Secuestra y asesina a una niña en Granada («El asesino de la luna llena»)

El paraje de Torres Bermejas fue el lugar en el que apareció el cuerpo sin vida de Aixa Sánchez Hita

Era un auténtico sádico y criminal en el peor sentido del término, tal y como se encargaría de reflejarlo la sentencia que años más tarde le condenaría a 85 años de prisión. Siempre dejó traslucir sus peores instintos. Se justificaba alegando que había actuando por impulsos malignos que supuestamente procedían de la influencia que sobre él ejercía el mismísimo diablo. No elegía a sus víctimas al azar. Le encantaban las niñas menores de catorce años, con quienes se regodeaba con el peor afán morboso que destilaba. Durante algún tiempo consiguió que la bella ciudad de Granada estuviese atemorizada a causa de sus andanzas. Costó detenerle, pero el trabajo policial terminaría por dar los apetecidos frutos. Desde su salida de prisión no se ha vuelto a saber que ha sido del terrible José Fernández Pareja, un hombre cuyas andanzas serían plasmadas magistralmente por Antonio Muñoz Molina en su novela «Plenilunio», publicada diez años después de que ocurriesen los dramáticos acontecimientos que mantuvieron en vilo a la noble Ciudad de la Alhambra, cuyo paraje sería el lugar escogido por este depravado para acometer sus bárbaras e incalificables fechorías.

Fernández Pareja era por entonces, en torno al año 1988, un joven de 21 años que trabajaba en el mercado de San Agustín de la capital granadina como vendedor. Se decía de él que era aficionado a frecuentar locales de alterne, llegando incluso a trabar una relación con una prostituta, que tendría un final traumático. Un buen día de otoño, el 27 de octubre de 1987 acometería a su primera víctima, una niña de tan solo nueve años, Aixa Sánchez Hita, quien por aquel entonces estudiaba cuarto de la desaparecida Educación General Básica (EGB) en un colegio de la ciudad andaluza. Su modus operandi era casi siempre muy similar y sus víctimas eran niñas, La cría aquel día bajo para comprar un pliego con el fin de realizar una tarea escolar que le habían encomendado en el centro en que estudiaba. Su verdugo se subió, provisto con una navaja, en el mismo ascensor que la pequeña. Posteriormente, raptada a punta de navaja, la obligó a caminar por distintas calles de Granada hasta llevarla al paraje de Torres Bermejas.

Una vez que la pequeña estaba bajo su poder la amenazó y la desnudó. La sentencia dice que no hubo violación frustrada, tal como solicitaban las acusaciones personas en el caso. Al parecer esta no llegaría a consumarse debido a la enorme diferencia entre los órganos genitales de ambos. Una vez que estuvieron en el lugar de autos, presa de su sadismo y odio hacia las mujeres se abalanzó con ambas manos sobre el cuello de la pequeña, quien no pudo ofrecer ninguna resistencia ante la fuerza que emanaba de las terribles garras de su asesino, falleciendo a consecuencia del estrangulamiento.

En los días posteriores a la aparición del cuerpo sin vida de la pequeña Aixa se sucederían en Granada las manifestaciones de dolor y consternación, al tiempo que se exigía justicia por un hecho horrendo y obsceno en el que un individuo sin escrúpulos había dado muerte a una inocente, inofensiva e indefensa criatura. Fueron muchos los granadinos los que salieron a la calle para apoyar a la familia de la víctima, que tenía otras cinco hijos. Sin embargo, aún pasarían varios meses hasta que pudo ser apresado gracias al intenso trabajo de la Policía, que no escatimo esfuerzos en la detención de un asqueroso y ramplón criminal que se había cebado con un niña de tan solo nueve años.

Segundo intento frustrado

El terrible asesino debió sentirse seguro e incluso hasta satisfecho de su primera fechoría, pues cuando en la Ciudad de la Alhambra aún supuraba la herida que había supuesto el asesinato de Aixa Sánchez intentó nuevamente, esta vez sin éxito, repetir nuevamente su experiencia. Al igual que había hecho con la anterior en esta ocasión secuestró a la pequeña Susana G.M., de tan solo 14 años de edad, a quien, también a punta de navaja, la raptaba en una calle de Granada. Al igual que había hecho con su primera víctima, la condujo hasta el mismo paraje Torres Bermejas, donde supuestamente intentaría mantener relaciones sexuales con ella, pero sin conseguirlo por problemas erectiles.

A esta última muchacha la sometió a un calvario similar a la anterior, desgajándole las ropas que llevaba puestas, así como también le pasó su navaja por encima de sus senos, en un extraño y macabro ritual. Mientras esto sucedía, la joven fue capaz de memorizar su aspecto y fijarse bien en él, lo cual sería fundamental para identificarlo y proceder a su detención. Después de haber intentado estrangularla y consiguiendo que la cría perdiera el conocimiento, creyéndola ya muerta, la abandonó en el mismo paraje en el que había abandonado a la pequeña Aixa.

En esta ocasión, su perseverancia en el secuestro de niñas le resultaría demasiado cara. En torno a las dos de la madrugada del día 27 abril de 1988, Susana recuperaba el conocimiento y abandonaba por su propio pie el lugar en el que había sido abandonada por su captor. Se dirigió medio desnuda y sus ropas destrozadas hasta la Plaza Nueva, donde sería auxiliada por los taxistas que en ese momento se encontraban de servicio. Estos últimos la trasladaron a un centro sanitario, donde fue examinada por un grupo de facultativos con el fin de saber si sufría alguna lesión.

La adolescente hizo un relato perfectamente estructurado y con una descripción muy rigurosa sobre la macabra y terrible experiencia que había sufrido tras ser raptada por un sádico sexual que quizás fuese presa de demasiadas frustraciones. Su testimonio resultaría esclarecedor para que la Policía hiciese bien su trabajo y capturar así a un peligroso sujeto que había conseguido atemorizar a Granada.

Detención

Con los datos que les había facilitado Susana, la Comisaría de Granada comenzó a atar cabos, centrando su actuación en las inmediaciones de Torres Bermejas y sus aledaños, así como por el resto de la Alhambra. Algunos agentes se disfrazaron de jardineros para intentar detener al peligroso energúmeno que había socavado la tradicional tranquilidad que se respiraba en Granada.

El trabajo no tardaría en dar sus frutos. Así, una vez que se hubo cerciorado de quien era el temeroso sujeto que había conseguido sembrar el pánico, uno de los agentes no dudó en abalanzarse sobre él, quien ya, en un primer momento, reconoció ser el autor del asesinato de Aixa Sánchez Hita, así como del ataque que había sufrido Susana. Su captura se produjo en la misma zona en la que había asesinado a la niña de nueve años y en la que había abusado de la de catorce. Una vez más se cumplía en manido axioma de que el criminal siempre regresa al lugar del crimen. «He sido yo», fueron sus palabras en el momento de ser capturado y posteriormente trasladado a las dependencias policiales.

Ya a buen recaudo, en Comisaría les contaría a los agentes la extraña historia que ha dado lugar a su leyenda. Manifestaría que sufría un extraño ataque de ansiedad en las noches en las que había luna llena o cuarto creciente, no siendo capaz de controlar sus sádicos impulsos. Se daba la circunstancia de que ambos ataques se había producido en noches en las que la luna llena había hecho su aparición por la Ciudad de Granada. Sabedor de que su segunda víctima había salido con vida de su truculento envite, se refugió en ella para justificar su injustificable ataque a Aixa, de quién declaró ante la Policía que creyó que había quedado con vida, pero los hechos parecen demostrar lo contrario. Supuso que su segunda víctima había muerto, por eso la abandonó.

85 años de cárcel

José Fernández Pareja, antes de ser juzgado, se refugió en la religión y en grupos evangélicos, quienes lo apoyaron no se sabe muy bien a cuenta de que. Tuvo la suerte de contar con un joven abogado defensor que demostraría ser uno de los más brillantes de Granada con el paso de los años. Las acusaciones particular y la fiscalía solicitaban para el asesino 160 años de prisión, que tendría la suerte de que se quedasen en tan solo 85 años y ocho meses de prisión, al no poder probarse que hubiese habido violación frustrada. En el transcurso de la vista oral volvería a narrar la misma historia que le había contado a la Policía. En esta ocasión adobada con elementos religiosos, llegando a manifestar que pedía perdón y que estaba seguro de que Dios se lo concedería, aunque no lo hiciesen los hombres.

En los meses previos al juicio, que se desarrolló en la Audiencia Provincial de Granada a mediados de abril del año 1990, Fernández Pareja se negó en todo momento a someterse a un reconocimiento psiquiátrico, tal y como le había aconsejado su letrado, quien sostuvo en todo momento que su patrocinado sufría alguna patología de carácter mental. No obstante, las pruebas psicológicas practicadas contradecían lo manifestado por la defensa del asesino.

Debido a la benevolencia del antiguo Código Penal, José Fernández Pareja, solamente cumpliría quince años de los 85 a los que había sido condenado. En el año 2003 saldaría sus cuentas con la justicia al obtener la libertad condicional, si bien es cierto que sobre sus espaldas pendía una condena de seis años de destierro en los cuales no podría residir en Granada, pena que también ha saldado. Desde entonces, a este obsceno asesino se la perdido la pista y algunas fuentes lo sitúan residiendo y trabajando en Barcelona, al tiempo que apuntan a que se le ha visto en alguna que otra vez en su ciudad natal.

Su crimen y sus temerosas andanzas serían recogidas por Antonio Muñoz Molina en la novela «Plenilunio», debido a que el célebre escritor residía cuando se produjeron los hechos en la Ciudad de la Alhambra, aunque él, con extraordinaria maestría, lo sitúa en su Úbeda natal, siendo una de las mejores narraciones de final de siglo. En esta obra se inspiraría también el director de cine Imanol Uribe para llevar los sucesos a la gran pantalla, en un crimen y en unas correrías que no dejó prácticamente indiferente a nadie. Y mucho menos a los siempre pacíficos y entrañables granadinos.

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Prisión permanente revisable para el asesino de tres mujeres en Valga (Pontevedra)

Miembros de las asistencias instantes después del triple crimen de Valga

Quedará siempre la duda de si era una tragedia anunciada, aunque José Luis Abet Lafuente, de 44 años de edad, el autor del triple crimen que socavó los cimientos de toda Galicia en los días finales del verano de 2019, lo había planificado todo de forma muy detallada. Con fama de personaje conflictivo, jamás había sido capaz de superar su ruptura matrimonial con Sandra Jamardo Boquete, cuatro años más joven que él, en lo que había sido ya su segundo matrimonio después de una primera ruptura en la que ya había tenido un hijo. El segundo divorcio llegó en el año 2018, pero su resentimiento y rencor estuvieron siempre patentes en su depravada mente que tan solo buscaba una sangrienta venganza. De hecho, había solicitado los servicios de un brujo para que les aplicase un mal de ojo a la que había sido su familia política. Es más, el mismo día en que se produjo el triple crimen de Valga le llamaría por teléfono para decirle que él mismo se había encargado de provocar una sanguinaria y cruenta tragedia que sacudiría el alma de todos los gallegos cuando se aproximaba un nuevo otoño.

