Un asesino en serie viola y mata a cinco mujeres en Castellón

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Joaquín Ferrándiz Ventura, el temible asesino de Castellón

No cabe duda alguna que hay energúmenos tan peligrosos que tan solo han nacido para matar, con un desprecio abominable sobre la vida de los demás. Este es el caso Joaquín Ferrándiz Ventura, un temeroso y cruel criminal, que en apenas catorce meses, entre el 2 de julio de 1995 y septiembre de 1996 asesinaría nada más y nada menos que a cinco mujeres en la provincia de Castellón, aunque pudieron haber sido más, debido a que hubo algunos crímenes que quedaron sin exclarecer.

La oscura historia de Ferrándiz Ventura comienza ya en el año 1989 cuando violó a una joven que atropelló deliberamente con su automóvil. La invitó a subirse a su vehículo, además de ofrecerle sus disculpas. Sin embargo, en vez de llevarla al centro sanitario, tal y como le había prometido, la trasaladó a un descampado próximo al hospital, donde perpetraría esta violación. Aunque por este primer caso fue sentenciado a 14 años de cárcel, sus familiares y amigos iniciarían una campaña promoviendo su excarcelación, alegando la falsedad del hecho que le atribuían. Así, sería puesto en libertad en 1995, año en el que iniciaría su macabro deambular en el que asesinaría a cinco personas, aunque la cifra incluso podría elevarse hasta ocho.

Primer crimen

El primer asesinato del que se tiene constancia lo perpetraría el día 2 de julio de 1995. Su primera víctima fue la joven profesora de inglés, Sonia Rubio Arrufat, quien salía de madrugada de una discoteca con la intención de trasladarse andando desde el centro de diversión hasta su domicilio familiar, un apartamento que sus padres poseían en el municipio turístico de Benicasim. Pero para su desgracia la joven no llegaría nunca a su destino. Su paradero se convirtió en una gran incógnita durante varios meses, hasta que el 20 de noviembre su cuerpo sin vida sería descubierto por un automovilista, escondido entre unos arbustos en un paraje próximo a la carretera que une Benicasim y Oropesa del Mar. Tenía las manos atadas y la boca tapada con cinta aislante, un modus operandi que el sádico criminal repetiría posteriormente como si de un macabro ritual se tratase.

Otra de sus víctimas sería también una mujer joven de 22 años, Amelia Sandra García Costa, quien también fu vista por última vez a la salida de una discoteca castellonense en septiembre de 1996. Su cadáver aparecería en las mismas circunstancias y condiciones que había aparecido Sonia Rubio, por lo que los investigadores tenían claro que ambos crímenes podrían estar relacionados, aunque desconocían quien podría ser el autor de aquellas dos muertes que conmocionaban y preocupaban a toda la costa levantina española ante el eventual caso de que se encontrasen ante un asesino y violador en serie, tal y como quedaría demostrado posteriormente.

Alarma

A la vista de que las pesquisas practicadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no daban resultado, sintiéndose plenamente a sus anchas, Ferrándiz Ventura intentaría de nuevo en febrero de 1998 repetir el modus operandi, que hasta se momento le había dado resultados satisfactorios para su macabra conducta. Sin embargo, en esta ocasión, una de sus víctimas le tomaría el número de la matrícula del vehículo que conducía. Es entonces cuando los agentes de la Guardia Civil ponen en marcha un dispositivo especial con el ánimo de darle caza, aunque no será detenido hasta el día 29 de julio de ese mismo año. El preámbulo de su detención fue el accidente de tráfico sufrido por una mujer, que él mismo había provocado al desinflarle un neumático del automóvil en el que se había subido a la salida de un local nocturno de Castellón. Este hecho fue presenciado por un agente de la Guardia que lo detendría tres días más tarde en su puesto de trabajo.

Su detención causaría una gran sorpresa entre sus compañeros de trabajo, pues era un amable vendedor de seguros y nadie sospechaba que se encontrase detrás de la muerte de aquellas dos jóvenes que habían sido brutalmente asesinadas en la provincia de Castellón con algo más de 14 meses de diferencia. En su declaración ante la Guardia Civil admitió haberlas violado, aunque negó que fuese él quien les dio muerte. Durante un largo periodo de tiempo mantendría el suspense en torno a las otras cuatro muertes que todavía se encontraban por esclarcer. Finalmente, en octubre de 1998 confesaría ser el autor de esos cuatro asesinatos. Por el crimen de tres jóvenes que ejercían la prostitución y cuyos cuerpos habían sido hallados a principios de 1996 en las inmediaciones del río Mijares, en Vilarreal. Las víctimas de este triple crimen eran Natalia Archelos Olaria, de 24 años; Francisca Salas León, de la misma edad y Mercedes Vélez Ayala, de 18 años. A consecuencia de este último suceso permanecía detenido un camionero, a quien se le imputaba erróneamente este crimen.

«No le importaba matar»

Su compleja personalidad psicópatica sería analizada por diversos peritos, entre ellos reputados psiquiatras y psicólogos forenses, quien llegaron a la triste conclusión a aquel asesino convicto «no le importaba matar», que era perfectamente dueño de sus actos y que Joaquín Ferrándiz Ventura sufría un trastorno de la personalidad muy grave en el que se mezclaban rasgos psicopáticos, neuróticos y esquizoides, además de carecer de cualquier remordimiento sobre sus execrables actos, que tiñeron de luto a la provincia de Castellón en la segunda mitad de la década de los años noventa. De la misma manera, dedujeron que la forma de asesinar del despiadado y cruel psicópata era aprendida por alguien que se la había enseñado previamente, en este caso su compañero de celda, durante su primera estancia en prisión. Por si este no fuera suficiente, también se percataron ante el hecho de que estaban ante un criminal con un coeficiente intelectual ligeramente superior a la media, entre el grupo de personas que se podrían considerar inteligentes. Que lástima que no hubiese aprovechado esta cualidad en beneficio de la humanidad y no hacerlo precisamente en contra de la misma, ya que con ello tan solo llenó de dolor a muchas honradas y nobles familias de Castellón.

A finales de 1999 se celebró el juicio en contra de Joaquín Ferrándiz Ventura, quien optaría por no hablar en el transcurso de la vista oral que se celebro en diciembre de aquel año. El fiscal encargado del caso mantuvo un duro alegato en su contra, solicitando un total de 163 años de prisión por los crímenes que había cometido. Mientras, su abogada defensora, instaba a que recibiese tratatamiento en prisión para superar su psicopatía. Además, responsabilizaba de forma civil subsidiaria al Estado, por entender que no se habían tomado las precauciones oportunas una vez hubo abandonado la penitenciaría en la primera ocasión.

Finalmente, el tristemente célebre Joaquín Ferrándiz Ventura sería condenado a la pena de 69 años de prisión, que sería una excelente sanción si la tuviese que cumplir en su integridad. Sin embargo, la triste noticia viene dada por el hecho de que en julio de 2023 obtendrá la libertad condicional, al cumplir los 25 años en prisión que marcaba la legislación vigente en la época, cuando aún no se había establecido la prisión permanente revisable. Además, debería afrontar una responsabilidad civil millonaria, cifrada en 200 millones de pesetas de la época, algo más de 1,2 millones de euros actuales. Aunque se declaró al Estado responsable civil subsidiario, tras varios pleitos el Tribunal Supremo rechazó tal posibilidad, por lo que las familias, además de perder a sus seres queridos, no percibieron un solo céntimo por su injusta y abominable muerte, dada la insolvencia del sujeto en cuestión.

Este individuo, que todo indica que pronto recobrará la libertad, no sería díficil que reincidese en su abyecta y obscena conducta, tal y como se han demostrado en anteriores ocasiones con sujetos en parecidas circunstancias. No estaría demás, que el propio Estado protegiese a los ciudadanos de un elemento incapaz de vivir en sociedad, y que no sea la ciudadanía quien pague de nuevo sus fatales desmanes que tanta sangre y dolor han generado. Esto último es tan solo una apreciación personal, que nunca está demás. Como se encargaron de dejar claro los clásicos: «Mejor prevenir que curar«

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Impunidad absoluta para el asesinato de una pareja de novios en Jaén

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La Policía en el lugar de los hechos

El 8 de junio de 1992 un pastor se veía macabramente sorprendido al encontar en un paraje próxmo a la ciudad de Jaén conocido como Camino de las Cuevas el cadáver de un joven de 21 años, Óscar Arroyo, que se encontraba desnudo en el interior de un vehículo y que presentaba dos disparos de escopeta. No cabía ninguna duda que se encontraba ante un crimen, por lo que puso los hechos en conocimiento de las autoridades. Casi 48 horas más tarde hallarían el cuerpo de su novia, Ana María Torres, de 19 años, a escasamente 200 metros de dónde había sido encontrado el cuerpo sin vida de su pareja. Aunque su cadáver estaba con las ropas puestas, la autopsia revelaría que la muchacha había sido violada antes de ser asesinada. El suceso, como no podía ser de otra manera, consternaría a Jaén, Andalucía y España entera. La investigación, en el transcurso de la cual se cometieron muchos errores, tales como la pérdida de algunas pruebas biológicas que hubiesen resultado cruciales para resolverlo, se centraba en un aspectos capital para tratar de resolver aquel brutal crimen. Todo parecía indicar que se hallaban ante un crimen cuyo móvil había sido el sexo, ya que la muchacha había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada. Durante más de dos años, las pesquisas estuvieron atascadas, en un callejón sin salida, debido a que no había sido posible incriminar a nadie en aquel largo periodo de tiempo.

