Fusilado por matar a dos mujeres en Gandía

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Beniopa, el barrio donde ocurrió el crimen

Durante el franquismo alcanzó gran popularidad una expresión que decía que quien la hacía la pagaba, convirtiéndose poco menos que en un axioma entre los españoles de entonces. Muchos crímenes quedaron sin resolver, en tanto que algunas condenas no dejaban de ser testimoniales. Sin embargo, a veces, con el ánimo de dar un falso afán de ejemplaridad, algunos delincuentes lo pagaban muy caro. Incluso, con su propia vida. Todo dependía de las circunstancias y los hechos que los rodeasen. Aquí nos encontramos con una de esas singularidades en la que el autor de un horroroso crimen terminaría ante un pelotón de fusilamiento, método empleado -en este caso- por tratarse de un joven de 24 años, Pedro Martínez Expósito, que se encontraba cumpliendo el servicio militar.

A primeras horas de la mañana de aquel lunes, 28 de marzo de 1971 los vecinos de la barriada de Beniopa se mostraron extrañados al observar que su vecina Amparo Mateu Martínez, una mujer viuda de 42 años de edad que vivía con su hija de 16, Amparo Castelló, no había abierto aún las puertas del bazar que regentaba, en el que vendía prensa, tabaco y otros artículos. Su puntualidad y su cita diaria con su clientela fue motivo suficiente de alerta entre el vecindario que comenzó a sospechar que le había ocurrido algo grave a ella o a su hija. Fue entonces cuando decidieron penetrar, a través de los cristales de una de las puertas de acceso a la vivienda, que previamente se habían visto forzados a romper. Al entrar en la casa se encontrarían con el desolador panorama de contemplar tanto a la madre como a la hija tendidas en sendos charcos de sangre con la cabeza completamente destrozada. No les cabía duda alguna de que se encontraban ante un brutal crimen, que se había cometido aquella misma madrugada, a pesar de que los vecinos no escucharon ruido de ningún tipo.

Un azadón

Los investigadores comenzaron a atar cabos y encontrarían en el barranco de San Nicolás un azadón que se encontraba ensangrentado y todo les hacía presumir que con el mismo se había perpetrado el crimen acontecido la pasada madrugada. Elaborarían una lista de sospechosos, principalmente aquellos que contaban con un mayor número de antecedentes y apenas una semana después de los brutales asesinatos que conmovieron a Gandía y al resto de Valencia era detenido un joven de 24 años, Pedro Martínez Expósito, «alias Petorret«, natural de la misma localidad, y que ya había pasado en otras nueve ocasiones por las dependencias policiales, acusado de otros tantos delitos. La prensa de la época refleja que el autor confesó ambos asesinatos después de que la policía lo sometiese a lo que comúnmente se denominaba «hábil interrogatorio». En la versión de los hechos que ofreció ante la Policía, el «Petorret«, como era conocido en distintos ambientes, declararía que el motivo que le llevó a cometer los crímenes era el robo, tal y como había sucedido en otras ocasiones. En esta ocasión había empleado una desmesurada violencia al ser descubierto por una de las moradoras de la vivienda Al parecer, los pequeños pillajes que había hecho hasta entonces los hacía con la finalidad de ayudar a su familia.

En el transcurso de su relato manifestaría también que la propietaria de la casa, Amparo Mateu escuchó algunos ruidos cuando accedió a la misma a través de una ventana, lo que lo obligó a esconderse en el cuarto de baño. En esta última estancia volvería a encontrarse con la viuda, quien le recriminó su acción además de prorrumpir en gritos. Al sentirse perdido y ofuscado, le propinó varios golpes en la cabeza con el azadón. La más joven de las mujeres acudió entonces en ayuda de su madre al escuchar las voces de auxilio. Esta última conseguiría incluso derribar al asaltante de la vivienda, pero este logró reponerse y le infringiría el mismo castigo que le había proporcionado a su madre, provocándole la muerte de manera prácticamente instantánea. Una vez muertas ambas mujeres, revolvió algunos de los cuartos de la casa, apoderándose de objetos de escaso valor. Se decía que el botín ascendía a poco más de trescientas pesetas de la época, algo menos de dos euros en la actualidad. Después, huiría por la misma ventana por la que había entrado.

Consejo de guerra

Pedro Martínez Expósito se encontraba cumpliendo el servicio militar en el momento de perpetrar el doble crimen de Gandía, por lo que fue sometido a un proceso militar en vez de la justicia ordinaria. El día 2 de diciembre de 1971 sería condenado a la pena de muerte por un tribunal militar, acusado de dos asesinatos con alevosía y nocturnidad. También se ponía de relieve la violencia empleada a la hora de cometer el doble crimen. Al muchacho no le ayudaba tampoco su pasado, que se encontraba plagado de antecedentes penales, por lo que se fijaba el cumplimiento de su sentencia para el día 10 de enero de 1972.

Su abogado, Sancho Tello, recurriría inmediatamente al Tribunal Supremo, quien no haría otra cosa que confirmar la decisión tomada por la Capitanía General de la III Región Militar, sita en Valencia. Al no obtener resultados satisfactorios, quemaría un último cartucho recurriendo a la gracia del indulto por parte del Jefe del Estado, a quien dirigió un telegrama en el que le rogaba clemencia para su defendido. Sin embargo, desde la más alta magistratura de la nación no fueron atendidas sus súplicas y el «Petorret» sería ejecutado en un frío lunes de invierno, una vez concluidas las fiestas navideñas.

Crimen mediático

Este suceso despertaría la atención de cineastas e incluso de la literatura posterior. Quien se encargaría de descubrirlo fue el director cinematográfico Basilio Martín Patino, quien aquel año 1971 se encontraba rodando el documental «Queridísimos verdugos». El desaparecido cineasta gravaría algunas escenas y declaraciones en torno a los padres y el ambiente en el que había crecido y desarrollado el autor del doble crimen de Gandía, lo que despertaría la conmiseración de quienes tuvieron la oportunidad de contemplarlo. Incluso, llevaría consigo al célebre ejecutor de sentencias, el sevillano Bernardo Sánchez Bascuñana, para que conociese in situ a la familia del reo que sería condenado a la pena capital. En las escenas del rodaje se puede observar la miseria y los padecimientos que sufría aquella humilde familia, que se encontraba muy agobiada por la hipotética suerte que pudiese correr su vástago, conscientes del terrible castigo al que podía ser condenado.

Pero no sería la única vez en que el caso apareciese en la gran pantalla. En 1996 el director Carles Balagué llevaría a cabo un rodaje de ficción basado en este mismo suceso que sería estrenado bajo el título de «Asunto interno», en el que destacaría la magistral interpretación de Pepón Nieto encarnando el papel del solado sentenciado a muerte.

En el terreno literario, Javier Maqua se haría con el VIII Premio novela Ciudad de Badajoz con una relato basado en el doble crimen desde la perspectiva de un soldado que estuvo en el pelotón que terminó con la vida de Pedro Martínez Expósito. La obra galardonada llevaba como título «Fusilamiento. Instrucciones de uso».

Este suceso no pasaría desapercibido dadas las trágicas circunstancias y el deprimido ambiente que rodeaban tanto al soldado condenado a muerte como a su familia. Algunos especialistas en psiquiatría manifestarían que el «Petorret» sufría un retraso mental manifiesto, calificándolo incluso como oligofrénico, que le impedía comprender muchos de los actos delictivos que llevaba a cabo. Sin embargo, en esta ocasión las autoridades se mostraron implacables y Pedro Martínez Expósito se convertiría en el último civil que era enviado al paredón en la historia de España. Ese desgraciado honor le correspondió por encontrarse cumpliendo el servicio militar, de lo contrario su ejecución hubiese tenido lugar en el siempre cruel, atroz y tétrico garrote vil.

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Un fraude económico, posible causa de la tragedia de Los Galindos

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Portada de EL CASO dando cuenta del trágico suceso

La España de 1975 se preparaba para la desaparición del dictador, quien se encontraba crónicamente enfermo, aunque en el mes de julio todavía no se vislumbrase su final que tendría lugar apenas cuatro meses más tarde. Era aquel un verano torrido, principalmente en Andalucía, donde se alcanzaban temperaturas que podían rondar los cincuenta grados. A pesar del sofocante clima, nadie se podía imaginar que la temperatura iba a elevarse mucho más a consecuencia de un trágico y desgarrador suceso que conmovería a España entera, tanto por la elevada cifra de víctimas como por las circunstancias en las que se produjo, jamás aclaradas, quedando el quintuple asesinato impune, sin que nadie fuese encausado por ello. Durante más de cuarenta años todo han sido elucubraciones y especulaciones, incluso acerca de como se produjo aquel aterrador acontecimiento.