El triple asesino de Valga, una localidad situada al norte de Pontevedra en la margen izquierda del caudaloso río Ulla, trabajaba de madrugada en una empresa dedicada a la recogida de basuras. Había concluido su jornada laboral alrededor de las seis y media de la madrugada de aquel fatídico 16 de septiembre de 2019. Conocía a la perfección los horarios de su ex-mujer, así como sus usos y costumbres, por lo que no le resultó difícil localizarla a primera hora de la mañana. Serían en torno a las siete y media de la mañana cuando llegó al lugar de Carracido, en la parroquia de Cordeiro. Sandra Boquete, como era habitual en ella, estaba preparando a sus hijos para mandarlos al colegio, que tenían las edades de cuatro y siete años respectivamente y que se iban a convertir en espectadores involuntarios de una espeluznante y dantesca tragedia que, como el propio autor de la misma se encargaría de decirle a un compañero unos días antes de perpetrarla, no se olvidaría en muchos años. Efectivamente, probablemente tendrá que pasar al menos más de un siglo para borrar algunas de las secuelas de su macabra acción.

Sintiéndose amenazada, Sandra Boquete llamó por teléfono a su madre Elena Fajardo Figueroa, de 58 años de edad, y a su hermana Alba Boquete Jamardo, de 27. No sabía que aquella llamada sería letal para toda la familia e iba a desencadenar la peor matanza en lo que va de siglo en Galicia. Su hermana se encargaría de avisar al 112 para dar cuenta de la presencia de su ex-cuñado en los aledaños de la vivienda de su familiar. En la breve conversación le informaron que se desplazaría una patrulla de la Guardia Civil para socorrer a Elena, aunque llegaría demasiado tarde.

Los asesinatos

La planificación del primer asesinato lo demuestra el hecho de que José Luis Abet había adquirido en el mercado negro un arma corta, una pistola Ruger calibre 32, cuya procedencia jamás ha quedado acreditado ni quien se la pudo facilitar, una incógnita que ni siquiera se ha despejado en el transcurso de la celebración del juicio. Cuando llegó a la pequeña aldea de Carracido tras haber mantenido una breve y agria conversación con su ex-esposa y delante de los dos hijos pequeños de la pareja, el asesino disparó a sangre fría contra Sandra Boquete Jamardo, quien fallecería prácticamente en acto. Posteriormente, tomaría su vehículo con dirección al lugar en el que residía, en el municipio de Ames, situado en las postrimerías de Santiago de Compostela.

En el transcurso de su corto itinerario se cruzó con el vehículo que conducía su ex-cuñada, Alba Boquete, una joven psicopedagoga de 27 años de edad, a quien acompañaba su madre, Elena Fajardo Figueroa, de 58. Al reconocerlas, sin pensárselo dos veces, José Luis Abet dio un giro brusco y cambio de sentido para regresar al lugar de los hechos, en los que había dado muerte a su ex-esposa. Iba obcecado con la idea de acrecentar su truculenta hazaña. Al bajar ambas mujeres del vehículo, apenas veinte minutos después, efectuaría nuevos disparos que alertaron y despertaron a algunos de sus vecinos, pues pasaba poco tiempo de las ocho de la mañana. Disparó un total de cuatro veces contra su ex-suegra, quien, al igual que le había sucedido a su hija mayor, fallecería prácticamente en el acto. Un último tiro le sirvió para darle muerte a la mujer más joven de las tres, con lo que la gran tragedia, el caos y la zozobra ya estaban servidos en aquella pequeña aldea que cabalga a lomos del río Ulla. Un vecino, que escuchó las detonaciones, recogió a los pequeños y los trasladó a otra casa. No cabe duda que los críos se convirtieron en testigos de un macabro suceso que acapararía las portadas de los principales diarios gallegos y del resto de España al día siguiente. Además, a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad se le pone la piel de gallina con tan solo recordar o relatar tan desgarrador y cruento acontecimiento, pensando que fue cometido en presencia de dos inocentes criaturas que ni siquiera sabían lo que era la maldad.

Una vez hubo cometido los tres horrorosos asesinatos, José Luis Abet tomó su vehículo con dirección a su último domicilio, en el municipio de Ames, no sin antes arrojar a las aguas del río Tambre el arma con la que había dado muerte a tres personas en Valga, a tan solo 25 kilómetros de donde residía. Una vez allí efectuó algunas llamadas a algunos familiares y les relató lo acontecido. Es de imaginar su tétrica reacción. Posteriormente, se entregaría ante la Guardia Civil de la localidad, a quien relataría el porqué de su voluntaria entrega.

Mientras esto sucedía, en el resto de Galicia se desataba una oleada de consternación, pavor y rechazo a la peor matanza ocurrida en el siglo XXI. Al día siguiente, cuando pasó a disposición judicial, decenas de personas se congregaron ante el juzgado de Caldas de Reis, que se encargaba de las diligencias del caso. No le faltaron abucheos ni los insultos de los allí presentes, quienes expresaban así su repulsa por una tragedia que jamás debía de haberse producido y allí se encontraba su patético autor, un hombre con gafas, de no mucha estatura y de aspecto un tanto desangelado, que se escondía detrás de los agentes que se encargaban de su custodia y que ahora representaba las peores esencias de cualquier ser humano por haber perpetrado un suceso que como el mismo se encargó de predecir, no se olvidaría en muchos años. Y fue en este único sentido en el que estaba plenamente cargado de razón, cuando esta última cualidad no le había asistido jamás.

Condena

Desde el primer instante de su detención planeó ya la hipotética condena a prisión permanente revisable a José Luis Abet. Así se dedujo ya de las conclusiones provisionales por parte del ministerio fiscal, quien anunció que solicitaría esta pena en el año 2020. Debido a la demora que impuso la pandemia, el juicio contra el encausado del triple crimen de Valga no se celebraría hasta la tercera semana de marzo de 2023. La audiencia se celebraría a puerta cerrada para proteger la intimidad de los dos menores, que tan solo contaban con siete y diez años respectivamente, pero que se habían convertido en tristes testigos de tres asesinatos que causarían una gran consternación y probablemente graves secuelas psicológicas a ellos, dos inocentes niños que contemplaron como su padre le daba muerte a su madre, a su tía y su abuela.

José Luis Abet Lafuente, quien lógicamente asistió esposado a las sesiones de la vista oral que se celebraba en su contra, había cambiado radicalmente su aspecto. Ya no era el hombre de apariencia escuchimizada y débil que se había visto hacía ya algo más de tres años y medio, cuando perpetró la horrible matanza. Además de engordar, había cambiado también la montura de sus gafas, que le daban un semblante algo más consistente, aunque con un gesto totalmente inexpresivo, probablemente forzado por las circunstancias. No se cubrió la cabeza como suele ser habitual en estos casos, mientras que su rostro no reflejaba emoción de ningún tipo, al igual que si fuese un inerte busto. Su cara, seria en todo momento, y su mirada perdida eran el retrato perfecto del individuo que había cometido el triple crimen de Valga.

Vestido con un anorak de color marrón y escoltado por dos policías nacionales cada vez que salía del furgón, fue la única imagen que se pudo observar de un hombre que nos hizo recordar a los peores psicópatas del siglo XX, aunque este último carente de cualquier sentimiento que pudiese generar empatía. Parecía que su suerte estaba echada de antemano y que el peor de los pronósticos iba a cumplirse. Eran demasiadas razones para ello. Se negó a declarar en todo momento y solo hizo uso de la última palabra en el instante oportuno, manifestando su arrepentimiento y su petición de perdón a los familiares de su víctimas, pero es de temer que nadie le hubiese creído. Ni siquiera el mismo.

La sentencia fue contundente y no dejó lugar a dudas. Por el asesinato de su ex-esposa, Sandra Boquete Jamardo fue condenado a 24 años y 6 meses de cárcel. Un par de meses menos le cayeron por haber dado muerte a su ex-suegra Elena Fajardo Figueroa. La pena de prisión permanente revisable le recayó por haber asesinado a su ex-cuñada, la jovencísima Alba Boquete Jamardo. Había sido una matanza en toda regla y no dejaba lugar a dudas que la severidad de las penas era esperada por la mayoría de la población. El jurado no tuvo en ningún momento duda alguna de su culpabilidad y no aceptó, lógicamente, ninguna de las atenuantes esgrimidas por su defensa, emitiendo su veredicto de forma unánime y también muy rápida. Pocas dudas suscitaba este caso.

Además de la dura condena que le fue impuesta, José Luis Abet, que ahora cuenta con 48 años, no podrá alcanzar el tercer grado penitenciario hasta 2045, previo dictamen de la junta de tratamiento de la prisión en la que cumpla su condena, es decir, cuando tenga ya 70 años. Tampoco podrá residir ni acercarse a la localidad de Valga durante un periodo de 32 años, pena que se mantendrá vigente durante diez años a partir del instante en que obtenga el tercer grado penitenciario. De la misma manera, tampoco podrá acercarse durante ese mismo periodo a menos de 500 metros a sus hijos o a los familiares de sus víctimas.

En cuanto a las indemnizaciones, a pesar de su acreditada insolvencia, alcanzan la escalofriante cifra de 1.520.000 euros, de los que debería abonar hasta un total de 800.000 a sus dos hijos, en tanto que la cantidad restante se la reparten, en distintas cantidades, los demás miembros de la familia de las víctimas, entre ellos su ex-suegro, la pareja de su ex-cuñada e incluso la bisabuela de los dos huérfanos que dejó por el camino. El único patrimonio del que dispone el asesino es una finca en el municipio coruñés de Ames, de donde era originario.

Como se podrá observar, la sentencia ha sido ejemplar y rotunda. No obstante, el criminal jamás podrá resarcir del daño causado, no solo ya a sus hijos o a sus familiares, sino también a la localidad de Valga, un precioso municipio que cabalga eternamente a lomos de su no menos eterno río Ulla, famoso por su extraordinaria pesca y la belleza que atesora el cauce que recorre, a quien un aciago y lluvioso día que anunciaba la entrada del otoño gallego un hombre que había perdido el alma y el corazón lo situó trágicamente en el peor de los escenarios de la crónica negra española, haciendo que todas las miradas se dirigiesen hacia él y no precisamente por el encanto que siempre encerrarán sus entrañables parajes que manan vitalismo, optimismo y vida, esa misma que un miserable, nauseabundo y repugnante ser con apariencia humana les segó a tres inocentes mujeres.

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Se suicida tras dar muerte a sus tres hijos en Orduña (Vizcaya)

Centro urbano de Orduña

El abuelo paterno de tres niños que residían en el barrio de Landatas en la localidad vizcaína de Orduña, Manuel Botana un pequeño enclave situado entre las provincias de Álava y Burgos, sospechó que algo raro había ocurrido en el domicilio en el que vivía su yerno con sus tres hijos, tras haber pasado aquel día en el centro de la tercera edad. Residía en el mismo inmueble en el que se produjo el trágico suceso que consternaría profundamente a la pequeña localidad vasca, además de ser conocedor de los problemas del estado de ánimo de su yerno, Juan Manuel Palmero, un desempleado de tan solo 30 años de edad, que sufría constantes depresiones desde que hacía poco más de un mes falleciese su esposa, María Jesús Botana, tras ser intervenida quirúrgicamente de un tumor cerebral que le terminaría costando la vida.