El día 3 de febrero de 1995 la Policía jiennese detendría a Juan Domingo León Mesa, de 49 años de edad, conocido delincuente, del que se tenía constancia que había participado en el intento de asalto a una segunda pareja en octubre de 1994. Días más tarde, también sería detenido Jorge Miguel Núñez, de 30 años, sobrino del anterior y al que también se le relacionaba con el doble asesinato que sería conocido como «El crimen de los novios».

El testimonio de un mendigo

En el año 1997 se celebra el primer juicio contra los encausados. En principio parece que no hay dudas sobre la autoría del crimen. Además cuentan en contra con las pruebas que aportará un indigente, Benito Collado, quien frecuentaba el cortijo de «La Casimira». Este había declarado a la Policía que tanto Juan Domingo León Mesa como Jorge Miguel Núñez eran los autores del doble crimen. Supuestamente ambos habrían llegado la noche de autos a aquel lugar con una mujer que respondía al nombre de Ana María, que posteriormente aparecería asesinada. Inmediatamente los responsables policiales proceden a la detención de ambos delincuentes en el mismo cortijo en el que se hospedaban.

En un ambiente lleno de la lógica tensión y crispación, el fiscal solicitaba 96 años de prisión para cada uno de los encausados, que la acusación particular elevaba a 98. Sin embargo, en el transcurso de la vista oral se van a poner de manifiesto las muchas deficiencias que se han dado a lo largo de la investigación. La primera y más trascendental será la prueba de ADN reveló una elevada coincidencia genética entre el Jorge Miguel Núñez y dos cabellos encontrados en las ropas de Ana María Torres pero, para asombro de propios y extraños, el resultado de las pruebas biológicas realizadas en la cátedra de Medicina Legal de Granada se traspapelaría y llegaría al juzgado con una demora inaceptable. Para colmo de males, cuando el magistrado instructor pide a la Policía la serie de fotografías tomadas en la escena del crimen, éstos responden que la cámara que llevaban no tenía carrete y, por tanto, no disponen de ninguna imagen. Las huellas dactilares tomadas por la Policía Científica tampoco presentaban una fiabilidad técnica suficiente como para ser consideradas pruebas y fueron desetimadas. Solo quedaba el testimonio de Benito Collado, como prueba que parecía irrefutable. Sin embargo, el indigente incurre en algunas contradicciones, que van a ser determinantes en el veredicto judicial. Los entonces presuntos autores del doble crimen lo acusan de haber recibido dádivas por parte de la Policía para que declare en su contra. Mientras, los familiares de los jóvenes asesinados aseguran que Collado ha sido amenazado de muerte por parte de los dos encausados.

Con fecha del 17 de enero de 1995 se hace pública la sentencia. El tribunal, debido al testimonio poco coherente de Benito Collado y a las deficiencias en la investigación absuelve a Juan Domingo León Mesa y su sobrino Jorge Miguel Núñez, tal como solicitaba la defensa de ambos. Sin embargo, dadas las irregularidades que habían rodeado al primer proceso el Tribunal Supremo ordenará en febrero de 1998 que se repita el juicio, repetición que tendrá lugar en el mes de julio de 1999. En la nueva vista oral se admitirán a trámite nuevas pruebas, entre ellas unas grabaciones efectuadas en las cárcel a los encausados en las que supuestamente se escuchaban alusiones al crimen perpetrado en 1992.

Absolución definitiva

Los dos encausados estaban acusados de dos delitos de homicido, otros dos de violación y uno de rapto y tenencia ilícita de armas. Una vez más, al igual que había ocurrido tan solo un par de años antes, los testigos, entre ellos el indigente Benito Collado volverá a incurrir en contradicciones al recordar los hechos. Además, el tribunal considerará pocos creíbles sus declaraciones, a pesar de que se reafirmará en sus anteriores manifestaciones ante el tribunal en las que sostenía haber visto en la noche de autos a los dos sospechosos armados con un cuchillo y una escopeta, además de tener retenida a la joven que luego aparecería asesinada. Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial de Jaén desestimarían las grabaciones, al considerarlas ininteligibles en muchos de sus fragmentos, amén de su mala calidad. Todo ello redundaría negativamente a la hora de dictar justicia, pues los dos procesados serían absueltos por falta de pruebas concluyentes.

No satifechos con la decisión de la Justicia provincial, las familias de los jóvenes asesinados recurrirían al Tribunal Supremo, quien ratificaría el fallo de la Audiencia Provincial de Jaén. Con esta decisión de la más alta instancia de la judicatura, se daba por zanjado un caso que terminaría prescribiendo en el año 2012, al cumplirse veinte años de aquel trágico suceso que conmovió a una España que se preparaba para ser sede de unos Juegos Olímpicos, en tanto que Andalucía era testigo de una grandiosa Exposición Universal. Una vez más, un caso de grandes dimensiones quedaba definitivamente sin esclarecer y saliéndose con la suya los dos principales acusados, uno de los cuales, Juan Domingo Leon Mesa, fallecería en el año 2005.

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Un adolescente asesina a sus padres y a su hermana con una katana

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El joven José Rabadán en el momento de ser detenido

Fue sin lugar a dudas uno de los crímenes más mediáticos de la historia reciente de España. Tanto por la juventud del criminal como en la forma en que se desarrolló aquel trágico episodio que consternó y hasta asombró a toda España, que se encontraba ya en los estertores del siglo XX. Su protagonista sería un muchacho muy joven, José Rabadán, no muy buen estudiante que había repetido hasta en dos ocasiones tercer curso de la ESO, era un muchacho retraído e introvertido, en opinión de quienes lo trataban. Era aficionado a las artes marciales y coleccionaba armas, algunas de ellas de gran tamaño, consideradas peligrosas y agresivas, como machetes, cuchillos picahielos y katanas, con una de las cuáles -regalo de su padre- terminaría por cometer aquel abominable crimen. También le encantaba la informática y los videojuegos, así como a las charlas a través de Internet, así como al satanismo, en cuyas lecturas se prodigaba y a las que él -años más tarde- terminaría por achacar aquel abominable crimen. Tenía especial temor a su padre, quien le había recriminado en más de una ocasión su bajo rendimiento académico.

El día primero de abril del año 2000, al amanecer, decidió acometer la macabra hazaña que le reservaría un triste lugar privilegiado a perepetuidad dentro de la historia de la crónica negra española. Se dirigió hasta la habitación que ocupaba su padre, José Rabadán Tovar, de 51 años, a quien acometió con la katana que el mismo le había regalado. Sin pensárselo dos veces, le propinó tres terribles golpes en la cabeza para luego clavarle el arma hasta en cinco ocasiones en el pecho, suficientes para terminar con su vida. Pero, aquella grotesca función no había hecho más que comenzar. La siguiente en su objetivo fue su madre, Mercedes Pardo Pérez, de 54 años, quien en ese momento se encontraba en la habitación de su hija, María, de nueve años, aquejada de síndrome de Down. Su progenitora al verlo se espantó y solicitó auxilio de su marido, ignorando que ya era cadáver. La golpeó con tal saña que terminaría por romper el arma. Tampoco le dolieron prendas a la hora de dar muerte a su hermana, acto que justificó ante la Policía señalando que no le quedaba otro remedio, pues se quedaba sola en el mundo.

Huida

Como si nada hubiese sucedido, José Rabadán iniciaría la huida de su domicilio, no sin antes haber introducido el cadáver de su hermana en una bañera con agua. Con el de su padre nada pudo hacer, pues pesaba demasiado y lo dejó en las inmediaciones del cuarto de baño. Su objetivo es que los vecinos no se enterasen del hedor que desprendían los cuerpos exangües. Provisto con tan solo 15.000 pesetas, alrededor de noventa euros actuales al cambio, su objetivo era trasladarse hasta Barcelona en la búsqueda de Sonia, una joven con la que había contactado a través de Internet y con la que chateaba largas horas durante la madrugada. De hecho, la madre de Rabadán había ocultado a su marido las elevadas facturas telefónicas que se abonaban cada mes en su domicilio como consecuencia del mucho tiempo que dedicaba su primogénito a las charlas telefónicas y a los chats a través de la red.

