Asesinado a tiros el propietario de una Gasolinera en O Pino (A Coruña)

Gasolinera en un pueblo de Galicia

Uno de esos trágicos acontecimientos, que haría correr ríos de tinta en la prensa, fue el asesinato de un empresario gallego, Luciano Barral Moledo, de 47 años de edad, quien perecería el 17 de octubre de 1995 en la parroquia de Arca, en el municipio de O Pino -muy próximo a Santiago de Compostela-, cuando los asaltantes de la gasolinera de su propiedad lo descerrajarían de dos disparos efectuados a muy corta distancia para llevarse la recaudación de esa fatídica jornada.

Alrededor de las nueve de la noche de ese día, cuatro hombres que actuaron con el rostro cubierto por pasamontañas se acercaron hasta la gasolinera de Lucindo Barral exigiéndole que entregase la recaudación que había en la caja, circunstancia a la que el empresario no opuso resistencia alguna. Sin embargo, los asaltantes no se conformaron con el dinero y uno de ellos, que jamás fue descubierto, le disparo a quemarropa dos disparos con una escopeta de cañones recortados.

En brazos de su hijo

Malherido y prácticamente sin fuerzas, dejando un impresionante reguero de sangre, el hombre intentó alcanzar la oficina para llamar por teléfono, pero desgraciadamente acabaría desplomándose y terminaría falleciendo prácticamente en el acto en los brazos de su hijo de tan solo seis años de edad, que acudió a auxiliar a su padre. A pesar del estado de extrema gravedad que presentaba, Luciano sería trasladado al Hospital Xeral de Galicia, en Santiago de Compostela, en el que no pudieron hacer otra cosa que certificar su muerte. La víctima dejaba viuda y tres hijos muy jóvenes.

A partir de ese momento se sucedieron las incógnitas en torno a quien podría haber cometido tan repugnante y terrible crimen que consternaría a toda la comarca compostelana y al resto de Galicia. Al día siguiente comenzaban las pesquisas y se encontraba el coche, marca Ford, modelo Escort, que los atracadores habían utilizado para perpetrar el robo y el crimen que le había costado la vida al empresario gallego. En su interior se recogió una muestra de sangre, así como otros restos biológicos que se encontraban en una bolsa, lo que representaba un importante avance en las investigaciones. Posteriormente, se produjo otro robo en otra gasolinera del vecino municipio de Dodro, que la Guardia Civil atribuyó a la misma banda.

Durante muchos años los investigadores no cejaron en el empeño de detener a los autores del crimen. Casi nueve años más tarde, en abril de 2004, eran detenidas cuatro personas en relación con el asalto y posterior asesinato del empresario gallego. El principal encausado era un hombre joven, de 34 años de edad, en el momento de ser detenido, quien tenía decenas de antecedentes policiales por hechos similares y otras tres personas que le acompañaban, también viejos conocidos de las fuerzas de seguridad. Todos ellos, vecinos de la localidad de Carballo, ingresarían en la prisión coruñesa de Teixeiro, tras prestar declaración ante el juez titular de Arzúa.

Absuelto

En su declaración, el principal encausado -que respondía a las iniciales de J.C.B.- negó en todo momento, así como el resto de detenidos, haber participado en ningún robo a gasolineras, ni tampoco en el de ningún coche. Contaba en contra con la declaración de un confidente de la investigación que había facilitado importantes datos para proceder a la detención de esta persona. Según se desprende de la documentación examinada, los detenidos no cometieron ninguna torpeza ni tampoco ninguna contradicción.

En junio del año 2005 se celebró el juicio contra el acusado de haber dado muerte a Luciano Barral en la Audiencia Provincial de A Coruña. El fiscal encargado del caso solicitaba una pena de 26 años de cárcel para J.C.B., sin embargo resultaría absuelto al constarse que no respondía a las características físicas descritas por el asalto cometido en la gasolinera de Dodro. Al parecer, según un testigo, el asaltante era un hombre bajo y fuerta, que no correspondía en modo alguno contra el principal acusado.

De la misma manera, los restos biológicos hallados en el interior del vehículo no resultaron ser prueba suficiente contra el encausado, ya que no se pudo constatar que perteneciesen al mismo. Los investigadores también habían recogido en el lugar de los hechos algunos cristales y los cartuchos empleados en el asesinato de Luciano Barral, que tampoco servirían de mucho, ya que el Tribunal encargado de dirimir el caso entendió que no guardaban relación alguna con el detenido.

Este desgraciado crimen, al igual que muchos otros, ha pasado a engrosar la larga nómina de casos sin resolver que se amontonan en las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil de Galicia.

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Asesina a sus dos hijas pequeñas gaseándolas con el tubo de escape de un coche

Humo en el tubo de escape de un coche

Son muchas ya las veces que la realidad supera a la ficción. Igualmente, se desconoce el grado de maldad al que son capaces de llegar algunos seres humanos, creyendo que hay algunas cosas que forman parte del pasado más cruel de la humanidad y que son episodios negros de la historia de la humanidad que a nadie le gusta recordar ni mucho menos nos hubiera gustado que sucediesen. Es lógico. Sin embargo, recientemente se han producido algunos hechos que nos hacen rememorar las páginas más oscuras y terribles de la historia contemporánea. De algún modo, nos indican que hay energúmenos capaces de reproducir -aunque sea a pequeña escala- lo ocurrido en campos de concentración en el transcurso de la IIª Guerra Mundial y que todavía nos ponen los pelos de punta cuando los presenciamos a través de los muchos medios que tenemos a nuestro alcance.

Uno de esos trágicos y truculentos sucesos ocurrió entre los días 22 y 24 de noviembre del año 2001, iniciándose en la localidad pontevedresa de Gondomar. Por esas fechas, Víctor Mouzós Álvarez, un joven padre de 29 años, raptaba a sus dos hijas, Eva y Ana, de dos y tres años de edad respectivamente, con el exclusivo afán de vengarse de la madre de las pequeñas, su antigua pareja, por haber iniciado los trámites de divorcio. Sin embargo, su terrible represalia superaría cualquier forma de menoscabo de la dignidad humana, recordando por unos días los terribles métodos utilizados por los nazis en sus campos de concentración, tal y como relataría el fiscal encargado del suceso en el transcurso de la vista oral que se seguiría contra el brutal asesino.

El día 22 de noviembre Víctor Bouzós Álvarez huiría con sus pequeñas de muy corta edad desde el municipio pontevedrés de Gondomar -muy próximo a Vigo- hasta la localidad lusa de Vila Nova da Cerveira, en el norte del país vecino. Previamente, en una carta que había dirigido a su ex-esposa, el criminal le advertía que emprendería acciones contra las niñas, llegando a matarlas si se diera el caso, en represalia por la separación matrimonial que pretendía quien hasta aquel entonces había sido su pareja.

Tubo de aspiradora

Al llegar a un monte de la localidad en la que cometería tan aterradores y aberrantes crímenes, Víctor uniría el tubo de escape del coche al interior de su vehículo en el que se encontraban las pequeñas con otro conducto flexible, como los que habitualmente poseen las aspiradoras, para gasear a las pobres niñas. Una de ellas fallecería en cuestión de poco tiempo, según se desprende del examen forense al que fue sometido su cuerpo. Su padre deambularía por montes portugueses a lo largo de 36 horas con su cadáver, en tanto que la otra ya se encontraba en grave estado a consecuencia de la ingestión de monóxido de carbono, consiguiendo sobrevivir durante tres días a la terrible prueba a la que la había sometido su infame progenitor. La cría fallecería en la UCI de un centro sanitario de Vigo tras pasar 72 horas en coma.

