Los celos, posible causa del triple crimen cometido en un bufete de abogados de Madrid

La Policía, en el lugar de los hechos

Fue un crimen brutal y atroz. Como no se recordaba hacía tiempo en la capital de España. Sucedió en la tarde del 22 de junio de 2016 cuando un individuo, que en aquel momento nadie le ponía nombre, se dirigió al bufete del abogado peruano Víctor Joel Salas, que llevaba ya 18 años ejerciendo su profesión en España, y asesinó a todas cuantas personas se encontró a su paso. El crimen, que consternaría a un país entero, reunía todos los ingredientes propios de un trihller, sospechándose que el autor, un ex marine de la Guerra de Irak, Dahud Haniz Ortiz, que contaba 45 años cuando perpetró la brutal matanza, tuviese otras motivaciones que fuesen más allá de los celos que sentía hacia el letrado propietario del bufete sito en la madrileña calle de Marcelo Usera.

Según las investigaciones policiales, el trágico suceso ocurrió demasiado rápido y parecía ser obra de algún profesional o cuando menos de alguien que no era ajeno a aquellas prácticas. El criminal penetró en el bufete alrededor de las seis y media de la tarde de aquel segundo día de verano. Su objetivo era el propietario del despacho, pero en ese momento no se hallaba en su interior. En el mismo se encontraban dos empleadas, Marisa Osorio Riverón, de 45 años y Elisa Consuegra Gálvez, de 31, así como un taxista ecuatoriano, John Pepe Castillo, de 42 años, que se convertirían en las tres víctimas de un desalmado y despiadado asesino.

Los cuerpos ya sin vida de las dos mujeres serían encontrados en una sala contigua al despacho principal, en tanto que el del hombre aparecería en otra estancia. Marisa Osorio había fallecido a consecuencia de los golpes que le propinó su verdugo en la cabeza, que se encontraba de la misma forma a que si fuese machacada con un bate de béisbol o similar. El estado más lamentable lo presentaba la joven letrada Elisa Consuegra, de nacionalidad cubana, quien había contraído matrimonio con el propietario de la oficina, aunque se supone que era una unión de convivencia, pues ambos no residían juntos. Había sido degollada y daba las sensación de que hubiese sido torturada por su asesino. Sus cuerpos habían sido rociados con alguna sustancia combustible acelerante para evitar dejar huellas. De hecho, la Policía intentó en vano reanimarlas en el momento en que llegó al lugar de autos, después de que una vecina llamase a las emergencias, informando de que algo grave había ocurrido en aquel inmueble.

Víctima colateral o confundida

La tercera persona que perdió la vida en este crimen fue un taxista de nacionalidad ecuatoriana, John Pepe Castillo, quien se encontraba realizando algunos trámites. En un principio se sospechó que el autor del triple crimen pudiese haberlo confundido con el abogado o, dadas las circunstancias, todo indica que se deshizo de él con el objetivo de no dejar ningún testigo. Este profesional del taxi falleció como consecuencia de la monumental paliza que le propinó su despiadado verdugo, un individuo que el mismo letrado que era su principal objetivo definió como «un hombre entrenado para matar».

Sería el mismo Víctor Joel Salas quien descubrió el tétrico panorama, al tiempo que avisó a la Policía, quien para acceder al interior del bufete hubo de derribar la puerta, debido a que el autor del crimen lo había planificado todo hasta el último detalle. Las primeras hipótesis apuntaban a que se trataba de alguna venganza, pues el titular del despacho había ejercido como fiscal en su país de origen, Perú, llevando asuntos muy delicados relacionados con el tráfico de drogas, lo que le había valido para ser señalado por algunas mafias. De hecho, se asentó en Madrid con el afán de escapar de la presión a que estaba sometido en su tierra y por el temor que le despertaba ser objeto de alguna venganza.

Un tapón de una botella de la sustancia empleada para acelerar la combustión de los cuerpos de las víctimas sería uno de los elementos fundamentales para poner en el punto de mira de la Policía al ex-marine, de nacionalidad venezolana, pero residente en Alemania. Al parecer, aquella botella no era como las demás y presentaba unas determinadas características que conducían directamente a él, quien obró con despecho hacia el abogado por su supuesta relación con la letrada cubana a quien también asesinó en la calle de Marcelo Usera.

Huida y detención

A pesar del misterio que encerraba aquel triple crimen, enseguida se comenzaron a reunir algunos indicios que apuntaban hacia Dahud Haniz Ortiz, quien había puesto tierra de por medio huyendo hacia Alemania, país en el que habitualmente residía. Cuando la Policía germana comenzaba a pisarle los talones, protagonizaría una nueva huida. En esta ocasión, ayudado por algunos familiares y amigos marcharía a Venezuela, ya que contaba con nacionalidad de esta nación sudamericana. Allí sería detenido por las autoridades de la República Bolivariana en Octubre de 2018.

A pesar de que las autoridades españolas solicitaron su extradición, esta sería denegada por el país caribeño en el año 2019, alegando que sería juzgado conforme a las leyes imperantes allí por tres delitos de asesinato y uno de incendio. A pesar de su supuesta detención, el abogado propietario del bufete en el que tuvo lugar la horrible matanza manifestaría que Dahud Haniz Ortiz habría intentado hackearle el ordenador, después de haber sido detenido.

Aunque el juicio estaba previsto para el año 2022, todavía no se ha celebrado. Es de suponer que debido a la gran actividad que desarrollan los juzgados venezolanos en materia de homicidios y asesinatos, ya que en algún ejercicio anual el número de víctimas mortales a consecuencia de estos hechos superan las 25.000. Es de esperar que eso jamás suceda en España.

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Asesinados tres jóvenes por un asunto de drogas en Málaga

El crimen tuvo lugar en la malagueña barriada del Puerto de la Torre

Que las drogas nunca han traído buenas consecuencias es sabido de todos. Son muchas las ocasiones en las que las rencillas se saldaron a tiros o mediante ajustes de cuentas nunca aclarados. Así sucedería en la barriada malagueña del Puerto de la Torre en la noche del 20 al 21 de septiembre de 1999 cuando aparecieron misteriosamente muertos tres jóvenes en una vivienda situada en el número uno de la calle Zurita. La policía que halló los cuerpos inmediatamente sospechó que aquel triple crimen que conmocionaría a Málaga en el penúltimo otoño del siglo XX obedecía turbias cuestiones de drogas.

Esa misma madrugada del 21 de septiembre había ingresado un muchacho de 23 años gravemente herido en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria a consecuencia de un disparo con una pistola que le había alcanzado en los genitales, lo que estuvo a punto de costarle la vida, aunque se recuperaría. Un mes más tarde, este mismo joven, I. G., con un amplio historial delictivo a sus espaldas a pesar de su insultante juventud, era detenido en el mismo centro sanitario en el que se hallaba ingresado. Junto a él serían detenidos los otros tres chavales, alguno de ellos menor de edad, acusados de estar involucrados en la matanza que había conmovido a la capital de la Costa del Sol el primer día de otoño.