Tres días más tarde, cuando ya se había descubierto el horrible crimen, José Rabadán sería sorprendido en la Estación de tren de Alicante en compañía de otro amigo por un vigilante quien ya estaba al tanto de lo sucedido y reconoció al joven. Le manifestaron que era de Murcia y que se trasladaba a Barcelona para visitar a su abuela. El guardián les exigió el carnet de identidad, que no portaba ninguno de los dos, por lo que procedió a dar conocimiento a la Comisaría de Policía de lo sucedido, con el objetivo de que ambos chavales fuesen identificados. Es aquí cuando termina la corta peripecia de José Rabadán, quien en su declaración ante los agentes se porta con una soprendente frialdad. Les manifestaría que el móvil del crimen era el hecho de iniciar una nueva vida en la que sus padres no lo persiguieran, mientras que a su hermana la habría matado para que no sufriera y no se quedase sola en el mundo.

Polémica setencia

José Rabadán obtendría una sentencia muy beneficiosa para sus intereses al ser menor de edad, pues sería condenado únicamente a seis años de internamiento en un centro de menores, lo que desataría una fuerte contestación social, incluso desde el propio estamento judicial. Desde este último se escucharon voces muy críticas con aquella sentencia, que había obedecido principalmente a los informes periciales de los psiquiatras quienes habían constatado que el joven criminal padecía un grave trastorno mixto de personalidad con rasgos esquizoides, narcisistas, antisociales y sádicos que a juicio de los psiquiatras disminuían levemente su capacidad de comprensión emocional de las consecuencias de sus actos. Asimismo los propios médicos aconsejaban que «dada su peligrosidad potencial por el trastorno de personalidad que padecía debería pasar varios años ingresado en una institución psiquiátrica penitenciaria o similar para tratar sus problemas mentales y rehabilitarlo socialmente».

En su estancia en el centro de rehabilitación de menores, José Rabadán recibiría infinidad de cartas de chicas jóvenes que le manifestaban su admiración, entre ellas las famosas asesinas de San Fernando. Con una de sus fans, incluso se planteó la posibilidad de casarse, si bien es cierto que esta idea no terminaría por cuajar. Incluso recibiría una misiva del centro de Mansilla de las Mulas, en León, de una Iglesia Evangélica, «Nueva Vida», dedicada a la rehabilitación de presos. A partir de esta última propuesta, conocería a una muchacha que era hija de un pastor evangélico con la que reharía su vida, viviendo en una comunidad en Cantabria.

En 2017 volvería a estar en la atención de los focos informativos al protagonizar un documental en el que reconstruía y relataba los trágicos acontecimientos que había protagonizado en Murcia. Rabadán los achacaba a las influencias satánicas de sus lecturas y mostraba su arrepentimiento y aparentaba ser un hombre socialmente reinsertado que ya había formado su propia familia. Sin embargo, en el aire siempre flotará la eterna interrogante de porqué acometió aquella macabra y brutal bribonada que oscureció el fin del milenio en España que, aunque por muchas explicaciones que facilité, nunca será fácilmente asimilable ni mucho menos comprensible.

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Asesina a seis personas en Burgos y se suicida

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Familiares de los fallecidos durante el entierro de las víctimas

Este suceso, aunque con muchas víctimas mortales, rara vez es recordado en los medios de comunicación, quienes prefieren otros escenarios al estilo de Puerto Hurraco, quizás porque da una mayor grandilocuencia al morbo. Sucedió en la segunda mitad de los años noventa y no guarda relación con históricas tragedias que eran más propias del rural español de antaño. Tiene su propia indiosincrasia y, si cualquier crimen es difícil y complicado de comprender, ni que decir tiene que este es prácticamente incomprensible.

El autor de la masacre, que se desarrolló en dos escenarios distintos, pero en la misma provincia, Burgos, era un hombre de 53 años, Juan Medina Gordillo, conocido por el apelativo de «El Francés«, era un emigrante que, como muchos españoles de su tiempo, buscó fortuna en el país vecino, de ahí su mote, pero que nunca terminó de adaptarse a las circunstancias. Natural de la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, Juan Medina conocería en tierras galas a quien iba a ser su esposa, Inocencia Porras, «Ino«, con quien tendría un único hijo. Pasados algunos años, en 1981, daría un sorprendente giro a su vida, desplazándose a vivir a casa de su suegra, sita en la pequeña localidad burgalesa de San Millán de Lara, un núcleo que no superaba ya el centenar de habitantes y que se emplaza en el suoreste de la provincia de Burgos, en la Sierra de la Demanda.

Al llegar a España, Juan Medina, hombre poco dado al trabajo y a quien le gustaba practicar la caza, se encontró con una mano delante y otra detrás. Sin oficio ni beneficio, viviría durante quince años hospedado primero en la casa de su familia política, durante al menos una década, y finalmente en la de un pastor del pueblo, Amancio Delgado, quien a pesar de las estrecheces económicas que sufría, decidió acoger como huésped durante un par de años a aquel hombre que hacía diez años que había regresado de Francia y que nunca terminó por adaptarse a ningún tipo de vida. Es aquí cuando comienza a fraguarse la tragedia que asolaría a aquel pequeño municipio burgalés, así como a la provincia entera.

Influencia sobre los hijos

El futuro criminal ejercería una gran influencia sobre los hijos de Amancio Delgado, tanta que llegaría incluso a pensar que aquellos muchachos, de algún modo, le pertenecían. Hay quien piensa que esa fuerte autoridad se vio incrementada al pasar prácticamente todo el día Amancio con su rebaño de ovejas en el monte, sin siquiera poder regresar a mediodía a comer. Sin embargo, con el paso de los años, los hijos del pastor fueron creciendo y haciendo una vida independiente en la que relegaban a Juan Medina a un segundo plano, circunstancia esta que no era tolerada por el antiguo emigrante en Francia. Cuando ya contaban con una cierta edad, los muchachos se trasladaron a vivir a la capital burgalesa, concretamente al barrio de El Gamonal. Esto último hizo que Medina adquiriese su propio piso en Burgos, haciendo a partir da ahora su vida entre la ciudad y San Millán de Lara, separadas únicamente por 35 kilómetros de distancia.

A pesar de que tres de los hijos de Amancio Delgado, Mari Carmen, Rosa y Antonio, que ya eran adultos, habían decidido independizarse, no eran capaces de sacarse de encima el peso que representaba Juan Medina, quien se había encaprichado pérdidamente de la primera, una joven de 22 años que había decidido echarse novio. Este hecho no haría más que generar la iracundia de aquel hombre que en los quince años que llevaba residiendo en Burgos no había pegado nunca un palo al agua. Seguía yendo constantemente al piso de los muchachos, tanto que muchas personas llegaron a pensar que realmente vivía allí, aunque ahora sabía que las cosas empezaban a cambiar en serio. Su pretendida Mari Carmen no le ponía las cosas fáciles, a pesar de que el se ofrecía para llevar a los muchachos al pueblo cuantas veces como hiciese falta. Sin embargo, detrás de aquel falso servilismo se escondía una maldad difícilmente explicable y estaba perfilando lo que se iba a convertir en una de las grandes tragedias de la década de los noventa en España.

Dos escenarios para seis asesinatos

Ante la impotencia que representaba el hecho de no poder contar con la correspondencia de Mari Carmen, la joven de 22 años de la que se encontraba pérdidamente enamorado, Juan Medina decidió pasar a la acción sin pensárselo dos veces. La muchacha, muy temprano, llamó por teléfono a sus familiares del pueblo para advertirles de que algo grave podría ocurrirles. Los investigadores de este caso se supusieron que había sido ya amenazada por quien iba a convertirse en su trágico verdugo. A las cuatro de la tarde del día 27 de noviembre de 1996 se personó en el piso en el que residían los tres hijos de Amancio Delgado en el barrio burgalés de El Gamonal. Llamaría de forma insistente al timbre, yendo armado con una escopeta de caza que escondió de forma muy oportuna. Una vez que le franquearon la puerta, Juan Medina iniciaría su trágica orgía de sangre. Primero disparó sobre quien era el objeto de sus amores imposibles, Mari Carmen. A continuación haría lo mismo con sus hermanos, Rosa y Antonio. Fruto de la obecación y la iracundia, rompería la escopeta al golpearla reiteradamente contra diversos objetos de la vivienda que ocupaban los tres jóvenes. Pero, todavía contaba con otro arma similar, esta de cañones recortados.