Alrededor de las nueve de la noche de aquel día, sábado, 21 de septiembre de 1991, se dirigió al domicilio en el que habitualmente vivía su familia más cercana, alertado ante la posibilidad de que les hubiese ocurrido algún inesperado percance. Intentó acceder, sin éxito, al interior del piso al estar la puerta completamente bloqueada, aunque pudo comprobar a través de una rendija que uno de sus nietos, un niño de corta edad, yacía tirado en el suelo, lo que le provocó la lógica preocupación. Desde su posición, en el exterior de la vivienda, podía escuchar el sonido de la televisión que estaba funcionando con un volumen muy elevado, lo que todavía hacía más extraña aquella situación. Inmediatamente daría aviso a la Policía autónoma vasca para saber que era lo que realmente había acontecido en aquella vivienda.

La Ertzainza se desplazó inmediatamente hasta el lugar de los hechos con la finalidad de socorrer a los residentes en aquel domicilio. Provistos de palancas consiguieron forzar la puerta hasta penetrar en el interior de la vivienda encontrándose el desolador panorama en el que sus moradores yacían todos exangües en el suelo. Había que atar cabos para saber lo que realmente había ocurrido en aquella casa y encontrarle alguna explicación racional. En principio no se notó nada raro y todo parecía estar realmente en orden dentro del trágico episodio allí ocurrido.

Espita de gas abierta

Efectivos de la Cruz Roja se desplazaron hasta el lugar de los hechos y no pudieron hacer otra cosa que confirmar la muerte de los tres pequeños Jessica, Inmanol y Aránzazu, todos ellos con edades comprendidas entre los cuatro y los once años. Aparentemente no presentaban signos de violencia, como tampoco los presentaba el padre Juan Manuel Palmero, de 30 años. De la misma manera, se comprobó que en un primer momento no había olor a gas, sustancia de la que ya se sospechó desde un primer momento, pero que hasta entonces no se achacó como principal causa del suceso.

Los investigadores encontrarían la espita del gas de un calentador de combustión abierta, pero no parecía que esto tuviese que ver con los cuatro decesos. Los cuerpos de los tres niños y el adulto fueron trasladados a un centro anatómico forense para ser sometidos a las correspondientes autopsias. Las mismas terminarían por corroborar el trágico presagio que se había tenido en un principio, que no era otro que el fallecimiento por inhalación de gas de los moradores de la vivienda. Se hablaría también de la hipotética posibilidad de un accidente o una negligencia, aunque esta hipótesis sería descartada a medida que avanzaban las investigaciones.

El deceso de los cuatro miembros de la familia había sido provocado por el padre, pues todos ellos se encontraban en una misma estancia en la que se encontraba el calentador con la espita abierta. El móvil de este crimen se encontraba en la complicada situación que atravesaba el cabeza de familia, que llevaba varios meses desempleado, a lo que había que añadir la reciente muerte por entonces de su esposa, un hecho que no habría hecho otra cosa que menoscabar completamente su estado de ánimo y sus depresiones era continuas y hacía tiempo que no levantaba la cabeza.

El dia anterior

Las cuatro muertes de los residentes en aquel domicilio se habrían producido ya el día anterior al hallazgo de sus cuerpos sin vida, el 20 de septiembre de 1991. Así se encargaron de testificarlo algunos vecinos y también las autopsias. Los primeros manifestarían que no les habían vuelto a ver desde el viernes. En esa jornada regresaban a casa los dos hermanos mayores Jessica e Inmanol, quienes desde el fallecimiento de su madre habían sido ingresados en un centro de acogida de menores regentado por la Diputación de Álava.

El azar quiso que también la suerte le fuese esquiva a la más pequeña de las criaturas Aránzazu, de tan solo dos años, quien, ante la delicada situación que atravesaba su familia, había sido acogida por unos familiares que regentaban un bar en la misma localidad de Orduña. Sin embargo, aquel día, aprovechando el fin de semana se fue a su casa junto a su progenitor ya que sus tutores habían asistido a una boda, convirtiéndose fatalmente en una inocente víctima de un suceso, que al igual que muchos otros de similares características tal vez hubiese podido evitarse con tan solo un poco de humanidad y el apoyo a un pobre hombre que se sintió desnortado cuando no completamente desesperado, hasta el extremo de provocar una tragedia que puso a Orduña en el mapa y no precisamente por su curiosa ubicación geográfica.

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Dos jóvenes brutalmente asesinadas y más de una decena de violaciones en la sádica carrera de «El violador del ascensor»

«El violador del ascensor» en su salida de prisión en el año 2013

Resulta difícil encontrar algún calificativo que pueda definir a un sujeto tan salvaje y despiadado como Pedro Luis Gallego Fernández, un energúmeno que sembró el terror en los lugares en los que dejó huella, principalmente por la provincia de Valladolid, donde cometió muchas de sus agresiones sexuales, así como también un brutal asesinato en la persona de una joven, menor de edad, Leticia Lebrato, de tan solo 17 años.

Nada hacía presagiar en el entorno en el que se había criado quien años después sería conocido como «El violador del ascensor» que en plena juventud iniciase una carrera delictiva como agresor sexual que ha ocupado la práctica totalidad de su vida, exceptuando únicamente el tiempo en que estuvo ingresado en prisión. Era hijo de una familia normal, trabajadora y honrada, que incluso estudió en un centro religioso y que hizo un grado de Formación Profesional en Mecánica donde aprendería a arreglar ascensores, siendo esta práctica la que le permitió abordar a muchas de sus víctimas, pues aparecía con mono azul a las puertas de los elevadores y allí acorralaba a algunas de sus víctimas. Con tan solo 19 años, en 1976 ya había realizado algunos abusos deshonestos a jóvenes de urbanizaciones vallisoletanas que contaban más o menos con su misma edad. Tan solo tres años más tarde, en 1979, pisaría por vez primera las instalaciones de una cárcel para cumplir condena por estos hechos, aunque obtendría la libertad condicional en 1982, valiéndose de un anticuado Código Penal que daba la oportunidad de redimir la condena con trabajos y formación durante la estancia en los establecimientos penitenciarios.

Al año siguiente, 1983, regresaría a lo que terminaría convirtiendo en su hogar a lo largo de los años. En esta ocasión había obligado a un preso a masturbarle. No obstante, pronto recuperaría la libertad y en 1985, aprovechando unas vacaciones en la provincia de Alicante, Gallego Fernández violaría a una turista belga. Juzgado en Burgos sería condenado a 10 años de prisión. Solamente cumpliría cinco gracias a que durante su estancia entre rejas obtuvo el título de graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) a lo que se sumaba el extraordinario comportamiento que siempre demostraba cada vez que cruzaba la puerta de la cárcel y a la benevolencia de un sistema penal que, ciertamente, permitía muchas alegrías a los penados, tal y como era su caso. Será a partir de este instante cuando se vea magnificada su cruel, sádica y terrible carrera delictiva que llevará el dolor a muchas familias como consecuencia de una mente desnortada que jamás hizo el menor esfuerzo por reinsertarse en la sociedad.

Asesinato de Marta Obregón

Hasta los primeros días de 1992, el tristemente célebre «Violador del ascensor» no inauguraría su sanguinario historial. Por aquel entonces desaparecía en la capital burgalesa una joven de 22 años de edad, Marta Obregón Rodríguez, estudiante de Periodismo, una muchacha de apariencia agradable y muy buen aspecto, con profundas convicciones religiosas, quien era secuestrada a punta de navaja por Pedro Luis Gallego cuando se disponía a tomar el ascensor para subir al piso en el que residía con su familia, quien inmediatamente pondría la correspondiente denuncia por desaparición ante la Policía Nacional.

Forzada a subirse al vehículo de su secuestrador, este la llevaría hasta un descampado situado en Villagonzalo-Pedernales, muncipio perteneciente al área metropolitana de Burgos y situada a apenas una decena de kilómetros de la capital. Cuando ya se encontraban en el paraje que había elegido como lugar para violar y asesinar a su víctima, obligó a esta a desnudarse, quien opuso en todo momento una extraordinaria resistencia a las sádicas pretensiones de su captor. Para rematar la faena cosería literalmente a la joven a puñaladas, encontrándose hasta un total de 14 en su cuerpo, que sería descubierto unos días después, concretamente el día 27 de enero de 1992, en medio de la nieve que había caído aquellos días en la provincia burgalesa. Las pruebas de ADN demostrarían que el brutal crimen había sido obra del conocido psicópata, quien siempre se negó a seguir en las cárceles programas destinados a su recuperación social.

Por este crimen sería condenado a medio siglo de prisión, además de indemnizar con 35 millones de pesetas a los familiares de Marta Obregón, aunque sería declarado insolvente. La joven asesinada, que había dejado muy grato recuerdo en la capital burgalesa, está en proceso de beatificación. Por si fuera poco, Gallego Martínez conseguiría, en aquel momento, en el año 1992, salirse con la suya durante algún tiempo, lo que constituiría una auténtica desgracia, pues le daría tiempo para acometer un nuevo crimen que tendría lugar en Valladolid en julio de aquel mismo año.

Asesinato de Leticia Lebrato

Al igual que había hecho con su primera víctima mortal repitió un modus operandi similar, si bien esta joven no fue abordada en el ascensor, como solía ser habitual en él, sino a la salida de una cafetería situada en el municipio vallisoletano de Viana de Cega, donde su familia disponía de una residencia estival. Leticia Lebrato sería raptada el 19 de julio de 1992, siendo obligada a subir a punta de navaja al mismo vehículo al que había subido la primera víctima de su agresor. Posteriormente la trasladaría hasta un descampado en el que había un pinar. La muchacha habría forcejeado con su verdugo ofreciendo cierta resistencia, pero incapaz de hacerle frente a semejante salvaje, quien le propinaría más de una decena de puñaladas y abandonaría su cuerpo exangüe en medio de unos arbustos en donde sería encontrada tan solo unos días después por el equipo que participaba en su búsqueda.

Pedro Luis Gallego no sería detenido hasta noviembre de aquel año, 1992. Antes de su detención y puesta a disposición de las autoridades protagonizaría un tiroteo con la agentes de la Guardia Civil, consiguiendo escabullirse del cerco al que lo habían sometido. Las pruebas concluyentes llevarían a su detención en el otoño de aquel año en el que se sabe que, al menos, cometió hasta nueve violaciones, la mayoría en la primera mitad del ejercicio de 1992.

Cuando se procedió a la reconstrucción del crimen que le había costado a su segunda víctima mortal, hubo un intento de linchamiento por parte de los vecinos del lugar, quienes llegaron a zarandear el vehículo de la Guardia Civil, al tiempo que solicitaban que lo dejasen en sus manos para aplicar la verdadera justicia. Por el asesinato de esta segunda joven sumaría un total de 42 años de prisión más a los 110 a los que había sido condenado con anterioridad por su larga carrera como delincuente sexual y asesino, a la vez que debía indemnizar con más de 30 millones de pesetas a la familia de su víctima. Sin embargo, como casi siempre sucede con estos sujetos, la insolvencia le libraría de tener que abonarle ni un solo céntimo.

En el año 1995 la Justicia española le había condenado a la escalofriante cifra de 330 años de cárcel, por delitos continuados de violación y asesinato. Sin embargo, el Código Penal impedía que las reducciones de condena se hiciesen con relación a la elevada suma de años que debía pasar en prisión, sino que se veía reducía a tan solo 30. Beneficiado por la anulación de la «Doctrina Parot» saldría de nuevo de la cárcel en el año 2013, cuando apenas había cumplido poco más de veinte años de estancia en prisión.