Aunque las especulaciones y controversias sobre este caso, sobre el que se han vertido ríos de tinta, todavía continúan y son muchos los que siguen haciendo cábalas sobre la verdad que se ha ocultado durante todo este prolongado periodo de tiempo en el que llegó a tomar fuerza la teoría alternativa de que las muertes habían sido consecuencia del enfrentamiento entre dos matrimonios. Esta hipótesis sería desmontada por el desarrollo de los acontecimientos y por el paso del tiempo, que se encargó de poner a cada cual en el lugar que le corresponde.

En el año 2019 el hijo del propietario de la extensa hacienda de más de 400 hectáreas en la que tuvo lugar la tragedia, Juan Mateo Fernández de Córdova, publicaría un libro en el que se arroja algo de luz sobre un enmarañado acontecimiento que en su día no fue resuelto, quizás debido a los oscuros intereses que se movían en torno al mismo, aunque se responsabilizó a la propia Guardia Civil y al vecindario del municipio de Paradas de haber destruido pruebas al entrar a saco en el cortijo cuando se percataron de que una inmensa columna de humo negro se desprendía del interior de sus instalaciones.

En el libro, publicado bajo el título de «El crimen de los Galindos. Toda la verdad», Juan Mateo Fernández de Córdova involucra a su propia familia en el trágico suceso, a quien considera conocedora de los hechos e incluso de haber participado en los mismo, echando definitivamente por tierra las viejas y manidas teorías que hablaban de un supuesto enfrentamiento entre matrimonios que jamás existió.

Soborno

Según la teoría publicada por este autor, el crimen habría obedecido a causas de carácter económico. Estas vendrían derivadas a causa de un supuesto fraude en la cooperativa «Coduva», que habrían sido descubiertas por Juan Zapata, el capataz de la finca, que era un hombre recto en el cumplimiento de su deber. Además, tendría la pretensión de dar cuenta de esa patraña que se estaba haciendo a sus espaldas al suegro del Marqués de Grañina y dueño de la finca en la que se cultivaban grandes cantidades de girasol, trigo, cebada y aceitunas. Estaba previsto que el día 22 de julio, fecha del trágico crimen, se desplazase a Sevilla para informar del escándalo que le afectaba directamente. Sin embargo, Zapata, un antiguo guardia civil de 59 años, recibió la inesperada visita del marqués, Gonzálo Fernández de Cordóva, su administrador, conocido popularmente como don Antonio y un tercer hombre, a quien el hijo del marqués da el sobrenombre de Curro, un individuo que había estado en el hampa, y que ya conocía de antaño las dependencias carcelarias por diversos delitos. La inesperada visita tenía como objetivo sobornar a Zapata con el ánimo de que este callase el presunto desfalco que se estaba produciendo en «Coduva». De hecho, los investigadores encontrarían billetes en el escenario del crimen. Sin embargo, debido a su rectitud y su carácter firme, no accedió en ningún momento a las pretensiones de sus chantajeadores. El tercer hombre que los acompañaba había sido elegido para darle un buen susto al capataz de Los Galindos, que podría ser desde una paliza o similar, pero los acontecimientos se precipitarían y terminarían tomando otro cariz mucho más trágico.

Sobre la mesa del despacho de Zapata se encontraba una pieza de una empacadora que estaba averiada y que terminaría convirtiéndose en un arma mortífera y letal. Con ella le sacudiría un gran golpe en el rostro al encargado, para proseguir propinándole otros posteriormente, hasta dejarlo exánime, convirtiéndose en la primera víctima de aquella terrible orgía de sangre que empañaría aquel último verano del general Franco. Posteriormente, entraría en el local la esposa de Zapata, Juanita Martín, que se convertiría en un testigo incómodo, al que no podría dejar con vida. Así lo hizo utilizando para ello el mismo arma con el que le había dado muerte al capataz. Según la versión de Juan Mateo Fernández de Córdova, el marqués, su padre, y don Antonio, ayudaron al criminal a trasladar los cuerpos a otras estancias y a ocultarlos con paja, si bien es cierto que el de Zapata no aparecería hasta el día 25 de julio. En un primer momento, se atribuyó a este último la masacre ocurrida en el cortijo y se le supuso perdido en medio del campo y armado. Tampoco se explica como apareció su cuerpo dos días más tarde y quien lo colocó en aquel lugar, sobre el que orinaría un policía local de Paradas. Además, la noche posterior a la brutal masacre, tanto el marqués como don Antonio la pasarían en el cortijo, un aspecto que durante muchos años les pareció absolutamente inexplicable a quienes estudiaron por lo menudo este suceso. Posteriormente, la vivienda sería cerrada a cal y canto con un candado, quizás con el objetivo de dificultar aún más las investigaciones.

Tres asesinatos más en solitario

El autor de los crímenes se dirigiría ya en solitario hasta el taller de los tractores y se supone que conocía a distintos empleados. Uno de ellos era Ramón Parrilla, de 40 años, quien trabajaba como tractorista en el cortijo. El fatal destino hizo que se quedase sin carburante por lo que recurrió hasta las dependencias del cortijo, convertido ahora en un tétrico paraje. Como de lo que se trataba era de que no quedasen incómodos testigos, el sicario encañonó con la escopeta de Zapata a Parrilla, quien trató de huir, pero sin conseguir su objetivo, pues le efectuó un par de disparos de los que trató de protegerse con los brazos. Malherido, trató de tomar un camino de tierra rojiza, pero su huida resultó en vano, ya que cayó como consecuencia de las heridas y de la sangre que iba derramando en su desesperada fuga. Allí, su verdugo lo remató de un par de disparos.

En el taller, el tal Curro esperó pacientemente la llegada del otro tractorista, José González, un joven de 27 años, que se había casado recientemente con Asunción Peralta, de 34, quienes venían a bordo del SEAT-600, propiedad del primero. Allí, quiso convencerles de que Juanita se había marchado a Sevilla en compañía de su marido y que no quedaba nadie. Provisto de la escopeta, aunque probablemente sin munición, se enfrentó a ellos propinándoles varios culatazos que terminarían con sus vidas. Se sabe que José intentó defenderse utilizando una navaja, con la que le habría hecho varias heridas a su agresor, quien huiría del lugar a pesar de encontrarse herido. De hecho, los investigadores hallarían sangre en el lugar que no pertencencía a ninguna de las cinco víctimas. Una vez hubo rematado a sus dos últimas víctimas, las traslado al pajar, donde las cubrió de paja, al igual que había hecho con Ramón Parrilla. Provisto de gasolina y gasoleo puso fuego a la paja que cubría los cuerpos con el afán de dificultar las investigaciones. El incendio alcanzaría grandes dimensiones y sería divisado desde el pueblo, trasladándose los vecinos y diversos empleados del cortijo para apagar el incendio. Allí pudieron comprobar in situ como la paja ardía de una manera espectacular a consecuencia del combustible con el que había sido regada.

En un principio se hallaron solamente cuatro cadáveres. Faltaba el del capataz, Juan Zapata, a quien -en un principio- se atribuyeron aquellos brutales crímenes, convirtiéndose, en teoría, en el primer objetivo del vecindario, que lo suponía perdido por el campo, armado y víctima de un supuesto ataque de locura. Sin embargo, su cuerpo sería misteriosamente descubierto tres días después de haberse cometido aquella bárbara masacre.