Al parecer los vecinos del inmueble en el que se alojaban los tres hijos de Amancio Delgado escucharon los disparos, así como los gritos de dolor y los lamentos de los chavales, pero ante el terror desatado prefirieron permanecer en sus respectivos domicilios. Eso sí, pusieron el hecho en conocimiento de las autoridades, aunque Medina había actuado con tanta rapidez que cuando llegaron los agentes de la Policía encontraron ya a los tres jóvenes convertidos en cadáveres, completamente desfigurados por la acción de la metralla.

Después de cometer el triple crimen de El Gamonal, encontrándose ya completamente perdido y sabiendo que su acción no era ya reversible, tomó su vehículo y se dirigió inmediatamente a San Millán de Lara para terminar de completar su sangrienta orgía. Enfiló hacia la casa de su suegra armado hasta los dientes. Allí se encontraba ella, Antonia de la Torre, una mujer de 90 años, quien estaba en compañía de Juliana Juez, de 65 años, que era la madre de los tres jóvenes a los que había dado muerte en la capital burgalesa. Al verle de aquella forma, enardecido y armado, las mujeres se asustaron y se abrazaron como si supiesen de antemano que su destino ya estaba escrito. Fue entonces cuando aquel malvado criminal disparó en reiteradas ocasiones contra las dos, quienes quedaron exangües sobre cocina de la vivienda. Sin embargo, aquel energúmeno despiadado no había terminado aún con su macabra patraña y estaba dispuesto a seguir matando a toda costa. Su última víctima sería Ángela Porras, su cuñada, hermana de su esposa Inocencia. Sobre ella disparó hiriéndola de gravedad y siendo auxiliada por unos obreros que se encontraban en las inmediaciones, quienes aunque vieron al asesino no pudieron verle el arma que portaba, quizás porque la llevaba escondida.

Durante varias horas se sembraría el pánico y el desconcierto en aquel pequeño pueblo de la Sierra de la Demanda, pues se sabía que el asesino andaba suelto y buscaba una séptima víctima, en este caso su cuñado, pero para suerte de este último, no lo encuentra. Alertadas las fuerzas de seguridad de lo ocurrido se desplazan hasta San Millán de Lara con el objetivo de detenerlo, pero, al igual que había hecho en El Gamonal, consigue zafarse de su vigilancia y sigilosamente regresa a la última residencia que había tenido en el pueblo. Allí, cuando ya nada tenía que perder, se introdujo en la cama de su alcoba y con la misma arma que había dado muerte a las tres mujeres, puso fin a su vida disparándose en el corazón.

Aquel trágico episodio consternaría a aquel pequeño pueblo de Burgos, que rara vez era noticia, salvo por las bajas temperaturas que se registran en sus crudos inviernos. El entierro de los jóvenes y las tres mujeres de cierta edad constituyó toda una manifestación de duelo en la provincia de burgalesa, que difícilmente se podía explicar la reacción de un loco que se había encaprichado de una muchacha a la que sacaba más de treinta años de diferencia. El dolor y el odio que despertó Juan Medina Gordillo provocaría que los vecinos se negasen a darle sepelio en el mismo camposanto que a sus víctimas. Su cuerpo sería reclamado por su madre, siendo sepultado en su localidad natal de la Línea de la Concepción. Hasta los criminales más abyectos cuentan con la compasión materna, por increíble que parezca.

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Una niña envena a cuatro de sus hermanos en Murcia

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Piedad Martínez del Águila, la niña que mató a cuatro de sus hermanos

A finales del año 1965 la opinión pública española se vio sacudida por un suceso que coparía la primera página de los diarios y revistas de la época. Ocurría en Murcia en el seno de una familia humilde y trabajadora para la que cada día era una auténtica aventura. El día 4 de diciembre de aquel año fallecía la más pequeña de aquella numerosa familia que contaba con ocho hijos. Era una niña de once meses, llamada María del Carmen. El médico del «Seguro» se limitó a firmar el certificado de defunción, creyendo que se encontraba ante un caso de meningitis, muy habitual en aquel entonces, en un tiempo en el que la mortalidad infantil comenzaba a descender, aunque todavía fallecían muchos bebés y nadie se extrañaba de sus decesos. Sin embargo, el mismo galeno habría de presentarse de nuevo en el domicilio de aquella extensa prole tan solo cuatro días más tarde para certificar la muerte de otro de sus pequeños, en este caso de Mariano, de tan solo dos años. Tampoco en esta ocasión mostró extrañeza alguna y no puso mayor reparó en dar su conformidad al certificado de defunción.

Las sospechas sobre que algo raro ocurría en aquella familia se levantarían con el tercer fallecimiento de uno de sus pequeños, en este caso una niña de cuatro años, Fuensanta, quien moría el 14 de diciembre de aquel año. Es entonces cuando el médico decide poner el hecho en conocimiento de las autoridades. Tres muertes en tan solo diez días no parecían casuales. Entre el vecindario, muy atemorizado por el suceso, comienza a desatarse una oleada de rumores entre los que se apunta la posibilidad de que aquella familia sufra alguna grave enfermedad de tipo contagioso y procuran evitarlos a toda costa. Para tratar de averiguar lo que les ocurre a los miembros de aquella gran familia son ingresados en el Hospital de Murcia, aunque nada se descubre en este último centro. Los análisis a los que los someten no ofrecen ningún género de dudas al respecto. Se especuló con alguna alergia a los alimentos o alguna intoxicación alimentaria, pero se cercioran de que aquella familia goza de una buena salud. Como se encontraban en las vísperas de las fechas navideñas, la familia es enviada a su domicilio creyendo que la pesadilla había terminado, pues no se habían producido nuevos decesos.

La cuarta muerte

Sin embargo, tras haber pasado veinte días tranquilos, con la llegada del nuevo año, 1966, se produce la cuarta muerte en aquella familia. El día 4 de enero fallecía inesperadamente Andrés, de cinco años, el más pequeño de los supervivientes. Había desayunado manteca con pan y media naranja. Después se puso a jugar y a corretear por la vivienda, pero al poco rato se sintió indispuesto y la criatura terminaría falleciendo. Al igual que le habían hecho a sus tres hermanos, se le practicó la autopsia y se envió una muestra de sus restos a Madrid para proceder a un examen toxicológico. Mientras, la familia regresa de nuevo al hospital donde ocupa una única habitación en la que hay cinco camas.

Los análisis toxicológicos confirmarán las peores sospechas. Los cuatro niños muertos habían sido envenenados con un potente tóxico que les producía la muerte en apenas treinta minutos. La policía centra sus pesquisas en la familia de los pequeños. El cabeza de familia será sometido a un examen psiquiátrico en el centro psiquiátrico El Palmar. La madre es enviada a un hospital materno infantil debido a su avanzado estado de gestación, pues se encontraba embarazada ya de siete meses. Son los principales sospechos y pasarán a disposición judicial, mientras la Brigada de Investigación Criminal comienza a realizar su trabajo. En los cuerpos de los niños se han hallado restos de DDT y cianuro, dos tóxicos que por sí solos podrían haberlos matado sin necesidad de hacer combinación alguna que asegurase tanta letalidad.

Uno de los inspectores encargados de investigar aquel caso que estaban conmocionando a toda España preguntó quien había sido la última persona que había visto con vida a los pequeños. Una de sus hermanas, una niña de doce años, Piedad, declaró haber sido ella quien les dio de comer y se encargaba de sus cuidados mientras sus padres se dedicaban a trabajar sin descanso para tratar de sacar adelante aquella inmensa prole. Es entonces cuando se focaliza la atención en esta preadolescente y el policía le tiende una pequeña trampa. La invita a tomar algo en un bar. La niña pide un vaso de leche. En un momento dado, el agente toma una bolita de cloruro potásico en las manos y hace como si quisiera echársela en el vaso a Piedad, quien, primero medio de broma y después enfadada, le dice que no haga eso que le puede ocasionar mucho daño a alguien. Es entonces cuando le confiesa al inspector la autoría de los crímenes que le han costado la vida a sus hermanos. En un principio, inculpará a su madre de la muerte de los tres primeros, en tanto que el último confiesa que ha sido ella por su propio impulso. La niña le diría que preparaba el ungüento asesino con unas pastillas que empleaba para limpiar metales a los que añadía matarratas, siendo uno de los dos suficiente para acabar con la vida de cualquier pequeño.