El móvil del crimen hay que buscarlo en una supuesta y elevada cantidad de droga, que jamás llegaría a aparecer. Algunas fuentes llegaron a estimar que eran cuatro kilos de cocaína. En la madrugada de autos, I. G. acompañado de sus compinches L.U., de 18 años; J.R., de 20 y B.V., de 18, acudieron a casa de un narcotraficante a pequeña escala en busca de la ansiada sustancia. Se trataba de Antonio Iglesias, alias «El Igli», a quien golpearon y amenazaron de manera reiterada para que les facilitase la información, además de apoderarse de diversos objetos. Posteriormente, prenderían fuego al inmueble en el que vivía el narcotraficante. Sin embargo, todo indica que lo que buscaban no se hallaba en casa de este sujeto, por lo que acudieron a las cuatro de la madrugada a la vivienda de Israel Ruano, quien residía en el número uno de la calle Zurita, en la que terminaría desencadenándose la matanza. «El Igli» acudió en compañía de sus cuatro captores una vez que lo forzaron a subir al coche bajo fuertes amenazas y coacciones para las cuales emplearon armas de fuego, entre ellas una escopeta de cañones recortados y dos pistolas.

Triple crimen

En plena madrugada, sin sorprenderse por la llamada que le hicieron a la puerta, Israel Ruano abrió la puerta a quienes se iban a convertir en sus verdugos, sin sospechar nada raro a pesar de lo intempestivo de la hora. El inquilino de esta vivienda se hallaba en compañía de Salvador Martos, alias «El Boroni». Aquellos individuos se mostraron violentos desde un primer instante con quienes iban en busca de una elevada cantidad de cocaína. Golpearían fuertemente a Ruano para que «cantase» y les dijese dónde se ocultaba la droga, pero no consiguieron nada. Fue entonces cuando se produciría la brutal matanza. Los cuatro energúmenos dispararon a las piernas de Israel, a quien -antes de morir- amenazaron con una pistola que le colocaron en una sien. Al ver que no hablaba, procedieron a descerrajarle la cabeza de un par de tiros, que le provocaron la muerte en el acto.

La historia de los otros dos asesinatos es breve, ya que los matarían de sendos disparos efectuados en la cabeza, consumándose así el triple crimen. Con el afán de eliminar posibles huellas, procedieron a acostar los cadáveres, a quienes colocaron sobre una cama del dormitorio a la que prenderían fuego. Posteriormente huirían del lugar, en tanto el vecindario alertaba a la Policía y los bomberos para que sofocasen el incendio que habían ocasionado los cuatro criminales. Por cierto, la droga que buscaban jamás aparecería.

I. G., el principal cabecilla de la banda, hizo acopio de su ciclomotor para dirigirse a su casa, portando en uno de los bolsillos de su pantalón una pistola con la que había dado muerte a dos de sus víctimas. El arma se le dispararía accidentalmente y habría de ser ingresado en estado muy grave en el centro sanitario anteriormente referido y en el que un mes más tarde sería detenido.

197 años de cárcel

En el verano del año 2002 se celebró el juicio contra los cuatro encausados del triple crimen del Puerto de la Torre en medio de una gran expectación en la Audiencia Provincial de Málaga, a pesar de que era un suceso que afectaba especialmente a los bajos fondos de la ciudad. Los peritos forenses que examinaron a I. G. lo calificaron de psicópata extremadamente peligroso, cuyo historial delictivo era ya muy amplio a pesar de su juventud. A raíz de este hecho sería sentenciado a 86 años de cárcel.

Por su parte, L. U. debería cumplir 81 años de prisión, en tanto que J.R. tendría que pasar 16 años entre rejas y   B. V., catorce. Asimismo, los condenados debían hacer frente cada uno a una responsabilidad civil de 25.000 euros, con la que debían indemnizar a las familias de sus tres víctimas.

La fiscalía descartaría imputarles el delito contra la salud pública, debido a que la droga que supuestamente buscaban jamás apareció. Del mismo modo, también desestimó la atenuante de enajenación mental transitoria que el abogado defensor solicitaba para su patrocinado, I. G., al entender que no «existía una merma de sus facultades».

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Asesinan a un hombre en Tudela y arrojan su cadáver al río Ebro

Dos de los encausados en el transcurso del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Navarra

Obedeció a un plan preconcebido. La autora intelectual fue la mujer, la ciudadana brasileña Irene de Fátima Sabino, que era la pareja de Wilson Alejandro Yanza Heredia, de nacionalidad ecuatoriana, que contaba 33 años de edad cuando fue asesinado, el 2 de noviembre de 2016. Su cadáver aparecería aboyando en las aguas del Ebro, a la altura del municipio navarro de Castejón, un día después de que la inductora del crimen que le costaría la vida denunciase su desaparición. Sin embargo, la Guardia Civil inmediatamente comenzaría a atar cabos y pronto deduciría que el ciudadano ecuatoriano había sido vilmente asesinado, restando credibilidad a la supuesta hipótesis del ahogamiento.

Al parecer la pareja había sufrido a lo largo de su relación diversas turbulencias, habiendo denunciado la mujer al hombre por malos tratos en el año 2011, siendo condenado a consecuencia de los mismos a una orden de alejamiento, que quebrantaría en diversas ocasiones, por lo que volvería a reincidir en los problemas con la Justicia. Aunque hacía poco tiempo que la mujer había dado a luz a su cuarto vástago, los problemas conyugales parecía que persistían entre ambos, por lo que ella decidió romper la relación de una manera drástica y contundente, deshaciéndose por la vía rápida del hombre con quien compartía vida.

Para llevar a cabo el dramático plan contaría con la colaboración de dos sobrinos suyos, Rozaline de Fátima Camargo y Ronaldo Dias Camargo, que contribuirían a ejecutar con eficacia el plan previamente diseñado. Estos dos se presentaron en el domicilio en la fecha en la que se cometió el crimen. Ronaldo Dias fue el encargado del ejecutarlo. Para ello, con su antebrazo agarró fuertemente por la espalda a Wilson Yanza, a quien oprimió el cuello durante un periodo de tiempo comprendido entre dos y cinco minutos, suficientes para provocar su muerte por estrangulamiento.

Una vez ejecutado el macabro plan, los implicados en el asesinato del ciudadano ecuatoriano se dirigieron por carreteras secundarias en coche transportando el cadáver de su víctima hasta una explanada de gravilla a orillas del río Ebro, situado en las cercanías de una empres hidroeléctrica en el término municipal de Castejón, dónde arrojarían el cadáver de Wilson Yanza al cauce fluvial. Posteriormente regresarían a Pamplona.

13 años de cárcel para los dos principales encausados

La Guardia Civil reconstruiría la secuencia del crimen merced a las contradicciones en que incurrieron los acusados, uno de los cuales, Ronaldo Dias sería detenido una semana después en la localidad madrileña de Coslada. Mientras, en el transcurso del juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Navarra los acusados se responsabilizaron mutuamente unos a otros del homicidio del inmigrante sudamericano. Mientras, desde el Tribunal se sostuvo que ninguno de los tres encausados hicieron nada por evitar la muerte de Wilson Yanza, ni tampoco se llamó a la Policía ni a las asistencias, por lo que se dedujo que obedeció todo a un plan concebido ,.

Ronaldo Dias Camargo, autor material e Irene de Fátima Sabino serían condenados a la pena de trece años de cárcel cada uno de ellos, sentencia que ratificaría en el año 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Mientras, Rozaline de Fátima Camargo sería condenada en primera instancia a diez años de prisión, que se vería notablemente reducida por el alto tribunal de la Comunidad Foral de Navarra, dejándola en tan solo tres años, al estimar que esta mujer sufría una alteración mental cuando se produjeron los hechos, entendiendo que era una mujer fácilmente manipulable y constituir esta circunstancia una eximente incompleta.

En cuanto a la responsabilidad civil, los acusados fueron condenados de forma conjunta y solidaria a satisfacer la cantidad de 350.000 euros a los hijos de las víctimas, de los ochenta mil corresponderían a la hija mayor, que contaba con quince años, en tanto que los hijos menores percibiría cada uno la cifra de noventa mil euros, de acuerdo con la sentencia.