Durante aquellos días de otoño la opinión pública gallega se conmovió de sobremanera al conocer el secuestro de las niñas. Los padres de Víctor Bouzós se desplazaron hasta el norte de Portugal posteriormente para convencer a su hijo de que regresase y devolviese las pequeñas, ya que en aquel momento se ignoraba la suerte que podrían haber corrido. El hizo caso de sus progenitores tras una conversación telefónica que mantuvo con ellos, aunque ya les advirtió que sus nietas se encontraban en grave estado de salud.

De regreso, las niñas ingresaron en un hospital de Vigo, aunque una de ellas, Eva, era ya cadáver, mientras que la otra, Ana, sobreviría tres días, pero sin poder llegar a recuperarse de la masiva ingesta de gases tóxicos que había sufrido del vehículo de su padre. Este último sobrevivió a la intoxicación al salir del habitáculo para pedir agua a unos vecinos de la zona, además de apuntar que la muerte de una de las niñas y el grave estado de salud en que se encontraba la otra en el momento de ser detenido, obedecía a un fallo en el sistema de ventilación de su coche, según la versión que facilitó a la policía, aunque nunca pudo ser comprobada la veracidad de la misma. Tal vez se tratase de una treta con ánimo de eludir un castigo mayor por parte de la justicia.

Inmediatamente, la policía procedería a la detención del doble parricida, quien también sufría algunos efectos de la intoxicación habían padecido sus hijas, pero en menor medida, por lo que fue ingresado en el módulo de reclusos del Hospital Provincial de Pontevedra, con pronóstico reservado. Según las informaciones periodísticas de la época, Víctor Bouzós representaba la imagen de un hombre «atormentado». Apenas mes y medio más tarde se conocía el primer informe psiquiátrico acerca de su personalidad, que no dudaba en calificarlo de psicópata, que era un hombre plenamente consciente de sus actos y que había actuado en represalia de su esposa, asesinando a sus dos pequeñas por la petición de divorcio que ella había formalizado, asestándole un durísimo golpe donde más daño podía hacerle.

40 años de cárcel

En el transcurso de la vista oral que se celebró en su contra en la sala sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra -con sede en Vigo- Víctor Bouzós alegaría ante el jurado encargado de dirimir su causa que la muerte de las pequeñas se había producido de forma fortuita, por el mal funcionamiento del ventilador del vehículo. Sin embargo, su versión muy pronto sería desmontada tanto por los informes forenses como por los investigadores del caso, quienes encontraron en el interior del habitáculo los restos de un tubo flexible, similar al de las aspiradoras, en una bolsa de plástico, así como una importante cantidad de restos químicos del gas tóxico procedente del conducto que expulsa los gases. El material encontrado en el interior del coche manifestó que era para desatascar cañerías, pues era fontanero, aunque este hecho sería rotundamente negado por otros compañeros de profesión que testificaron en el juicio.

El testimonio de los forenses desmontó la versión de que el autor del doble parricidio hubiese pasado la noche a bordo del vehículo en el que se encontraban las pequeñas y que una de ellas hubiese salido a dar un paseo después de haber sufrido la intoxicación. Si hubiese sido así, la niña se hubiese recuperado y probablemente no hubiese fallecido. Su defensa alegaba que su cliente solamente había incurrido en el delito de denegación de auxilio, además de considerarlo un «padre amantísimo». Ver para creer.

Una de las intervenciones más destacadas fue la del fiscal encargado del caso, quien comparó la actitud del asesino con las de los nazis en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial cuando empleaban técnicas similares para matar a los internados en los campos de concentración y a prisioneros. Víctor Bouzós sería condenado a la pena de 40 años de cárcel -20 por cada uno de los asesinatos- además de indemnizar con 250.000 euros a la madre de las pequeñas, en concepto de responsabilidad civil. La magistrada ponente de la causa destacaría en la redacción de la sentencia la «peligrosidad» del parricida, así como «la carencia de los valores más elementales y escrúpulos».

Sobre el asesino se escribirían muchas páginas, tanto en la prensa gallega como en la del resto del Estado. De él, se dijo que era un hombre frío, solitario y calculador. De la misma forma, los péritos forenses que lo entrevistaron corroborían su carácter psicopático, capaz de discernir entre el bien y el mal, pero que apenas mostraba emociones. Hasta el momento de matar a su hijas, Víctor Bouzós no había pisado nunca la cárcel, si bien es cierto que ya había protagonizado algunos altercados que le acarrearon numerosos antecedentes policiales. De la misma forma, se señalaba que padecía algunos episodios relacionados con alguna patología de carácter psiquiátrico, aunque son precisamente las personas con enfermedades psicosomáticas las que menos actos delictivos protagonizan, según informaciones facilitadas por profesionales de la salud mental.

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Cinco muertos en el incendio de un pesquero francés en A Coruña

Puerto de A Coruña

En los años ochenta del pasado siglo Galicia había comenzado a engancharse al tren del progreso económico y social. La emigración era ya cosa del pasado. Incluso, según algunas estadísticas de la época, la tierra gallega se había convertido en un receptor de personas procedentes de otros lares, mayoritariamente de la Península Ibérica. La ganadería había comenzado su modernización, en tanto que la pesca estaba ya siendo explotada de forma industrial. A todo ello se sumaba que comenzaba a madurar su autogobierno y ahora la referencia empezaba a estar en Santiago de Compostela.

Si antes se aludía a la importancia de la pesca en la economía gallega, de esa significación eran conscientes grandes corporaciones extranjeras, cuyos buques era frecuente que atracasen en las instalaciones portuarias gallegas, bien fuese porque hacían escala o directamente venían a descargar grandes cantidades de pescado que se cotizaba en las lonjas gallegas. Una de esas embarcaciones, de trágico recuerdo, fue el bacaladero francés Valois quien al atardecer del 29 de octubre de 1988 atracaría en el puerto herculino, para pernoctar en uno de sus muelles después de hacer una larga travesía desde Terranova hasta Galicia.

Todo el mundo considera que los barcos amarrados a puerto no corren peligro. Y es cierto, pero no siempre sucede así. El buque, de bandera gala, pernoctaría en el muelle de Calvo-Sotelo. Llevaba a bordo diez tripulantes, ocho de ellos franceses y uno español. Este último, junto con otros tres de la decena de miembros que componían de la tripulación, salvarían sus vidas al no encontrarse en el momento del incendio en el interior del bacaladero, pues tenían permiso de sus superiores para ausentarse durante aquella trágica noche.

De madrugada

El incendio en el que perecerían cinco de los nueve tripulantes del buque francés se inició en torno a las cinco y media de la madrugada del día 30 de octubre de 1988. Apenas quince minutos más tarde, se recibía una llamada en el Cuartel de bomberos de la ciudad herculina, que inmediatamente envió varias patrullas y vehículos contra-incendios para sofocar el fuego que alcanzaría grandes dimensiones al encontrarse descansando los miembros de la tripulación, circunstancia esta que jugaría en su contra pues los cinco que se encontraban en el barco terminarían pereciendo a consecuencia de las llamas que arrasaron el Valois.