Lo que más sorprendería a los investigadores de este caso fue la frialdad con la que había actuado Piedad Martínez del Águila, quien no había mostrado emoción alguna cuando dio muerte a sus cuatro hermanos. Los psiquiatras le diagnosticaron que padecía una psicopatía. Tras los crímenes, ingresaría en el Convento de las Oblatas, en Murcia, donde cuidaban a pequeñas descarriadas o en situación de riesgo. Algunas fuentes apuntan a que la joven tomaría los hábitos de la congregación religiosa, mientras que otras sostienen que años más tarde reharía su vida en otro punto de la Península. Sea como fuere, lo cierto es que jamás se volvieron a tener noticias suyas.

Familia marcada

A raíz de este trágico episodio, la familia quedaría profundamente marcada, quedando señalados por el vecindario y una ciudad entera. A los pocos meses, dos de sus miembros, los mayores, recibieron una oferta para formar parte de un dúo musical por parte de unos supuestos empresarios que tan solo buscaban aprovecharse de ellos. Sus presuntos mentores los implicaron en el robo de una motocicileta y el apellido familiar, como si de una maldición se tratase, se vio de nuevo envuelto en un truculento episodio, ya que aquellos dos chavales darían por vez primera con sus huesos en la cárcel. Años más tarde, en 1978, José Antonio Martínez del Águila, el mayor de los hermanos, asesinó a un taxista e ingresó en la prisión de Murcia, de la que se fugaría siendo apresado en la vecina provincia de Alicante.

El cabeza de familia se vio en la necesidad de trabajar como basurero, a raíz de lo cual sufriría una patología que terminó ocasionándole una ceguera. La familia jamás sería capaz de levantar cabeza, dado que la la sociedad la condenaría duramente, viéndose estigmatizada por las crueles patrañas de una pequeña, de quien muchos estudiosos de este asunto sostienen que tal vez sufriese el síndrome del cuidador. El móvil del asesinato de sus hermanos era precisamente el de verse obligada a estar al tanto de ellos, impidiéndole ese trabajo poder disfrutar de una infancia feliz como muchos de los niños de su tiempo, aunque no todos.

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Padre e hijo descuartizan al resto de la familia en un ritual esotérico en Tenerife

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Los dos autores de la matanza en el transcurso del juicio que se siguió en su contra

En el año 1970 España iniciaba el último tramo del anquilosado sistema en el que se había instalado hacía ya tres décadas y media, desconociéndose que depararía el futuro ante la hipotética desaparición del Jefe del Estado que, aunque se demoraría todavía un lustro, muchos tenían la sensación de que era inminente. Mientras tanto, entre los aficionados al deporte cundía el desaliento por la pérdida del título europeo de los Pesados por parte de la figura que había desatado muchas pasiones en aquel momento, José Manuel Ibar Urtain. Era quizás la gran preocupación nacional que disfrazaba otros asuntos de mayor trascendencia. Nada hacía presagiar cosas de peor calibre. Sin embargo, a menos de dos semanas para las fiestas navideñas, la sociedad española se sorprendía y conmovía por un macabro triple crimen que acontecía en Santa Cruz de Tenerife. El 16 de diciembre de 1970 serían brutalmente asesinadas y descuartizadas tres mujeres de una misma familia en el número 37 de la calle Jesús Nazareno. La noticia aún tardaría casi 48 horas en llegar a las redacciones de los distintos medios de comunicación de la época, debido al mutismo que reinaba en aquella familia debido a que pertenecían a una peligrosa secta religiosa denominada Sociedad Lorber o Hijos de Dios. Aquel matrimonio germano se había afincado en territorio insular canario desde hacía ocho meses por entonces para huir de las investigaciones de la policía de Hamburgo, de donde eran originarios, al trascender que los miembros de la secta a la que pertenecían pudiesen efectuar prácticas incestuosas.

El descubrimiento del tétrico escenario sería realizado por un inspector de la Policía Armada y un sargento del mismo cuerpo, que quedarían sobrecogidos al contemplar in situ la gran carnicería que se había cometido en aquel piso, cuyo cabeza de familia solía cantar salmos mientras tocaba el piano. Los cuerpos de las dos mujeres más jóvenes Marina, de diciesiete años, y Petra, de quince, hijas y hermanas de sus asesinos, yacen en el salón de casa y han entrado ya en estado de descomposición. Los criminales han perpetrado una bárbara carnicería con ambas que -como todo indica- puede obedecer a algún tipo de ritual satánico. A Marina la han destripado, en tanto que a Petra le han cortado los pechos y los genitales, que aparecen clavados en una pared, como si de un macabro trofeo se tratase.

En el dormitorio del matrimonio aparecerá el cuerpo, también descuartizado de Dagmar, la matriarca de la familia, de 41 años de edad, a quien sus dos verdugos habían propinado una soberana paliza hasta dejarla medio muerta con una percha de madera que había terminado por romperse. Posteriormente, le arrancarían el corazón que colocarían sobre una cuerda que pendía sobre una pared de la estancia. Al igual que habían hecho con las otras dos víctimas, también le cortan los pechos y los genitales, las partes humanas que, según sus creencias, representaban el pecado. Dagmar también sería violada postmosterm, tal como se encargaría de demostrar la autopsia. La única que ha conseguido salvarse de aquella cruel carnicería es Sabine, una muchacha de quince años, que se encontraba trabajando en casa de un médico alemán afincado en la isla tinerfeña. Jamás volvería a saberse nada de su destino, pues en el momento en el que conoce el triple crimen decide huir para internarse en un convento. De hecho, ni siquiera acudiría al juicio que se celebró en contra de su padre y hermano, a pesar de que estaba citada para declarar.

Mesianismo y misoginia

Al ser detenidos, Harald y su hijo Frank, se declaran autores de la matanza que consterna a Santa Cruz de Tenerife, aunque se niegan a declarar ante el juez, pues exigen ser atendidos por un abogado alemán. Al pasar a disposición judicial, los investigadores se centran en averiguar los móviles que les han llevado a aquellos dos hombres a cometer tan tamaña matanza. Sus pesquisas se centran en las prácticas religiosas esotéricas y sectarias que practica la familia y que les ha llevado a abandonar Alemania para recluirse en una alejada isla española. Así cobra fuerza la hipótesis de que el nacimiento del hijo, el único varón de la familia, además de su progenitor, ha sido tomada como el alumbramiento de una señal divina, que será el Mesías que redimirá al mundo. El muchacho es criado en un ambiente de aislamiento absoluto en el que le inculcan unos extraños valores de odio hacia todo lo femenino, consentido en todos y cada uno de sus deseos, en el que subyace la idea de que podría hacer todo aquello que quisiese con las mujeres de su familia. Parece ser que en la tarde de aquel 16 de diciembre cuando su madre se acercó a la cama de Frank pudo contemplar en ella la mirada del maligno e invito a su padre a llevar a cabo una operación encaminada a exterminar el mal espíritu que representaban aquellas tres mujeres, a lo que Harald accedería sin dudarlo un solo instante.

En aquel entonces estaba vigente en España la pena capital para determinado tipo de delitos. Sin embargo, en este caso, tras los pertinentes informes que llevaba a cabo distintos profesionales de la psiquiatría, los encargados de juzgar este caso, que se celebra en la Audiencia Provincial de Tenerife en medio de una innusitada expectación, la sentencia hecha publica el 26 de marzo de 1972 falla que los autores del crimen no son responsables de sus actos debido a las enajenaciones mentales que padecen. En un principio serán recluidos en un centro psiquiátrico de la ciudad insular, aunque algún tiempo más tarde serán trasladados al Centro Asistencial Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel, en Madrid. Asimismo, se sabe que ambos conseguirían escapar en los primeros años noventa del complejo en el que habían estado ingresados a lo largo de casi veinte años. Esta fuga se pudo haber materializado cuando en el año 1990 se decretó el cierre de este hospital, tras un demoledor informe de la Comisión de Legislación, que no duda en calificarlo como una extraña y totalitaria institución que no tiene el objetivo de velar por la salud de los internos ni de integrar socialmente a quienes allí se encuentran ingresados.

¿Qué ocurrió después con Harald y Frank?

Sin lugar a dudas esa es la pregunta del millón. Algunas fuentes apuntan a que ambos reiniciarían sus actividades sectarias en su país de origen, Alemania, que también dispondría de sucursales en Sudamérica, hasta donde llegarían a divulgar también sus macabras creencias. La última noticia que se tiene de ellos es que en el año 1995 la Interpol cursó una orden de busca y captura contra ambos, aunque parece ser que no fueron encontrados. De seguir con vida, Harald sería ya un nonagenario, mientras que su hijo se acercaría a los setenta años.