A partir de aquel mismo momento, el suceso daría pie a múltiples conjeturas y especulaciones, nunca aclaradas o distorsionadas convenientemente en función de diversos intereses. De hecho, durante mucho tiempo las familias de las personas asesinadas en Paradas se enfrentarían entre sí a consecuencia de una versión, interesada por supuesto, en la que se le atribuía las muertes al tractorista José González, añadiendo que se suicidaría una vez cometidos los cuatro crímenes. Sin embargo, una nueva línea de investigación abierta en el año 1983 daría al traste con esta falsa teoría. De la misma forma, se relacionó esta masacre con un supuesto tráfico de drogas que, al parecer, jamás existió. Por si no fuera poco, también desapareció o lo hicieron desaparecer parte del sumario judicial. En principio se dijo que se había perdido como consecuencia del traslado de las dependencias de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Juan Mateo Fernández de Córdova, el hijo del marqués, sostiene que todas las teorías y elucubraciones habidas hasta ahora no guardan relación alguna con lo que realmente aconteció en el trágico cortijo de los Galindos. Su padre, Gonzalo Fernández de Córdova, fallecería arruinado en el año 2015, a pesar de que en el momento en que se produjeron los hechos, en 1975, poseía once millones de pesetas en una sucursal bancaria. Este dinero el marqués jamás lo tocó, a pesar de sus dificultades financieras y tampoco se le encuentra explicación alguna a esta actitud. Su propio hijo sostiene que quizás en esa cuenta bancaria se halle la verdadera causa de la tragedia ocurrida en aquel verano de 1975 en el que España se aprestaba a despedir toda una época para entrar en una nueva era.

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Semana sangrienta en Madrid en el otoño de 1987

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En la calle Sor Ángela de la Cruz apareció el cuerpo sin vida de una prostituta

Aquel otoño del año 1987 la capital de España se sobresaltaría a consecuencia de tres terribles crímenes en menos de una semana en la que tres personas perderían la vida de forma violenta en otros tantos sucesos que consternarían a la primera ciudad del país, que estaba sufriendo una ola de inseguridad ciudadana a consecuencia del consumo de estupefacientes, principalmente la terrible heroína que truncaría la vida de muchos jóvenes que terminaron fatalmente enganchados a esta droga.

En la madrugada del día 4 de noviembre de 1987 era encontrado por agentes del cuerpo nacional de Policía el cuerpo sin vida del taxista Eduardo Sánchez Alonso, de 58 años de edad, en las proximidades del Parque de la Fuente del Berro, frente al número diez de la calle Enrique D´Almonte, también cercana a las instalaciones de Torrespaña, que se alzan en la misma zona de la capital de España. El conductor asesinado presentaba un disparo en el rostro, así como infinidad de golpes que le infligieron sus agresores con ánimo de apoderarse de la recaudación que había ganado esa misma jornada. De hecho, sus asesinos le sustrajeron toda su documentación y solamente fue posible identificarlo gracias al resguardo de una denuncia que había interpuesto recientemente a consecuencia de otro robo y que guardaba en uno de sus bolsillos. Todo hacía indicar que el profesional del taxi asesinado se había resistido a sus atracadores, pues ya había sido víctima de numerosos asaltos y se encontraba bastante «quemado» a consecuencia de la inseguridad que padecía. Al parecer, según declararía la familia del taxista asesinado, siempre trabajaba de noche y ni siquiera tenía firmado un contrato con su patrono. Es más, sus familiares también comentarían que conocían los múltiples robos de los que era objeto cuando le pedían dinero para hacer frente a los gastos más inmediatos del domicilio en el que residía, sito en la madrileña calle de Fuencarral.

El vehículo que conducía, un Lada de fabricación soviética y cuya marca se había instalado recientemente en España por aquel entonces, sería hallado dos horas y media más tarde por la propia policía envuelto en llamas en la calle de Méndez Álvaro. Los investigadores llegaron a la conclusión de que Eduardo Sánchez se resistió a que los asaltantes se apoderasen del automóvil. Posteriormente, para evitar dejar huellas le prendieron fuego en el lugar en el que fue encontrado.

Prostituta asesinada

En ese mismo día, apenas un par de horas más tarde, era encontrado el cuerpo de una prostituta en la calle Sor Ángela de la Cruz en el madrileño barrio de Tetuán, muy cerca de la Plaza de Castilla. Se trataba de una mujer de 24 años de edad, Nieves N.D., quien, al igual que el taxista, también presentaba un disparo de arma de fuego en el rostro. Además en este caso, la policía suponía que sus agresores habían pasado con las ruedas del coche que conducían por encima de la cabeza de su víctima.

Tanto en el caso del conductor como el de la joven ramera se especuló con que ambos crímenes estuviesen relacionados debido a que se empleó un arma de fuego y las heridas eran muy similares. Sin embargo, en el segundo caso las sospechas apuntaban a un posible ajuste de cuentas como consecuencia del trapicheo de drogas. A ello se sumaba el hecho de que la mujer acumulaba varios antecedentes policiales por este motivo.

Mujer decapitada

Cuando la ciudad trataba de sobreponerse de los dos últimos crímenes, al final de la calle de Alcalá en un descampado próximo a la Cruz de los Caídos era hallado a las dos de la madrugada del día 11 de noviembre, apenas una semana después de los otros dos crímenes, el cuerpo decapitado y abrasado por el fuego de una mujer en una vieja furgoneta, que había sido pasto de las llamas. El vehículo contaba con una antigüedad superior a los veinte años, pues su matrícula era M-507.128. El cadáver de esta última mujer presentaba diversas fracturas, si bien es cierto que no se sabía si se habían producido como consecuencia del fuego o de golpes infringidos por sus agresores. Lo que sí se sabía es que presentaba cuatro heridas de arma blanca en el torso inferior. Asimismo, se hallaba completamente desnuda y no se encontró ropa alguna suya, ni tampoco ningún indicio o documento que pudiese contribuir a su identificación, a lo que se sumaba el hecho de que su asesino o asesinos habían decapitado su cuerpo, que sería trasladado al Instituto Anatómico forense para efectuarle la autopsia, así como otras pruebas que contribuyesen a su identificación.

Ninguno de estos tres crímenes sería resuelto y sus autores se saldrían con la suya, siendo relegados al olvido durmiendo el sueño de los justos en los archivos de los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla. Apenas dos meses más tarde, la capital de España sería de nuevo escenario de otro aterrador crimen en el que serían asesinadas tres personas en la calle Sáinz de Baranda, aunque en este caso los criminales serían apresados y justamente condenados.

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Asesina a dos portugueses a sangre fría en Pontevedra

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José Saavedra Domínguez, el peligroso delincuente en una de sus detenciones

Hay personas que parecen llevar marcado a sangre y fuego, cuando no parece que va en su ADN, el hábito de delinquir, iniciándose en su infancia una práctica que terminará acarreándoles graves consecuencias personales, además de representar un claro peligro para la sociedad en la que se desenvuelven. Este es el caso de José Domínguez Saavedra, un peligroso delincuente que inició su azarosa vida en el mundo de la delincuencia con tan solo doce años de edad, en 1970, cuando sustrajo de una iglesia pontevedresa algunos efectos de no muy alto valor. Años más tarde, en 1977, alcanzaría la triste fama de perpetrar el conocido como «robo del siglo», al apoderarse de las reliquias de la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, de incalculable valor, siendo condenado al año siguiente a 30 años de prisión, aunque solo estaría entre rejas poco más de nueve.

Al escaso tiempo de abandonar la cárcel, tan solo tres meses después, José Domínguez Saavedra, reanudaría su actividad delictiva, pero en esta ocasión demostraría hasta donde era capaz de llegar por hacerse con un exiguo botín. En la noche del 7 de febrero de 1987 Saavedra y otros tres compañeros de correrías se encontraron en un pub de la localidad pontevedresa de O Grove con unos supuestos peristas portugueses de etnia gitana, quienes les ofrecieron unas joyas, que luego resultarían ser bisutería barata, al precio de 100.000 pesetas de la época (600 euros al cambio actual). Desconociendo con quien estaban tratando, los ciudadanos lusos accedieron a la petición del famoso delincuente de trasladarse hasta Pontevedra, donde este último les había dicho que les haría acto de entrega del dinero que solicitaban. Cuando llegó a la ciudad del Lérez les dijo que aguardasen junto con sus colegas que enseguida volvía, pues iba a por su domicilio -sito en la calle Ernesto Caballero-por la cantidad pactada. Sin embargo, lo que iba buscar en realidad José Domínguez era una pistola que a la postre utilizaría para terminar con la vida de los dos incautos.