Según los resultados de las pesquisas de las investigaciones llevadas a cabo, el fuego se inició en la cocina del barco e inmediatamente se extendió por el resto de los departamentos, siendo los camarotes en los que se encontraban durmiendo cinco de los tripulantes la zona más afectada por las llamas. Durante cuatro largas horas lucharon los bomberos coruñesas en sus tareas de extinción de incendios, quienes pese a su extraordinario esfuerzo no consiguieron sofocar el fuego, siendo precisa la ayuda del remolcador de la Armada Española, Mahón, quien se desplazó desde la base naval hasta el lugar del siniestro.

Ante el temor de que el fuego alcanzase los depósitos de combustible del Valois, alrededor de las diez de la mañana del 30 de octubre se procedió a su vaciado con la finalidad de que las llamas no se extendiesen a otros barcos que se encontraban en las inmediaciones del bacaladero. En un principio solamente su capitán había conseguido huir del fuego, aunque también perecería a consecuencia del mismo, siendo su cadáver el primero en ser rescatado. Con una fuerte escora, provocada -al parecer- por el agua lanzada por los bomberos, el bacaladero sería trasladado por el remolcador Sestosa-25 hasta el dique de abrigo, en las inmediaciones del castillo de San Antón.

El fuego que arrasó el buque francés se consideró extinguido en torno a la una y cuarto del día del trágico siniestro, siendo conducido hasta el muelle de Méndez- Núñez. Allí fueron rescatados los cuatro cadáveres de los otros cuatro tripulantes que aún permanecían en su interior para ser conducidos hasta el depósito del Hospital Juan Canalejo de A Coruña, a donde previamente había sido evacuado el cuerpo del capitán, fallecido también en el mismo incendio.

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Viola y estrangula a una niña de doce años en Vigo

Sendero de Candeán, muy cerca de donde se produjo el suceso

En el año 1990 comenzaba una nueva y prolongada etapa para Galicia, que coincidía con la toma de posesión como titular del Gobierno autónomo gallego de Manuel Fraga Iribarne, quien detentaría el poder durante más de tres lustros y la tierra que lo había visto nacer iría indisociablemente aparejada a su nombre en ese prolongado período en el que ejerció el poder. Se presentaba como un salvador más que como una esperanza, aunque su pueblo no precisaba salvadores sino hombres de acción que diesen el definitivo impulso a una tierra que todavía carecía de infraestructuras adecuadas y comenzaba a perder peso demográfico en el resto del Estado. Su legado esta ahí y los gallegos son sabios jueces para emitir su veredicto.

Pese a las esperanzas que se atisbaban en aquel nuevo tiempo que se iniciaba en el noroeste peninsular, a veces sucedían cosas que descorazaban a todos los gallegos, independientemente de su ideología, sexo o credo religioso. Uno de esos trágicos acontecimientos que indignaría de sobremanera a todo el país gallego -desde Ribadeo hasta Tui- ocurría en la parroquia viguesa de Candeán cuando en el recién estrenado año de 1990, concretamente el 10 de enero, una niña de tan solo doce años era violada y asesinada por un depravado que aún tardaría algún tiempo en ser detenido por las fuerzas de seguridad. El suficiente para que cometiera otras atrocidades similares, aunque sin llegar a quitar la vida a más pequeñas.

El relato de los hechos se inicia a las primeras horas de la tarde de aquel ya lejano 10 de enero cuando la pequeña Alicia Rouco Rodríguez va a cumplimentar un recado que le encarga su madre a un bar que se encontraba próximo a la vivienda en la que residía con su hermano mayor y sus progenitores. Sin embargo, la pequeña se demoraría bastante en regresar y no volvería a hacerlo ya jamás con vida. Era muy común que la niña fuese acompañada hasta el lugar al que se había dirigido, pero ese día rehusó la compañía de sus amigas, ya que contaba con encontrarse con su padre al regreso del recado.

Coche blanco

La pequeña había sido secuestrada por un individuo que conducía un vehículo de color blanco que se cruzaría tanto con el hermano de la niña como con su padre, quien pudo contemplar como su hija le hacía señas desde el asiento trasero del coche, aunque no pudo descifrar si solicitaba su ayuda o sencillamente la saludaba. Al llegar a casa y encontrarse con su esposa, en torno a las dos de la tarde, le contó los detalles y a partir de ahí se inició su intensa preocupación que posteriormente trasladarían a su vecindario para que les prestasen ayuda, ya que se habían percatado de que algo muy raro estaba ocurriendo.

La ayuda vecinal fue trascendental para localizar el cuerpo de la pequeña, ya que se movilizaron por toda la zona, peinando las extensas áreas boscosas próximas al domicilio de la pequeña. Finalmente, su cadáver sería encontrado alrededor de las tres de la tarde por un hombre que se encontraba cortando tojos en un monte próximo a A Madroa. Se encontraba desnudo de cintura para abajo, lo que era una señal indiscutible de agresión sexual, además de presentar múltiples hematomas en todo su cuerpo. La autopsia acabaría dictaminando que la pequeña murió estrangulada.

Su muerte llenó de indignación a toda Galicia y muy especialmente a la ciudad de Vigo, nada habituada a que sucediesen cosas similares. En el momento de su muerte Alicia Rouco era estudiante de sexto curso de EGB y era una niña muy querida por el resto de sus compañeros, además de ser muy sociable, ya que era frecuente que participase en muchas actividades, entre ellas formaba parte de un grupo de baile regional. En su entierro se dieron cita más de 3.000 personas procedentes que arroparon a su familia en tan trágico percance de su vida. Además, en los centros escolares de la provincia de Pontevedra se guardaría un minuto de silencio en memoria de la criatura asesinada.

Detención del asesino

A las fuerzas de seguridad se les planteó un gran quebradero de la cabeza a la hora de detener al autor del crimen, pues las pistas facilitadas por los vecinos no eran lo suficientemente concluyentes para poder proceder a su detención. Una fotografía hallada en el lugar de autos era la pista más fiable, aunque -en un principio- presentó una coartada que desconcertó a los investigadores, pues el asesino, José Luis Pazos Rodríguez, presentaría como prueba los vales del comedor de la empresa en la que trabajaba, FRIGALSA, para demostrar falsamente que a la hora de producirse el suceso se encontraba en un lugar distinto. Del mismo modo, se descartó que fuese conocido de la pequeña, pues los vecinos de Candeán aseguraban que jamás había sido el vehículo por aquel lugar con anterioridad.

Tardarían más de quince meses en poder detener al autor del crimen que le costó la vida a Alicia Rouco. La detención tendría lugar en la localidad de Redondela, muy próxima a Vigo, el día 20 mayo del año 1991 cuando el criminal se disponía a raptar a otra pequeña. La colaboración vecinal fue crucial a la hora de resolver este hecho, pues ahora si tenían datos concluyentes y definitivos en torno a la identidad del pederasta y asesino.

Al ser detenido se derrumbaría ante las fuerzas policiales y terminaría confesando la autoría del crimen que le costó la vida a Alicia Rouco. Pero su historial delictivo con criaturas pequeñas no terminaba ahí, ya que desde que había dado muerte a la pequeña de Candeán, había violado a otras cuatro, una de ellas en Pazos de Borbén y otra en Cesantes. La última, con violación y rapto incluido había tenido lugar en la localidad de Ponte Caldelas. Había fracasado en el intento de secuestro de otras tres niñas. Todo ello en el corto plazo de poco más de un año.