96 años de cárcel, última condena

Aunque su existencia se había desarrollado básicamente entre los muros de las cárceles, en las que había pasado más de media vida, este sujeto jamás supo o quiso valor el precio de la libertad. Volvería a delinquir, atemorizando a un gran número de mujeres desde el primer instante en que salió de prisión. La sección sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid lo condenaría a un total de 96 años de cárcel, la petición íntegra que solicitaba el fiscal en octubre del año 2019. Se prevé que con esta condena no salga hasta el año 2039, cuando tendrá para entonces 82 años de edad.

Tras su salida de prisión se había instalado a las afueras de Segovia después de haberse visto obligado a abandonar la localidad vallisoletana de la Honcalada, donde la presión vecinal consiguió que aquel peligroso energúmeno no residiese con ellos, por miedo a la reincidencia, conocedores de sus brutales actos delictivos. En esta ocasión eligió las inmediaciones de la residencia sanitaria La Paz, de Madrid, donde entre diciembre de 2016 y abril de 2017 asaltaría hasta un total de cuatro mujeres, siendo detenido por dos mujeres, agentes de la UDEF, en este último año.

En el transcurso del último juicio que afrontó, visiblemente envejecido y algo decrépito, no negó los hechos que se le imputaban y manifestó que su incapacidad para controlarse, aunque no recordó su negativa a realizar programas de rehabilitación. Con gran cinismo, cuando ya contaba 62 años de edad, expresó su disgusto por haber nacido, un disgusto compartido por la mayoría de sus víctimas, entre ellas las familias de las dos jóvenes a las que asesinó impunemente en el año 1992, el mismo en que muchos españoles se las prometían muy felices por los grandes eventos que se celebraban en nuestro país en el que un energúmeno execrable, repugnante y despiadado teñía de luto a dos honradas familias y violaba a más de una decena de honestas mujeres que seguramente estarán marcadas por las andanzas de un individuo que como él mismo reconocía ante un tribunal no debería haber nacido jamás.

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Ajusticiado en el garrote vil por descuartizar y quemar los cadáveres de sus tres víctimas en Palma de Mallorca

Plaza de la Caballería en Mallorca, donde Pedri Tudurí dio muerte a sus víctimas

Los oscuros tiempos de la Posguerra española depararon no menos oscuros y truculentos episodios sangrientos que han quedado marcados en la historia de muchos españoles de aquel tiempo lastrado por la miseria y unas necesidades que parecían no tener fin. A pesar de la férrea represión a la que se sometía a la sociedad de la época, los sucesos sangrientos tampoco eran ajenos a aquel mundo que parecía haber condenado a la mayor parte de los españoles a un infierno difícilmente descriptible en los tiempos que corren. Se decía que era un país seguro y que quien la hacía la pagaba, aunque no siempre ocurría así. No dejaba de ser un mensaje interesado con el que atemorizar a una población plagada de necesidades en la que el hambre había hecho ya muchos estragos.

Por aquel entonces, concretamente en el año 1945, se producía la misteriosa desaparición de un matrimonio de mediana edad que regentaba el hostal «Peninsular» en la calle del Ermitaño en Palma de Mallorca. El propietario del inmueble en el que la pareja disponía su establecimiento había hecho correr la voz que Marcial Jiménez Muñoz y Valentina Armijo Castillo, los desaparecidos, había regresado de urgencia a Barcelona, su ciudad natal, y que tenían pensado establecerse allí. Sin embargo, había algunos vecinos que no daban crédito a esa teoría, pues disponían de un negocio que funcionaba plenamente, además de tener pensado hacerse con la casa en la que estaba instalado, pues ya habían abonado una importante cantidad de dinero a su propietario, Pedro Tudurí Vidal, un hombre de unos 50 años, cuyo comportamiento no hacía sospechar a nadie, en un principio, de que estuviese relacionado con la misteriosa desaparición de los propietarios del negocio hostelero que se ubicaba en un edificio de su propiedad.

Aquella extraña ausencia, sin que ofreciesen ninguna señal de vida, llegaría a oídos del comisario jefe de la capital insular de las Baleares, quien decidió poner en marcha una investigación, que se centraba en principalmente en Pedro Tudurí. La operación era de tal envergadura que en ella participaría también la Guardia Civil de forma coordinada con la antigua Policía Armada. Una vez hechas ciertas comprobaciones que no casaban con la realidad, el día 25 de marzo de 1947, se procedió a la detención de aquel hombre, Pedro Tudurí Vidal, que guardaba otros enigmas que no fueron descifrados en un principio, aunque era el principal sospechoso de la misteriosa desaparición de un matrimonio que se ganaba la vida con una pequeña pensión emplazada en un edificio de su propiedad.

Confesión de los crímenes

Acorralado por las circunstancias y después del comúnmente conocido como «hábil interrogatorio», aquel individuo de aspecto reservado y de complejas actitudes, terminaría por derrumbarse y acabaría confesando que él había sido el autor de la muerte de la pareja formada por Marcial Jiménez y Valentina Armijo. Pero además, de este doble crimen, Pedro Tudurí terminaría por confesar un tercero que había perpetrado el mismo año, 1945, y del que nadie, salvo él, tenía conocimiento, que era el asesinato de Bernardo Ramis Bisellach, de 60 años de edad, quien había sido su primera víctima mortal, aunque su desaparición no había sido denunciada debido a que viví solo. Los investigadores se encontraban ante a un psicópata en toda regla que pasaba por ser una persona corriente y tranquila, aunque de aspecto un tanto enigmático, frío y calculador, que no dudaba en emplear su barra de hierro contra la testa de quienes consideraba sus enemigos, sin el menor ápice de remordimiento.

Pedro Tudurí, que regentaba una tintorería, haría un frío relato de los crímenes que había perpetrado en muy poco tiempo, no dejando de ser estremecedor y hasta truculento. El primer asesinato, cuya víctima fue Bernardo Ramis, se produjo en su propio negocio. Al parecer, mantuvo una fuerte discusión con quien se iba a convertir en el primer muerto de su trayectoria criminal. En un momento dado pasó a la acción propinándole un fuerte golpe con una barra de hierro en la cabeza que lo dejaría seco prácticamente en el acto. Posteriormente escondería el cadáver en una estancia del local, ya que lo cometió en la mañana de un sábado. Al día siguiente, domingo, se deshizo de su cuerpo introduciéndolo en la caldera de la tintorería, aunque previamente tuvo que descuartizar el cadáver seccionándole los brazos. Esta labor, según sus propias palabras fue muy trabajosa, pues debió avivar al máximo el fuego para que sus restos se fuesen consumiendo e incinerando al calor de la combustión.

Al igual que había hecho con su primera víctima, emplearía el mismo método con el matrimonio que regentaba un hostal en un inmueble de su propiedad. Al parecer, el día de autos Marcial Jiménez había ido a hablar con Pedro Tudurí para tratar la compra de la casa en que estaba instalado su negocio. Al igual que había acontecido con Bernardo Ramis, se inició una ardua discusión entre ambos, muy probablemente a consecuencia del precio estipulado. Sin pensárselo dos veces, el asesinó descargó toda su fuerza con la barra de hierro sobre la cabeza de su inquilino, a quien dejaría exangüe en el acto. Consciente de que la esposa de este último podría delatarle, la fue a buscar a la pensión con la excusa de que su marido quería verla para ultimar la compra de la casa. La mujer, sin sospechar jamás de las malas intenciones de aquel hombre, se dirigió hasta la tintorería en la que ya yacía el cuerpo sin vida de su marido. Al igual que había hecho con este último, el asesino le propinaría un fuerte golpe en la testa, dejándola sin vida Una vez cometido el doble crimen, ocultaría los cuerpos hasta la madrugada. Después realizaría la misma operación que había hecho con su primera víctima. Con la caldera a toda presión, previo descuartizamiento, se desharía de ambos cadáveres. A partir de ese instante, divulgaría el bulo de su marcha a la península, aunque nadie tenía noticias del matrimonio desaparecido.

Condena y posterior ajusticiamiento

Aunque en Palma de Mallorca todo el mundo tenía noticia del suceso, al tiempo que había provocado una gran sorpresa, indignación y estupefacción, la censura se encargaría de que trascendiese la mínima información posible sobre los crímenes perpetrados por Pedro Tudurí. En octubre de 1948 se iniciaba un juicio que mantenía en vilo a los mallorquines de aquel tiempo, a pesar del tupido velo que se había intentado correr en torno a los sangrientos sucesos que habían tenido como escenario el territorio insular. El criminal, que expresaría su arrepentimiento y dolor por los asesinatos que había perpetrado, sería condenado a un total de 31 años de prisión por la muerte de los dos hombres, que la sentencia calificaba de homicidios. No obstante, se calificaba de asesinato la muerte de la mujer, por lo que era sentenciado a la pena de muerte, por lo que debería rendir cuentas en el siempre temible e infausto garrote vil, el tétrico y truculento aparato que representa la vileza de la España negra.

Como era habitual cada vez que el reo era sentenciado a la máxima pena,esta llevaba aparejada consigo de oficio el recurso ante el Tribunal Supremo, quien, una vez más, se mostraría inflexible a la petición de clemencia del infortunado condenado. Solamente quedaba un último cartucho, que era la clemencia del Jefe del Estado. Sin embargo, tanto este como su Consejo de Ministros reiteraban su negativa a la gracia del indulto, por lo que Pedro Tudurí debía subir al cadalso. Durante este tiempo en el que su vida pendía de un hilo es cuando da muestras de arrepentimiento, hasta el extremo que en la procesión de la Semana Santa de 1950, el convicto criminal balear fue observado por la multitud arrastrando unas pesadas cadenas como penitente en el transcurso de la celebración religiosa, mientras dos parejas de guardias civiles observaban de cerca sus movimientos. A pesar de todo, nadie creyó en la sinceridad de sus actos y terminaría por convertirse en una víctima más de los clásicos verdugos españoles.

Pedro Tudurí vive sus últimos momentos en la madrugada del día 19 de febrero de 1951 en compañía del capellán de la cárcel de Palma de Mallorca, quien trata de reconfortarle y apoyarle en sus últimas diez horas de vida, aguardando aún por un posible indulto que no llegaría jamás. Con el exclusivo apoyo del religioso y con la presencia de los testigos de turno, entre ellos un médico que certificaría su deceso, el verdugo Florencio Fuentes Estébanez daría muerte a Pedro Tudurí Vidal, convirtiéndose así en el último ejecutado en la historia en las Islas Baleares, en tanto que el sayón que le quitó la vida, además de abandonar el cuerpo de los llamados «ejecutores de sentencias», terminaría suicidándose en el año 1970, presa de los remordimientos y del desprecio general del que había sido objeto a lo largo de su trágica y lúgubre carrera.

Según algunos estudiosos de la materia, este suceso inspiraría la célebre obra cinematográfica «El Verdugo», de Luis García Berlanga, en la que un hombre asqueado por la sociedad termina siendo víctima de sus propias miserias, lo mismo que le había ocurrido a Fuentes Estébanez, quien aún no se había suicidado, pero ya se había convertido en una persona marginal, al igual que la práctica totalidad de sus dramáticos clientes, de un estrato social muy similar al suyo, cuando no de una clase más privilegiada, tal como fue el caso de José María Ruiz Jarabo.