Cuando regresó al lugar donde se encontraban esperándole los dos portugueses y el resto de su cuadrilla, Saavedra esgrimió el arma, amenazando a los súbditos lusos, exigiéndoles que les entregasen todas las joyas que portaban. Estos les advirtieron que solo era bisutería de no muy alta calidad, cuyo valor podría ascender a tan solo unas ocho mil pesetas (menos de 50 euros actuales). Esto último debió enfadar de sobremanera al conocido delincuente, quien decidió pasar a la acción con la ayuda de sus colegas. Les ordenó a estos últimos que atasen a los dos peristas con una cuerda, mientras las dos mujeres que le hacían compañía les amenazaban con unos cuchillos.

En un descampado

Para concluir la acción, José Domínguez los obligó a subir al asiento trasero de su vehículo, un SEAT-131, diciéndoles que los llevaban a un descampado donde los abandonarían desnudos. Mientras esto sucedía, José Antonio Gómez Paz, otro conocido delincuente, les encañonaba con la pistola propiedad de su compañero de correrías.

Para dirigirse al lugar de autos, hubieron de atravesar un camino lúgubre y mal iluminado hasta llegar a un descampado que se encuentra en las inmediaciones de la estación de bombeo de Pontevedra, emplazada en el lugar de Monte Porreiro. Tras una caminata, en plena madrugada, Saavedra les ordenó a los ciudadanos lusos Miguel Bernardo García Oliveira, de 24 años, y Augusto da Sousa Franco, de 33, que se tumbasen en el suelo. Una vez recostados sobre la hierba, el delincuente les efectuó sendos disparos con su pistola a cada uno de aquellos dos hombres, quienes habían tenido la mala suerte de cruzarse con uno de los peores malechores de la historia reciente de Galicia. Sus cuerpos serían descubiertos por las autoridades al día siguiente.

Cuando regresaron a Pontevedra, José Antonio Gómez Paz y José Domínguez, se dirigieron al domicilio de este último. Allí les aguardaban dos mujeres, María José Sierra Rodríguez, quien supuestamente era la novia del famoso delincuente e Isabel Gómez Paz, hermano de su compinche. Allí se repartieron el exiguo botín, que consistía en joyas de bisutería de muy poco valor. A los pocos detenidos serían detenidos por las fuerzas del orden, encontrando en el vehículo de Saavedra alguna documentación de Bernardo García Oliveira, la más joven de sus víctimas. Este hallazgo se produjo de forma fortuita por parte de la policía local de Pontevedra, pues se percataron de la presencia de un vehículo que tenía las luces encendidas, las llaves de contacto puestas y las puertas abiertas.

101 años de cárcel

Los cuatro delincuentes serían condenados a penas que sumaban más de cien años de prisión. Quien recibiría mayor condena sería José Domínguez Saavedra, pues sería condenado a un total de 63 años de cárcel; 30 por cada uno de los delitos de asesinato y otros tres por tenencia ilícita de armas. Su compañero José Antonio Gómez Paz fue sentenciado a 30 años de cárcel, acusado de un delito de robo con homicidio, en tanto que las dos mujeres que participaron en este sangriento suceso, Isabel Gómez Paz y María José Sierra Rodríguez serían condenadas a sendas penas de cuatro años y dos meses de prisión, acusadas también por sendos delitos de robo con intimidación.

La intensa carrera delictiva de José Domínguez Saavedra no culminaría con esta brutal acción, pues el 23 de noviembre del año 2005, cuando se encontraba de permiso penitenciario, sería condenado de nuevo a cinco años de prisión por un atraco a una sucursal bancaria situada en la pontevedresa Avenida de Vigo, en compañía de otro delincuente. De la misma forma, se le relacionaba con otro atraco a un banco ocurrido recientemente por aquellas mismas fechas en Sanxenxo y cuyo botín ascendía a 35.000 euros.

Muerte

El final de su larga trayectoria delictiva vendría a consecuencia de su deceso, que se produjo en mayo del año 2012, cuando se encontraba ingresado en la prisión pontevedresa de A Lama. Al parecer, José Domínguez Saavedra se sintió mal el día diez del mencionado mes y fue ingresado en la enfermería de la penitenciaría donde concluiría sus días. Y es que su triste trayectoria estuvo marcada por una fecunda y pródiga carrera delictiva que había iniciado de forma precoz y sus constantes estancias en los centros penitenciarios, en los que estuvo ingresado más de 30 de los 54 años que tenía cuando dio su último suspiro.

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Impunidad para el asesinato de una anciana en Santiago

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Manos de una anciana

Corría la primavera del año 1988. Una anciana, ya nonagenaria, proseguía haciendo su rutinaria vida habitual en solitario debido a que se desenvolvía con total normalidad. Es más, a pesar de sus 93 primaveras, Elisa Loureiro Neira, gozaba de una extraordinaria salud de hierro. Sus familiares la visitaban con cierta asiduidad y una sobrina suya, quien descubriría su cuerpo exánime en la mañana del día 20 de abril, se encargaba de hacerle algunos recados, entre ellos la compra diaria. En aquella jornada fue a visitarla como todos los días y se encontró con el tétrico panorama de encontrarse a su tía muerta en la compostelana rúa del Olvido. Inmediatamente pondría el trágico suceso en conocimiento de las autoridades, quienes se desplazaron hasta el lugar de los hechos para averiguar lo que había ocurrido.

A tenor de las primeras indagaciones y de una pormenorizada inspección visual del escenario del crimen, la policía dedujo que el autor o autores del asesinato conocían a conciencia el domicilio de Elisa Loureiro. Muy probablemente hubiesen calculado todos sus movimientos e incluso sus costumbres y horarios, con la finalidad de evitar la circunstancia de poder ser vistos.

Para acceder al domicilio de la nonagenaria, el asaltante o asaltantes hubieron de saltar una valla metálica que se encontraba entre la calle y la huerta anexa al domicilio de Elisa Loureiro. Posteriormente, destrozó a golpes un pequeño ventanuco para, después, abrir el pasador sin mayor dificultad. A continuación abrió la puerta del retrete no sin antes violentar, probablemente con alguna palanca, el doble cierre de la puerta que independizaba el piso en el que tenía el dormitorio de la anciana.

Asfixiada

Según el forense que le practicó la autopsia, la víctima de este crimen falleció a consecuencia de la sofocación que le provocó su agresor, conocedor de su inferioridad física. Según la investigación, el criminal muy probablemente le tapó la boca con una mano, mientras que con la otra la inmovilizaría agarrándola del cuello. Por la postura de las piernas de Elisa Loureiro, todo hacía pensar que esta había ofrecido alguna resistencia a su atacante, aunque muy escasa dada su avanzada edad y a que desde hacía algún tiempo sufría alguna cardiopatía que contribuía a mermar las ya de por sí deterioradas facultades físicas.

Su cuerpo aparecería con los brazos en el interior del camisón que empleaba para dormir y con los ojos cerrados. Además, presentaba una pequeña herida en el labio superior, siendo esta la única señal de violencia detectada en su cuerpo.

Lo que no ofrecía ninguna duda era el móvil del crimen, que no era otro que el robo, pues el autor o autores del asesinato se apropiaron de una cadena de oro que llevaba al cuello, aunque el resto del botín fue muy exíguo, pues la anciana cobraba una pequeña pensión de jubilación con la que subsistía y disponía de muy pocos ahorros.

La policía examinaría concienzudamente el escenario del crimen y encontraría algunas huellas de pisadas en la huerta anexa a la vivienda de la víctima, así como algunas pisadas en las que se apreciaba que el criminal había dejado manchas de tierra con su calzado debido a las lluvías que habían caído durante aquellos últimos días. Sin embargo, los escasos indicios, unidos a la débil consistencia que presentaban, no fueron suficientes para esclarecer un trágico suceso que consternaría a la capital gallega. Además, al igual que el nombre de la vía en la que se produjo, la calle del Olvido, el mismo pasaría a engrosar la larga lista de casos sin resolver que se acumulan en los archivos de las comisarías y los juzgados.