José Luis Pazos Rodríguez contaba 27 años en el momento de ser detenido, estaba casado y era padre de una niña de corta edad, además de no contar con ningún antecedente penal previo a su detención. Al año siguiente sería procesado. Los médicos que le examinaron descartaron que sufriese cualquier patología. Sería condenado a la pena de 58 años de cárcel por los distintos secuestros e intentos de raptos, así como por el crimen que le costó la vida a la pequeña viguesa. De la misma forma, debería satisfacer a los padres con una indemnización de 20 millones de pesetas (120.000 euros actuales), aunque resultaría declarado insolvente. Con la derogación de la «Doctrina Parot», en el año 2013, alcanzaría la libertad definitiva.

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Viola y asesina a su abuela en A Lama (Pontevedra)

Si el último tercio del año 1987 se había presentado muy movido en Galicia, no lo fue menos el primer semestre del curso siguiente en el que se produjeron algunos hechos lamentables que consternarían a una tierra que se encontraba en plena transición de su ancestral mundo rural hacia el urbano. Pese a todo, proseguía siendo una tierra muy calmada en la que todavía sobreabundaban reminiscencias de su pasado más reciente. Incluso se habían revertido algunos hechos históricos que la habían marcado en gran medida, tales como el mito de su eterna emigración, llegando a convertirse en un receptor de inmigrantes, principalmente sus grandes urbes.

En medio de un clima social muy sosegado tuvieron lugar algunos sucesos que sobresaltaron a una buena parte de sus habitantes, nada habituados a semejantes acontecimientos. Uno de los más espantosos tendría lugar en la jornada del día 21 de marzo de 1988 cuando a las once de la noche era encontrada una anciana, ya octogenaria, literalmente cosida a puñaladas y con el cuerpo semidesnudo en una cuadra de la vivienda en la que residía en la parroquia de San Salvador de A Lama.

El cadáver de la mujer, que se llamaba Celestina del Río Antas y que contaba ya con 83 años de edad, fue encontrado al día siguiente del crimen por sus vecinos, quienes se sintieron profundamente alarmados al no haber visto en toda aquella jornada a la víctima en sus quehaceres más habituales. Al parecer, era muy frecuente ver a Celestina por distintos lugares de la localidad, quien -pese a su avanzada edad- gozaba de muy buen estado de salud. Uno de los puntos a los que acudía con más frecuencia era la iglesia parroquial, a la que acudía con cierta frecuencia para realizar algunas tareas de mantenimiento.

El nieto, principal sospechoso

Desde un primer momento el vecindario sospechó que quien se encontraba detrás del asesinato de Celestina era su nieto, un joven de 30 años que respondía al nombre de José Manuel Durán González quien -según sus testimonios- mantenía una muy mala relación con su abuela, quien ni siquiera le dirigía la palabra. Al poco tiempo de haber cometido el crimen que le costó la vida a su abuela, el asesino abandonaría el lugar de los hechos, huyendo hasta la parroquia de Bora, ubicada en el término municipal de Pontevedra, y que dista más de 30 kilómetros del lugar de autos.

El autor del crimen regresaría al día siguiente hasta su domicilio en San Salvador, haciendo una larga caminata a pie, provisto únicamente de un aparato de radio y de una linterna. En el transcurso de su larga peregrinación, que había iniciado a las siete de la mañana, se había cruzado con alguna patrulla de la Guardia Civil, a la que no dudó en hacer señales con el objeto luminoso que portaba.

Los agentes de la Benemérita, alertados por los vecinos de la presencia del criminal, se desplazaron hasta la mencionada parroquia para proceder a su detención a las seis de la tarde de la jornada siguiente. En el transcurso del interrogatorio al que fue sometido reconocería haber sido el autor material del asesinato de su abuela. Justificaría el mismo señalando que lo había hecho en venganza por el trato que le había dispensado a su bisabuelo y su abuelo. Sin embargo, negaría en todo momento que la hubiese violado, aduciendo que le había levantado las ropas que llevaba puestas para contar el número de puñaladas que le había asestado. Las cuchilladas habían interesado los pulmones, los ojos y el abdomen de la víctima. De la misma forma, algún vecino también declararía que en la tarde del crimen, cuando ya lo había perpetrado, se le había visto manifestar en reiteradas ocasiones en los bares de la zona que cualquier día tendría que matar a su abuela por la nefasta relación que mantenía con ella.

Pasado tormentoso

José Manuel Durán González, conocido como «O Chioleiro» había nacido en la ciudad brasileña de Río de Janeiro en la que todavía residía su progenitor. Hacía escasos días que había regresado de Suiza, a donde se había trasladado para visitar a su madre, después de haberse evadido del centro psiquiátrico de Rebullón, en Vigo, en el que estaba internado desde hacía algún tiempo, aunque no era esta la primera evasión que protagonizaba, pues ya había estado ingresado en otros centros de las mismas características.

Tras su regreso de la emigración, se había asentado a vivir en el domicilio familiar en una vivienda contigua a la de su abuela con quien compartía la cuadra del inmueble. Desde entonces, la anciana había pernoctado en la casa rectoral de la parroquia de San Salvador, quizás por el temor que le profesaba a su nieto, puesto que la había forzado hacía ya dos años, aunque la anciana no presentó denuncia alguna por lo que nunca fue condenado por este desgraciado hecho, además de amenazarla de muerte en reiteradas ocasiones

Además de su paso por distintos centros de salud mental tanto de Galicia como de Madrid, José Manuel había tenido ya problemas con la justicia desde su primera juventud, protagonizando diversos altercados que le llevaron a perder la libertad, a consecuencia de los cuales sería ingresado en varios hospitales psiquiátricos por consejo de diversos especialistas que le atendieron.

José Manuel Durán González sería condenado a 24 años de prisión por la Audiencia Provincial de Pontevedra, acusado de los delitos de violación y homicidio, aunque contaba con la atenuante de su resquebrajado estado de salud mental. Esta circunstancia contribuiría a que el autor de la muerte de Celestina del Río Antas cumpliese la pena que le fue impuesta en un centro psiquiátrico penitenciario.

Desgraciadamente las medidas de reinserción social no surtieron ningún efecto en este individuo, ya que en el año 2004, ya en libertad, asesinaría a una joven de 33 años.

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Estrangula a sus dos gemelas recién nacidas en A Cañiza (Pontevedra)

A Cañiza, el pueblo donde se cometió este horrible crimen

Ya se ha recordado en alguna ocasión que el año 1987 fue más movido de lo que cabría esperar en Galicia. Una moción de censura, a la que siguió unas denuncias por corrupción y -posteriormente- el naufragio de un barco en la Costa da Morte que supuestamente transportaba alguna materia muy peligrosa, seguido de una nefasta gestión de la crisis por parte de las autoridades gallegas de la época, provocarían un alza de la temperatura política y social en la comunidad gallega de la que no estaría exenta el año siguiente que vendría cargado de numerosos acontecimientos.

En medio de ese por si ya tenso clima social se producirían algunos sucesos que se vieron relegados a un segundo plano por la cantidad de asuntos que debían tratar los medios informativos de la época. Uno de esos hechos tendría un gran impacto por lo macabro que resultó en su día, siendo más propio de una película del mejor Hitchcock que de una sociedad que estaba haciendo su transición del mundo rural hacia el urbano.

En los últimos días de diciembre de 1987 en el puesto de la Guardia Civil de A Cañiza, una localidad que aparece en los informativos por sus gélidas temperaturas, se recibía una llamada anónima en la que se les daba cuenta de que una mujer de la parroquia de Valeixe que respondía al nombre de Rita P., que contaba con 26 años de edad, habría podido deshacerse del hijo o hijos que esperaba de su embarazo. En este sentido, también habría sido informado el sacerdote de la misma localidad a través de una carta anónima que le habría dirigido un feligrés.