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Condenada de nuevo a prisión permanente revisable en la repetición del juicio por haber asesinado a su hija

Ana Sandamil, durante el primer juicio que se celebró en su contra

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ordenó que se juzgara por segunda vez a la madre de la pequeña Desirée Leal, de tan solo siete años de edad, quien el año pasado anuló la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Lugo en el que condenaba a prisión permanente revisable a Ana Sandamil. El motivo que esgrimió el TSXG en su sentencia, en la que admitió parcialmente el recurso del abogado de la madre, es que el jurado no había justificado suficientemente su decisión de valorar la afectación mental de la autora de la muerte de su propia hija. Por todo ello, hubo que proceder a la repetición del juicio en la segunda semana del mes de marzo del año 2023.

No obstante, la suerte volvió a resultarle esquiva a la autora del asesinato de su hija, tal y como lo ha estimado el jurado encargado de emitir veredicto, quien consideró que Ana Sandamil no tenía las facultades mentales afectadas cuando dio muerte a su hija y era plenamente consciente de sus actos, siendo capaz de discernir entre el bien y el mal. Este extremo quedó acreditado por el hecho de que la pequeña asesinada no tuvo la posibilidad de defenderse. Asimismo, esta circunstancia vendría avalada por las búsquedas que la acusada realizó a través de Internet en relación a distintos venenos y productos tóxicos con el ánimo de acabar con la vida de la niña. Al igual que había sucedido en febrero de 2022, la mujer volvió a ser condenada a prisión permanente revisable, pendiente todo ello del resultado del hipotético recurso que pueda presentar de nuevo ante el TSXG.

La mujer sufre un trastorno de personalidad grave que, sin embargo, no le afecta a sus facultades intelectivas y volitivas, tal y como lo ha estimado el jurado que la declaró culpable. Ello impide que Ana Sandamil no cumpla la pena a la que fue condenada en un centro psiquiátrico, sino en un establecimiento penitenciario común, tal y como solicitaban las acusaciones personadas en el caso. En el transcurso del segundo proceso testificarían distintos peritos, encargados de someter a distintos exámenes psicológicos y psiquiátricos a la autora del crimen.

Muerte sorpresiva e inesperada

El día 3 de mayo de 2019 fallecía, de forma totalmente inesperada, la pequeña Desirée Leal Sandamil en la localidad lucense de Muimenta, un amplio y vistoso núcleo rural perteneciente al también municipio lugués de Cospeito. La abuela materna de la niña sería quien se encargaría de alertar al 112 de su muerte a las ocho de la mañana de aquella jornada primaveral. Al parecer, la cría no se encontraba enferma ni sufría patología alguna que hiciesen sospechar que su final pudiese encontrarse tan cerca. Inmediatamente después de su deceso comenzaron a desatarse una serie de especulaciones y sospechas acerca de lo que le podría haber ocurrido. Su madre, Ana Sandamil, a quien se apuntaba como principal responsable de su muerte, sería ingresada en un módulo de psiquiatría del hospital Lucus Augusti de la capital lucense. Al iniciarse las investigaciones había declarado que la criatura había tomado un psicofármaco, inductor del sueño, de los que habitualmente ella ingería para dormir.

Casi un mes después de haber aparecido muerta la pequeña Desirée Leal, la titular del juzgado de Vilalba que se encargaba del caso, ordenaba el ingreso en prisión provisional sin fianza de la madre de la niña, Ana Sandamil Novo, al encontrar indicios de que la muerte de la criatura no había sido accidental, tal como posteriormente manifestarían los peritos encargados de testificar en el caso. La instructora del suceso se había trasladado hasta el centro sanitario en el que se hallaba ingresada para tomarle declaración, aunque la detenida permanecería custodiada dentro del pabellón destinado a reclusos en tanto no recibiese el alta hospitalaria.

A partir de ese momento se inicia una retahíla de elucubraciones y teorías en torno a lo que le había sucedido a Desirée Leal. Algunas informaciones apuntaban ya a que la niña podría haber sido asfixiada con una almohada, aunque -hasta entonces- no dejaban de ser meras suposiciones. Al mismo tiempo se publican en los medios de comunicación distintas noticias que apuntan a una posible enfermedad psiquiátrica de la progenitora de la pequeña, llegando a sospecharse que podría sufrir algún tipo de paranoia. Los padres de Ana Sandamil señalaban que su hija escuchaba voces en el interior de su domicilio y que había experimentado un cambio radical a lo largo de aquel último año. Decían también que se encontraba obsesionada con su teléfono móvil, pues estaba convencida de que la estaban vigilando. Asimismo, reiniciaría su viejo hábito de fumar, a la vez que también se negaba a tomar la medicación que le había prescrito su psiquiatra. Igualmente, tomaría medidas de superprotección hacia su hija, impidiéndole desarrollar distintas actividades sociales con las que la niña disfrutaba. Por su parte, su ex-pareja y padre de la pequeña, José Manuel Leal, se quejaba amargamente en los medios de comunicación de las trabas que le ponía quien fuera su cónyuge cuando quería disfrutar de la compañía de la pequeña.

Al cumplirse tres meses de la muerte de Desirée Leal, su madre, Ana Sandamil Novo, ingresaría en el módulo de enfermería de la prisión lucense de Bonxe, una vez hubo recibido el alta hospitalaria. Tan solo un mes más tarde, sería trasladada de la cárcel de Lugo a la coruñesa de Teixeiro por cuestiones estrictamente médicas, ya que esta última cuenta con servicio de atención sanitaria durante las 24 horas del día.

Homenajes

Dado el calado y las dimensiones que adquirió el trágico suceso, la pequeña recibiría el homenaje de sus compañeros de colegio, así como de un deportista del motor, quien rotularía en su vehículo el nombre de la pequeña en el transcurso de un rally celebrado con posterioridad. Mientras, su progenitor le dedicaría diversas cartas publicadas en los distintos medios de comunicación gallegos. En ellos resaltaba el carácter afable y bondadoso de su hija, al tiempo que le prometía no escatimar esfuerzos para que sobre su supuesta asesina recayese todo el peso de la ley.

Durante todo este tiempo, se multiplicaron las informaciones que se referían a la actitud exhibida por Ana Sandamil en fechas previas a la muerte. Algunas apuntaban a que esta podría haber sido premeditada, ya que desde su teléfono móvil se habría hecho búsquedas en diferentes buscadores sobre venenos empleados las áreas rurales de Galicia, entre ellos la siempre potente y letal estricnina, con la que se llevaron a cabo algunos sonados homicidios.

Primer juicio

El primer juicio contra la autora de la muerte de la pequeña Desirée Leal se celebraría en la Audiencia Provincial de Lugo durante la segunda semana del mes de febrero de 2022 levantando una gran expectación. Tanto el ministerio fiscal como la acusación particular solicitaban para Ana Sandamil Novo la máxima pena que contempla el ordenamiento jurídico español, la prisión permanente revisable, al entender que se había producido un asesinato con alevosía y la agravante de parentesco.

La autora del crimen, que conmocionó de sobremanera a la pequeña localidad de Muimenta, apareció siempre con la cabeza tapada con una capucha, a la que se sumaba la obligatoriedad del uso de mascarilla. A la entrada de los juzgados tendría que soportar los reproches e insultos de la familia paterna de la niña, que en todo momento sostuvo que se encontraba en plenitud de facultades psíquicas cuando le dio muerte.

La madre de la criatura sostendría en todo momento que la muerte de su hija se había debido a la ingestión por parte de la niña de una sustancia, trazodona, que utilizaba ella para dormir. Sin embargo, los investigadores del caso lo descartaron desde el primer momento. Así, un agente de la Guardia Civil, que se personó en el lugar de autos, manifestaría que la alcoba en la que había perecido Desirée le recordaba al escenario de un crimen, en tanto que un familiar de Ana Sandamil aseguraría que esta les había informado muy fríamente sobre la muerte de la niña. Alguno llegaría a decir que la madre de la acusada inculpó a la hija, si bien este extremo no quedó totalmente acreditado.

Sus argumentaciones enseguida quedarían desmontadas a medida que testificaban distintos peritos que estudiaron el suceso. Uno de los más escalofriantes fue el de uno de los forense que tiraría por tierra su estrategia defensiva. Según su declaración, la pequeña falleció por asfixia mecánica y habría intentado defenderse de la actitud violenta de su madre, de ahí que se hallasen algunos restos de sangre en la ropa de la acusada, al tiempo que manifestó que las cantidades de psicotrópicos hallados en el cuerpo de la pequeña eran muy escasos y que, a pesar de su efecto, era a todas luces insuficiente para provocarle la muerte, pues no llegaba a los 0,7 miligramos.

De la misma manera, los distintos psiquiatras y psicólogos no fueron capaces de ponerse de acuerdo en torno a la capacidad intelectiva de la madre, pues mientras algunos sostuvieron que sufría alucinaciones y depresiones graves que podrían alterar su percepción de la realidad, otros, por contra, declararon que Ana Sandamil era consciente del grave acto que había cometido. Esta última teoría sería refutada por sus familiares, quienes se mostraron plenamente convencidos que la madre de Desirée Leal sufría alguna patología mental grave. Por su parte, el padre de la pequeña manifestaría que su ex-pareja habría le habría dado muerte con el único afán de hacerle daño a él.

Condena

Lo que sí le quedó claro al jurado encargado de dirimir este caso es que la mujer fue la culpable del crimen, desechando los argumentos de la defensa que incidían en el carácter psicótico y depresivo de la progenitora, quien podría sufrir un cuadro depresivo grave con rasgos de esquizofrenia paranoide. En apenas 24 horas, el jurado emitiría su veredicto de condena contra Ana Sandamil, argumentando que sí era consciente de sus actos y que, a pesar de sus patologías psiquiátricas, era consciente del daño que estaba causando en el momento de perpetrar el atroz crimen que rompería con la ancestral paz que se respiran en un precioso pueblo que escucha con total tranquilidad la cercanía del discurrir cotidiano de las cristalinas y apacibles aguas del río Miño en sus primeros tramos y que tan solo suele ser noticia por su magnífica exposición agroganadera que cada año se celebra en su recinto ferial.

Una semana después de hacer público su veredicto el jurado, la Audiencia Provincial de Lugo condenaba a Ana Sandamil Novo a la pena de prisión permanente revisable y a la indemnización con 120.000 euros a su ex-pareja, el padre de la pequeña, José Manuel Leal, en calidad de perjudicado.

Por otra parte, de las conclusiones de los forenses, se extrae que la condenada podría sufrir un trastorno psicótico y delirios, así como otro de la personalidad, con rasgos de esquizofrenia, aunque se descarta la posibilidad de que la muerte de su hija guardase relación alguna con las patologías que le afectan. Asimismo, consideran que Sandamil exageró los problemas mentales que sufría, pero consideran que sufría un cierto estrés con relación al progenitor de la criatura.

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Una mujer ahoga a sus cuatro hijos en una balsa de agua en Alcaraz (Albacete)

El suceso ocurrió en la pedanía de El Jardín en 1968

La España de la segunda mitad de los años sesenta era todavía un país muy rural, pobre y atrasado en el que la única solución para prosperar se encontraba en la emigración hacia las grandes ciudades, quienes comenzaban a experimentar un auge notorio al que no era ajeno el éxodo rural, que representaba una tibia posibilidad de ganarse la vida algo más dignamente que detrás de una yunta de bueyes y un arado. Se solía decir con mucha frecuencia que «aquí no sucedían cosas» o «el que la hacía la pagaba». pero no dejaban de ser frases hechas que terminaron por convertirse en descafeinados tópicos que el paso del tiempo se ha encargado de desenmascarar de forma def initiva.