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Los GRAPO asesinan a un trabajador de Vulcano en Vigo

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Travesía de Vigo, lugar donde fue asesinado el trabajador

La Transición democrática transcurría en Galicia con la más absoluta normalidad, incluso con una cierta alegría por los tranquilos aires de cambio que se estaban viviendo, que llegaban con la promesa de un futuro que, aunque incierto, todo hacía presagiar que era evidente una mejora en las condiciones de vida de los algo más de 2,7 millones de habitantes con los que contaba la tierra de Rosalía en aquel entonces. Solamente se sobresaltaban en época electoral, cuando algunos coches recorrían ciudades y villas gallegas con unos potentes y molestos altavoces solicitando el apoyo popular para una candidatura u otra. Era una de las grandes novedades del nuevo tiempo que se avecinaba, pese a que había muchas otras.

Galicia siempre ha tenido la sana fama de ser un lugar pacífico -cuando no idílico- en el que apenas suceden cosas graves, aunque, por desgracia, tampoco se libra de estar presente en las páginas de sucesos, como casi todos los lugares. El terrorismo tuvo una contada escalada en esta tierra, con algunos brotes, pero que por fortuna nunca llegaron a enraizar lo suficiente como para que se alterase la normal placidez y convivencia de los gallegos. En los años ochenta surgió un minúsculo grupo, el denominado Exército Guerrilheiro, cuya efímera existencia se saldaría con cuatro víctimas mortales y un indeterminado número de heridos. El lugar de Galicia donde más engarzaría el terrorismo fue la ciudad de Vigo, en la que -debido en parte a su actividad industrial- surgieron los autodenominados Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre(GRAPO), que llevarían a cabo algunas actividades violentas en el sur gallego y en Santiago de Compostela, principalmente, llegando a disponer en la urbe olívica de una sólida y constante infraestructura.

La primera víctima de los GRAPO en Galicia sería un humilde trabajador, Olegario Collazo Melón, empleado de la factoría Vulcano, quien moriría acribillado a balazos cuando se disponía a entrar en su utilitario a primera hora de la tarde del 9 de abril de 1979, lunes santo para más señas, jornada previa a la gran tragedia que viviría la ciudad tan solo 24 horas más tarde con el trágico y dramático accidente de Santa Cristina de la Polvorosa cuando un autocar en el que viajaban 45 niños, acompañados de sus profesores, se precipitaría a las aguas del río Órbigo a su paso por la provincia de Zamora. Y es que las desgracias nunca llegan solas.

Confusión

Si cualquier muerte violenta carece de cualquier explicación racional, en este caso adquiere dimensiones mayúsculas. Al parecer, según diversos comunicados emitidos por los terroristas posteriormente remitidos a distintos medios de información, el asesinato del trabajador de Vulcano obedeció a una dramática y macabra confusión. El objetivo de sus asesinos no era el empleado de los conocidos astilleros vigueses sino un inspector de la policía, a quien habían estado haciendo un seguimiento en fechas previas, tal y como quedaría acreditado en el juicio que se celebraría dos años más tarde en la Audiencia Nacional en Madrid.

Olegario Collazo había adquirido un coche de segunda mano que con anterioridad había sido propiedad de un funcionario del Cuerpo Superior de Policía. Los terroristas, confundidos por este impreciso dato, habían estado siguiendo al trabajador, quien se vio sorprendido a las cuatro de la tarde de aquel lunes santo cuando se dirigía desde su domicilio, sito en la Travesía de Vigo, hasta la factoría en la que prestaba sus servicios como administrativo por dos jóvenes, uno de los cuales vestía un anorak  y una gabardina clara disparándole, hasta en siete ocasiones, con una pistola del calibre nueve corto, una vez que había bajado la ventanilla de su vehículo. La víctima había sido alcanzada por la metralla en los pulmones y el corazón. Inmediatamente fue trasladado por los servicios sanitarios hasta el Hospital Xeral de la ciudad olívica en el que ingresaría cadáver, no pudiendo hacer otra cosa los médicos que confirmar su muerte.

El atentado provocaría una lógica ola de estupor e indignación en una localidad que para nada estaba habituada a este tipo de sucesos. Los trabajadores de Vulcano pararían en la jornada en la que tuvo lugar su sepelio, que constituyó una gran manifestación de duelo, en solidaridad con su compañero asesinado. La condena sería unánime desde todos los sectores de la sociedad gallega de la época, que se preparaba para vivir pacíficamente en democracia y libertad, aunque muchos pretendiesen con sus provocaciones alterar el tranquilo devenir al que siempre han aspirado y contribuido la totalidad de los gallegos.

55 años de prisión

Apenas medio año después de este asesinato, el cerebro de los GRAPO y principal inductor de este crimen, José María Sánchez Casas, sería detenido en Valencia, junto a otros miembros de la misma banda terrorista, entre los que se encontraba Isabel Aparicio, quien también había estado presente en la organización del atentado que le había costado la vida al trabajador gallego. El juicio contra estos dos terroristas, así como contra el autor material de la acción, Alfonso Rodríguez García y la también miembro del grupo violento, Carmen López Anguita se celebraría en abril de 1981 en la Audiencia Nacional en Madrid.

Los magistrados, en sus conclusiones definitivas, consideraron probado que Sánchez Casas había recibido información de otros miembros de su misma formación terrorista acerca del supuesto inspector de policía, que posteriormente no resultaría ser tal. De la misma manera también era condenado, en calidad de máximo responsable de los GRAPO, y de ordenar la muerte de Olegario Collazo a Rodríguez García, quien en aquel momento era el responsable de los comandos del grupo terrorista.

Por este crimen, José María Sánchez Casas sería condenado a 22 años de prisión, mientras que el ejecutor material del atentado, Alfonso Rodríguez debía cumplir una pena de 25 años de cárcel. Las dos mujeres detenidas serían condenas a cuatro años de prisión cada una de ellas por este mismo atentado. En total, las penas de cárcel por este suceso se elevaban a un total de 55 años de prisión, aunque Sánchez Casas acumulaba un total de 270 años de prisión por distintos hechos delictivos. Este terrorista fallecería en 1999, tras haber quedado en libertad dos años antes debido a la grave dolencia cardíaca que padecía. De la misma forma, también fallecería en la cárcel zaragozana de Zuera Isabel López Aparicio en los primeros días del mes de marzo del año 2014.

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Un sastre asesina a los seis miembros de su familia en Madrid

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Portada del semanario «El Caso» dando cuenta del suceso

Viajar al Madrid de los años sesenta es hoy una tarea arduo complicada, ya que la capital de España ha transformado radicalmente su fisonomía de una manera asombrosa. Aquella ciudad, aunque ya muy grande, todavía conservaba ciertos tintes de la multiplicidad de las gentes que desde diversos puntos de la gegrafía española se habían trasladado a una urbe que estaba en proceso continuo de expansión, que se mantiene incluso en nuestros días. Madrid siempre fue una ciudad apacible y entrañable, muy acogedora con los muchos forasteros que a ella llegan en la que es muy fácil integrarse. Solo basta con tener un mínimo de voluntad para hacerlo, el resto lo facilitan los propios madrileños, gentes muy abiertas y de gran corazón.

A pesar de ser ya la ciudad más grande del país, Madrid no estaba acostumbrada a sucesos terribles y pantagruélicos como el que sucedería a primeras horas de aquel martes, primero de mayo de 1962, fiesta del trabajo, que en la España de la época había sido rebautizada como San José Obrero, siguiendo la doctrina social de la Iglesia Católica. A primeras horas de aquel ya lejano día de primavera, quienes estaban de guardia en el departamento de orden público de la Dirección General de Seguridad recibieron una extraña llamada de un individuo, al que posteriormente la prensa de la época calificaría de «demente» y «perturbado», siguiendo la terminología que regía en aquellos tiempos. El personaje en cuestión les informaba de que había dado muerte a todos los miembros de su familia, un total de seis personas, entre ellos cinco niños -la mayor tenía solo catorce años-, además de su propia esposa. El receptor de la llamada trató de entretener a su comunicante con el objetivo de que la policía adoptase los medios oportunos, pues se negaba a facilitar sus señas. Esta habilidad contribuiría a que se pudiese localizarse el domicilio desde el que estaba llamando, que se correspondía con el número 3 de la calle Antonio Grillo y el 16 de la Luna.

En el transcurso de la dramática conversación entre la policía y el exasperado hombre, que resultó ser el sastre José María Ruiz Martínez, este solamente había solicitado la presencia de un padre carmelita, con el objetivo de que le administrase sus últimos sacramentos. Para ello, el equipo de la policía que acudió al lugar de los hechos requirió al padre Celestino, un religioso que profesaba en el Templo Nacional de Santa Teresa, sito en la madrileña Plaza de España.