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Un guarda jurado asesina a una pareja de adolescentes en La Vall d´Uixó

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Panorámica de La Vall d´Uixó. Pinterest.

El fin de año de 1990 teñiría de luto al municipio castellonense de La Vall d´Uixó después de que un vecino suyo, que iba a recoger naranjas, se viese dramáticamente sorprendido a las nueve de la mañana del 31 de diciembre al encontrar los cuerpos sin vida de dos jóvenes de la localidad asesinados de varios disparos en el vehículo de Antonio Bueso, el muchacho asesinado, de 18 años y de su novia, María Teresa Herreros, de 16. El coche se encontraba situado en un camino rural junto al motor de agua potable de la población de Monfacar. El suceso, además de provocar la lógica consternación y exasperación entre el vecindario, no hacía más que arreciar el temor existente en esta preciosa localidad castellonense, pues hacía algo menos de tres años por aquel entonces, en 1988, había sido asesinado en su vehículo Francisco Soriano Alcázar, quien también se encontraba con su novia, que lograría huir del asesino de su compañero. El pánico dominaría aquellas tristes navidades en aquel término municipio, pues comenzarían a abundar las elucubraciones y se levantarían todo tipo de sospechas en torno a quien se podría encontrar detrás de aquellos crímenes, siendo varias las parejas de jóvenes que habían manifestado ataques cuando se encontraban en situaciones similares.

Según las investigaciones de la Guardia Civil, el cuerpo de Antonio Bueso, quien además jugaba al fútbol en el equipo local, se encontraba en el interior del maletero del vehículo, en el que tuvo que introducirse por órdenes de su asesino, una vez que hubo bajado del coche. Allí, en el portaequipajes, amenazado a punta de pistola, el criminal le efectuó un par de disparos con los que terminaría con su vida. El móvil de aquel doble crimen era de carácter sexual, pues, el autor de ambas muertes habría intentado forzar a la adolescente Maite Herreros, quien mantendría un forcejeo con su agresor. En el transcurso del mismo se supone que se disparó la pistola que portaba atravesando el pómulo derecho de la joven para salir por el izquierdo. Para rematarla, le efectuó un segundo disparo en la nuca a sangre fría. Su cadáver aparecería con un pecho desnudo.

Detención

Mientras no se produjo la detención del asesino, una profunda psicosis se apoderó del municipio castellonense. Se hablaba de muchas falsas pistas que incriminaban a distintas personas que no guardarían relación alguno con el suceso, tal y como se demostraría posteriormente. El criminal había dejado demasiadas huellas y eso le delataba. Aún así, hubo que esperar durante casi dos semanas para proceder a su detención. El sábado, 12 de enero de 1991, era detenido un joven de 29 años, R.E.Z., un madrileño con residencia temporal en La Vall d´Uixó debido a que se encontraba trabajando como vigilante jurado en una cantera de la zona que pertenecía a la Compañía General de Promoción de Empresas. En un principio negó su participación en los hechos, a pesar de que la Guardia Civil disponía de sobrados indicios para incriminarle. El más revelador de todos era, sin lugar a dudas, una mancha de sangre en el coche en la que habría dejado impregnadas sus huellas digitales, lo que era una prueba más que evidente en su contra. El otro indicio era el tipo de balas utilizado en el crimen, que se correspondía con un revólver del calibre 38, el mismo que empleaba el asesino en su trabajo. Por si esto no fuese suficiente, se sabía que R.E.Z., que trabajaba en las inmediaciones de dónde perpetró el doble crimen, se dedicaba a observar a las parejas que acudían por aquel lugar, que era una zona bastante reservada. Su aspecto sería descrito por los agentes de la Guardia Civil como el de un «sujeto paranoico«, a pesar de que carecía de antecedentes penales.

Su detención llevó una relativa calma a La Vall d´Uixó, pues con ella se ponía fin a un sinfín de especulaciones y un estado de alarma que había sacudido a la localidad castellonense durante casi dos semanas, en los que la zozobra y el terror parecía haberse apoderado de un vecindario pacífico y muy tranquilo.

56 años de cárcel

Algo más de un año después, en 1992, se celebraría el juicio contra el autor del doble asesinato de la Vall d´Uixó, en medio de un clima de expectación e indignación contenida en la Audiencia Provincial de Castellón, pues los dos jóvenes asesinados eran una pareja muy querida entre sus convecinos, quienes destacaron tanto su don de gentes como su afabilidad. Los magistrados tenían muchas papeletas para condenar a R.E.Z., quien sería sentenciado a vivir 56 años entre rejas, aunque el antiguo Código Penal contemplaba un máximo de tres décadas en prisión, por lo que es muy probable que alcanzase la libertad condicional cuando apenas llevaba 20 años de cárcel. Fue acusado de dos crímenes con alevosía y la agravante de superioridad, sin tener en cuenta ninguna de las atenuantes que esgrimió su defensa que hacían referencia a los posibles problemas psiquiátricos que presentaba su patrocinado. Se le condenaba también a pena de destierro, así como a la indemnización de veinte millones de pesetas a las familias de ambos jóvenes asesinados.

Aquí surge una cuestión relativa a las circunstancias de quienes obtienen la licencia de guardia jurado y la evaluación psicológica que puedan hacer las empresas en las que prestan sus servicios, pues como quedó claro en aquel crimen que conmocionó a toda la Comunidad Valenciana y al resto de España no todo el mundo está capacitado para portar armas. Y este individuo era un claro ejemplo.

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Casi 20 años de interrogantes en torno al asesinato de Sheila Barrero

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Sheila Barrero

Alrededor de las siete de la mañana del sábado, 25 de enero de 2004, la joven Sheila Barrero echó el cierre del local nocturno en el que trabajaba los fines de semana. Antes de marcharse a su casa, decidió ir a tomar una última copa con sus amigos a otro establecimiento hostelero de la zona. Una hora más tarde, cuando el cansancio había hecho mella en sus conocidos, Sheila tomaría su vehículo, un Peugeot 206, con el que se iba a trasladar a su domicilio, en el concejo asturiano de Degaña. Sin embargo, y para su desgracia, la muchacha, que destacaba por su rostro dulce y agradable, jamás llegaría a su destino. Alguien se interpuso en su camino de forma macabra y acabaría disparándole un tiro en la nuca en el puerto de Cerredo, cuando regresaba procedente de Villablino. Se supone que la persona que le efectuó el disparo que terminaría con su vida conocía a la joven, pues -según las investigaciones policiales- el autor del crimen accedió a su vehículo por una puerta trasera después de que Sheila lo hubiese detenido. El proyectil era una bala de muy poca fuerza, ya que aunque le atravesó la cabeza, rebotó contra la luna del coche, cayendo en el interior del vehículo. El orificio de la bala no se apreciaba a simple vista y sería descubierto por el forense que le hizo la autopsia, siendo así la forma en la que se descubrió que se encontraban ante un crimen, pues llegó a barajarse la posibilidad de que Sheila Barrero falleciese a consecuencia de un golpe.

Los agentes de la Benemérita iniciaron sus pesquisas entre los amigos y conocidos de la joven a quienes, por protocolo, los sometieron a la prueba de la parafina para comprobar los residuos de los disparos. Uno de ellos, Borja Vidal, que había mantenido una relación con Sheila, advirtió que él iba a dar positivo, como así resultaría, ya que la semana anterior había estado cazando. La escusa fue tenida en cuenta por los agentes, quienes le creyeron. Además, era el único muchacho de los convocados que dio positivo en la mencionada prueba. Por ello, le exigieron que llevase al cuartel toda la ropa que había vestido aquellos días, principalmente el día que ocurrió el crimen. Y así lo hizo, aunque a los investigadores les resultó muy extraño que no llevase ningún abrigo, algo que era ilógico dadas las gélidas temperaturas que se registran entre Asturias y León durante el primer mes del año, con valores termométricos inferiores a los cero grados centígrados. Aún así, en una de las prendas que entregó, una chaqueta, daría valores positivos en distintos componentes balísticos, siendo más notables en la manga derecha de la prenda. La concentración de partículas apuntaba a que se correspondían con la realización de un único disparo. A ello se añadía que, al parecer, la concentración de estaño no es frecuente en los cazadores, debido a las carencias de este metal en los proyectiles de caza.