En aquel submundo rural apenas sucedían acontecimientos de interés, pero en ocasiones sí ocurrían hechos. Algunos de una magnánima gravedad y descorazonaban su apacible ambiente, al tiempo que sacaban del anonimato a algunas localidades que, de otra forma, difícilmente pudiesen copar alguna página en los principales diarios del país. Uno de esos trágicos episodios se produciría en la pedanía albaceteña de El Jardín, en el municipio de Alcaraz, al este de la provincia manchega. Allí, un ya lejano 14 de marzo de 1968 aparecerían los cuerpos de cuatro niños en las inmediaciones de una fuente, en una balsa de agua empleada para el riego de ocho metro de diámetro y 1,30 de profundidad. Fue aquel un suceso que conmovería a todo el vecindario de la localidad, cuyo censo apenas alcanzaba los 500 vecinos y que se vería profundamente consternada por tan dramático episodio, máxime cuando quien lo había cometido era la propia madre de los niños, Magdalena Gómez García, una mujer de 42 años que sufría una patología mental de carácter grave, en aquel entonces muy estigmatizadas y gozaban de muy mala prensa entre la población en general.

El trágico y aterrador suceso había tenido un preámbulo el día anterior en el que la vivienda en la que residía la familia había sufrido un incendio, a consecuencia del cual quedó prácticamente destruida en su totalidad, quedando reducidos a cenizas y escombros las escasas pertenencias y enseres de lo que aquella humilde familia disponía. Sin embargo, nadie achacó aquel suceso a la voluntad de Magdalena Gómez García, sino que, en un principio se atribuyó a causas fortuitas. La rápida intervención vecinal evitó, en primera instancia, la muerte de los ocupantes del inmueble, quienes pasarían la noche en la casa del suegro de la mujer.

Muy temprano

Al día siguiente de haber puesto fuego a la casa en la que residía, Magdalena Gómez se levantaría muy temprano, en torno a las ocho de la mañana, en compañía de sus hijos, con el pretexto de llevarlos a pasear. A dónde realmente se dirigiría era hacia una fuente localizada en el lugar conocido como Villaverde, donde a su vez existía una balsa de agua de considerables dimensiones y que se empleaba para el riego de fincas. Allí arrojaría a los cuatro pequeños a su interior, María, de nueve años -quien opuso más resistencia, tal y como de demostraría posteriormente; Adoración, de siete, y los benjamines de la familia, una pareja de gemelos, Josefina y Antonio, de tan solo cinco años de edad.

Después de haber dado muerte a sus pequeños, Magdalena Gómez intentaría suicidarse arrojándose al paso de un camión, en la Carretera General de Albacete a Jaén. Por fortuna para ella, el conductor consiguió esquivarla, evitando así un atropello que probablemente le hubiese costado la vida. Aún así, la parricida resultaría herida y sufriría algunas contusiones. Sería también el mismo camionero quien la subió a la cabina de su vehículo y la trasladó hasta El Jardín, algo más de dos horas después de haber perpetrado el cuádruple crimen. En un principio, la mujer se resistía a abandonar al camión que la había trasladado y hubo de ser convencida por algunos vecinos, quienes se encontraban alarmados ante su ausencia y la de los pequeños.

En estado de exasperación y con las ropas empapadas de agua, algunos vecinos le preguntaron a qué causa obedecía el aspecto que presentaba, a lo que ella respondió que había tenido que cruzar un río, pero se daba la circunstancia de que por aquella zona no existe ningún cauce fluvial, al tiempo que le preguntaban también dónde se encontraban sus hijos. Aquellos detalles no hicieron más que alarmar todavía más a quienes las conocían, entre ellos a un primo de su suegro, José Antonio Simarro y a Antonio Boluda, un emigrante oriundo del pueblo que se encontraba ocasionalmente en el lugar para asistir a unos funerales.

Es a partir de ese momento cuando se inicia una búsqueda desesperada de los niños, conocedores algunos de ellos del supuesto estado mental de Magdalena Gómez, quien padecía fuertes depresiones desde hacía un par de meses como consecuencia de haber perdido al quinto hijo que esperaba, por causa de un aborto espontáneo. Entre quienes forman parte del improvisado dispositivo para dar con el paradero de los pequeños se encuentra Anastasio Gómez, el padre de la parricida, quien se dirige al lugar conocido como «Fuente Mateo», en unos terrenos pertenecientes a la familia que sufrió el trágico percance, que es el primero en descubrir el cadáver de uno de sus nietos, concretamente de la niña mayor, que aparece flotando en el agua, aunque en un principio no llega a sospechar que su hija se encuentre detrás de aquella dantesca escena. llegando a suponerse que Magadalena tal vez hubiese sufrido un accidente.

El hombre, presa del pánico y el terror que le había causado la escena, exhausto y corriendo a pesar de que ya está entrado en años, se dirigiría hacía la caseta que de la central eléctrica, que se encontraba en las inmediaciones de una carretera, para dar cuenta de que sus cuatro nietos han perecido ahogados como consecuencia de un desgraciado accidente. La persona que atendía aquellas instalaciones lo puso inmediatamente en conocimiento de las autoridades, quienes se trasladaron hasta el lugar de autos para comprobar lo que realmente había acontecido.

La Guardia Civil se encargaría de esclarecer lo que realmente había pasado, después de someter a un interrogatorio a Magdalena Gómez, quien acabaría por derrumbarse y confesar la verdad con todos los pormenores. Debido a que ya se rumoreaba que sufría alguna enfermedad mental, la mujer sería trasladado al antiguo manicomio provincial de Albacete, en el que permanecería custodiada durante varios días.

Aviso al cabeza de familia

Después de haberse producido el luctuoso suceso, se informó del mismo al padre de los pequeños, José Antonio Cuerda Aguilar, de 43 años de edad, quien se encontraba trabajado en la localidad valenciana de Paterna. Para ello, se le cursaría un telegrama, así como una llamada telefónica en la que se le informaba de lo ocurrido. El hombre manifestaría que su esposa no había vuelto a ser la misma desde que sufriera de forma espontánea y totalmente involuntaria un aborto que le privó del que sería su quinto vástago. También diría que hacía toan solo dos días que había partido con destino a las tierras valencianas y que su misma esposa le advirtió que se encontraba «muy enferma», aunque jamás se pudo imaginar que la mujer pudiese perpetrar tamaña barbaridad como la de dar muerte a sus cuatro hijos. Asimismo, negaría que Magdalena Gomez sufriese ningún tipo de episodio psicótico del que él tuviese conocimiento.

El entierro de los cuatro pequeños constituiría toda una manifestación de duelo que reuniría, no solo a los vecinos de la pequeña localidad de El Jardín, sino que se trasladarían personas procedentes de toda la provincia de Albacete y otros territorios limítrofes, siendo este uno de los capítulos más trágicos que se recuerdan en la historia de la crónica negra de la provincia manchega.

Debido a que como se encargarían de demostrar posteriormente distintos profesionales de la psiquiatría Magdalena Gómez sufría graves alteraciones mentales, compatibles con un cuadro de esquizofrenia paranoide, no diagnosticada con anterioridad, que le anulaba sus facultades intelectivas y volitivas, la autora del cuádruple crimen de la pequeña pedanía albaceteña permanecería ingresada durante bastantes años en el antiguo Manicomio Provincial, en el que cumpliría la condena que le fue impuesta.

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Una mujer asfixia con una manta a sus dos hijos en Jaén

El padre de los pequeños en el interior de un vehículo al llegar al lugar de los hechos

Fue un episodio de lo más truculento. De esos que difícilmente se olvidarán por muchos años que transcurran. Inimaginable, como lo son la mayoría de este tipo de casos en los que una macabra realidad supera al peor terror que pueda emanar de la más cruda serie de ficción. Aunque R. B. V., la triste protagonista de este caso, era una mujer que había sufrido alteraciones psíquicas derivadas de la grave enfermedad mental que sufría, nadie podía sospechar, ni por asomo, que pudiese llegar a hacer daño a nadie. Por supuesto, sus hijos ocuparían el último lugar. Sin embargo, nunca se podrá saber lo que exactamente pasó por la imaginación de esta mujer para que llegase a traspasar aquel límite humano de lo realmente admisible, tal como fue el caso de quitarle la vida a sus dos hijos, un par de criaturas que todavía desconocían la maldad, pues con la edad con la que contaban, tres años el más pequeños y once el mayor ni siquiera sabían ni habían tenido tiempo de hacer daño a nadie.

Cuando este desgraciado suceso ocurrió en el atardecer del 28 de septiembre de 2011 R.B.V. era ya una mujer de 37 años, que residía en el barrio jiennense de La Alcantarilla desde hacía más de una década y estaba considerada como una mujer normal, preocupada por el bienestar de su familia y los suyos, que a diario iba a buscar a sus pequeños al colegio. Sin embargo, no se sabe lo que podría anidar en su mente para acometer la cruel acción de asesinar a sus dos hijos, en un momento en el que se hallaban solos en casa con la exclusiva compañía de su progenitora, mientras su padre Álvaro Puertollano había acudido a su sesión diaria de rehabilitación después de haber sufrido un accidente laboral.

En torno a las siete de la tarde de aquel día otoñal R. B. V., como casi todos los días, les dio la merienda a sus hijos. Les preparó un yogur un tanto especial a cada uno de ellos, ya que en el recipiente que los contenía iban abundantes dosis de tranquilizantes, que había aplastado previa y convenientemente en un mortero, que la misma madre consumía a consecuencia de la enfermedad mental que padecía, con el afán exclusivo de que los niños se quedasen dormidos para después asfixiarlos con una manta de cuna, tal y como terminaría sucediendo. En un principio se había facilitado la noticia de que los niños habían fallecido ahogados en una bañera, pero tanto la autopsia como las investigaciones policiales terminarían por refutar esa versión. Al parecer, al mayor Álvaro de once años, lo habría asfixiado en su propio dormitorio, en tanto que al más pequeño, Alejandro, de tres, le habría hecho los mismo en el cuarto de baño y posteriormente trasladaría su diminuto cuerpo a una habitación para colocarlo sobre una cama. Tras haber perpetrado el doble crimen habría llamado a una mujer de su familia a quien le habría contado lo sucedido, siendo esta la primera persona en presentarse en el domicilio, situado en el segundo piso de la calle Alcalde Cancio Uribe.

Llegada de la Policía y emergencias sanitarias

Prácticamente de forma inmediata, se dio aviso a las policías local y nacional de Jaén, quienes se personaron ipso facto en el domicilio en el que había ocurrido el doble crimen, acompañados de un equipo de emergencias sanitarias que acudían con la intención de salvar la vida de los pequeños. Durante casi media hora, tanto los facultativos como el equipo que les acompañaba intentaron reanimar a los dos niños, sin obtener resultado alguno. Los pequeños habían fallecido a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria provocada por la asfixia a la que los había sometido su propia madre. El drama estaba servido y en los aledaños del inmueble en el que se había producido el tétrico suceso se congregaban docenas de vecinos y curiosos que no salían de su asombro por lo ocurrido, al tiempo que la consternación y el dolor se iba extendiendo a lo largo y ancho de la «Capital mundial del aceite de oliva», aunque en esta ocasión no era precisamente el oleaginoso y prestigioso producto que le da renombre universal lo que la llevaba a las primeras páginas de los distintos diarios españoles.

