se sentía humillado. Posteriormente, una vez inmovilizadas su víctimas, introduciría en el interior del automóvil, un Reault-18, una bombona de butano de plástico, junto con una cerilla, que desataría un incendio que terminaría con la vida de los dos amantes, quienes perecieron carbonizados prácticamente en el acto, consumándose así un macabro suceso que causaría una profunda consternación en el territorio manchego.

Entrega a a la Guardia Civil

Consciente de la barbaridad que había perpetrado, Lucio Lara Ropero se entregaría voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan. En sus dependencias confesaría ante los agentes la autoría del doble crimen, así como los motivos que le habían impulsado a cometerlo. Supuestamente se encontraba muy enfurecido y exaltado cuando ocurrieron aquellos trágicos acontecimientos, al tiempo que se pudo constatar en arrepentimiento espontáneo que manifestaba el autor de la muerte de su esposa y el amante de esta.

Más de tres después del crimen se celebró en la Audiencia Provincial de Ciudad Real el juicio por aquel doble crimen que despertaría una gran expectación en la comarca manchega. En un principio, el fiscal solicitaba para el único acusado un total de 58 años de prisión, a quien incriminaba por dos delitos de asesinato. Finalmente, la pena, después de los posteriores recursos, se vería reducida a tan solo 16 años de cárcel; de los cuáles, seis le habían sido impuestos por un delito de parricidio, el cometido en la persona de su esposa, en tanto que los diez restantes, correspondían a un delito de asesinato en la persona de Felipe Sanz Quevedo.

La estancia entre rejas de Lucio Lara Ropero se puede considerar que sería breve, pues solicitaría el indulto ante el Ministerio de Justicia, una gracia que le fue concedida en el transcurso de un Consejo de Ministros celebrado el 22 de julio de 1991 y publicado en el BOE del 2 de agosto del mismo año. La medida adoptada le eximía del cumplimiento del cuarto de la pena que le restaba por cumplir con la condición expresa de no delinquir nuevamente durante el tiempo que durase la condena impuesta en el año 1986.

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Asesina a una pareja en el barrio madrileño de San Cristóbal de Los Ángeles

Noticia del suceso en el diario madrileño ABC

En la década de los ochenta, además de su famosa movida, en Madrid corría a chorros la heroína y también la inseguridad ciudadana, siendo frecuentes distintos altercados. Si bien es cierto que en este caso no constaba de forma oficial que ninguno de los tres involucrados, tanto asesino como víctimas, en el tráfico de estupefacientes, tampoco es menos cierto que eran personas que llevaban una vida un tanto desordenada y, dadas las actividades en las que habían desenvuelto sus respectivas vidas, podía esperarse cualquier cosa de ellos, aunque no se llegase a sospechar jamás que se pudiesen ver involucrados en un hecho luctuoso de tal calibre, que impresionaría de sobremanera a la capital de España en el otoño de 1982, en los primeros tiempos posteriores al Mundial-82 de fútbol, que tantos sinsabores había dejado en la afición española de la época.

Todo comenzó en la tarde del sábado, 16 de octubre de 1982 cuando la Policía descubrió dos cadáveres brutalmente apuñalados en un piso del número 67 de la calle Benimamet. Ambos cuerpos estaban semidesnudos tirados sobre el salón de entrada al domicilio. Se trataba de Antonio Molino y Elvira Abenójar, ambos veinteañeros y que llevaban una irregular vida en las que se les desconocía sus respectivas ocupaciones, salvo que ella había estado trabajando como camarera en algún club nocturno. Hasta hacía muy poco tiempo, habían estado residiendo en una pensión de la madrileña calle Huertas.

A los agentes no les cupo la menor dudar que se encontraban ante un crimen, por lo que ahora había que descubrir al autor o autores del doble asesinato. Había dejado demasiadas huellas y la colaboración vecinal resultaría clave a la hora de resolver aquel doble crimen. Al parecer, un hombre les había estado preguntando por una mujer que residía en aquella finca del madrileño barrio de San Cristóbal de los Ángeles, enseñando una foto de la misma. No había lugar a dudas que quien quiera que fuese era de suponer que podría estar involucrado en el hecho sangriento.