Los químicos lograrían también aislar muestras de la mano derecha de Borja Vidal y en ellas detectarían residuos de disparo que encontraron en el casquillo que los expertos en criminalística hallaron en el interior del vehículo. También detectaron en la mano del joven una partícula muy específica, compuesta de bario, antimonio y plomo, que el conjunto de ellas es tan inhabitual que se convertiría, a juicio de los investigadores algo similar a una huella digital

Una fibra textil

Pero no fueron las pruebas balísticas las únicas que podrían incriminar al antiguo novio Sheila. En el coche de esta última se halló una bufanda y sobre ella una fibra de color azul, idéntica a la de la chaqueta que portaba Borja Vidal. Es cierto que se habrían comercializado muchas más prendas como aquella, pero tampoco es menos cierto que cuando fue analizada de manera individualizada, una vez comparada de forma científica con la chaqueta, los análisis determinaron su plena similitud con la de la americana que vestía el muchacho.

Otro dato que, en teoría, jugaba en contra del joven, fue su visita a un centro sanitario para informarles que sufría insomnio, pues la Guardia Civil, según su versión, le estaba presionando. Esto último sucedió un mes después de haberse perpetrado el crimen. Sin embargo, en esa fecha, Borja Vidal no estaba siendo investigado todavía. Ni siquiera era sospechoso. Después incurriría en una nueva contradicción, no exenta -a la vez- de una mentira, al cambiar su versión de porqué había acudido al hospital. Manifestaría que la causa de su falta de sueño se debía a que había intentado sacarse hasta en seis ocasiones, sin éxito, el permiso de conducir. Los agentes de la Benemérita descubirían su falsedad al demostrar que los intentos por obtener la licencia habían sido únicamente dos y no la media docena que él manifestó. A ello se sumaba la circunstancia de que las pruebas habrían sido un año antes de su visita al médico.

Sobreseimiento

El caso sería sobreseído hasta en tres ocasiones por estimar los miembros de la judicatura que no existían indicios suficientes para incriminar al principal sospechoso, Borja Vidal, a pesar de que los investigadores policiales sostenían lo contrario. La primera vez que se archivó fue en el año 2007. Se reabriría de nuevo ocho años más tarde, en 2015, siendo sobreseído de nuevo. La última vez en que fue reabierto fue a comienzos de 2020, cuando -con nuevos datos- se procedió a su tercera reapertura, aunque le darían otra vez carpetazo en septiembre del mismo año.

Los avances registrados en los últimos tiempos, tampoco son suficientes para la fiscalía y requiere nuevas pruebas. Según se ha podido saber, la coartada presentada por Borja Vidal se derrumbaría por su propio peso. La misma fue facilitada por su padres, quienes manifestaron que el día de autos pasó la noche en casa, mientras los vecinos apuntan a que ese día los progenitores del sospechoso no la pasaron en su domicilio.

Al parecer, los investigadores continúan haciendo su trabajo. Los expertos en balística sostienen que el ex novio de Sheila está involucrado en el asesinato de la joven, así como la familia de la joven asesinada, quien ha descartado en todo momento que tengan ninguna animadversión hacia él, pues, según dicen, ni siquiera le conocían antes de producirse el crimen. Recientemente, manifestaron ante un medio de comunicación que «el caso policialmente está resuelto, ahora solo falta juzgarlo«.

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Un joven asesina a dos mujeres en un párking de Barcelona

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Párking

En aquel primer mes del año 2003 acudir a un párking en la Ciudad Condal se estaba convirtiendo en un auténtico suplicio para muchos barceloneses, pues en apenas diez días habían sido asesinadas dos mujeres en local destinado a guardar vehículos del barrio de Putxet, una de las zonas más exclusivas de la capital catalana. Ambas víctimas guardaban un gran parecido físico entre sí, pues eran atléticas, atractivas y elegantes, además de tener una edad similiar, entre 45 y 50 años. Se sumaba otro peculiar hecho y es que ambas mujeres aparcaban sus respectivos automóviles en la plaza número 15, lo que daría pie a que se especulase con la obsesión acerca de este número por parte del supuesto criminal. Este hecho, unido a las características físicas de ambas víctimas, inclinaría las investigaciones, en un principio, hacia la posibilidad que sobre aquel noble barrio barcelonés estuviese operando un asesino en serie, aunque no se sabía cual podría haber sido el móvil de ambos crímenes que conmocionarían enormemente a la sociedad catalana y por extensisón al resto de España.

El primer crimen tuvo lugar al mediodía el día 11 de enero de 2003. En esa fecha María Angeles Ribot, una mujer de 49 años que era madre de cuatro hijos y que pertenecía a una clase acomodada, fue a aparcar su vehículo como hacía de costumbre, pero no regresaría jamás. Ante su inusual tardanza, un hijo suyo fue en su busca y encontraría su cadáver en un hueco de la escalera de una de las plantas del sótano del aparcamiento del inmueble, que presentaba numerosas heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. Su cadáver estaba cubierto con una bolsa industrial en la que los investigadores del caso hallarían una huella de la palma de una mano, que resultaría clave para la posterior detención del asesino. Según se sabría con posterioridad, tras la reconstrucción del suceso, el autor del crimen la habría obligado a bajar a su víctima hasta la última escalera del párking. Allí le habría tirado por los escalones y la habría rematado a martillazos. Sin embargo, en su precipitada huida, el criminal habría dejado pisadas de sangre en el suelo que se corresponderían con la horma de su calzado, así como también una colilla cuyo ADN resultaría determinante para el esclarecimiento de este trágico suceso.

En el transcurso de las horas posteriores a la muerte de María Angeles Ribot se producen una serie de hechos extraños, entre ellos un mensaje de móvil dirigido desde el celular de la fallecida a su esposo en el que le dice textualmente «Me encuentro bien, pero no iré a dormir». Asimismo, el autor del crimen ha retirado 300 euros de un cajero próximo al lugar de autos, pero no se lleva otros objetos de mayor valor que porta la mujer asesinada. Otro hecho singular, es que mientras que la familia procedía a enterrar los restos de la víctima, el marido de Mª Ángeles recibiría una llamada de alguien que le pedía dinero a cambio de contarle lo que realmente le había pasado a su mujer. La suma solicitada ascendía a 2.000 euros. Con la policía al tanto de la situación, Antonio Melero, el ya viudo de María Angeles, quedó con esa persona en el Bare Nostrum, dónde debería dejar dejar el dinero en el cuarto de baño. Minutos después, el supuesto informador o asesino le llamaría por teléfono de nuevo y le pidió que cogiera el dinero y se lo llevara a una camina que estaba a un par de manzanas. Un paseo que para Antonio Melero resultaría aterrador y que se daría por concluido cuando la policía le llamó, instándole a que se marchara.

Segundo asesinato

La psicosis se desataría en Barcelona a los diez días del primer asesinato moría una segunda mujer prácticamente en el mismo lugar donde había sido asesinada la primera, al final de la misma escalera de la planta quinta. Este nuevo crimen ocurriría el día 22 de enero de 2003, siendo el marido de la víctima quien encontró su cuerpo exangüe a las ocho menos diez de la tarde de ese mismo día. Fue entonces cuando se comenzó a mencionar la posibilidad de que por la capital catalana merodease algún asesino en serie. La situación era francamente muy rara y el pánico se apoderaría de quienes aparcaban allí sus vehículos.

La víctima de este segundo asesinato se llamaba Mayte de Diego y contaba con 46 años de edad. La mujer asesinada regentaba un gimnasio en aquel mismo barrio. Por su parte, el asesino había perfeccionado en esta ocasión la escena del crimen. Para ello, contaría con una cuerda con la que le ató los pies mientras que con unos grilletes le esposó las manos y, al igual que en el caso anterior, le colocaría una bolsa de plástico en la cabeza. A pesar de que se trata de una mujer fuerte y atlética, en esta ocasión se siente paralizada por el terror y el miedo que le inspira su asesino, quien una vez inmovilizada su víctima la trata igual que si fuese un muñeco roto, golpeándola de forma reiterada en la cabeza hasta que la mujer sucumbe definitivamente ante su brutal agresor. El asesino se marcha del lugar de los hechos apoderándose de las tarjetas de crédito de su víctimas. Primero intenta sacar dinero en la calle Fontanella, sin éxito. Esta operación permite registrarle los datos de su fisonomía, que también serán grabados por las cámaras de un centro comercial. La Policía disponía prácticamente del retrato robot del sádico criminal en el que destaca su incipiente coronilla.

En este periodo de tiempo, previo a la dentención del criminal, destacaría la función que desempeñaría el marido de la segunda de las mujeres asesinadas, Ruperto Bilbao, quien aparecería con mucha frecuencia en distintos medios de comunicación. Incluso se convertiría en uno de los sospechosos hasta que se detuvo al verdadero autor de ambos crímenes.