Diálogo infructuoso

Tanto los agentes como el propio religioso intentaron un diálogo que resultaría en vano con José María Ruiz, quien exigió que el sacerdote subiese solo hasta el piso en el que ya había perpetrado una cruel y despiadada masacre que consternaría a toda España, pero muy especialmente a su capital. El religioso intentó hablar con aquel hombre, cuyo pijama estaba visiblemente manchado de sangre, mientras este le apuntaba con la pistola hacia el balcón del número ocho de la calle Antonio Grilo. El clérigo le rogó insistentemente que depusiese su actitud, mientras un equipo de bomberos se había desplazado hasta el lugar con colchonetas y lonas por si al parricida se le ocurría lanzarse al vacío. Los intentos de negociación con aquel hombre, que parecía que había perdido el norte, resultaron en vano y no era posible entablar ningún diálogo, en tanto que agentes de la antigua Policía Armada apuntaban hacia el balcón.

Al ser día de fiesta, fueron muchos quienes desde sus balcones o saliendo a la calle se convertirían en testigos de un dantesco y macabro espectáculo, pues el sastre enseñaría varios cuerpos de los pequeños muertos, horriblemente mutilados y horrorosamente embadurnados de su propia sangre. Quienes lo presenciaban no daban crédito a que un hombre como aquel pudiese haber llevado a cabo tan siniestra masacre, principalmente sus vecinos que lo definían como una persona cordial y afable con quien jamás habían tenido ningún tipo de problema. Aparentemente, su vida discurría por un cauce de absoluta normalidad. Incluso se atrevían a jurar que gozaba de una cierta prosperidad personal, dado el negocio que regentaba. Cuando enseñó los cadáveres le soltó a su vecindario que había matado a su esposa e hijos «para no tener que matar a más canallas», sin saber nunca a que se refería cuando pronunció está terrible expresión. Antes de acometer tamaña fechoría, había enviado a hacer un recado a una farmacia a la sirvienta que los atendía en su domicilio.

Suicidio y asalto a la vivienda

Transcurrido un tiempo, en vista que la policía no permitió acceder al padre Celestino en solitario por temor a la furibunda reacción de José María Ruiz, este último decidió terminar con aquella sangría descerrajándose la cabeza de un tiro, si bien no falleció de manera instantánea, ya que sería trasladado a un centro sanitario en el que fallecería al poco tiempo de ingresar. Cuando era evacuado por los servicios sanitarios, el sacerdote tuvo tiempo aún para administrarle los últimos auxilios espirituales, entre ellos la extremaunción.

Los bomberos y los agentes de la policía derribaron la puerta con piquetas y allí pudieron observar el tremebundo y desolador panorama que había provocado un hombre que tal vez no estuviese en sus cabales. Había sangre por todas partes. En el dormitorio del matrimonio se encontraba su esposa, tirada en el suelo en medio de un gran charco de sangre. En la misma estancia en un moisés se hallaría el cuerpo de una niña de corta edad degollada. En el cuarto de baño se encontraba la mayor de sus hijos, una adolescente de catorce años que presentaba un disparo de arma corta, con la que él mismo se suicidaría posteriormente, en la garganta. En otra habitación interior se hallaría el cuerpo de una niña de diez años, también degollada. Finalmente se encontrarían los cuerpos de dos niños, uno de doce y otro de diez años, el primero de ellos muerto por arma de fuego, mientras que el segundo había sido degollado al igual que varios de sus hermanos.

Además del estupor y la consternación que causaría, el vecindario no salía de su terrible asombro a causa de la gran tragedia ocurrida, a la que no encontraban explicación posible. El día anterior al gran drama, la pareja había ido al cine y nada hacía presagiar que en las próximas horas se desencadenase el horripilante drama que iba a copar grandes titulares en la prensa al día siguiente, así como la portada del mítico semanario «El Caso», cuya tirada se agotaría en muy pocas horas.

¿Posibles problemas económicos?

Al analizar este sangriento suceso, que produce el lógico horror humano, los especialistas incidían en la personalidad del autor de la gran tragedia. Se sabía que José María Ruíz, que procedía de la localidad cordobesa de Pedro Martínez, estaba construyendo un chalet para disfrutar de sus días de asueto en una localidad de la Sierra madrileña, concretamente en el municipio de Villalba. Algunos de sus allegados decían que se encontraba muy obsesionado con esta obra en la que había realizado una gran inversión económica, dado que estaba constatemente proyectando distintos aspectos, derribando algunas cosas que ya estaban hechas. Incluso su mismo progenitor había dado a entender que su hijo no gozaba de buena salud psíquica a causa del mucho tiempo y esfuerzo que dedicaba a aquel proyecto. Se apuntó hacia el gran desembolso económico que había realizado como posible causa de su desmesurada y trágica reacción con el objetivo de que las deudas no salpicasen a sus hijos, aunque esta teoría nunca estuvo totalmente acreditada.

Por otra parte, también se dijo que el sastre se gastaba un auténtico dineral en las apuestas deportivas, concretamente en las quinielas, en las que invertía grandes cantidades todas las semanas, cifradas en varios miles de pesetas, lo que suponía una inversión un tanto exagerada. Había quien pensaba que sufría un serio problema de ludopatía, tal vez derivado del ansia de ganar dinero fácil para poder terminar las obras de su chalet, y que supuestamente pudiese haber tenido algún acreedor como consecuencia de este desmedido afán por apostar y que no era conocido por su familia. Esta última teoría tampoco pasaría de ser una mera conjetura que, al igual que la anterior, nunca se pudo demostrar.

Lo que sí se sabía a ciencia cierta es que José María Martínez había acudido recientemente a la consulta del conocido psiquiatra madrileño Aniceto Fernández Valmayor, quien le había diagnosticado lo que hoy en día se conoce como un cuadro de depresión severa. Por su parte, el doctor Juan José López Ibor (padre) dijo de él al diario «ABC» en los días subsiguientes al desgraciado suceso que podría verse afectado por una psicosis maníaco depresiva, hoy en día conocida como depresión bipolar en el que se alternan fases de gran alegría y expansión personal con otras de depresión y abatimiento absolutos. Este último especialista calificaría el macabro acto de exhibición de los cadáveres a través del balcón como una «exposición redentora».

Fueron muchas las teorías suscitadas a raíz de uno de los peores crímenes múltiples de la historia de España en un suceso que, sesenta años después, todavía nos sigue poniendo la piel de gallina con solo mencionarlo. Y no es para menos, máxime si se tiene en cuenta que el edificio en el que sucedieron estos hechos está considerada como la «casa maldita» de Madrid por la sucesión de acontecimientos sangrientos que tuvieron lugar en sus distintas dependencias en distintas etapas de su historia.

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Mata a un familiar a bastonazos en Castro de Rei (Lugo)

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Área recreativa del río Azúmara en Castro de Rei

La Galicia de la década de los cincuenta del pasado siglo era todavía un territorio atávico que vivía pendiente de las cartas de la emigración americana, aunque ahora las nuevas generaciones se desplazaban hacia una pujante Europa que se recuperaba con fuerza de los terribles efectos de la IIª Guerra Mundial. A ese tradicional atavismo iban unidos viejas rencillas, odios y rencores que, por distintas causas, jamás habían sido superados, dando lugar a algunos episodios violentos que alteraban el devenir cotidiano de pequeñas villas y aldeas en las que reinaba una paz y una calma prácticamente eternas.

Así sucedería en las primeras horas de la madrugada del día 24 de marzo de 1958 cuando se produjo un enfrentamiento entre dos primos en el lugar de Reguntín, en la parroquia de Azúmara, pertenciente al municipio lucense de Castro de Rei. En esa fecha regresaba de la feria de la vecina localidad de Castro Ribeiras de Lea el vecino del mencionado lugar, José Corbelle Novo, que contaba con 26 años de edad. Muy cerca ya de su domicilio le estaba aguardando su primo Jesús Corbelle Canto, cuatro años mayor que él, provisto de una vieja pistola con la que efectuaría un par de disparos que no llegaron a alcanzar a su primo. Posteriormente, se le encasquillaría cuando pretendió utilizarla contra quien a la postre se terminaría convirtiendo en su víctima, tal y como declararía ante la Guardia Civil y quedaría demostrado en el juicio que se celebró en su contra.