Sepultadas en una huerta

Según todos los indicios de los que disponían las fuerzas de seguridad, la mujer, que ya era madre de dos niños de diez y doce años respectivamente, habría alumbrado a las niñas sin ayuda ninguna. Posteriormente, habría procedido a estrangularlas con la cinta de un mandil que usaba para tareas caseras. Sin embargo, el misterio no terminaba ahí, ya que una vez muertas, las criaturas habrían recibido sepultura en una huerta anexa a la casa en la que vivía, popularmente conocida en Galicia como cortiña.

La mujer, que en el momento de producirse los hechos se encontraba separada de su marido, habría ocultado su embarazo a los vecinos durante mucho tiempo alegando que sufría un tumor y que se encontraba en lista de espera para ser sometida a una intervención quirúrgica. En un principio nadie sospechaba que se pudiese haber cometido un crimen, pero las indagaciones de la Guardia Civil les hicieron sospechar la existencia de un posible infanticidio, tal y como así era.

Dadas las sospechas existentes, se procedió al interrogatorio de la mujer, quien pronto se desmoronaría ante las preguntas de los agentes y terminaría por confesar que había enterrado a sus hijas en la huerta que se encontraba en las inmediaciones de su casa. Los miembros de la Benemérita, provistos de las pertinentes herramientas, iniciaron una excavación que confirmaría sus peores sospechas. En aquel terreno se encontraron los cuerpos de las pequeñas que, debido a las bajas temperaturas que se registraban en aquellos últimos días de noviembre de 1987, habrían sido preservadas de la descomposición.

Encubridor

La autora material del crimen no sería la única encausada, sino que los agentes del instituto armado procederían también a la detención de un hermano de la asesina por considerar que había participado como encubridor al no delatar a Rita P. En días posteriores, esta última ingresaría en un centro sanitario de Pontevedra para reconocer su estado de salud y comprobar también en que momento habría dado luz a las dos pequeñas que terminaría asesinando.

El suceso produciría una gran consternación en la localidad de A Cañiza, ya que la autora de los infanticidios era una mujer muy conocida en la zona. Ella convivía junto a sus padres en el mismo inmueble, quienes se encontraban con problemas de salud. La madre sufría graves problemas de visión, en tanto que su progenitor sufría una importante lesión auditiva.

Rita P. sería condenada por la Audiencia de Pontevedra a 40 años de prisión en el juicio celebrado en mayo del año 1989, en tanto que su hermano recibiría una condena de seis años de cárcel, en calidad de encubridor.

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Un taxista de Santiago asesinado a puñaladas en Ordes (A Coruña)

Parada de taxis

A nadie se les escapa que la profesión de taxista es una de las más arriesgadas que han existido y existen. Los profesionales del volante se encuentran en muchas ocasiones con todo tipo de personas, algunas de las cuales dejan mucho que desear en cuanto a comportamiento personal. Galicia siempre ha sido uno de los lugares más tranquilos para ejercer tan digna profesión, aunque en más de una ocasión hubo que lamentar víctimas mortales. En casi todas ellas el consumo de estupefacientes estaba detrás de esos trágicos acontecimientos que consternaron de sobremanera a una sociedad, como la gallega, en la que muy rara vez suceden hechos sangrientos.

Una de esas ocasiones en las que se sobresaltó la esquina verde del noroeste peninsular por la fatal suerte de un taxista fue en la jornada del sábado, 20 de febrero de 1999, en la que José María García Corral, un profesional del taxi compostelano, de 55 años de edad, era literalmente cosido a puñaladas por uno de sus clientes, Manuel Antonio Prado Riveiro, un joven toxicómano de 25 años nacido en la localidad costera de Carnota, en el municipio de Ordes, que dista poco más de 25 kilómetros de la capital gallega.

Los hechos se iniciaron a medianoche del día de autos en la parada de taxis de la Praza Roxa compostelna, cuando el taxista fue requerido por un joven para que le llevase a Ordes, una localidad que es conocida por su marcha, aunque al parecer Prado Riveiro se dirigía a la misma con la finalidad de adquirir droga, porque se encontraba bajo los efectos del síndrome de abstinencia. El muchacho le ordenó a García Corral que tomase la calle de A Igrexa, muy mal iluminada y escasamente transitada. Era el lugar que había elegido el cliente para asaltar al taxista, libre de miradas indiscritas.

Doce puñaladas

El callejón, en el que prácticamente no había ninguna persona a esa hora de la noche, Manuel Antonio solicitó al conductor, un hombre de constitución fuerte, que le diese la recaudación que llevaba encima, después de amenazarle con un cuchillo de 20 centímetros que le había colocado a la altura del cuello. La negativa del taxista a las pretensiones del joven provocaron su enfurecida reacción propinándole al menos doce puñaladas que serían mortales de necesidad.

El agresor le asestó las asesinas cuchilladas en el vientre, tórax y cráneo, consiguiendo hacerse con un botín de unas 20.000 pesetas(120 euros actuales). En un principio llegó a ponerse en tela de juicio que el móvil del crimen fuese el robo, pues se encontraron algunas cantidades de dinero en los bolsillos de la víctima por parte del personal sanitario del Hospital Xeral de Galicia, a donde sería trasladado en estado muy grave. Llama poderosamente la atención que el taxista, que se encontraba herido de muerte, fuese capaz de salir del vehículo y dirigirse sangrando abundantemente hasta un bar localizado en las inmediaciones de la agresión alrededor de la una de la madrugada, donde ya cuando no podía más, terminaría por desplomarse. Desde allí, llamaron inmediatamente a las asistencias sanitarias para que fuese desplazado hasta el centro sanitario compostelano, donde fallecería al día siguiente como consecuencia de las heridas recibidas.

El agresor del taxista se entregaría voluntariamente a las autoridades en los días inmediatos al producirse el crimen, circunstancia esta que serviría de atenuante. En el transcurso del juicio celebrado en octubre del año 2001, Manuel Antonio Prado alegó en su descargo el hecho de que se encontrase bajo los efectos de las drogas en el momento de producirse el crimen, además de aducir que no conocía la localidad de Ordes, aunque en ella vivía una amiga suya. De la misma forma, el tribunal tuvo en cuenta la atenuante de arrepentimiento espontáneo, que sería una baza importante a la hora de imponerle una exigua pena.

El autor del asesinato sería condenado a una pena de tan solo siete años y seis meses de cárcel por el apuñalamiento del taxista y de un año y nueve meses por robo con violencia, saliendo definitivamente de prisión en mayo de 2008. Además, debería indemnizar a los familiares del conductor asesinado con 140.000 euros, aunque esta cantidad nunca la llegaría a satisfacer al ser declarado insolvente.

Embargo de bienes de los familiares del taxista

Los familiares de José María García Corral recurrieron la sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, quien ratificó la sentencia a que había sido condenado el autor material del asesinato del taxista. No contentos con esta decisión, apelaron ante el Tribunal Supremo en un recurso de casación, que no sería admitida a trámite por el alto organismo judicial en el año 2005. Además, se les condenaba a las costas de este proceso, lo que debido a su alto coste provocaría el embargo de algunos bienes de los familiares del taxista asesinado tras llegar a un acuerdo entre las partes, si bien es cierto que esta decisión quedaría aplazada ya que a dos de las personas a las que se les reclamaba el pago, la madre y una hermana del taxista, habían fallecido en el transcurso de este último trámite.