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La muerte de «El Jaro», un suceso que nunca se ha esclarecido

Noticia de la muerte de «El Jaro» en ABC

Fue sin lugar a dudas uno de los grandes exponentes de una generación que vivió «Deprisa, deprisa», al igual que la célebre película del director Carlos Saura basada en las correrías de aquellos muchachos desarraigados que pululaban por la periferia madrileña a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta. José Joaquín Sánchez Frutos, alias «El Jaro» respondía como pocos al estereotipo del joven delincuente de la época, consecuencia de una familia desestructurada y abandonada por sus cabezas de familia cuando en España comenzaba a aparecer un término de nuevo cuño, «inseguridad ciudadana», nacido a raíz del ya extendido comercio de estupefacientes a pequeña escala que se practicaba principalmente en las grandes ciudades, aunque no tardaría en llegar al resto del país.

Su familia también obedecía al perfil en el que se criaron aquellos muchachos a los que la vida no solo no les sonreía, sino que les jugaba verdaderas malas pasadas. Sus progenitores habían llegado a la capital de España procedentes de la localidad toledana de Villatobas, un municipio básicamente rural y agrícola duramente castigado por lo que se llamó el «Éxodo rural», un fenómeno que afectó en gran medida a pueblos y villas españolas en las que sus habitantes las abandonaban para también así renunciar al tradicional empleo que a lo largo de muchas generaciones habían tenido sus respectivos clanes familiares, que no era otro que el de agricultor. La madre de «El Jaro» había sufrido ya en sus propia carnes la marginación en su tierra natal a causa de algunos problemas con la Justicia, que la llevarían a pisar las celdas de la cárcel. Quizás huyendo de esa difícil presión a la que los núcleos pequeños someten a sus habitantes, se trasladaron a Madrid, dónde vivirían en la calle Ofelia Nieto, en el madrileño barrio de Tetuán. Sin embargo, aquella familia de extensa prole -cinco hijos- muy pronto sucumbiría a la marginalidad de la que habían sido presa en su lugar de origen. El padre, alcohólico al igual que la madre, se marchó de nuevo al pueblo y en la gran urbe quedó una madre que sufría graves problemas mentales al frente de una familia que se dedicaría a la mendicidad para poder sobrevivir.

Contaba una de las hermanas del célebre delincuente a la prensa de la época que su madre los llevaba desnudos por la calle, ya que cuando sufría algún ataque derivado de la patología mental que la aquejaba, les tiraba las ropas a los hijos a un pozo. Con el dinero que recaudaban, la mujer hacía un puchero de patatas para ella sola, mientras sus hijos miraban, que regaba con un par de litros de vino. Sin duda, los muchachos eran ya carne de cañón.

Pandillas

Muy pronto aquellos chavales, especialmente un adolescente rubito con rostro angelical y cara propia de cualquier anuncio de televisión, comenzaría a introducirse en ambientes poco deseables en los que se uniría a otros coetáneos suyos que traerían en jaque a la policía y la fuerzas del orden por sus constantes actividades delictivas para los que no escatimaban medios. Sus constantes ingresos en los duros reformatorios de la época no harían otra cosa que endurecer a estos chavales que aparecerían muy pronto reflejados en los filmes de Eloy de la Iglesia. De nada servía su paso por los centros de menores de los que se fugaban constantemente. De hecho al «Jaro» le constaban quince fugas del Sagrado Corazón de Madrid y una del Santo Ángel, situado en la localidad lucense de Rábade. En aquel entonces, decidió unir su suerte a otros adolescentes como «El Guille», «El Payaso» o «El Melones», que se harían tristemente célebres robando vehículos de alta gama y asaltando, de vez en cuando, alguna que otra entidad bancaria, así como pequeños comercios y viandantes.

Una de las rutinas de esas pandillas era adentrarse en los barrios ricos de la capital de España (Chamartín, Salamanca, Universidad) para así poder dar tirones en los bolsos a señoras de la alta sociedad de la época. También entraban en chalets de algunos millonarios, tal como rezaba la canción de Joaquín Sabina, pero en este caso de forma literal. En julio de 1978, «El Jaro» protagonizaría un suceso que a punto estuvo de costarle la vida. Junto con sus colegas de correrías, asaltaría una finca privada en una lujosa urbanización de Somosaguas haciéndose con un botín de 700.000 pesetas de la época. Alguien dio aviso del hecho a la escolta del entonces ministro para la Integración en las Comunidades Europeas, Leopoldo Calvo-Sotelo, que vivía en la zona. Uno de los agentes encargados de la seguridad del futuro presidente del Gobierno efectuó un disparo que alcanzaría en un testículo al joven delincuente, quien a pesar de la gravedad de las heridas y la pérdida del órgano genital, conseguiría sobrevivir al dramático suceso.

Lo que entonces no podría imaginar José Joaquín Sánchez Frutos era que su final estaba muy cerca. Mientras tanto, seguía robando coches de alta gama que aunque eran recuperados muy pronto por la Policía y se capturaba a sus ladrones, estos enseguida estaban en la calle debido a que eran todavía menores y sus internados en centros especializados también eran burlados con suma frecuencia, huyendo con una facilidad pasmosa, al tiempo que hacían gala de aquellas tropelías.

Muerte de «El Jaro»

Un sábado de febrero de 1979, concretamente el día 24, contra lo que se podría esperar, «El Jaro» llegaría al fin de sus correrías. Ese día se adentraron en la madrileña colonia de El Viso, una barriada de las más selectas de la capital de España, en pleno corazón del distrito de Chamartín. Armados hasta los dientes con sus clásicas navajas de gran punta y algunas de doble filo así como con algunas herramientas -entre ellas una llave inglesa-, aquellos chavales asaltaron, ya de noche, en la calle Toribio Pollán a un hombre de 52 años, que respondía al nombre de Alfonso, quien al verse sorprendido y amenazado por aquellos cinco individuos no presentó ninguna resistencia dándoles cuanto portaba encima. Este ciudadano había quedado con otro amigo suyo, cuyo nombre se sabe que era Luis, un joven empresario de tan solo 32 años, pero del que jamás se han facilitado más datos.

Al percatarse Luis de la tardanza de Alfonso, se asomó por una ventana de su casa y contempló a su amigo rodeado de un grupo de chavales, los mismos que casi todos los días protagonizaban las páginas de sucesos de la prensa de la época. Posteriormente, salió al exterior provisto de una escopeta del calibre 12, marca «Bettera» con la que, al parecer, intentó hacer desistir a los jóvenes de su actitud, pero no lo consiguió. Es más, según declararía ante la Policía, los precoces delincuentes se dirigieron hacia él en actitud que no era precisamente amistosa, siendo entonces cuando subió el arma hasta la altura de su hombro derecho y efectuó un primer disparo con intención intimidatoria. Cuatro de los cinco jóvenes escaparon del lugar de los hechos, mientras veía que un quinto caminaba a trompicones apoyado en un vehículo con dirección al Paseo de La Habana. Luis le siguió al percatarse de que estaba herido y después de caminar unos pasos se desplomó en el suelo en medio de un charco de sangre. El autor del disparo rogó a una vecina que avisase al 091 para auxiliar a «El Jaro». Inmediatamente un patrullero de la policía lo trasladaría hasta la residencia sanitaria «La Paz», en la que aquel adolescente que había traído en jaque a las fuerzas de seguridad española y había sembrado las primeras semillas de la inseguridad ciudadana en este país ingresaría ya cadáver. Su vida, al igual que la película de Carlos Saura había transcurrido demasiado deprisa, tanto que hasta la muerte le sobrevino de una forma inesperada y muy prematura, pues había cumplido dieciséis años en noviembre de 1978, hacía poco más de tres meses.