El encasquillamiento del arma que portaba no fue óbice para llevar a efecto su macabro cometido, que no era otro que el de acabar con la vida de su pariente, al que propinaría varios bastonazos con un cayado que llevaba a tal efecto, dándole golpes en la cabeza y en el resto del cuerpo, provocándoles una profunda conmoción cerebral así como una hemorragia que, a la sazón, terminarían por ocasionarle la muerte. Aprovechando la oscuridad de la noche, en la que caía una abundante lluvia, huiría del lugar de los hechos a pie.

Descubrimiento del cádaver

El cadáver de José Corbelle Novo no sería descubierto hasta las siete de la mañana de ese mismo día por una prima suya, quien al intentar saltar una tapia se encontró con el macabro panorama. La víctima del horroroso crimen estaba inmóvil y con la cabeza tapada con la chaqueta que vestía. La mujer salió del lugar completamente despavorida dando impresionantes voces que altertaron al resto del vecindario de lo acontecido. Su estado de excitación era tal que no era capaz de explicar lo que había visto. Posteriormente, otros vecinos se desplazaron hasta el lugar del suceso y enseguida pusieron en su punto de mira al primo del fallecido, quien sería detenido por agentes de la Guardia Civil en las primeras horas de aquella mañana del 24 de marzo.

El juicio contra el autor de este crimen se celebraría en octubre de 1958, levantando una gran expectación en la capital lucense. En un principio el fiscal solicitaba para Jesús Corbelle un total de 18 años de reclusión por un delito de homicidio, con la agravante de parentesco e indefensión de la víctima, así como por tenencia ilícita de armas.

Finalmente, la Justicia condenaría al autor del crimen de Azúmara a un total de 17 años de prisión menor, quince por un delito de homicidio y otros dos más por la posesión de armas sin la oportuna licencia. Además, debería abonar un total de 75.000 pesetas a los herederos de la víctima en concepto de responsabilidad civil.

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Una mujer mata a su yerno en Lugo (El crimen de O Castiñeiro)

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La asesina de su yerno en la portada del diario EL PROGRESO de Lugo

La ciudad de Lugo en los años sesenta distaba mucho de lo que es actualmente y no dejaba de ser una aldea grande, tal y como la definió en alguno de sus geniales artículos el periodista lucense Juan Soto. Era una urbe en la que todavía predominaba el ambiente rural sobre el urbano y en la que aún existían huertas y tierras de cultivo que convivían con modernos edificios en los que ya residía un gran número de familias. Se caracterizaba por un ambiente de franca campechanía en el que se conocía prácticamente todo el mundo y los clanes familiares seguían desarrollando una función fundamental. Era también una ciudad bastante anodida, aunque muy tranquila en la que casi nunca pasaba nada. Sin embargo, cuando ocurría algo que se salía del orden establecido se enteraba todo el mundo al instante, propiciado por ese ambiente familiar que se respiraba en la vieja Lucus Augusti.

Las fiestas navideñas de 1963 iban a constituir una excepción dentro de la historia de la antigua urbe romana de Galicia, al producirse un sangriento suceso que alteraría su imperturbable y eterna tranquilidad a la que estaban acostumbradas aquellas entrañables gentes que vivían a caballo entre la ciudad y el campo. Cuando lucían ya los primeros adornos navideños y estaban preparando las compras de cara a las fiestas, el hallazgo del cadáver de un hombre -con evidentes señales de violencia- haría que muchos lugueses entrasen en estado de shock, alterándose su habitual tranquilidad. El hallazgo lo realizaría a primeras horas de la mañana del 19 de diciembre un hombre, ya de una cierta edad, Jesús Rebolo García, quien no fue capaz de reconocer que el cuerpo ensangrentado hallado en un sendero, que unía el Agro do Castiñeiro con la calle Ortiz Muñoz, pertenecía a su propio hijo, Jesús Rebolo Gorgoso, de 34 años de edad, que vivía en la mencionada vía, a muy escasa distancia de dónde apareció su cadáver. Inmediatamente llamó a su yerno, Pedro Álvarez Fernández, quien sí reconoció el cuerpo de la víctima, que presentaba tres cortes en el costado y una puñalada en el pecho.

Durante varios días se mantuvo una gran incertidumbre y el temor se apoderaría de muchos lugueses, no acostumbrados a sucesos tan macabros ni de ese calibre. Surgirían muchos rumores y bulos en torno al suceso. La autopsia realizada al cadáver de Jesús Rebolo revelaría que su cuerpo estaba vestido y no había sido rasgada la ropa que llevaba puesta en el momento en que fue asesinado, desechando la así la posibilidad de que el crimen se produjese en el mismo lugar en que fue hallado el cuerpo, tal y como se había sospechado en un principio. Dada su envergadura, se creía también que el crimen había sido obra de alguien con bastante fuerza y corpulencia. Sin embargo, todo eran conjeturas.

Detención de su suegra

Por si aquellas Navidades no estuviesen ya bastante cargadas de emociones fuertes para los lucenses, el día anterior a la Nochebuena la detención de la suegra de Jesús Rebolo, María Penela Liz, de 54 años de edad, caía como una auténtica bomba en la ciudad que estaba siendo testigo de uno de los crímenes más impactantes de aquella prodigiosa década. En la tarde del día 23 de diciembre de 1963, la mujer ingresaba en las dependencias de la Comisaría de Policía de Lugo debiendo comerse el turrón entre los muros del calabozo del cuartelillo. La noticia, además de correrse como la pólvora, impactaría de sobremanera en todos los ambientes de la ciudad en cuyos mentideros ya no se hablaba de otra cosa.

Las fiestas navideñas de aquel año, previo a los 25 años de Paz que propagaría al año siguiente Manuel Fraga Iribarne desde el Ministerio de Información y Turismo, serían recordadas por muchos lucenses al mismo ritmo que se hacían nuevas averiguaciones en torno a aquel trágico hecho. El día anterior a inocentes para más INRI se desarrollaría la reconstrucción de los hechos, que sería presenciada por muchos curiosos que se dirigieron al lugar de autos. La versión ofrecida por la mujer distaría mucho de la que trascendería algún tiempo después, aunque obviada por las autoridades. La autora confesa del crimen manifestaría que en la tarde del 19 de diciembre su yerno, al regresar de su trabajo, le hizo unas proposiciones deshonestas, circunstancia esta que sería refutada por quienes trataban a la víctima, pues lo consideraban incapaz de cometer semejante aberración. Según lo manifestado por la suegra, ella accedería tras una violenta discusión y posteriormente se dirigirían al descampado en el que apareció el cadáver, dónde ella le propinó una puñalada en el pecho cuando yacían en el suelo con un cuchillo que había escondido en una de sus medias. El hombre aún tenía cierta vitalidad y la mujer siguió con su rosario de cuchilladas, escapando después hacia las Casas Sindicales que se encuentran en la zona y dirigiéndose posteriormente a su domicilio habitual donde lavaría algunas prendas. Mientras, su hija había regresado de su trabajo en la cárnica «Frigsa» y se iría por sus dos pequeñas que se encontraban en un colegio en el barrio de la Milagrosa.

Juicio a puerta cerrada

Debido a la moralidad imperante en la época y a las circunstancias que rodeaban al crimen, las autoridades judiciales decidieron que se celebrase a puerta cerrada en la segunda de mayo del año 1964. Aquella medida obedecía estrictamente a «razones de moralidad pública», a fin de evitar que se propalasen los que se consideraban «malos vicios» para la población a través de los medios de comunicación. La autora del crimen portaba una pañoleta en la cabeza y miraba siempre hacia el suelo, apareciendo así en los medios de comunicación a las puertas de la Audiencia Provincial de Lugo. En el transcurso de la vista oral, María Penela mantendría su versión, con el afán de conseguir algún beneficio. Sin embargo, se revelaría que José Rebolo, que había estado emigrado en Alemania unos años antes, conocía que su mujer había mantenido algunas relaciones con otros hombres aprovechando su ausencia, circunstancia esta que su cónyuge siempre le habría negado. Además, al parecer, seguía manteniendo esas mismas amistades al regresar su marido, entre las que se encontraría un conocido sacerdote de la capital lucense, quien supuestamente también estaba involucrado en el crimen.

