Una criada asesina al matrimonio para el que trabajaba en Cáceres

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Los hechos ocurrieron en la urbanización Montesol de la capital cacereña

Este suceso, en un principio, presentaba muchas vertientes y bien pudiese parecer que obedecía a un móvil económico, tal y como terminaría sucediendo, pero no por una tan exigua cantidad de dinero, pues finalmente solo fueron 270 euros los que precipitaron un sangriento acontecimiento en las primeras horas de la tarde del día 21 de octubre de 2008. Una de las víctimas, Juan Antonio Torrecilla Ortega, de 54 años de edad, estaba convencido de que le iban a matar, al igual que si de un mal presagio se tratase. De hecho, había contratado los servicios de un guardaespaldas para él y su esposa, Mercedes García de las Heras, de 51 años, quien había sido traductora del Parlamento europeo y estaba jubilada como consecuencia de una enfermedad cuando fue asesinada.

Algunos allegados sabían que Juan Antonio, que era padre de tres hijos con edades comprendidas entre los quince y los 24 años, movía mucho dinero e incluso a sus personas de confianza les había facilitado los datos de sus tarjetas bancarias. Su esposa cobraba una sustanciosa pensión de 6.000 euros por sus servicios en el alto organismo europeo. Su marido le había confesado a diversas personas el temor de que los matasen en el momento menos pensado y así se lo habían hecho saber tanto a un abogado amigo de la familia y también a dos individuos que ejercieron de chóferes de la familia, Manuel R.B. y Rafael S.G., ambos habituales consumidores de estupefacientes, y que incluso serían imputados a raíz del doble crimen que consternaría a la capital cacereña en el otoño de 2008. Sin embargo, al igual que si se tratase de un personaje extraído de una novela de Gabriel García Márquez, no se sabía a que obedecían esos temores ni que escondían de cierto. Se rumoreó algunos problemas con una familia de Salamanca, aunque nunca pudo demostrarse absolutamente nada. Las víctimas se llevaron el secreto a la tumba. Ese mismo pánico también era conocido por Ángela Aparecida da Cunha, de 35 años, una ciudadana brasileña que prestó su servicios como empleada doméstica en el domicilio de los Torrecilla-García durante un par de meses.

Detenciones

Tras un arduo trabajo de investigación y después de investigar exhaustivamente todas las relaciones y los movimientos de la pareja se procedió a efectuar tres detenciones, los dos hombres que habían trabajado como chóferes en la casa del matrimonio asesinado así como la criada fueron puestos a disposición de la Justicia por parte de las fuerzas policiales. Más tarde, los dos conductores, uno de los cuáles, Manuel R.B., fallecería en el año 2016 al precipitarse al vacío en un patio de luces cuando intentaba robar en un domicilio de Cáceles, serían puestos en libertad, mientras que la criada, Ángela Aparecida da Cunha, seguía en prisión como principal sospechosa del doble crimen acontecido en la urbanización Montesol en el barrio cacereño de la Mejostilla.

Según la versión policial, los dos asesinatos habrían acontecido en torno a las dos de la tarde del 21 de octubre de 2008 cuando la ciudadana brasileña acudió al domicilio de las víctimas a reclamarles una deuda que ascendía a 270 euros por los servicios prestados durante dos meses. La mujer había dejado de trabajar en la casa del matrimonio al que daría muerte una semana antes de producirse el fatal suceso. A raíz de esa reclamación se inició una fuerte discusión entre la agresora y sus víctimas. En un momento dado, la asesina le habría propinado un fuerte golpe a Juan Antonio Torrecilla con un objeto contundente y romo aprovechando que el hombre se encontraba sentado en uno de los sillones del salón donde tuvieron lugar los hechos. Como consecuencia de la brutal agresión le fracturaría la base del cráneo, lo que le provocaría la muerte de manera prácticamente instantánea a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria.

Ante el dantesco espectáculo al que estaba asistiendo, Mercedes García comenzó a proferir gritos de auxilio que no fueron escuchados por nadie. Al igual que había hecho con su cónyuge, su antigua criada le propinaría un fuerte golpe en la cabeza con el mismo objeto empleado para dar muerte a Juan Antonio. Una vez derribada, se quiso asegurar de su muerte clavándole una navaja en el cuello que terminaría seccionándole la yugular, lo que le ocasionaría una gran hemorragia a consecuencia de la cual le sobrevino la muerte.

34 años de cárcel

El juicio contra Ángela Aparecida da Cunha se celebraría en los primeros días del mes de abril del año 2012, después de que se hubiese suspendido hasta en dos ocasiones debido a las dilaciones efectuadas por su defensa por su disconformidad con la composición del jurado encargado de dilucidar su suerte. La vista oral despertaría una gran expectación en Cáceres. En el banquillo se sentaban tres personas, la presunta asesina y los dos hombres que habían trabajado como chóferes en el domicilio del matrimonio vilmente asesinado. Estos últimos resultarían absueltos al de todo cargo, debido a que se demostró que carecían de cualquier implicación en los hechos.