El autor del disparo que terminó con la vida de «El Jaro» prestaría declaración ante la Policía y los Juzgados de Plaza de Castilla, siendo puesto en libertad al carecer de antecedentes penales y disponer de un domicilio conocido. El caso sería «archivado provisionalmente» y prescribiría sin que nadie respondiese por la muerte de aquel peligroso y conflictivo adolescente. Su verdugo ha permanecido en el anonimato a lo largo de muchos años, corriéndose un túpido velo tanto desde las fuerzas del orden como en la selecta colonia a la que acudían aquellos chavales enganchados a la heroína y otras sustancias para hacerse con algunos botines que les facilitasen la adquisición de nuevas dosis, que tarde o temprano, al igual que le ocurrió a su colega, les llevarían a la sepultura cuando todavía tenían, en teoría, mucha vida por delante, aunque su ritmo vital fuese verdaderamente vertiginoso.

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Una mujer descuartiza a su amante en El Portillo (León)

Bar «Ayi», en El Portillo, donde se perpetró el horrible crimen

Aquella España de mediados de los setenta se encontraba en el ocaso definitivo de un régimen que tendría un final biológico, al mismo tiempo que su propio líder, el general Franco. Era un país triste en el que el ya viejo sistema político daba sus últimos coletazos. Existían muy pocos atractivos para una población que asistía a los últimos días de la última dictadura de Europa occidental. Se decía que aquí pasaban pocas cosas y -hasta cierto punto- así era. Cuando sucedían se enteraba todo el mundo porque aquel país todavía era un poco pueblerino, en el mejor sentido del término.

Uno de esos hechos que alteró a la opinión pública de la época ocurrió cuando a finales del mes de mayo de 1975 un jubilado que buscaba caracoles encontró una misteriosa bolsa que contenía algunos restos humanos, concretamente la parte inferior de un cuerpo en la carretera de León a Caboalles. Inmediatamente dio aviso a la Guardia Civil acerca del macabro hallazgo. Los agentes comenzaron una tarea de búsqueda de las restantes extremidades para poder identificar aquellos restos óseos. Para ello peinaron la zona e indagaron en todos los centros de hostelería, examinando minuciosamente toda la documentación que pudiesen poseer.

Cinco días después del primer hallazgo, se encontraría otra bolsa que contenía el resto del cuerpo. En ella aparecería la cabeza, que ya estaba muy deteriorada debido al avanzado estado de descomposición. El cráneo, que resultaría fundamental a la hora de desenmarañar aquel crimen, presentaba siete hachazos, todos ellos mortales de necesidad. Uno de los brazos se encontraba descarnado, circunstancia que atribuyeron a la presencia de alimañas por la zona. Los análisis forenses concluyeron que los restos humanos encontrados pertenecían a Carlos Fernández Guirisaga, un joven de 28 años, de profesión soldador. Su vida era un tanto irregular y carecía de domicilio conocido, en tanto que su carácter era definido como violento. De lo que sí se tenía certeza era que aquel hombre mantenía una relación sentimental con Covadonga Sobrino, de 42 años, que era propietaria de un bar en la pequeña localidad de El Portillo, a la salida de León.

Confesión del crimen

Una vez identificados los restos óseos encontrados, las sospechas policiales se dirigieron hacía la mujer con la que mantenía una relación un tanto inestable. No necesitarían grandes esfuerzos los agentes del orden para que Covandonga Sobrino confesase ser la autora del asesinato, que todo indicaba que debía ser muy espeluznante a tenor de como habían sido halladas las extremidades del cadáver. La mujer relataría con todo lujo de detalles, sorprendiendo por su extrema frialdad, las circunstancias en las que se produjo el crimen.

La muerte de Carlos Fernández Guirisaga habría tenido lugar en la tarde del día 3 de mayo de 1975. Según declararía ante la Guardia Civil en el día de autos se produjo una discusión entre la víctima y la propietaria del bar por la presencia de su sobrino, un chaval de quince años, en aquella casa en la parte dedicada a vivienda, lo que -según el hombre- dificultaba e interfería en la relación que mantenían ambos. En un momento dado, Carlos se habría dirigido de muy malos modos al adolescente, mirándole de forma amenazadora y muy alterado. Fue entonces cuando Covadonga, temerosa de que pudiese hacerle algún daño al crío, empuñó un hacha muy afilada, que empleaba para hacer labores domésticas, le propinó un tremendo golpe en la cabeza a quien era su amante, quien cayó completamente desplomado en el suelo, aunque aún le daría tiempo a pronunciar la expresión de «te mato» en los estertores de su muerte.

Con el hombre en estado moribundo, se acercó un cliente al bar. La mujer dio orden a su sobrino de que fuera a atenderlo, mientras ella planeaba deshacerse del cadáver de Carlos Fernández. Aquel día, como si nada hubiese sucedido, Covadonga dio la orden a su sobrino de que se acostase mientras ella alternaría con sus habituales clientes hasta las tres de la madrugada, dando una muestra de excepcional frialdad. Más tarde, proseguiría con el descuartizamiento del cadáver, faena que remataría en la jornada siguiente.

Al día siguiente, que era el domingo, 4 de mayo, la autora del crimen llevaría a su sobrino a jugar un partido de fútbol, a la vez que en su automóvil, un Renault Gordini, llevaba convenientemente descuartizado en dos bolsas el cadáver de quien había sido su amante. Posteriormente, ella iría depositando en distintos lugares en el margen de la carretera las bolsas con los restos de Carlos. En el transcurso de la reconstrucción de los hechos, los agentes de la Benemérita, además de la frialdad de la mujer, tampoco salían del asombro de la fuerza que poseía aquella mujer, pues en un momento dado le dijeron que debía ser muy fuerte para propinar un golpe del calibre como el que presentaba en la cabeza su víctima, a lo que ella respondió enseñándoles sus bíceps y mostrándoselos a quienes la interrogaban, que no salían de su asombro.

25 años de cárcel

El juicio en contra de Covadonga Sobrino Álvarez suscitaría una gran expectación en León, dándose cita hasta dos mil personas en la Audiencia Provincial de la capital leonesa, obligando a los magistrados a dar la orden de desalojar la sala. La autora del crimen, que sería conocido como «La descuartizadora de León», sería condenada a 25 años de prisión mayor por un delito de asesinato. Asimismo, se establecía una indemnización de 400.000 pesetas para los familiares de la víctima.

Como colofón y nota anecdótica cabe decir que las dependencias del viejo bar «Ayi», que un día regentara una mujer que descuartizó a su amante, sigue en el mismo estado en que se encontraba cuando se cometió el crimen, siendo considerado como un lugar maldito y hacia el que existe una cierta repulsa generalizada. A pesar de disfrutar de una buena localización para un negocio hostelero, jamás ha vuelto a ser reutilizado. Lo que allí ocurrió es muy difícil de olvidar y tal vez anide el eterno fantasma que persigue a los lugares en los que se ha cometido algún suceso sangriento.