El trágico suceso, según indagaciones posteriores, habría tenido lugar en el domicilio en el que convivían la víctima, esposa y suegra, siendo María la encargada de apuñalar a José Rebolo cuando se encontraba durmiendo, aprovechando así la indefensión. Lo que no les cuadraba a los investigadores es el cómo podría haber aparecido el cadáver a una considerable distancia del lugar de autos. Es aquí donde interviene la figura del religioso, quien habría ayudado a las dos mujeres en el traslado del cuerpo desde el domicilio, sito en la calle Ortiz Muñoz, hasta aquel descampado en el que todavía había algunos terrenos de cultivo y otros que estaban a barbecho. Lo cierto es que el sacerdote se saldría con la suya y jamás sería procesado ni sería sometido a la acción de la Justicia.

María Penela Liz era una mujer controvertida ya que era conocida como «A María dos Quintos», apelativo que hacía referencia a ciertas prácticas sexuales que hacía con quienes se encontraban en edad de cumplir el servicio militar obligatorio. Se decía que esta señora, por el módico precio de una peseta, masturbaba a los jóvenes que solicitaban sus servicios. Esto tal vez obedeciese a las necesidad de satisfacer ciertos anhelos que en el Ejército eran imposibles de alcanzar era francamente difícil encontrar una mujer. Además, como se observará en la foto, no ofrecía ningún atractivo sexual y su aspecto era un tanto tétrico cuando no hasta cutre.

22 años de cárcel

En un principio el fiscal solicitaba hasta 26 años de cárcel para la acusada, al considerarla culpable de un delito de homicidio doloso. Sin embargo, la pena se vería sensiblemente rebajada, quedando fijada en 22 años de prisión mayor. La Justicia había desestimado las atenuantes alegadas por María Penela Liz, entre las que se encontraban su supuesta defensa del honor, así como el arrebato. De la misma forma, habría de indemnizar con 150.000 pesetas de la época a las herederas de su yerno, en este caso sus dos hijas pequeñas, a la sazón también sus nietas.

A pesar de la severidad de la pena y la expectación que en su día levantó el juicio en una sociedad tradicionalmente conservadora, la autora de uno de los crímenes que marcaron época en la ciudad de Lugo se vería beneficiada por un indulto, aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el 9 de julio de 1971. Antes de cumplirse ocho años del sangriento suceso, en octubre del año antes mencionado, la mujer sería indultada y puesta en libertad. Hasta ese momento se encontraba ingresada en el Centro Geriátrico de Almería. Y es aquí donde se demuestra una vez más la levedad de las penas durante la dictadura franquista, a pesar de que muchos sostengan lo contrario. Y es que tan solo hay que examinar los Boletines oficiales del Estado o los archivos de las Audiencias para percatarse que muchos condenados pasaban tan solo unas cortas temporadas en los presidios, amén de aquellos que eran sentenciados a morir en el patíbulo con el ánimo de proporcionar algún escarmiento a la población, aunque estos últimos eran una minoría.

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Un crimen que nunca existió: la versión gallega del crimen de Cuenca

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Antiguo túnel del tren minero que unía A Pontenova y Ribadeo

Aunque en estas páginas dimos como veraz alguna información aparecida en los medios de otro tiempo, lo cierto es que aunque no seamos sabios nos aplicamos la máxima y efectuamos las pertinentes rectificaciones. A quienes conozcan ligeramente la historia del municipio de A Pontenova -otrora denominado Viloudriz y Vilamea-, ya que nació de la fusión de los dos viejos concejos del área oriental de Galicia, saben que aquel territorio enclavado en el precioso paraje que conforman ambas márgenes del río Eo atesora una gran parte de la historia industrial de la provincia de Lugo, principalmente en su primer tercio del siglo XX, época en la que se dieron cita trabajadores de prácticamente toda la geografía de las tierras más al este de Galicia, así como otros de vecinas localidades asturinas. Su explotación de los minerales del hierro supuso en aquella época una extraordinaria oportunidad de ganarse algún jornal en un tiempo en que el dinero era un bien muy escaso. Una empresa vasca se dispuso a la explotación de un negocio que alcanzaría su punto culminante con el transcurso de la Iª Guerra Mundial, exportando limonita con destino a los puertos británicos.

En aquel momento varios centenares de obreros, principalmente mineros trabajaban en la fundición del hierro, generando un extraordinario auge en toda la comarca, pero muy especialmente en aquel pequeño municipio que se adosaba a las tranquilas aguas del río Eo. El floreciente negocio, que proporcionó mucho trabajo, hizo que hubiese empleados de todas partes y se generasen entre ellos filias y fobias. Lo cierto es que como consecuencia de la desaparición de uno de aquellos hombres provocaría un magnánimo error judicial, más propio de cualquier producción cinematográfica que de las autoridades propiamente dichas. De hecho, cuatro de ellos ingresarían en prisión a consecuencia del incidente que se creó en la fundición y que provocaría la desolación del vecindario al comprobar como se les acusaba de un crimen que jamás habían cometido.

El asunto, que terminaría trascendiendo a la prensa nacional haciéndose incluso eco de la noticia el rotativo madrileño «ABC», se conoció en los primeros días de noviembre de aquel año 1904, cuando aquellos enormes hornos estaban dando sus primeros pasos y se encontraban en plena ebullición. En aquel entonces se notificaría la desaparición del trabajador Juan Rodríguez, un hombre de cuarenta años que gozaba del aprecio de sus superiores, siendo considerado un hombre honrado y cumplidor. Sin embargo, este minero no gozaba así del aprecio de otros compañeros, con quienes había mantenido algunas diferencias y discrepancias. Su desaparición sería atribuida a cuatro de sus colegas, dadas las malas relaciones existentes entre ellos.

Huesos calcinados

Para colmo de males y de los cuatro encausados, en aquellos hornos en los que se fundía el material del hierro aparecerían unos huesos calcinados. Dadas las rudimentarias técnicas forenses de la época, de muy dudosa eficacia tal y como se demostraría posteriormente, un médico dictaminó que los huesos encontrados en los hornos, que alcanzaban temperaturas muy elevadas, pertenecían al obrero desaparecido. La difusión de esta noticia causaría la lógica consternación en todo el norte de la provincia de Lugo, así como la repulsa de quienes se encontraban allí trabajando, amén del desprestigio que recaía sobre la empresa vasca encargada de llevar a buen puerto los destinos de aquella pujante industria.

Tras ser sometidos a careos y al terrible y patético tercer grado, en el que sufrían brutales tormentos con el objetivo de que confesasen la verdad, los cuatro trabajados terminarían por ceder a las presiones a las que eran sometidos y como se dice en el lenguaje coloquial de los delincuentes de los bajos fondos «cantaron hasta la traviata». Se atisbaba un proceso duro, no exento de morbo, dada la gran consternación que se había generado.

En Asturias

Pasado ya algún tiempo, no más de un par de meses, alguien cercano al trabajador desaparecido confesó haberlo visto en una localidad minera asturiana hasta donde se había desplazado a trabajar en otra explotación. A las autoridades judiciales no les quedó otra alternativa que revisar tanto sus escritos de acusaciones, como el arresto provisional del que habían sido objeto los cuatro detendidos, quienes habían sufrido las penalidades propias de las cárceles de la época, así como el escarnio de sus amigos y conocidos. Visto el gravísimo error judicial que habían cometido, aquellos hombres fueron puestos en libertad, pero con su imagen pública visiblemente dañada a consecuencia de un crimen que jamás habían cometido.

Pero si fue grave el error de la Justicia, no lo fue menos el de la Medicina forense de la época, ya que no sería capaz de dictaminar que los huesos calcinados hallados en los hornos no pertenecían a un ser humano sino a algunos animales muertos. La concatenación de fallos pudo tener consecuencias irreparables en una época en la que estaba vigente la pena capital.

Este crimen, que jamás se cometió, fue seis años anterior al conocido como «Crimen de Cuenca» o «Caso Grimaldos» en el que dos hombres penaron por el supuesto asesinato de un tercero. Como se puede observar, los errores judiciales no son nuevos y sus víctimas sufren un estigma del que difícilmente pueden recuperarse, ya que han sido sometidos a un escarnio que jamás han merecido.

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