Lo que quedó muy claro para el jurado es que la única responsable de la muerte del matrimonio asesinado hacía casi cuatro años por aquel entonces había sido la ciudadana brasileña, quien sería condenada a 34 años de prisión, acusada de dos delitos de asesinato, 17 por cada una de las dos muertes. También debería indemnizar a los herederos de sus víctimas con 500.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Asimismo, se la condenaba con la expulsión de España por un periodo de diez años, contados a partir de su acceso al tercer grado o en el momento en que hubiese cumplido las tres cuartas de la pena que le fue impuesta. Apenas un mes después de celebrado el juicio, el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres.

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El crimen de Cuenca: dos inocentes condenados después de haber sido brutalmente torturados

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Fotograma de la película EL CRIMEN DE CUENCA, de Pilar Miró

«El Crimen de Cuenca» o «Caso Grimaldos» fue uno de los errores judiciales más sonados y más lamentables de la historia de España. El suceso alcanzaría gran repercusión en la España de la época, salpicando directamente al Ministerio de Gracia y Justicia, desde cuyas instancias se ordenaría al Tribunal Supremo que iniciase una investigación, además de la revocación y posterior nulidad de la condena de los dos encausados. Sin embargo, la decisión judicial llegaría muy tarde para ambos sentenciados pues ya habían cumplido la totalidad de su pena y lo peor de todo es que habían sufrido en carne propia la dureza que se aplicaba en la época por parte de las autoridades para obtener la confesión de un delito que jamás se había cometido y cuya víctima aparecería vivo y coleando 16 años después de su presunto asesinato.

Los hechos se sitúan en los municipios conquenses de Osa de la Vega y Tresjuncos, al oeste de la provincia de Cuenca. En la zona el ganado ovino era hace más de un siglo el principal sustento de la mayoría de sus habitantes y el suceso tendría lugar entre pastores que se dedicaban a estas tareas agrarias. El personaje principal de la trama sería un individuo, pequeño de estatura y supuestamente corto de entendederas llamado José María Grimaldos López, de 28 años de edad, conocido como «El Cepa». Al parecer, este hombre era objeto de constantes burlas por parte de otros dos colegas suyos, León Sánchez Gascón «El Pastor» y Gregorio Valero Contreras, «El Varela», siendo esas chanzas uno de los argumentos empleados a la hora de encausarlos, pues la familia de la inexistente víctima estaba al corriente de las mismas.

El día 21 de agosto de 1910, Grimaldos vendió unas ovejas de su propiedad, siendo el dinero de la venta de las mismas el principal móvil del supuesto crimen que atribuirían a «El Pastor» y «El Varela» la causa de un hipotético sangriento suceso cuyo cadáver jamás aparecería. Lógico por otra parte. La familia de «El Cepa» denunciaría la desaparición de su pariente ante el Juzgado de Belmonte, quién sobreseería la causa en el año 1911, después de ser sometidos a un primer interrogatorio las dos personas a quienes se atribuía la muerte del pastor desaparecido. Sin embargo, su familia proseguiría con las gestiones para aclarar su paradero, volviendo a reabrirse el caso en el año 1913, merced a la llegada al Juzgado de Belmonte de un nuevo titular, Emilio Isasa Echenique, otro de los personajes tristemente claves en esta trama y cuyo final es todavía una incógnita cuando está a punto de cumplirse un siglo de su muerte.

Reapertura del caso

La reapertura de las investigaciones acerca de lo que le podría haber sucedido a José María Grimaldos no pudo haber sido más desgraciada ni desafortunada. Por un lado, su familia mostraba el pleno convencimiento de que tanto Sánchez Gascón como Valero Contreras estaban implicados en la presunta muerte de «El Cepa» que no cabía lugar a posible discusión de ningún tipo. La Guardia Civil no escatimaría medios ni tampoco métodos para obtener la confesión de los dos encausados, que serían sometidos a todo tipo de vejaciones, escarmientos y torturas, algunas de ellas de lo más inhumano y deleznable, que parecían retroaer a la época medieval. Baste señalar que les arrancaron uñas, vello facial, fueron colgados de los genitales y hasta les dieron como único alimento bacalao sin desalar al tiempo que se les privaba de tomar agua. Una verdadera salvajada, pero cierta.