Apenas unos meses después de abandonar la prisión, Manuel Antonio Prado Riveiro volvería a delinquir de forma muy grave. En esta ocasión, en compañía de una mujer asesinaría a una pareja en la localidad coruñesa de Betanzos, descuartizando incluso los cuerpos de sus víctimas. Posteriormente, sería condenado a la pena de 51 años de cárcel. Este nuevo crimen indignaría de sobremanera a la familia del taxista asesinado, debido al trato que ellos recibieron de las distintas instancias judiciales que, según ellos estimaban dejó bastante que desear. La matanza en la ciudad brigantina les vendría a dar moralmente la razón sobre la el asesinato de su familiar, aunque ya de poco servía y era demasiado tarde.

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Dos ancianos asesinados en Galicia por la «Banda de los encapuchados»

Recorte de prensa dando cuenta de la detención de varios miembros de la banda

En la década de los años ochenta del pasado siglo operaron por el rural gallego algunas bandas que casi todas ellas recibían el mismo nombre, «Banda de los encapuchados, pero la realidad demostraría que no era una sola, sino que eran varias. La denominación la habían recibido por su modus operandi. Ocultaban sus rostros bajo grandes capuchas y solían dirigirse a casas y lugares donde habitaban personas ya ancianas, que vivían en pequeños núcleos muy aislados del resto de la población por lo que les resultaba imposible pedir el auxilio de sus vecinos.

Las historias de los encapuchados, además de tintes dramáticos, también llegarían a alcanzarlos míticos, supliendo a las eternas historias contadas a la luz de un candil y al fuego de la tradicional lareira gallega de los ataques de los lobos o a la guerrilla que había operado en los primeros años cuarenta del siglo XX por las inmensas áreas rurales de Galicia y antaño las de meigas y trasnos. Sus técnicas no distaban mucho de los guerrilleros, ya que estaban perfectamente organizados, además de poseer unos objetivos muy definidos y perfectamente estudiados, aunque -todo hay que decirlo- eran mucho más violentos y no respetaban a nadie, ni por su sexo ni tampoco por su edad. Cualquiera poder su víctima.

La banda más conocida actuaría entre 1985 y 1988 por la provincia de Ourense. A diferencia de la delincuencia habitual de la época, que solía caracterizarse por su juventud y por problemas con las drogas, este grupo estaba compuesto por personas de una cierta edad, su cabecilla Delfín Vázquez Sotelo contaba ya con 61 años de edad cuando fue detenido y desarticulado el grupo criminal que lideraba en el año 1988, si bien es cierto que su historial delictivo se remontaba a la década de los cincuenta en la que ya había pisado la cárcel por diversos hechos en los que había vulnerado de forma deliberada la ley, entre los que se encontraban sus célebres y clásicos ataques a la propiedad ajena.

Asesinato en Salceda de Caselas

A las bandas se les atribuyen más de cerca de un centenar de ataques en todo el rural gallego, principalmente en la provincia de Ourense que era donde existía un mayor número de núcleos rurales aislados. Como consecuencia de su despiadada actitud, habría que lamentar algunas víctimas mortales. Una de ellas, la más conocida junto con el asesinato del sargento de Xinzo de Limia, ocurriría el 28 de abril de 1988 en la parroquia de Entenza, perteneciente al municipio de Salceda de Caselas, en la provincia de Pontevedra. Pese a que recientemente había sido detenida la de Ourense, posteriormente se pudo comprobar que le habían surgido algunos imitadores, que actuaban de una forma similar a los orensanos.

En la madrugada del día referido con anterioridad, un grupo de cinco encapuchados se dirigieron a una vivienda aislada del resto del vecindario de la mencionada localidad, conocedores que en ella vivía un matrimonio que rondaba los 80 años. Alrededor de las cuatro de la madrugada, el propietario de la vivienda Domingo Fernández Fernández despertó por un ruido que le resultó sospechoso para saber que pasaba, descubriendo que un grupo de cuatro hombres pretendía entrar por la fuerza en su domicilio. Mantendría un duro forcejeo con los asaltantes, quienes no dudaron en ningún momento en agredirle de la forma más vil, aprovechando las dificultades y los achaques propios de la edad que sufría Domingo. Su esposa, Joaquina Pérez al escuchar los gritos de su marido y el maltrato al que estaba siendo sometido, acudió en su ayuda. Sin embargo, nada podría hacer ya que los maleantes la ataron con una cuerda.

Como consecuencia de los brutales golpes que le propinaron en la cabeza, en la que presentaba unas grandes heridas, el anciano fallecería prácticamente en el acto. Los violentos asaltantes conseguirían un exiguo botín de tan solo 7.000 pesetas (42 euros actuales). Una vez que se marcharon, su esposa, que ya contaba con 75 años de edad, consiguió desasirse de las cuerdas que la ataban. Por temor a lo que pudiese ocurrir y a que los delincuentes estuviesen por zonas próximas a su hogar, al ser aún plena madrugada, la mujer no se atrevió a salir de su vivienda a solicitar la ayuda vecinal y estuvo junto al cadáver de su marido hasta que amaneció. Por desgracia, este suceso quedaría impune.

Con anterioridad, en la provincia de Ourense, una mujer de 79 años también había fallecido en un núcleo rural al enfrentarse y resistirse a los asaltantes, quienes se emplearon con mucha dureza, propinándole golpes en el rostro y el resto del cuerpo que le ocasionarían la muerte. Está fémina vivía sola. Este crimen fue atribuido a la banda que operaba en la provincia y que sería detenida en marzo del año 1988, aunque no se les pudo condenar por el mismo, ya que se carecía de pruebas.

Desarticulación de la banda de Ourense

El 25 de marzo de 1988 los vecinos de las amplias zonas rurales de Ourense respiraron de alivio y al fin pudieron descansar tranquilos, ya que eran detenidos tres individuos a los que se le atribuía un sinfín de robos y asaltos en un gran número de viviendas de la provincia. El cabecilla de la banda era Delfín Vázquez Sotelo, un hombre ya sexagenario, pero cuyo historial delictivo era muy amplio, pues ya había sido detenido en un gran número de ocasiones con anterioridad, remontándose su actividad delictiva a los primeros años cincuenta del siglo XX. Con él caían también Juan Jiménez Montoya y Jorge Juan Gabagles Montoya, de 41 y 47 años respectivamente.

Entre los objetos de valor que les fueron incautados en el momento de su detención, se encontraban muchas piezas robadas en las casas que asaltaban, así como algunas iglesias. Entre otras, se hallaron en su poder crucifijos, relojes despertadores pasando por monedas antiguas y de otras nacionalidades hasta rosarios, así como joyas de una cierta antigüedad que tal vez tuviesen un gran valor sentimental para sus víctimas. De la misma forma, fueron detenidos a su vez los peristas a quienes vendían el material que sustraían, hallándose también en su poder diversos objetos que había obtenido por la fuerza la banda que operaba en la provincia de Ourense.

A raíz de esta importante desarticulación, las fuerzas de seguridad del Estado pudieron comprobar que no era la única banda existente en Galicia en aquel entonces, ya que siguieron prodigándose los ataques a la propiedad privada en el extenso mundo rural gallego durante algún tiempo. De hecho, el crimen acaecido en Salceda de Caselas, se produjo con posterioridad a la caída de la banda orensana, así como el asesinato de un sargento de la Guardia Civil en Xinzo de Limia.