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Cuatro asesinatos casi perfectos a las espaldas de Ramón Laso, un peligroso psicópata

Ramón Laso, en el transcurso del último juicio que se siguió en su contra

Siempre hay algún factor que contribuye a desenmascarar al más peligroso de los asesinos, aunque hay alguno -muy pocos- que, por desgracia, se termina saliendo con la suya. Ramón Laso Moreno, nacido en 1955 en Amposta (Tarragona) es uno de esos delincuentes que dejan una profunda huella, en el peor sentido del término, a lo largo de la historia. Al igual que todos los de su calaña, bajo la apariencia de un hombre encantador, agradable y simpático, se esconde un peligroso asesino capaz de llevar al límite sus deseos, no escatimando medios, aunque sean los más obscenos, para conseguirlos. Los psiquiatras que han estudiado su personalidad lo definen como un hombre obstinado, frío y calculador, incapaz de sentir remordimientos ni mucho menos empatía hacia terceras personas.

Su carrera criminal, en la que dejó cuatro víctimas, se inicia el 9 de junio de 1988. En aquella fecha, el temible Laso dio muerte a quien entonces era su esposa, Dolores Camacho, de 25 años. En un principio le saldría aparentemente bien su crimen, pues aunque la había estrangulado, recogió su cadáver y lo situó en las vías del ferrocarril. Al paso de un convoy ferroviario, el cuerpo de la mujer resultaría decapitado. Simuló un suicidio y nadie cuestionaría la muerte de Lolita.

Cuando estaba a punto de cumplirse un año del óbito de quien fuera su esposa, Laso recogió a su hijo, Daniel, de seis años, a la salida del colegio. Con su vehículo tomó la sinuosa carretera de Gandesa-Cherta. En un momento dado arrojó el automóvil por un barranco, al que posteriormente prendería fuego, falleciendo calcinado el pequeño. El criminal saldría ileso. Por la muerte de su vástago cobraría tres millones y medio de pesetas (unos 21.000 euros al cambio actual). Parecían demasiadas casualidades y también demasiadas tragedias. Hubo una persona que puso el grito en el cielo, que fue su suegro.

Un prestigioso detective que había descubierto otros hechos similares, Jorge Colomar se encargó de demostrar que se encontraban ante dos asesinatos. El mismo Laso lo reconocería cuando fue detenido en marzo del año 1990. En el año 1991 sería condenado a un total de 57 años de cárcel por los delitos de asesinato y estafa a la compañía que lo había indemnizado por la muerte del hijo. Sin embargo, su buen comportamiento, además de los trabajos que efectuaba en la prisión -en la que era jefe de cocina- le valdrían innumerables beneficios penitenciarios que reducirían ostensiblemente la condena, de la que tan solo llegaría a cumplir once años efectivos.

Nueva vida y nuevos asesinatos

Siempre se ha dicho, y así resulta, que los psicópatas son incapaces de aprender de su experiencia, repitiendo los mismos actos que en el pasado les ocasionaron consecuencias funestas. Así le sucedería a Ramón Laso. Al salir de prisión, en el año 2001, trató de rehacer su vida, maquillando su pasado, ocultando incluso a su nueva familia sus andanzas pretéritas. Nadie de su nuevo círculo sabía que había sido condenado. Se enamoró de la portera de una finca situada en la localidad tarraconense de Els Pallaresos, Julia Lamas, un año más joven que él. Sin embargo, enseguida comenzó a sentir afecto por la hermana de esta, Mercedes Lamas, una enfermera casada con Maurici Font, un celador de un centro sanitario de la comarca en la que ahora residía. Ahí comenzará una nueva y rocambolesca historia que habría de desenmarañar también el célebre detective que descubrió sus dos primeros asesinatos.

Todo comienza el 27 de marzo de 2009 con la desaparición de Maurici y Julia. Ramón, que estaba obsesionado con Mercedes se dirigió al centro sanitario en el que ella trabajaba para decirle que su marido y su hermana «los muy sinvergüenzas han huido en tu propio coche». La sanitaria jamás se creyó la versión que le contaba el conocido psicópata. Consideraba poco menos que imposible que hiciesen tal cosa. Ambos irían a denunciar su misteriosa desaparición a la comisaría, si bien es cierto que Laso mantuvo en todo momento que él les había visto huir, por lo que desde la Policía les aconsejaron esperar 48 horas.

A lo largo de más de dos años no se tuvo noticia ninguna de las dos personas desaparecidas. Maurici Font era diabético y no constaba ninguna petición de insulina para tratar su enfermedad, lo cual no era ni mucho menos normal. Tampoco se había registrado movimiento alguno en las cuentas de ambos, lo cual también era muy paradójico. Los indicios en contra de Laso se acumulaban, a pesar de su manifiesta terquedad.

En una espectacular operación policial llevada a cabo el 27 de marzo de 2011, dos años después de las dos últimas desapariciones era detenido Ramón Laso en el bar que regentaba, mientras se encontraba sirviendo cafés a algunos clientes. En su declaración ante el juez, el primero de abril de 2011, proclamaría de rodillas ante el juez su inocencia, pero nadie le creyó y fue enviado a la cárcel.

Tras ser detenido, agentes especializados de los Mossos d´Esquadra rastrearían un huerto de su propiedad en busca de posibles restos de sus dos últimas víctimas, empleando para ello un georradar, aunque la búsqueda resultarían en vano. Se encontraría una vaga prueba en una de su herramientas, pues se hallaba manchada de sangre. Sin embargo, en este caso los cuerpos no aparecieron nunca.

30 años de cárcel.

En abril del año 2014, Ramón Laso visitó de nuevo las dependencias judiciales en la segunda vista oral que se celebraba en su contra. Con aspecto desafiante, solicitaría al tribunal que «no tuviese en cuenta su pasado». Él sostuvo siempre que su esposa y su cuñado se habían fugado, pero nadie se creía aquella versión. Su propio abogado lo definiría como «un psicópata de libro»,

A pesar de no aparecer los cuerpos de sus víctimas, Ramón Laso sería sentenciado a cumplir 30 años de cárcel por un doble homicidio, tras ser declarado culpable por el propio jurado. No se le pudo condenar por el delito de asesinato al no existir pruebas de cómo había dado muerte a sus dos últimas víctimas. No obstante, la condena no se quedaba ahí. De la misma forma, debía indemnizar a los familiares de los dos desaparecidos con 700.000 euros, al tiempo que se le imponía una orden de alejamiento durante veinte años de un kilómetro de los familiares de Maurici Font y Julia Lamas.

Nos encontramos ante un hecho más de un individuo que es incapaz de aprender de sus errores, y lo que es peor reincidir en ellos de la forma más abyecta y miserable, a pesar de que ya lleva un tercio de su abominable existencia entre los muros de la cárcel. Es probable que cuando cumpla los dos tercios de la segunda pena que le ha sido impuesta probablemente sea puesto en libertad, lo cual no tranquiliza a la sociedad ni mucho menos a los familiares de las víctimas que ha sufrido en sus propias carnes la maledicencia de un individuo que no deja de ser un vulgar energúmeno.

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Se suicida tras asesinar a su esposa y a su amante en plena calle en Gijón

Los hechos ocurrieron en la calle de La Paz, en el barrio gijonés de El Llano

Eran otros tiempos y quizá fuese otra la historia, aunque eso no quita que fuese un suceso de lo más abominable y execrable. Ocurrió un ya lejano 12 de febrero del año 1980. Todavía faltaba algún tiempo para que en España se aprobase la Ley del Divorcio y las relaciones extramaritales estaban muy mal vistas, debido a la vieja moralina que todavía impregnaba aquella sociedad tradicional que comenzaba a despegarse de viejos prejuicios y ancestrales tópicos. Desde hacía algún tiempo Eloína Fernandez Fernández, de 41 años de edad, había iniciado una relación sentimental con quien entonces era su patrono y jefe, Antonio Huergo Rodríguez, tres años mayor que era y propietario de «Confecciones Huergo», empresa en la que la mujer trabajaba de pantalonera, después de haber pasado algún tiempo en Bélgica.