Tras soportar unos tormentos despiadados e inhumanos, los dos encartados terminarían por confesar, responsabilizando el uno al otro, aunque ninguno de los dos conocía el verdadero paradero de José María Grimaldos. Llegaron a declarar que habían quemado el cuerpo, cuyo cadáver no aparecía por ninguna parte. El juez encargado del caso decidió levantar un acta de defunción, que fijaba el óbito de «El Cepa» con fecha de 21 de agosto de 1910, situando la hora en que le dieron muerte entre las ocho y media y nueve de la mañana, siendo el móvil del crimen el dinero que la falsa víctima había cobrado por las ovejas que había vendido aquel mismo día.

Cuatro años más tarde de la falsa confesión que se vieron obligados a emitir se celebraba el juicio contra León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras en la Audiencia Provincial de Cuenca. Su abogado defensor procuró por todos los medios que no fuesen sentenciados a la pena de muerte. A pesar de que el sumario estaba plagado de contradicciones y había muchas diligencias por esclarecer, al tiempo que existían bastantes lagunas jurídicas en torno a la culpabilidad de los encausados, ambos serían declarados culpables y serían condenados a 30 años de cárcel cada uno. En el año 1925 les llegaría el indulto, después de haber pasado más de una década entre rejas. No obstante, su vida tendría que dar un giro radical, pues sobre ellos pesaba la sombra de una falsa culpabilidad y su reintegración social, teniendo en cuenta los prejuicios de la época, era poco menos que imposible.

Aparición de Grimaldos

El 8 de febrero de 1926 el cura párroco de Tresjuncos, Pedro Rufo Martínez Enciso recibió una carta de su colega del vecino municipio de Mira en la que le solicitaba una partida bautismal de José María Grimaldos López, quien deseaba contraer matrimonio. El sacerdote, que había sido uno de los principales promotores del proceso contra «El Pastor» y «El Varela», estupefacto ante tal petición, no contestó a la misiva de su compañero, a la vez que la ocultó durante algún tiempo. Impaciente por el retraso de la partida bautismal, el mismo Grimaldos decidió acudir hasta Tresjuncos y solicitar el documento de forma personal. Fueron muchos los vecinos los que contemplaron con estupor y sorpresa la presencia vivo y coleando de «El Cepa», saltando la noticia a la opinión pública y llegando a oídos del juez que había encausado a los dos inocentes. Este último ordenaría la detención del desaparecido. A pesar de todo, el acontecimiento ya tenía un largo recorrido y eran muchas las voces que comenzaron a tomar partido por los dos hombres injustamente condenados.

El suceso saltaría de inmediato a las páginas de la prensa de la época, siendo los medios que se oponían a la dictadura de Primo de Rivera quienes se mostraron más ácidos con el hecho y culpaban directamente al Ministerio de Gracia y Justicia, cuyo titular era Galo Ponte y Escartín, quien se vería obligado a tomar cartas en el asunto. Este último ordenaría al Tribunal Supremo la revisión del caso, quien terminaría anulando la sentencia que había dictado la Audiencia Provincial de Cuenca en el año 1918. En el auto emitido por el alto tribunal se destacaba que la confesión de quienes se habían convertido en verdaderas víctimas de un crimen que jamás había ocurrido se había obtenido mediante torturas y se habían empleado métodos salvajes, lo que cuestionaba la actitud de la Guardia Civil. El escándalo estaba servido y ahora comenzaba una leyenda que ha llegado hasta nuestros días. Sin embargo, la verdadera justicia para los dos falsos encausados se había demorado demasiado, tanto que ya habían cumplido sus respectivas penas además de padecer unos terribles y brutales tormentos que ni en épocas remotas se habrían infringido de forma semejante.

Para aclarar lo sucedido, se le preguntó al principal protagonista del caso lo que le había ocurrido. Grimaldos manifestaría que al ver el dinero que le habían pagado por las ovejas le dio «un barrunto», por lo que decidió desaparecer de la zona yendo a tomar unos baños medicinales a un manantial de la provincia de Cuenca. De la misma manera, por extraño que pueda parecer, negaría haber tenido conocimiento de lo ocurrido con los otros dos pastores con los que compartía terrenos para pastar sus rebaños. Mientras, el juez encargado del caso Emilio de Isasa Echenique fallecería en el mismo año en que se descubrió la verdad. Su muerte estuvo rodeada de grandes incógnitas. Su óbito, oficialmente, fue atribuido a una angina de pecho, pero tomarían cuerpo los rumores que apuntaron a un hipotético suicidio.

Consecuencias

La vida de los dos encausados proseguiría su rumbo, aunque no de la forma normal que ellos hubiesen deseado, pues habían cumplido una injusta condena. Ambos, «El Pastor» y «El Varela» reharían sus respectivas vidas muy lejos del pueblo que los había visto nacer. Se trasladaría a Madrid, para huir de un infernal ambiente que los condicionaba de una manera muy cruel. Si es que en hechos similares puede haber justicia, a ambos les llegó demasiado tarde, cuando un tribunal les reconoció, ya en 1935 en plena IIª República española, una pensión vitalicia de 3.000 pesetas anuales, con retroactividad desde cinco años antes. Sin embargo, el dinero no lo paga todo, en otras cosas el sufrimiento padecido por ambos hombres.