Trasladada a la comisaría de Policía jiennense, entre sollozos R.B. haría unas farragosas declaraciones durante el interrogatorio al que fue sometida. Nada justificaba su execrable acción, pero ella se escudaba en que lo había hecho «porque no quería ver a sufrir a sus hijos en este mundo», que a ella no le gustaba y no era el lugar ideal para ellos. Una idea siempre rebatible difícilmente sustentable. Posteriormente, proseguiría con el relato de los hechos, dando cuenta de manera minuciosa de cómo había dado muerte a los dos niños, siendo ingresada en el calabozo hasta que pasó a disposición judicial.

Sentencia controvertida

Algo más de un año después del trágico episodio la Audiencia Provincial de Jaén acogería el juicio que se iba a seguir contra la parricida que había dado muerte a sus dos hijos en medio de una inusitada expectación. En el transcurso de la vista oral, R. BV. se retractaría de su declaración hecha ante la Policía, escudándose en el hecho que en el día de autos se le había nublado la mente y no recordaba lo ocurrido, a pesar de la claridad de las evidencias que la incriminaban. No obstante, su relato de los hechos no fue creíble y el jurado encargado de emitir veredicto la consideraría culpable, argumentando que la asesina había actuado con alevosía y premeditación con el ánimo de dar muerte a sus pequeños para lo que había empleado un potente psicofármaco que anuló por completo su capacidad de defensa. Igualmente sostuvo que se encontraba en plenitud de sus facultades intelectivas y volitivas en el momento que cometió los dos crímenes.

La primera sentencia sería dura y concluyente, ya que condenaba a la mujer a 35 años de prisión, 17 años y seis meses por cada uno de los dos crímenes, acusada de dos delitos de asesinato. De la misma manera, debía indemnizar al padre de sus vástagos a la suma de 300.000 euros en concepto de responsabilidad civil, al tiempo que no podría acercarse a él durante los diez años siguientes a su salida en prisión, sin ni siquiera poder residir en las proximidades de su vivienda.

La eximente que había rechazado la Audiencia jiennense sería aceptada, sin embargo, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se encargaría de enmendarle la plana. Esta instancia judicial rebajaría sustancialmente la pena a la que había sido condenada R. B. V., que ahora vería reducida su condena a tan solo 20 años de cárcel. El alto tribunal andaluz estimó la eximente incompleta de alteración psíquica, un tecnicismo judicial que viene a significar algo así como que la mujer no se encontraba en sus cabales en el momento en el que había cometido el doble crimen.

Disgustado por la resolución del TSJA, el padre de las criaturas asesinadas, Álvaro Puertollano, recurría ante el Tribunal Supremo la rebaja de la condena. Sin embargo, el alto tribunal desestimaría su recurso al estimar que la madre que había asesinado a sus propios hijos sufría en aquel momento una «depresión melancólica», lo que según la Sala de lo Penal de la mayor magistratura de la nación afectaba a sus capacidades mentales que se encontraban alteradas en un 80 por ciento. Concluía así un proceso de un trágico acontecimiento que no dejó satisfecho a todo el mundo y es, hasta cierto punto, comprensible.

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Un hombre descuartiza al amante de su esposa en Madrid

El cadáver fue encontrado por la Policía en la estación zaragozana de Casetas

Eran aquellos años tiempos muy duros en los que la represión de una población hambrienta estaba a la orden del día. El estraperlo y el mercado negro se habían convertido en algunas de las fuentes de abastecimiento de un país que sufría como pocos en el mundo las desventuras de una dura y cruel Posguerra, a lo que se añadía un conflicto mundial a sus puertas y que parecía eternizarse, pues ya se habían cumplido tres años de dura lucha en la que ni unos ni otros daban su brazo a torcer, aunque el viento dejaba de soplar a favor de los alemanes. Aún así no se podía decir «esta boca es mía».

Fue precisamente la represión y el ansia de capturar a presuntos contrabandistas o estraperlistas lo que serviría para descubrir un suceso que causaría una gran impresión entre quienes tuvieron noticia del mismo, que en aquel tiempo no eran muchos pues la prensa escrita no estaba al alcance de todo el mundo. Los escasos veinticinco céntimos de peseta que costaba un periódico eran necesarios para comprar pan, si es que se disponía de ellos. Por aquel entonces era muy habitual que las fuerzas de seguridad del Estado, tanto la Policía como la Guardia Civil e incluso también el Ejército, viajasen a bordo de los vagones de las líneas ferroviarias que atravesaban la península, sabedoras que el tren era un medio perfecto para camuflar y trasladar víveres de unas localidades a otras con el afán de escaparse de la todopoderosa Fiscalía de Tasas, un organismo dedicado a imponer fuertes gravámenes e impuestos a productos que se vendían en mercados y mercadillos.

Un individuo joven de 25 años, Jaime Castillo Salas, se había subido en la Estación de Atocha al Expreso que cubría la línea entre Madrid y Barcelona, adquiriendo un billete de primera clase, muy probablemente para no despertar las sospechas de terceros, principalmente los agentes del orden que se dedicaban más a investigar los vagones de tercera clase, que era donde se desplazaban un mayor número de viajeros. Nada le hacía temer a aquel hombre joven y corpulento, que había intervenido en la Guerra Civil, que la Policía le obligase a abrir las maletas que transportaba, pues apenas hacían vigilancia en los vacíos coches de primera clase en la que supuestamente viajaba gente decente y honrada.

Llega la Policía

Alrededor de las cinco y media de la madrugada del día 20 de noviembre de 1942, Jaime Castillo se vería sorprendido por la llegada de la Policía, quien le solicitó su documentación, al tiempo que le preguntó que era lo que transportaba en aquellos dos pesados bultos a los que no quitaba ojo. El hombre, algo desconcertado y soñoliento, les respondió de buen grado que solamente llevaba unos huevos y algo de carne. Uno de los agentes que le interrogaba con cara de pocos amigos le dijo en un momento dado «¿Contrabando?», a lo que él respondió enérgicamente que no era un contrabandista ni un estraperlista, que era una persona de bien. No obstante, algo debían sospechar los agentes sobre el contenido que se alojaba en el interior de aquellas dos enormes maletas. El individuo en cuestión les comentó que allí solamente iban unas cantidades de carne que había adquirido en Madrid y también huevos, que llevaba para un familiar que residía en Barcelona.

Insatisfechos con las vagas explicaciones del antiguo combatiente, que además había prestado sus servicios en el bando nacional al ser natural de Palma de Mallorca, le indicaron que su equipaje debía ser inspeccionado a fin de comprobar la veracidad de sus explicaciones, a lo que aquel hombre se mostró muy reacio y les dijo, ya algo desconcertado, que no había motivo para obligarle a que abriese los bultos, pues el era una persona honrada y el material que transportaba era completamente legal. Sin embargo, de nada sirvió su terca oposición a la insistencia de los agentes, quienes, con sumo cuidado, procedieron a abrir ambas maletas para cerciorarse de que en ellas no viajaba ningún producto susceptible de escapar a la legalidad vigente o que no cumpliese con las normas establecidas.

Ni que decir tiene cual debió ser la reacción de ambos agentes de la Policía al descubrir que en los sospechosos bultos que viajaban en primera clase iba, como les había indicado su propietario, carne, pero era humana. En uno de los contenedores encontraron la cabeza y las extremidades de lo que parecía el cuerpo de un varón, en tanto que en la otra iba el tronco del mismo hombre. No les cabía la menor duda que se encontraban ante un hecho delictivo de gran calibre, que les despertaría no solo una gran sensación sino que es también de suponer que les provocase una enorme repugnancia. Inmediatamente procedieron a la detención del sujeto, quien prácticamente en el acto les confesó que había dado muerte a Gabriel Adrover, en su casa de Madrid, al encontrarlo yaciendo con su esposa en su propia cama. Todo ello ocurría a la altura de la estación zaragozana de Casetas. Allí, el autor del crimen sería obligado a apearse del tren y sería conducido a la comisaría de Policía de la capital maña.

Un palo

En la declaración efectuada en comisaría proseguiría relatando los detalles del truculento acontecimiento que habría tenido lugar en días pasados por entonces. Jaime Castillo confesó que el día de autos se encontró a su esposa con quien terminaría convirtiéndose en su víctima en su propio domicilio y presa de la sorpresa y el furor que le ocasionó aquel hecho se inició una escandalera entre ambos y el provisto de un palo que tenía en su domicilio le sacudió un fuerte golpe en la cabeza que terminaría por provocarle la muerte. Posteriormente, decidió descuartizar el cuerpo del amante de su señora e introducirlo en las sospechosas maletas que le obligaron a abrir muy cerca de la estación de Casetas. Su propósito era transportarlas hasta Barcelona y, una vez que hubiese llegado a la capital catalana, deshacerse de los macabros bultos arrojando su contenido al mar. Sin embargo, su objetivo se vio truncado al levantar las sospechas de los agentes de la Policía, quienes estaban buscando a supuestos contrabandistas y estraperlistas, cuya actividad era muy frecuente en la Posguerra.

Apenas unos meses después de haberse producido el crimen se celebró en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra Castillo Salas, quien, a pesar de la gravedad del acto, contaba con la atenuante -vigente en aquel entonces- del delito de adulterio en el que habrían incurrido tanto su esposa como la víctima, Gabriel Adrover. Suponía mucho mayor castigo el hecho de haber descuartizado el cadáver que si le hubiese dado muerte en compañía de su mujer y posteriormente se hubiese entregado a la Policía. Finalmente, el autor de este espeluznante y dantesco crimen sería sentenciado a la pena de 14 años de prisión, cuatro de los cuáles obedecían al hecho de haber profanado un cadáver y a la supuesta intención de inhumarlo de forma ilegal. Como se podrá observar, hemos cambiado y mucho, probablemente para bien.

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Orgía de sangre y terror en Puerto Hurraco: Nueve asesinatos provocados por los hermanos Izquierdo

Dos guardias civiles detienen a Antonio Izquierdo, uno de los autores de la masacre que asoló Puerto Hurraco en 1990

Pronunciar el nombre de Puerto Hurraco, una pedanía de poco más de 70 habitantes pertenenciente al municipio de Benquerencia de la Serena en la provincia de Badajoz, suele ser sinónimo de sangre, terror y malos recuerdos, aunque la práctica totalidad de sus vecinos son personas honradas, trabajadoras y que por, encima de todo, desean vivir en paz, acordemente con los tiempos que corren. A pesar de que han pasado más de tres décadas de aquel descorazonador suceso, en sus calles ha quedado el halo maldito de un trágico episodio provocado por una familia, los «Pataspelás» que durante mucho tiempo había rumiado una dramática venganza que devendría en una gran tragedia que terminaría por empañar el verano español de 1990, en un tiempo en que España se preparaba para entrar en una nueva era.

