Impunidad absoluta para el asesinato de una pareja de novios en Jaén

El 8 de junio de 1992 un pastor se veía macabramente sorprendido al encontar en un paraje próxmo a la ciudad de Jaén conocido como Camino de las Cuevas el cadáver de un joven de 21 años, Óscar Arroyo, que se encontraba desnudo en el interior de un vehículo y que presentaba dos disparos de escopeta. No cabía ninguna duda que se encontraba ante un crimen, por lo que puso los hechos en conocimiento de las autoridades. Casi 48 horas más tarde hallarían el cuerpo de su novia, Ana María Torres, de 19 años, a escasamente 200 metros de dónde había sido encontrado el cuerpo sin vida de su pareja. Aunque su cadáver estaba con las ropas puestas, la autopsia revelaría que la muchacha había sido violada antes de ser asesinada. El suceso, como no podía ser de otra manera, consternaría a Jaén, Andalucía y España entera. La investigación, en el transcurso de la cual se cometieron muchos errores, tales como la pérdida de algunas pruebas biológicas que hubiesen resultado cruciales para resolverlo, se centraba en un aspectos capital para tratar de resolver aquel brutal crimen. Todo parecía indicar que se hallaban ante un crimen cuyo móvil había sido el sexo, ya que la muchacha había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada. Durante más de dos años, las pesquisas estuvieron atascadas, en un callejón sin salida, debido a que no había sido posible incriminar a nadie en aquel largo periodo de tiempo.

El día 3 de febrero de 1995 la Policía jiennese detendría a Juan Domingo León Mesa, de 49 años de edad, conocido delincuente, del que se tenía constancia que había participado en el intento de asalto a una segunda pareja en octubre de 1994. Días más tarde, también sería detenido Jorge Miguel Núñez, de 30 años, sobrino del anterior y al que también se le relacionaba con el doble asesinato que sería conocido como «El crimen de los novios».

El testimonio de un mendigo

En el año 1997 se celebra el primer juicio contra los encausados. En principio parece que no hay dudas sobre la autoría del crimen. Además cuentan en contra con las pruebas que aportará un indigente, Benito Collado, quien frecuentaba el cortijo de «La Casimira». Este había declarado a la Policía que tanto Juan Domingo León Mesa como Jorge Miguel Núñez eran los autores del doble crimen. Supuestamente ambos habrían llegado la noche de autos a aquel lugar con una mujer que respondía al nombre de Ana María, que posteriormente aparecería asesinada. Inmediatamente los responsables policiales proceden a la detención de ambos delincuentes en el mismo cortijo en el que se hospedaban.

En un ambiente lleno de la lógica tensión y crispación, el fiscal solicitaba 96 años de prisión para cada uno de los encausados, que la acusación particular elevaba a 98. Sin embargo, en el transcurso de la vista oral se van a poner de manifiesto las muchas deficiencias que se han dado a lo largo de la investigación. La primera y más trascendental será la prueba de ADN reveló una elevada coincidencia genética entre el Jorge Miguel Núñez y dos cabellos encontrados en las ropas de Ana María Torres pero, para asombro de propios y extraños, el resultado de las pruebas biológicas realizadas en la cátedra de Medicina Legal de Granada se traspapelaría y llegaría al juzgado con una demora inaceptable. Para colmo de males, cuando el magistrado instructor pide a la Policía la serie de fotografías tomadas en la escena del crimen, éstos responden que la cámara que llevaban no tenía carrete y, por tanto, no disponen de ninguna imagen. Las huellas dactilares tomadas por la Policía Científica tampoco presentaban una fiabilidad técnica suficiente como para ser consideradas pruebas y fueron desetimadas. Solo quedaba el testimonio de Benito Collado, como prueba que parecía irrefutable. Sin embargo, el indigente incurre en algunas contradicciones, que van a ser determinantes en el veredicto judicial. Los entonces presuntos autores del doble crimen lo acusan de haber recibido dádivas por parte de la Policía para que declare en su contra. Mientras, los familiares de los jóvenes asesinados aseguran que Collado ha sido amenazado de muerte por parte de los dos encausados.

Con fecha del 17 de enero de 1995 se hace pública la sentencia. El tribunal, debido al testimonio poco coherente de Benito Collado y a las deficiencias en la investigación absuelve a Juan Domingo León Mesa y su sobrino Jorge Miguel Núñez, tal como solicitaba la defensa de ambos. Sin embargo, dadas las irregularidades que habían rodeado al primer proceso el Tribunal Supremo ordenará en febrero de 1998 que se repita el juicio, repetición que tendrá lugar en el mes de julio de 1999. En la nueva vista oral se admitirán a trámite nuevas pruebas, entre ellas unas grabaciones efectuadas en las cárcel a los encausados en las que supuestamente se escuchaban alusiones al crimen perpetrado en 1992.

Absolución definitiva

Los dos encausados estaban acusados de dos delitos de homicido, otros dos de violación y uno de rapto y tenencia ilícita de armas. Una vez más, al igual que había ocurrido tan solo un par de años antes, los testigos, entre ellos el indigente Benito Collado volverá a incurrir en contradicciones al recordar los hechos. Además, el tribunal considerará pocos creíbles sus declaraciones, a pesar de que se reafirmará en sus anteriores manifestaciones ante el tribunal en las que sostenía haber visto en la noche de autos a los dos sospechosos armados con un cuchillo y una escopeta, además de tener retenida a la joven que luego aparecería asesinada. Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial de Jaén desestimarían las grabaciones, al considerarlas ininteligibles en muchos de sus fragmentos, amén de su mala calidad. Todo ello redundaría negativamente a la hora de dictar justicia, pues los dos procesados serían absueltos por falta de pruebas concluyentes.

No satifechos con la decisión de la Justicia provincial, las familias de los jóvenes asesinados recurrirían al Tribunal Supremo, quien ratificaría el fallo de la Audiencia Provincial de Jaén. Con esta decisión de la más alta instancia de la judicatura, se daba por zanjado un caso que terminaría prescribiendo en el año 2012, al cumplirse veinte años de aquel trágico suceso que conmovió a una España que se preparaba para ser sede de unos Juegos Olímpicos, en tanto que Andalucía era testigo de una grandiosa Exposición Universal. Una vez más, un caso de grandes dimensiones quedaba definitivamente sin esclarecer y saliéndose con la suya los dos principales acusados, uno de los cuales, Juan Domingo Leon Mesa, fallecería en el año 2005.

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