Detención

Con bastantes pistas sobre el sujeto que había preguntado por la mujer fallecida, enseguida dedujeron y le pusieron rostro al todavía supuesto asesino, Rufino Alarcón Martínez, de 26 años de edad, quien había mantenido una relación de convivencia con Elvira Abenójar a lo largo de cuatro años, antes de instalarse en el sur de la capital de España con su nueva pareja, Antonio Molina. El autor del doble crimen sería detenido a mediodía de la jornada siguiente, domingo, 17 de octubre de 1982 en su domicilio de la calle Sanz Raso. De inmediato sería trasladado a la Comisaría del distrito de Usera, aparentando estar tranquilo, al igual que si desconociese el motivo de su detención.

En las dependencias policiales se mostró, en un principio, esquivo al interrogatorio al que fue sometido, negando en todo momento cualquier implicación en el doble crimen del día anterior. Incluso trataría de ofrecer distintas coartadas, carentes de cualquier consistencia, que enseguida serían desmontados por los investigadores, a quien no les cabía ninguna duda que aquel hombre era el autor material de los dos asesinatos que se habían perpetrado en la jornada anterior. Para corroborarlo, la Brigada de Investigación Criminal le intervino algunas prendas, que pertenecían al todavía presunto homicida, que se encontraban manchadas de sangre y que habían sido encontradas en su propia casa.

Al encontrarse ya acorralado y sin escapatoria posible, aquel hombre de aspecto normal y mirada desconfiada, decidió por fin colaborar con las autoridades, dando cuenta de todo cuanto había sucedido a lo largo del día anterior en el piso en el que había perpetrado el doble crimen. A pesar de todo, evitaría en todo momento entonar el «mea culpa» y responsabilizaría de lo acontecido a sus dos anfitriones.

Humillación

Rufino Alarcón se dirigió el día de autos al domicilio de sus dos víctimas en torno a las siete de la tarde. Al parecer, aunque le franquearon normalmente la puerta, y tras un breve intercambio de palabras de no muy buen gusto, comenzaría una discusión con Antonio Molina, a quien su verdugo le recriminaría los supuestos malos tratos que le dispensaba a su compañera, Elvira Abenójar. A raíz de este incidente se desencadenaría una discusión que llevaría la sangre al río. En el transcurso de la misma, el inquilino de la casa le habría reprochado su incapacidad para proseguir la relación que había mantenido con la mujer a lo largo de cuatro largos años.

Es a partir de ese instante cuando los ánimos se caldean y, siempre según el relato del doble asesino, escuchó revolver en un cajón a Antonio, lo que le hizo sospechar de su intención de proveerse de un arma para hacerle daño. En ese momento, Rufino Alarcón tomó un cuchillo de grandes dimensiones con el que le propinaría puñaladas en diferentes partes del cuerpo a Antonio Molina, principalmente en el pecho. La mujer de este al escuchar los gritos de auxilio de su pareja, se dirigió hasta el lugar donde se encontraban enzarzados en una pelea, sujetando por el pelo al agresor, quien se giró hacía ella con el mismo arma infiriéndole una puñalada mortal en el costado y otra en el cuello.

Después de haber perpetrado el doble crimen, se asearía convenientemente y se dirigiría hacía la plaza de Legazpi. En el transcurso de su huida Rufino Alarcón arrojaría en unos jardines el arma homicida. Posteriormente, quemaría las zapatillas deportivas que calzaba en el momento de perpetrar el doble asesinato, pues se encontraban empapadas de sangre. A partir de ese instante, intentaría hacer vida normal, hasta que la Policía comenzó a situarle en su punto de mira tras las descripciones facilitadas por los vecinos que lo habían visto en la tarde de autos en el inmueble en el que se produjo el doble crimen.

Hasta ese momento, Rufino Alarcón carecía de cualquier antecedente tanto penal como policial. Aunque hacía algún tiempo que se encontraba desempleado, se supo que durante algún tiempo había estado trabajando como matarife en distintos mataderos de la capital de España, a pesar de que a lo largo de aquellos últimos tres años no constaba que hiciese ningún tipo de trabajo.

36 años de cárcel

Juzgado algo más de un año después del doble crimen, Rufino Alarcón sería sentenciado a un total de 36 años de cárcel por dos asesinatos. Se tuvieron algunas atenuantes a la hora de ser condenado, entre ellas la de enajenación mental transitoria. Asimismo, debería hacer frente a una responsabilidad civil de seis millones de pesetas (unos 36.000 euros al cambio actual), con las que debería indemnizar a los familiares de sus dos víctimas.

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