Detención del asesino y condena

El día 30 de enero de 2003 la policía procedería a la detención del autor de ambos crímenes. Se trataba de J.J.P.R., un joven de 24 años de edad, quien se había criado en el humilde barrio catalán de La Mina. Aunque se declaró inocente y no opuso resistencia las grabaciones realizadas en el cajero automático y en la estación de tren resultaron claves a la hora de detener al entonces supuesto asesino de las dos mujeres. La misma postura mantendría en el momento de pasar a disposición judicial, pero el juez ordenaría su ingreso en prisión incondicional sin fianza.

La Policía había reunido muchas pruebas incriminatorias contra el hombre que había sembrado el pánico en Barcelona en los primeros días del año 2003. En el transcurso de la investigación, los agentes encargados del caso pusieron de manifiesto la saña con la que se había empleado a la hora de ejecutar a sus víctimas, así como la extrema frialdad con que habría actuado. A pesar de que trató de borrar las huellas de su execrable actuación, cometió los típicos errores de un principiante, descuidando las huellas de una palma impresa en una bolsa, así como las llamadas que dirigió al marido de una de sus víctimas. Presentaba la novedad de ser un novato en aquellas lides, desconociendo la Policía porque había actuado de aquella manera, no descartando que el móvil de ambos crímenes fuese el robo, aunque el detenido carecía hasta aquel momento de antedentes, apuntando a que se trataba de una persona reservada e introvertida que había generado conflicto de ningún tipo.

En las fechas previas a las Navidades del año 2004 se celebraría el juicio contra J.J.P.R. en el que un Jurado Popular lo declararía culpable por unanimidad. El agresor había dado muerte a sus víctimas de manera intencionada, sin que pudiesen defenderse, lo que constituía una delito de alevosía, además de buscar el sufrimiento de las mismas, lo que sería una señal evidente de ensañamiento. En la sentencia, que lo condenaría a 52 años de prisión, los magistrados pondrían de manifiesto la «frialdad de ánimo», además de no haberle afectado en lo más mínimo la muerte de ambas mujeres, tal y como relatarían los peritos encargados de estudiar el caso.

Lo que nunca quedó claro fue el móvil que había movido a aquel joven de 24 años a la hora de asesinar a sus víctimas y se dejaba entreabierta la posibilidad de que en ambos crímenes pudiesen haber intervenido terceras personas, tal y como declararía J.J.P.R., quien aludió directamente al marido de la segunda de las mujeres asesinadas cuando se le concedió el derecho a la última palabra.

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Un cura mata a un niño de nueve años en Valencia

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Semanario EL CASO dando cuenta del trágico suceso

En la década de los setenta del pasado siglo la Iglesia Católica seguía gozando de un extraordinario poder en aquella decrépita y alicaída España franquista. Eran, sin lugar a dudas, el tercer poder, a quien nada se le resistía y era el único tentáculo que despertaba cierto temor en los gobernantes de entonces por el arraigo del que gozaba, capaz de manipular millones de conciencias. Se podría decir que disfrutaban de patente de corso hasta el extremo de que la Justicia no actuaba con ellos de la misma manera que con el resto de los mortales. Un buen ejemplo lo sería el trágico suceso acontecido en la capital del Turia el día 2 de marzo de 1971 cuando el sacerdote José Prat asesinó de 47 puñaladas al niño de nueve años, Paquito Calero Navalón, un crío que ejercía de monaguillo en la parroquia de la que el asesino era titular.

Las crónicas de la época retratan al criminal como un hombre inquieto y neurasténico, que probablemente hubiese sufrido algún episodio de tipo psiquiátrico el día que cometió un suceso que traumatizaría a aquella España en blanco y negro que transitaba por un incierto sendero hacia el final del régimen político que se había instaurado a la conclusión de la Guerra Civil española.


Aquel ya lejano día de la primavera el sacerdote José Prat se dirigió al colegio Ramón Gamón, preguntando por Paquito alegando que necesitaba a la criatura para tareas de la parroquia pues habitualmente celebraba una función religiosa a las siete de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la Begoña, que aquel día no llegaría a celebrarse. El religioso, de 54 años de edad, ejercía en ella como párroco de manera provisional por el fallecimiento del titular de la misma.


Un abrecartas


Nunca se sabrá con absoluta certeza que pudo habérsele pasado por la cabeza al asesino del pequeño para cometer semejante salvajada para la que utilizaría un abrecartas en forma de espada. Con el mismo acuchillaría hasta un total de 47 veces al niño, quien quedaría tendido en medio de un gran charco de sangre en la sacristía de la parroquia. Las puñaladas habían sido mortales de necesidad, pues le habían seccionado la artería carótida, lo que provocaría su desangramiento de forma muy rápida. Previamente, habría intentado estrangular al niño, al que también propinó un fuerte golpe en la cabeza. La dantesca escena provocaría el lógico horror de otro religioso, Jaime Pons, a quien José Prat comunicó que se marchaba a la comandancia de la Guardia Civil, pues había sufrido un episodio de enajenación mental y había dado muerte al joven monaguillo, Paquito Calero Navalón.


El suceso provocaría una gran consternación y una tremebunda ola de indignación en todos los estamentos de la capital valenciana, máxime cuando había sido cometido por un miembro de una institución, como la Iglesia Católica, quien debería velar por la pureza de las almas y encargarse de predicar con el ejemplo. Sin embargo, aquel suceso contravenía el ministerio del propio ente religioso y haría todo lo posible por tratar de pasar página, cuando no de borrarlo de su historial, además de posicionarse claramente a favor del sacerdote asesino.


Como era el poder de la Iglesia en la época viene avalado que hasta los sacerdotes encausados gozaban de un estatus especial cuando eran detenidos. Tras prestar declaración, antes de pasar a disposición judicial, José Prat, fue ingresado en las dependencias del Palacio arzobispal valenciano, tal como estipulaba el concordato de 1953 firmado entre el Estado español y las autoridades eclesiásticas de Roma.


Una condena que no se cumplió


La acusación particular solicitaba para José Prat la máxima condena que contemplaba el ordenamiento jurídico de la época, la pena de muerte, al entender que el sacerdote había obrado en la plenitud de sus facultades y con alevosía, aunque desde la sacra institución a la que pertenecía se sostenía que había sufrido un episodio que a grandes rasgos se calificaba de «locura». En casos muy similares, durante la etapa franquista, diversos delincuentes habían ido a dar con sus huesos al garrote vil por haber dado muerte a niños, entre ellos el joven Carlos Soto Gutiérrez, en el año 1953 y el antiguo miembro de la legión Santiago Viñuelas Mañero, en 1959, ambos acusados de haber dado muerte a dos jóvenes en Soria y Palencia respectivamente.


La sentencia a la que sería condenado José Prat fue de 17 años de prisión, aunque jamás llegaría a residir entre los muros de ninguna penitenciaría española. Amparado por el célebre concordato, sería la propia Iglesia Católica quien se haría cargo de su futuro. La familia de Paquito Calero no vería satisfechas jamás sus ansias de justicia, pues el religioso sería destinado a la pequeña pedanía de Tangel, en la provincia de Alicante. Incluso no le dolerían prendas a la máxima institución religiosa en mentir y manipular los hechos de los que se acusaba al sacerdote asesino, pues le manifestaría a la familia de la víctima que había sido excomulgado y expulsado de la Orden de los Paules, a la que pertenecía el criminal. Sin embargo, todo ello era una burda mentira. Además de no pasar un solo día entre rejas, José Prat volvería a ejercer su ministerio años más tarde, siendo destinado como vicario en el barrio de La Bordeta, en Lleida, gozando de nuevo del apoyo de la propia Iglesia Católica, quien de esta manera mostraba su cínico doble rasero.


Este hecho provocaría la indignación de la familia de Paquito Calero Navalón, pues se sentía indudablemente engañada por la desvergonzada actitud de las autoridades eclesiásticas que, desde luego, violaron en reiteradas ocasiones en Octavo Mandamiento de la Ley de Dios, sin ruborizarse lo más mínimo por ello. José Prat fallecería en el año 2002 a la edad de 85 años, arropado por la institución a la que pertenecía, quien trató en todo momento de ocultar su execrable crimen, cuando no de protegerlo y darle amparo cuando lo precisaba. No es de extrañar la lógica irritación de la familia del pequeño, un clan de extracción humilde, pues el patriarca del mismo, minero de profesión, había fallecido seis años antes de este trágico suceso. La madre de la criatura prefería que el niño fuese a la parroquia de monaguillo, pues estaba convencida de que en la calle aprendía cosas muy malas. No se imaginaba la tragedia que iba a sufrir amparada por la Iglesia Católica, que se define como santa e inmaculada, aunque en su haber se acumulan ya demasiados pecados. Y este no cabe duda alguna que fue muy grave. Demasiado.

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