A quienes formaban parte de estas bandas, que solían estudiar a fondo los lugares donde iban a perpetrar sus asaltos, les valía todo o prácticamente todo lo que encontraban. Solían acercarse a esos lugares a plena luz del día fingiendo ser vendedores ambulantes y recabando información de las casas que se encontraban más aisladas, así como sobre sus moradores, la mayoría con edades superiores a los 70 años. Las cantidades sustraídas iban desde las 200 pesetas(1,2 euros actuales) hasta el medio millón(3.000 euros actuales).

Con el paso del tiempo surgirían algunas nuevas bandas, aunque su capacidad operativa se encontraba muy limitada, ya que el mundo rural gallego, principalmente aquel que se encontraba más aislado, había entrado en un imparable declive y ya ni siquiera quedaban en el los moradores de otro tiempo, puesto que habían fallecido en su mayoría, y los escasos que todavía vivían se habían trasladado a residencias de la tercera edad. Solamente encontraban casas vacías, iniciándose así el tiempo de la Galicia Baleira.

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Viola y mata a una anciana de 90 años en Lugo

En los primeros años noventa la provincia de Lugo asistió a algunos hechos que se salían bastante fuera de lo común a lo que estaban acostumbrados en un territorio muy pacífico y tranquilo en los que nunca o casi nunca pasaba nada. Sin embargo, desde el crimen múltiple de Chantada al doble crimen de O Ceao, jamás resuelto, se sucedieron algunos episodios violentos que sobresaltaron a una tierra muy segura que veía como sus extensas y tradicionales áreas rurales habían comenzado un progresivo declive en beneficio de una capital que se estaba convirtiendo en una gran ciudad, dejando atrás ciertos tópicos del pasado.

Así, además del desgraciado suceso del suroeste lucense, se producirían otros acontecimientos sangrientos que dejaron anonadados a los siempre pacíficos y campechanos habitantes de la ciudad de Lugo y su larga y extensa provincia. En Chantada precisamente se volvería a repetir una tragedia que le costaría la vida a dos personas en el año 1990. Mientras, al año siguiente era asesinado el periodista Gerino Núñez. Y cuando todavía no se habían repuesto los lucenses de todos estos episodios violentos, un depravado pederasta le daba muerte a una cría de nueve años en la parroquia de Goiriz, perteneciente al municipio de Vilalba, en el año 1992.

En medio de estos truculentos sucesos, se produciría también un desgraciado hecho en junio de 1990, cuando un hombre de 47 años, Manuel A. López, le daba muerte a una anciana de 90 años, que se encontraba paralítica y encamada. El trágico crimen conmocionaría de sobremanera a la ciudad de Lugo y su provincia, ya que en esta ocasión el agresor se había aprovechado de la indefensión de su víctima, además de dar pruebas evidentes de una absoluta depravación personal. A algunos salvajes les da por violar niñas, a otros indefensas ancianas que se encuentran en estado semiterminal. Los extremos se tocan.

Borracho

Al parecer el hombre era amigo de uno de los sobrinos de Concepción López, la anciana enferma, a quien fue visitar. En ese momento el resto de los inquilinos de la casa, quienes se dedicaban al cuidado de la nonagenaria, se encontraban ausentes a consecuencia de un viaje. Supuestamente Manuel A. López era muy aficionado al alcohol y era habitual que lo consumiese en grandes cantidades. Esa tarde bebió varios litros de vino en el domicilio de la anciana, que terminaría siendo asesinada, hasta embriagarse completamente, circunstancia esta que contribuyó de forma decisiva a que se desinhibiese en el momento de perpetrar la agresión sexual, a consecuencia de la cual terminaría falleciendo la pobre mujer.

Tras encontrarse bajo los efectos del alcohol, Manuel se dirigió hacia la habitación en la que se encontraba Concepción, completamente imposibilitada desde el punto de vista físico. El homicida era un hombre de gran peso, que rondaba tranquilamente los cien kilos o, incluso, más, además de poseer una enorme envergadura. En el transcurso de la agresión sexual que llevó a cabo, le ocasionaría diversas fracturas y lesiones a la anciana, que se encontraba ya en un estado muy delicado de salud. Entre las heridas que les provocó algunas terminarían por dañar de forma irremisible sus ya de por si muy delicadas vértebras y también sus pulmones, circunstancia esta que fueron suficientes para terminar con su vida y que le provocarían la muerte prácticamente de forma instantánea.

El autor del crimen sería detenido días después de cometer su burda agresión. En un primer momento dijo no recordar nada, ya que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Posteriormente, negaría los hechos en reiteradas ocasiones, pero las diligencias forenses llevadas a cabo demostrarían que en las sábanas de la cama, así como en la ropa que portaba la infortunada anciana se encontraron restos de sangre que pertenecían al mismo grupo sanguíneo del agresor, lo que constituía una prueba rotunda y concluyente en su contra.

22 años de cárcel

Dos años después de haberse cometido el abominable crimen, se celebraba en la Audiencia Provincial de Lugo la vista contra su autor material. El tribunal tuvo en cuenta la atenuante de alcoholismo que supuestamente padecía Manuel A. López por lo que rebajó sensiblemente la petición del fiscal, quien solicitaba un total de 24 años de prisión. Doce años de cárcel correspondían a la agresión sexual, mientras que los diez restantes se le imponían en concepto de homicidio, ya que el tribunal rebajó la calificación de asesinato a homicidio, aunque la acusación particular mantuvo la tesis del delito doloso. Además, debería indemnizar con ocho millones de pesetas (48.000 euros actuales) a los herederos de Concepción López, que eran los sobrinos con quien ella convivía y que se encargaban de cuidarla.

En el transcurso de la vista, Manuel A. López ofrecería de nuevo una versión distinta a la que había dado en los interrogatorios previos. Ante los magistrados de la Audiencia lucense declararía que cuando se encontraba en el domicilio en que residía la anciana, escuchó gritos procedentes de la habitación en la que ella se encontraba y acudió auxiliarla ante la eventual casualidad de que le hubiese ocurrido algún imprevisto. Al llegar al cuarto de Concepción López, sin saber explicar muy bien el cómo, el agresor dijo que había tropezado y caído sobre ella, lo que unido al delicado estado de salud de la víctima y al sobrepeso del agresor terminarían provocándole la muerte. Sin embargo, los investigadores tenían todos los cabos atados y muy bien atados.

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Matan a una mujer para evitar su boda con un deficiente psíquico

Iglesia parroquial del lugar donde sucedió el crimen

A lo largo de la historia siempre ha habido determinados aspectos que han sido considerados tabús por distintas circunstancias o hechos que se encontraban plagados de ancestrales prejuicios históricos. Una de las formas más antiguas de evitar algunas relaciones no deseadas por las familias ha sido el crimen. Muchas personas han sido víctimas de desgraciados hechos delictivos por no agradar a determinadas familias o se ha recurrido a la sangre para dar muerte a determinadas personas por su pertenencia a un determinado grupo social que no gozaba de una buena reputación.

Mediada ya la década de los años sesenta del pasado siglo, cuando comenzaba a declinar el franquismo -cuando menos físicamente-, se produciría un hecho sangriento que además de conmover a la sociedad de la época, causaría el lógico estupor e indignación y también una no menos indisimulada sorpresa entre muchos gallegos de interior de la provincia de Pontevedra al enterarse de que una joven había aparecido muerta en un camino que une Torreboredo y Nigoi, parroquias pertenecientes al municipio pontevedrés de A Estrada el 11 de diciembre de 1966.