El marido de Eloína, José Luis Pujades, que contaba ya con 54 años cuando se produjeron los hechos, era reacio a romper la relación con quien hasta entonces era su esposa, quien -al igual que él- era natural de la localidad asturiana de Mieres. No soportaba que su mujer se hubiese convertido en la amante de quien era su jefe, llegando a amenazarla en reiteradas ocasiones antes de producirse el trágico episodio que teñiría de luto la ciudad asturiana.

A pesar de todo, la relación entre Eloína y Antonio Huergo seguía adelante y llevaba claros visos de consolidarse. Sin embargo, José Luis era incapaz de admitirlo. Quería truncar la nueva vida de su esposa a toda costa, independientemente de los medios que hubiese que emplear para ello. Aquel 12 de febrero de 1980 su todavía esposa y quien era ya su amante comieron juntos, pero vigilados de cerca por el marido de la primera. Alrededor de las cuatro y media de la tarde de aquel aciago día el aún esposo de Eloina viajaba a bordo de su propio vehículo, un SEAT-127, por un acceso a la esquina de la calle San Ezequiel cuando efectuó un primer disparo contra el coche en el que viajaba su cónyuge en compañía de su jefe. A consecuencia de este primer tiro rompió un cristal trasero del Renault-12 en el que iban los dos amantes, hiriendo en un muslo a Juan José Fernández, hermano de Eloína, que iba acompañado de sus dos hijos de corta edad.

A raíz de este primer suceso y en vista de que había una persona herida, los ocupantes del R-12 sacaron un pañuelo blanco por la ventanilla, al tiempo que accionaban la bocina del coche que ocupaban en señal de petición de vía libre para poder conducir al herido a un centro sanitario, aunque nada haría de desistir a un marido furibundo que se consideraba burlado de su actitud que terminaría por provocar una gran tragedia que quedaría impresa en sangre en los anales de la ciudad que espléndidamente se asienta a orillas del Cantábrico

Huida de Antonio Huergo

Despechado y seguramente desesperado, José Luis Pujades, que trabajaba como analista de minerales en la factoría gijonesa de la antigua ENSIDESA, descendió de su utilitario para acometer a Antonio Huergo, quien al percatarse de su presencia trató de huir de las garras de quien iba a convertirse en su trágico verdugo. Pero su intento de escapar del irracional proceder de un hombre que se encontraba encolerizado terminaría por convertirse en su tumba, ya que le dispararía varias veces, una de las cuales le dio de pleno y falleció prácticamente en el acto.

Pero aquel hombre, que había perdido el norte y tal vez toda capacidad de raciocinio, no había terminado aún su dramática función, que se desarrollaría en muy breve espacio de tiempo. Una vez que hubo alcanzado su primer objetivo se dirigió al vehículo que ocupaba su esposa, en el que rompería con la culata del arma que empuñaba, una escopeta de caza «Piero Barete» del calibre 12, el parabrisas trasero del coche. Una vez que tuvo todo el espacio libre para él, efectuaría un disparo a bocajarro contra Eloína, quien fallecería prácticamente en el acto, en presencia de dos menores de edad, que eran sus sobrinos.

Desgraciadamente la cosa no terminaría con esta última secuencia. Después de haber acometido aquella trágica matanza, José Luis Pujades completaría de algún modo aquella dantesca escena descerrajándose la cabeza de un tiro con la misma carabina que había dado muerte a las otras dos víctimas. La policía nunca se explicó como un arma de aquel calibre pudo llegar a las manos del autor de aquellas horrendas muertes. Detrás de las mismas quedaban dos pequeños huérfanos que todavía se encontraban en la adolescencia.

Una vez concluida aquella masacre humana, cientos de vecinos y curiosos se arremolinaban en la calle de La Paz, en el área periférica de Gijón, una vía de curioso nombre que hace ya más de cuatro décadas, y aunque solo fuese por un muy breve lapso de tiempo, no dejó de ser un sarcasmo. Y esto no es humor negro.

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El rocambolesco doble crimen de Maella (Zaragoza): un suceso impune de los años cincuenta

Información sobre el juicio en el diario HERALDO DE ARAGÓN

Sobra decir que la España de los cincuenta era un país pobre y atrasado en el que su población seguía económicamente estrangulada por la prolongada Posguerra. Aquello de que «no se movía nadie» no era más que un vulgar tópico con el que atenazar a un país todavía anclado en viejos y ancestrales modos rurales, en los que una gran gran parte de sus habitantes residían en pequeñas localidades esparcidas a lo largo y ancho de toda la geografía peninsular. En uno de esos reducidos entornos sería el escenario de un doble pque, con el paso del tiempo, terminaría por convertirse en épico, tanto por la forma en que se produjo como en sus consecuencias posteriores, que se asemejan al famoso «Crimen de Cuenca».

El crimen tuvo lugar el lunes, 9 de enero de 1950. En esa fecha la familia Balaguer, protagonista del trágico episodio, se trasladó a recoger aceitunas al campo, a Mas de Balaguer, situado a ocho kilómetros de distancia de Maella, localidad en la que residían y de la que eran originarios y en la que se produjo el sangriento episodio. Además iban a coger también una varas para unas cabras que poseían, además de unos sacos para introducir las aceitunas. El hermano soltero Luis Vicente Balaguer se marchó y no regresó junto al resto de la familia, lo que provocaría la preocupación de una de sus hermanas, quien se dirigió a Maella para saber que le había sucedido. Al acceder al interior del domicilio en compañía de uno de los sobrinos de la víctima, José Mindán, conocido como «Pepito» encuentran a Luis Vicente muerto, con evidentes señales de violencias, en el establo, junto al cual hay un butrón que daba a la sucursal que el Banco de España poseía en Maella. Además de la muerte de este hombre, desaparecerá una de sus hermanas, quien también estaba soltera, Cecilia Balaguer, cuyo cuerpo no aparecerá jamás y el Juzgado de Caspe declararía su defunción en el año 1965.

Un tercer cadáver

Para que no faltasen más ingredientes a esta rocambolesca historia, en el año 1952 aparecerá un tercer cadáver, en un crimen que la Guardia Civil no investigaría jamás, o si lo hizo fue muy poco. Culpaban de esta última muerte al hermano, al cuñado y al sobrino de las dos víctimas, lo cual no dejaba de ser un bulo interesado. Supuestamente, este tercer asesinato podía haber sido obra de los tres debido a que el interfecto les estaba haciendo chantaje acerca del destino que habría corrido su hermana, cuyo cuerpo jamás apareció. El móvil del crimen podría obedecer a razones de tipo patrimonial. Sería este año cuando la Guardia Civil detiene a Pedro Vicente Balaguer, su cuñado Pedro Monreal Catalán y al sobrino «Pepito».

Debido a los métodos poco ortodoxos que se empleaban entonces para las confesiones de los acusados, los tres terminan por declarar ante la Benemérita su participación en el crimen, a pesar de que su declaración presenta muchas lagunas y puede resultar difícilmente creíble. A todo ello se añade el ansia del pueblo de Maella por encontrar a los culpables y hacer justicia a cualquier precio.

A finales del año 1954 se celebra el juicio en contra de los tres acusados en la Audiencia Provincial de Zaragoza, trasladándose buena parte de los vecinos de Maella hasta la capital maña para asistir a las sesiones. En el transcurso de la vista oral, aunque aparece muy de pasada la existencia de un butrón en la casa contigua a la que se produjo el crimen, no es tenido prácticamente en cuenta por el fiscal, a lo que se sumaba que el hueco podría haber sido efectuado con intención de robar en las dependencias del Banco de España, situado en la casa contigua.