Los enfrentamientos entre «Amadeos» y «Pataspelás» se remontaban a la noche de los tiempos, siendo su principal móvil los problemas de lindes de tierras por pastoreo o cultivos que tanta sangre han hecho correr a lo largo de la historia en la mal llamada España profunda. A ello se añadían las supuestas afrentas que los primeros habrían hecho a los segundos a lo largo de todo ese tiempo y que, al parecer, solamente obraban en su imaginación, probablemente muy dañada por no haber asumido la realidad de los nuevos tiempos y pretender aferrarse a acontecimientos pretéritos que para aquella familia, los Izquierdo, presas de viejos odios y rencores, a la vez que furibundos y muy intensos, seguían muy presentes en su vida cotidiana. Creían que solamente una sangrienta venganza satisfaría su sed de odio que llevaba varias décadas alimentándose y, al contrario de lo que suele suceder, en esta caso iba creciendo en vez de disminuir, sin importarles las terribles consecuencias que de todo ello pudiese derivarse, que serían desgraciadamente muy trágicas e irreparables.

Los «Patapelás» ya habían protagonizado algún episodio sangriento con los «Amadeos», siendo especialmente notorio el ocurrido el 22 de enero de 1967. En aquel entonces Jerónimo Izquierdo dio muerte a Amadeo Cabanillas, quien había sido novio de su hermana Luciana, a quien a última hora rechazaría, después de haber mantenido una larga relación. El rechazo sentimental marcaría de sobremanera a la mujer, considerada como la principal instigadora de la matanza ocurrida en 1990. El autor de este primer asesinato sería condenado a 14 años de prisión. En 1986 regresaría a Puerto Hurraco con la intención de dar muerte a Antonio Cabanillas, a quien heriría de gravedad con un cuchillo de grandes dimensiones. Ingresado en un centro psiquiátrico fallecería a los pocos días de su internamiento. Sin embargo, había un hecho más reciente, la muerte de la madre de los «Patapelás», Antonia Izquierdo Caballero, en un incendio acontecido en 1984, que los Izquierdo se empeñaron en atribuir a los Cabanillas, aunque las pruebas aportadas por la Guardia Civil terminaría por demostrar que había sido de forma fortuita y no había ni una sola prueba que el fuego fuese provocado. Es más, algunos de los testigos aseguraban haber visto a una de las hermanas Izquierdo intentando salvar algunos enseres del domicilio de la casa materna, en tanto que su progenitora se consumía entre las llamas que asolaban su domicilio.

La matanza

La familia Izquierdo residía en el término municipal de Monterrubio de la Serena, a once kilómetros de Puerto Hurraco, el pueblo en el que tuvo lugar la gran tragedia en una casa en la que se encontraban poco menos que aislados del resto del mundo, en tanto seguían rumiando el horror de su venganza. Armados hasta los dientes, en el atardecer de aquel domingo, los dos hermanos varones Emilio, de 56 años y Antonio, de 52, le dijeron a sus hermanas que se iban a cazar tórtolas, aunque su destino realmente era otro muy distinto y obedecía a un plan precobencido con antelación y hasta minuciosamente diseñado, pues eran sabedores que una gran parte de los vecinos del pueblo al que se dirigían estarían a aquellas horas en la plaza principal disfrutando del fresco en la calle debido al bochornoso calor imperante en aquellos días en toda Extremadura.

Los dos criminales se escondieron en un callejón antes de acometer a los vecinos, aunque su principal objetivo eran los miembros de la familia Cabanillas, principalmente Antonio, a quien odiaban profundamente. Al igual que si de un western del oeste se tratase, iniciarían su orgía de disparos provistos con escopetas repetidoras del calibre 12. Sus dos primeras víctimas fueron dos niñas de 13 y 14 años, hijas de su rival, quienes se encontraban jugando en la plaza del pueblo. Una de sus hermanas se salvó por encontrarse en casa de una prima. Durante un cuarto de hora intenso y eterno para los habitantes de Puerto Hurraco, los hermanos Izquierdo sembraron el terror, el caos y el pánico entre unos vecinos que repentinamente se habían visto sorprendidos por un indiscriminado tiroteo que ya no distinguía entre adversarios suyos y el resto de vecinos. Cualquiera que estuviera presente a su alcance a buen seguro que iba a ser víctima de aquellos dos desalmados que no solo habían perdido el norte sino también su alma. Hasta un total de nueve personas cayeron víctimas de su sinrazón en una orgía sangrienta que colocaba de forma destacada a una localidad prácticamente desconocida en el mapa de la crónica negra española. Pero no eran solo los nueve muertos que dejaban en su horripilante trayectoria, sino que también resultaban heridas de gravedad hasta una docena de personas, algunas de las cuales sufrirían lesiones que les afectarían de por vida, ya que hubo heridos que quedaron tetrapléjicos tal y como fue el caso de un joven que había obtenido recientemente por aquel entonces su titulación como ingeniero industrial. Un verdadero drama en toda regla.

Una vez que se hubo consumado aquella trágica venganza, que muchos temían que llegase a materializarse, los hermanos Izquierdo huyeron al monte Sierra de Oro, en el que pasarían la noche hasta que al día siguiente fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil. En el momento de su captura, Emilio Izquierdo, que era el líder de los dos hermanos, no mostró en ningún momento ni el menor atisbo de arrepentimiento. «Ahora que sufra el pueblo como he sufrido yo en el pasado», fueron las palabras que dedicó a los agentes. Mientras esto sucedía, sus hermanas Luciana y Ángela habían tomado un tren a Madrid con el supuesto propósito de acudir a la consulta de un oftalmólogo. Allí serían captadas por un equipo de televisión de Antena-3, a quienes harían unas declaraciones en medio de sollozos y llantos, aunque tan solo fueran lágrimas de cocodrilo, ya que era difícilmente imaginables que ellas dos no conociesen los macabros propósitos de sus hermanos varones. Inmediatamente hubieron de regresar a tierras extremeñas para prestar declaración ante el juez de Castuera, que se haría cargo del caso. Ambas serían ingresadas en un psiquiátrico, aunque en un primer momento un juez decretaría su ingreso en prisión al considerar que eran las principales instigadoras de la terrible matanza.

En aquella pequeña pedanía, hasta el momento desconocida para una gran parte de los españoles, se instalaba el reino del horror y el pánico. Los vecinos se lamentaban de lo sucedido ante los distintos medios de comunicación que abarrotaban el pueblo, arguyendo algunos de ellos que se podía haber evitado ya que, según sus razonamientos, la tragedia se mascaba en el ambiente. Mientras tanto, Puerto Hurraco seguía presa del pánico y una psicosis de temor se apoderaba de su vecindario, que sufría en silencio las consecuencias de un ritual sangriento provocado por una familia que había sido incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos y que durante muchos años había ido rumiando una venganza que llevaría una consecuencias funestas a una localidad enclavada en lo que se ha denominado la Siberia extremeña.

Casi 700 años de cárcel

En medio de la lógica expectación por lo acontecido en el verano de 1990, en enero de 1994 se celebraba el juicio contra los hermanos Izquierdo. Se vivía también con mucha tensión, principalmente por parte de las familias de las víctimas, que seguían atormentadas por el dolor de la injusta y terrible pérdida de sus seres queridos. La Guardia Civil incautaría un cuchillo de grandes dimensiones a Antonio Cabanillas, padre de dos de las niñas brutalmente asesinadas en medio de aquel ambiente de alta tensión que se haría patente a lo largo del transcurso del juicio que se celebro en la Audiencia Provincial de Badajoz. Las dos hermanas Luciana y Ángela saludarían afectuosamente a sus hermanos Emilio y Antonio, no escatimando elogios hacia ellos en presencia de distintos medios de comunicación. Llegarían a decir que ambos iban para santos, lo que no deja de ser un sarcasmo de mal gusto, cuando no una indecencia moral en toda regla.

Prácticamente ningún remordimiento en el comportamiento de aquellas dos alimañas, quienes se sentaron esposados en el banquillo de los acusados, justificando su irracional comportamiento en aquella aciaga y calurosa tarde del último domingo de agosto de 1990. Como era de prever, la Justicia no se anduvo con medias tintas a la hora de emitir su veredicto y ambos hermanos fueron sentenciados a un total de 684 años de prisión, además de indemnizar las familias de todas sus víctimas y a quienes sufrieron sus secuelas con 300 millones de pesetas, en torno a 1,8 millones de euros, a pesar de que serían declarados insolventes.

Para desgracia de las víctimas, el Tribunal Supremo rechazaría en el año 2006 la posibilidad de que fuesen indemnizadas por el Estado como responsable civil subsidiario al entender que la matanza no había sido un acto de terrorismo sino que los autores de la misma solo pretendían dar muerte a un mayor número de personas y no «enturbiar la paz social», objetivo que persiguen los terroristas.

Muerte de los hermanos Izquierdo

La sentencia de prisión se convertiría en poco menos que cadena perpetua para los cuatro hermanos de aquella fatídica familia que había regado de dolor y sangre las tierras extremeñas en un ritual que parecía entresecado de la peor película de terror. Los componentes de aquel opaco y turbio clan irían extinguiendo sus vidas en un breve lapso de tiempo, apenas un lustro. Es más, tres de ellos fallecerían en poco más de un año. La primera en morir sería Luciana Izquierdo, cuyo óbito se produjo en 2005 a consecuencia de los problemas cardíacos que padecía. Unos meses más tarde, en el año 2006, fallecería su hermana Ángela, quien se había quedado sola en el psiquiátrico en el que se encontraba ingresada y en el que nunca, tanto ella como su hermana, terminarían de integrarse, haciendo una vida al margen del resto de los internos, al igual que habían hecho en su existencia civil en la que se habían apartado del resto de la población.

Por esta misma época, en el año 2006, cuando ya había muerto sus dos hermanas, fallecía Emilio Izquierdo, a cuyo entierro asistió únicamente su hermano Antonio, quien tendría palabras elogiosas hacia su familiar, destancando que se «iba al cielo» tras haber cumplido con el deber de haber vengado la muerte de su madre. Quedaba ahora él como el último representante de un clan familiar del que la única hermana que se había casado había renegado. El postrero miembro de aquel desgraciado grupo familiar desaparecería cuatro años más tarde, el día 24 de abril de 2010. Él mismo sería el encargado de poner fin a su rastrera existencia, ahorcándose en la celda que ocupaba en la prisión de Badajoz. Había tomado muy a pecho la derogada doctrina Parot, en vigor en aquel entonces, que prorrogaba su estancia en los muros de la cárcel. Fue sepultado en el cementerio pacense días después de haberse suicidado cuando contaba 72 años de edad. A su entierro no acudió nadie y tampoco hubo una sola flor ni nadie derramó una lágrima por su fallecimiento. Con él se ponía fin a una estirpe que había sembrado el terror en lo que parecía un pacífico y caluroso verano en el que España miraba con optimismo hacia el futuro, mientras los tristemente célebres «Patapelás» seguían anclados en el pasado regodeándose en el odio y el rencor para acometer una sangrienta venganza difícilmente olvidable para los vecinos de Puerto Hurraco, cuyo nombre sigue siendo sinónimo de la España negra y ancestral, esa que por fortuna ya no existe, ni siquiera en el mismo pueblo en el que se produjo la trágica matanza de la que todavía hoy se siguen vertiendo ríos de tinta y a la que nadie, en su sano juicio, puede encontrar explicación posible por mucho que algunos habitantes de la localidad vislumbrasen aquella ya lejana tragedia del estío de 1990.

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