En la referida fecha fallecía una mujer, presumiblemente de forma accidental, achacándose su deceso a una coz de un burro. Incluso, un forense certificaría así su fallecimiento, lo cual no deja de ser sorprendente, procediéndose posteriormente a darle sepultura sin más dilación. La fallecida era Albina Mera Mariña, una mujer de 35 años de edad, que trabajaba como empleada doméstica en casa de María Purificación Terceiro García desde hacía algún tiempo. Al parecer, la finada se había desplazado a por leche a un lugar próximo por encargo de su ama.

Investigación

Tras procederse a su sepelio, la familia de Albina Mera, que se encontraba en la emigración, sospechó que había alguna pieza que no encajaba en torno al hecho y gracias a la declaración de un testigo que resultó ser clave, comenzaron a descubrirse algunos detalles que darían al traste con la primera versión ofrecida en torno al deceso de la joven criada. De incógnito, se desplazaría hasta el lugar de los hechos un equipo especializado de investigación procedente de Madrid, quien -con orden judicial- procedería a la exhumación del cuerpo de la mujer asesinada, descubriéndose así lo que realmente había acontecido.

Hechas las oportunas indagaciones, los investigadores pudieron descubrir que la víctima presentaba dos disparos en la cabeza efectuados con una escopeta de caza. El calibre empleado para darle muerte era de 16 milímetros. Lo que parecía un accidente fortuito, resultó ser un miserable y ruin asesinato, que obedecía a oscuras razones, planificado por la familia del hombre con el que pensaba casarse Albina Mera.

Enamoramiento

Al parecer, según se deduce de la documentación consultada, la joven había iniciado una relación amorosa con el hijo de Purificación Terceiro, Antonio Pena Terceiro, aspecto este que era de dominio público entre los vecinos de la zona. Sin embargo, este noviazgo no gozaba del agrado de la madre del muchacho, pues padecía algún tipo de retraso psíquico y su madre no lo consideraba apto para formar una familia. Pese a todo, la relación entre ambos jóvenes prosiguió, concertando incluso la fecha de la boda, pero la progenitora del rapaz quería evitarla a toda costa, sin importarle escatimar recursos para impedirlo.

En vista de que no fue capaz de convencer a su hijo y a la muchacha para que desistiesen de su actitud, Purificación Terceiro contrató los servicios de un sicario que le diese muerte a la joven para así evitar una boda y un matrimonio que, según ella, estaba condenado al más mísero de los fracasos. Buscó entre los fornidos hombres del contorno alguno que estuviese dispuesto a realizar su macabro encargo y encontró a uno de ellos que gozaba de una cierta fama de poseer una indudable bravura. Se trataba de José Orrea Ferreiro.

En la jornada del 9 de diciembre de 1966, Purificación y José concertaron una entrevista en casa de la primera. En el transcurso de la misma la mujer le pagó la nada desdeñable cantidad de 100.000 pesetas de la época(600 euros al cambio actual), aunque en aquel entonces con ese dinero se podía adquirir uno de los mejores vehículos del mercado y no eran pocos los salarios que no superaban las mil pesetas mensuales. Con esa más que considerable suma de dinero, José Orrea llevo a efecto su macabro plan, pero algo fallaría, ya que los investigadores tirarían de este hilo para resolver el crimen.

Detención

Pasaría algún tiempo hasta que fue detenido de José Orrea Ferreiro. El clamor popular, que demandaba justicia por un horrendo crimen, señalaba a la familia en la que prestaba sus servicios Albina Mera como inductora del asesinato de su criada, aunque por diversas razones, en un principio, no se atrevieron a detener a la auténtica autora intelectual del crimen. Quizás pesase el hecho de que se tratase de una conocida familia del término municipal de A Estrada, en un tiempo en el que todavía existían las clases.

Al poco tiempo de ser detenido José Orrea Ferreiro, tras las presiones ejercidas por los agentes del Guardia Civil, acabaría por desplomarse y relatar lo que realmente había sucedido en aquellos días previos al invierno de 1966. La posterior detención de Purificación Terceiro causaría una cierta conmoción en el entorno, aunque nadie dudaba ya que ella había inducido a aquel hombre a acabar con la vida de su criada para así poder evitar un matrimonio que para nada era de su agrado.

Al igual que el autor material del crimen, Purificación confesaría los hechos ante los agentes de la Guardia Civil que le interrogaron, señalando el dato que había efectuado los disparos a tan solo tres metros de su víctima. Si bien es cierto, que haría hincapié en que ella pretendía evitar la boda de su hijo con Albina Mera Fariña, porque su vástago sufría un cierto retraso psíquico que, en su opinión, le inhabilitaban para llevar una vida de hombre casado. Añadiría que ella no le mandó a Orrea asesinar a su criada, sino sencillamente darle un buen susto a la criada. Lo que se dice siempre en estos trágicos casos.

Pena de muerte

El juicio por el crimen que le había costado la vida a Albina Mera Fariña se celebró en los primeros días del mes de marzo del año 1968 en medio de una gran expectación, ya que se encontraba abarrotada la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Pontevedra. En un principio tanto Purificación como José se responsabilizaron mutuamente del asesinato de la joven, aunque quedaba claro que quien disponía de licencia de armas era el hombre. Por su parte, la inductora del asesinato continuaba alegando que ella jamás le había hablado de darle muerte a su criada, insistiendo en que solo le había comentado el hecho de darle un susto. Además, también negaría que hubiese recompensado con una elevada cantidad de dinero al autor material del crimen, aunque había algunos hechos que así lo atestiguaban, tales como el hecho de que José Orrea cambiase radicalmente de forma de vida en el poco tiempo en el que le duró su exigua fortuna.

Algunos vecinos de la zona también fueron llamados a declarar. Prácticamente todos ellos corroborarían la versión ofrecida por el criminal, que no era otra que Purificación no veía con buenos ojos la relación que mantenía su hijo con Albina y estaba dispuesta a cualquier cosa para evitar la boda, que ya estaba programada.

El crimen que lleva aparejada la recompensa del asesino siempre han estado mucho más castigados que cuando este se hace de forma espontánea o no media el hecho económico de por medio. El autor material de la muerte de Albina Mera sería condenado a la pena capital, además de indemnizar de forma solidaria junto con Purificación Terceiro García con la cantidad de 300.000 pesetas (1.800 euros actuales) a la familia de la víctima. Además, se condenaba a la inductora a la pena de 30 años de reclusión mayor, por entender el tribunal que se trataba de un asesinato con alevosía y premeditación.

Indulto

Durante más de un año la vida de José Orrea Ferreiro pendió de un hilo y los distintos recursos efectuados por su abogado defensor contribuyeron a dilatar el proceso. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra con fecha de 22 de noviembre de 1968, tanto para el autor material del crimen como para Purificación Terceiro. Al condenado a la pena capital solamente le quedaba el recurso de gracia del Consejo de ministros.

Por un decreto de 10 de abril de 1969, publicado en Boletín Oficial del Estado del 29 de abril del mismo año, el órgano de Gobierno estatal, en su reunión de 29 de marzo del citado año, decidía conceder la gracia del indulto al asesino de Albina Mera Fariña. La pena conmutada era suplida por otra accesoria de 30 años de prisión mayor.

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