Absolución y condena popular

El tribunal que se encargó de juzgar a los tres acusados no debió de haber visto muy claras las cosas, pues los tres acusados resultarían absueltos, al concluir que no existían pruebas de cargo suficientes para condenarlos. La decisión judicial no sería en absoluto compartida por los vecinos de Maella, quienes, al igual que si de una turba se tratase, pretenden tomar la justicia por su mano y castigar a los acusados a cualquier precio, sin tener en cuenta la decisión del tribunal sentenciador. Al llegar al pueblo, les vacían las maletas que portan y sus pertenencias son quemadas en pleno centro de la plaza. Aunque no fueron linchados, los tres acusados tuvieron que marcharse definitivamente de aquel municipio zaragozano.

Recientemente el médico y escritor aragonés Javier Pardo publicó un libro bajo el título de «El año de la desgracia». En el mismo incidirá en la inocencia de los tres acusados, dejando al descubierto la incívica y brutal actitud de un pueblo que obligó a desterrar a tres hombres a los que, además de escupirles e insultarlos, no dudó en agredirlos físicamente. Según su versión, el autor del crimen probablemente hubiese sido un vecino de Maella, en compañía de dos delincuentes venidos de fuera, siendo su objetivo el de penetrar en las instalaciones del Banco de España para cometer un robo, viéndose sorprendidos en ese mismo momento por Luis Vicente Balaguer, a quien darían muerte para quitarse de en medio a un incómodo testigo. La muerte de su hermana, Cecilia, sería como consecuencia del asesinato de su hermano, pero se encargaron de deshacerse de su cuerpo. El óbito de esta última se produjo en la misma jornada, pues habría estado hablando con sus vecinos antes del suceso.

Sea como fuere, lo cierto es que nos encontramos ante un rocambolesco hecho, acontecido hace ya más de 70 años y que jamás sería resuelto, a lo que se añade una condena popular, que muchas veces es peor que la judicial, contra tres personas que los tribunales de la época resolvieron que eran inocentes. Y si las decisiones de la Justicia hay que acatarlas siempre, en este caso también.

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Dos crímenes sexuales sin resolver en Galicia

Noticia del hallazgo del cuerpo de Socorro Pérez en FARO DE VIGO

Son dos trágicos y desgraciados sucesos que guardan demasiados paralelismos entre sí. Eran dos mujeres todavía jóvenes, que ya se encontraban en la cuarentena. Ambas salieron a ejercitarse en un día festivo. Una a dar un corto paseo por una zona conocida y la otra a hacer footing por un área que conocía bien y, por sí las coincidencias fuesen pocas, ambas murieron asesinadas después de haber sido violadas por algún desalmado que -según fuentes policiales- habrían elegido a sus víctimas al azar. Solo les diferencia en que mientras el cuerpo de Elisa Abruñedo fue encontrado el mismo día en que murió, el de Socorro Pérez sería hallado un mes más después de su muerte.

El primero de septiembre de 2013 Elisa Abruñedo, de 46 años de edad, salió a caminar sola por una senda corta y menos apartada de lo que era su costumbre hacerlo. Sus hijos no se encontraban en casa, mientras que su marido, Manuel Fernández, había ido a un entierro. Tomó la ruta de Manxarín, sita en el municipio coruñés de Cabanas, situado en el litoral próximo a Ferrol. Era un itinerario corto, de apenas un par de kilómetros, que se encontraba salpicado de grupos de viviendas unifamiliares, a los que se sumaba un extenso área forestal. Llevaba pocas consigo, entre ellas su teléfono móvil y las gafas de sol, aunque las usaba graduadas, consideró que en esa jornada no le harían falta. De sus últimas horas, se sabe que se detuvo a conversar a vecina y que inmediatamente emprendió camino de regreso a su casa.

Fue precisamente en el último tramo, apenas a 200 metros de su domicilio, cuando algún energúmeno la abordó. No se sabe si lo hizo al azar o porque la conocía. Llegaría a especularse incluso que pudiese ser algún individuo que abandonó la autopista, muy próxima a la zona en la que aparecería su cadáver. Según los indicios hallados en aquel lugar, se supone que el asesino y violador atacó a traición a Elisa Abruñedo, por la espalda. Antes de darle muerte, la violaría y posteriormente la cosería literalmente a navajazos. Quizás para evitar un testigo incómodo.

Desde el día en que apareció el cuerpo sin vida de Elisa Abruñedo, la Guardia Civil inició las pesquisas para detener a su asesino, de quien el único rastro que se conoce es su ADN. De hecho, desde 2019 se inició una investigación a la inversa consistente en que vecinos de la comarca de Ferrolterra se sometan voluntariamente a esta prueba. Para ello han recurrido incluso a los archivos parroquiales de la comarca, tratando de bucear en algunos árboles genealógicos cuya antigüedad podría remontarse a hace ya más de dos siglos, siendo muchas las personas que se presentaron a realizar las pruebas genéticas. El objetivo de las mismas estriba en la hipotética coincidencia del ADN de las familias con el hallado en el cuerpo de la mujer asesinada y así localizar a individuos de esos clanes familiares cuya conducta pudiese ser objeto de sospecha, aunque por ahora no ha dado los resultados esperados.

El asesinato de Socorro Pérez

Si misterioso fue el asesinato de Elisa Abruñedo, no lo es menos el de Socorro Pérez, una mujer de 43 años de edad, soltera y sin problemas económicos ni de ningún otro tipo. Era una empleada del servicio de limpieza del Complejo Universitario Hospitalario de Ourense, que llevaba una vida metódica y ordenada. Además, mantenía unas magníficas relaciones con todos los miembros de su familia, especialmente con sus padres, pues era hija única. Aunque era muy reservada, se sabe que en ese momento no tenía, al menos que se supiese, ninguna relación sentimental.

El primero de mayo de 2015, fiesta del Trabajo e inició de un pequeño puente al coincidir en viernes, Socorro Pérez fue a comer a casa de sus padres, después de hacer algunos labores en su domicilio, ubicado en el popular barrio ourensano de O Couto. Allí había dejado todo perfectamente preparado. Desde su cartera hasta el móvil, así como la comida preparada para la cena y que nunca llegaría a tomar, ya que jamás regresaría a su casa.

Socorro Pérez se había aficionado al deporte y la vida sana desde hacía algún tiempo, siendo muy habitual verla correr por las inmediaciones del río Miño, siendo el Paseo de las Ninfas su lugar predilecto para la práctica deportiva. En aquella jornada, muy cerca de por donde corría esta mujer, en el barrio de Vistahermosa se estaban celebrando sus fiestas patronales, por lo que era frecuente la presencia de feriantes e incluso de forasteros procedentes de otros puntos de la provincia de Ourense.

La alarma saltaría al día siguiente cuando la madre de Socorro se dirigió hacia su domicilio. Después de llamar insistentemente al telefonillo de la puerta, se percató que su hija no respondía, algo que a ella no le cuadraba. Ambas se habían citado para acudir hasta el balneario sito en el municipio de Ferreira de Pantón, al sur de la provincia de Lugo, prácticamente delimitando con la de Ourense. Se dirigieron al piso en el que vivía la mujer y encontraron todo tal cual lo había dejado el día anterior. Sus familiares desecharon en todo momento que la ausencia de Socorro Pérez fuese voluntaria, pues no era una persona que tomase decisiones a la ligera.

Crisis en la Comisaría

Al igual que de una película de suspense se tratase, por aquel entonces la Comisaría de Policía de Ourense vivía en permanente crisis por algunos sucesos que la habían convertido en una auténtica jaula de grillos. De ella habían desaparecido hasta media docena de armas, al tiempo que había sospechas de que desde allí habían partido algunos chivatazos a conocidos narcotraficantes. Por si todo ello no fuese suficiente, se especulaba también acerca de la misteriosa muerte de un agente. Eran demasiadas cosas turbias que llevó a pensar a la familia de la todavía entonces desaparecida acerca de la falta de pericia en la resolución del caso, a lo que añadían un supuesto desinterés. De hecho, llegarían a quejarse en distintos medios de comunicación de cómo se estaba llevando el caso, manifestando que había víctimas de primera y segunda categoría y ellos se encontraban encuadrados en esta última clasificación.

El día 6 de junio de 2015 unos cazadores alertados por una bandada de cuervos encontrarían el cuerpo sin vida de una mujer, que se encontraba ya en avanzado estado de descomposición. Todo indicaba que se trataba del cadáver de Socorro Pérez, quien había desaparecido hacía ya casi cuarenta días. En la escena del crimen no se hallaría ni ADN ni ningún otro indicio que pudiese conducir al autor material del crimen. El cuerpo hallado se encontraba semidesnudo de cintura para abajo lo que hacía presumir, como así confirmaría la autopsia, que la mujer había sido violada antes de ser asesinada. Presentaba también un fuerte golpe en la cabeza que fue lo que le produjo la muerte.

La investigación policial, muy criticada por la familia de Socorro Pérez, concluyó que la víctima había sido elegida al azar por su asesino y que aprovechando la soledad del lugar la acometió primero para violarla y posteriormente para asesinarla. Al parecer se investigaron hasta un total de medio centenar de condenados por delitos sexuales, aunque una gran parte de los mismos fueron descartados por eliminación. También se examinarían las conexiones de un poste de telefonía, próximo al lugar donde apareció el cadáver de la mujer asesinada.

Dos años más tarde del asesinato de Socorro Pérez, con motivo de la detención del asesino y violador de Diana Quer, en la localidad coruñesa de Rianxo, se especuló con la posibilidad de que en breve también sería capturado el desalmado que cometió este crimen. Sin embargo, las esperanzas de la familia resultaron en vano, pues el caso de Socorro Pérez, al igual que el Elisa Abruñedo, continúan abiertos a la espera de que todavía paguen con la cárcel sus autores, aunque hay que tener en cuenta que el tiempo juega siempre en contra de las víctimas y ya han transcurrido nueve y siete años respectivamente desde que se cometieran tan horrendos y execrables crímenes.

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Un hombre asesina a sus dos hijas pequeñas y después se suicida en Soto del Barco (Asturias)

Foto pixeleada de las pequeñas asesinadas

Una relación de pareja tormentosa que terminó de muy mala manera entre los cónyuges se saldaría de una forma muy trágica y terrible, en la que las víctimas serían dos inocentes pequeñas que todavía no alcanzaban a comprender lo que significaba este mundo y cuya muerte sobrecogería de una manera muy abrumadora al municipio asturiano de Soto del Barco, situado a 45 kilómetros al oeste de la capital de principado.

La tétrica y truculenta historia comenzaría cuando a las cinco de la tarde del 27 de noviembre de 2014 era hallado un cadáver debajo del puente del viaducto de la Concha de Artedo, que se correspondía con el José Ignacio Bilbao Aizupurúa, de 55 años de edad, natural de Bilbao, pero residente en el municipio de la costa astur desde hacía años. Muy cerca de dónde fue encontrado su cuerpo sin vida se hallaría también un vehículo que habitualmente conducía el suicida, un Citroën Xsara. Todas las hipótesis indicaban que el hombre se había arrojado al vacío desde una altura de 110 metros.

El hallazgo del cadáver de José Ignacio Bilbao fue comunicado a su ex-esposa, así como también a los familiares de esta última, quienes inmediatamente temieron por la suerte que pudiesen haber corrido las pequeñas, cuya demora en la entrega ya había hecho saltar las alarmas de su progenitora. Inmediatamente, la madre de las pequeñas y una pareja de la Guardia Civil se dirigieron hacia el domicilio en el que residía el parricida, en el núcleo de San Juan de las Arenas, en cuyo interior hallarían los cuerpos sin vida de las dos niñas de la pareja, Amets, de nueve años y Sara, de siete, en lo que constituía un tétrico y desolador panorama. Previamente, ya habían visto una señal que era el dramático preludio de lo que se iban a encontrar en la vivienda, pues el felpudo de la entrada se encontraba manchado de sangre.

Con una barra de hierro

El autor del doble crimen lo había perpetrado con una barra de hierro, que había escondido hábilmente en un envoltorio de papel de regalo y que sería encontrado en el interior del domicilio y que presentaba rastros de sangre. Los vecinos declararían a diferentes medios de comunicación que no oyeron ruido alguno que les resultase sospechoso aquella tarde de jueves, uno de los dos días de la semana en las que tenía derecho a estar con sus dos hijas durante un par de horas, de seis a ocho de la tarde. El otro día era el martes en el mismo espacio de tiempo. José Ignacio Bilbao, que llevaba poco tiempo viviendo en el inmueble, fue definido por el vecindario como un hombre triste, tímido y huraño, que hacía una escasa vida social y del que apenas se conocían más detalles

La autopsia se encargaría de revelar que las pequeñas sufrieron una muerte horrible. Los resultados arrojados por el examen forense determinarían que Amets falleció en primer lugar, intentando de forma inútil defenderse de la agresión que le propinó su padre, tal y como revelarían las heridas que le había inferido en sus brazos y manos. La pequeña, aunque solo tenía nueve años, era bastante alta para su edad, y aparentaba quizás alguno más.

Tras haber dado muerte a la mayor de las hermanas, haría lo mismo con Sara quien, al tener una envergadura mucho más débil que Amets, fallecería a consecuencia del único golpe que le propinó José Ignacio Bilbao, quien inmediatamente abandonaría el escenario de autos para quitarse la vida, dejando tras de sí una imborrable huella de dolor y consternación, al tiempo que de repulsa por el vil asesinato de dos pequeñas inocentes, ajenas a los enfrentamientos, resentimientos y resquemores que pudiese haber entre sus progenitores.

La Guardia Civil del concejo de Pravia proseguiría sus indagaciones, examinando contenedores y otros recipientes, con el objetivo de encontrar más indicios que pudiesen contribuir a clarificar aquel escalofriante doble parricidio e infanticidio, que consternaría profundamente al principado de Asturias.

Orden de alejamiento

Al parecer, el año anterior a cometer el horrible crimen, su ex-esposa había solicitado una orden de alejamiento al juez, que no le fue concedida, ya que, según sus conclusiones, el individuo en cuestión no había empleado jamás la fuerza ni la violencia contra su ex-mujer. Sin embargo, por lo que se deducía de la situación, la separación había resultado traumática, ya que la mujer lo había denunciado por no pasar la pensión que le correspondía a las dos niñas, si bien es cierto que él se encontraba desempleado y sus circunstancias personales eran muy inestables.

El suceso provocaría una oleada de solidaridad con la madre de las pequeñas asesinadas y de repulsa generalizada por un hecho vil y totalmente incomprensible, que pasaba a englobarse dentro de lo que hoy conocemos como violencia vicaria, pero que no deja de ser un acto de humillante cobardía que sacude los cimientos de la sociedad al dirigirse contra sus seres más inocentes, tal y como son los niños. Lo peor de todo es que no era la primera vez y, desgraciadamente, tal vez no fuese la última.

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