También en ese mismo año se iniciaría un proceso contra quienes habían participado en la causa que se siguió contra León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras. Entre ellos algunos oficiales y agentes de la Guardia Civil, así como los dos forenses. No obstante, debido a la época en la que se desarrolló este hecho, los tribunales no tuvieron la suficiente valentía para acometer una condena ejemplar y todos ellos fueron absueltos. Desgraciadamente, «El crimen de Cuenca» no fue el único error de envergadura de la justicia española, ya que algo más de cuarenta años después fueron ejecutados tres inocentes por dos asesinatos, estos con víctimas, pero que el tiempo y los propios hechos se encargarían de probar la inocencia de quienes fueron ejecutados por la muerte de las estanqueras de Sevilla. Y hace apenas dos décadas, otra inocente Dolores Vázquez pagaba con cárcel por otro asesinato que no cometió. A veces la Justicia no hace todo lo bien que se desease su trabajo y solamente desear que casos como el que se acaba de narrar o similares no vuelvan a producirse, ante todo por el bien de las personas.

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Un recluso, con un permiso penitenciario, asesina a dos policías en prácticas en Barcelona

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Aurora Rodríguez y Silvia Nogaledo, las dos polícías brutalmente asesinadas

En pleno otoño del año 2004 Barcelona y España entera se conmoverían ante un brutal doble crimen que provocaría la lógica consternación de toda una sociedad que veía como un brutal psicópata Pedro Jiménez García quitaba la vida a dos jóvenes policías, Aurora Rodríguez, de 23 años y Silvia Nogaledo, de 28, tras un permiso penitenciario de tres días que le había sido concedido por las autoridades penitencias de la prisión de Can Brians en la que cumplía condena por delitos de índole sexual que había perpetrado hacía ya algún tiempo. El asesino de las dos jóvenes agentes del Cuerpo Nacional de Policía no regresaría al establecimiento penitenciario cuando concluía su breve permiso, después de que la junta de tratamiento considerase que reunía los requisitos necesarios, tales como la integración social, para acceder a esporádicas salidas de los muros carcelarios. Sin embargo, tal y como quedaría acreditado, todo ello no era más que un burdo espejismo y quienes le concedieron esta gracia no dudaron un solo instante en mostrar su arrepentimiento por el «fracaso» en la supuesta reinserción de quien no era más que un despiadado psicópata que, a pesar de su escasa estatura, 1,57, era capaz de cometer las mayores salvajadas y tropelías, tal y como venía haciendo desde que contaba con solo 16 años de edad.

El día 5 de octubre de 2004 un vecino del inmueble número 78 de la Rambla del Mares en L´Hospitalet de Llobregat alertaba a los bomberos de que una densa capa de humo salía del séptimo piso. El cuerpo de emergencias acudió a sofocarlo y después de forzar la puerta de la vivienda en la que se había producido el incendio se encontraron con la dantesca escena de dos cadáveres, que presentaban evidentes signos de violencia. Eran dos mujeres jóvenes, que no tenían mucho trato con el vecindario debido a que en aquel piso era frecuente que sus inquilinos cambiasen con asiduidad, siendo casi siempre agentes de la policía quienes lo ocupaban.

Ambos cuerpos, que serían reconocidos casi de inmediato, habían sido literalmente acribillados a cuchilladas. La autopsia revelaría que el criminal les había propinado hasta un total de veinte. Asimismo, tal y como también quedaría acreditado, una de las agentes habría sido agredida sexualmente por su asesino, circunstancia esta que ayudaría a aclarar el suceso, aunque no sería la única. En el mismo domicilio se hallaron también el arma homicida, fundamental en estos casos, un cuchillo de quince centímetros, unas zapatillas deportivas y un papel con un número de teléfono móvil que habría sido adquirido hacía muy pocos días. La vivienda habría sido revuelta buscando tal vez algunos objetos de valor o tarjetas de crédito.

Detención

En cuestión de muy pocas horas sería detenido Pedro García Jiménez, quien contaba con 35 años de edad en el momento de perpetrar el doble crimen. Eran demasiadas las pistas que conducían a un individuo de compleja personalidad, pero que había logrado engañar a la junta de tratamiento de la prisión en la que se encontraba ingresado, provocando su lógica frustración, pues sin los permisos carcelarios no hubiera cometido este crimen, si bien es cierto que en el año 2005 habría redimido toda la pena a la que había sido condenado desde el año 1992, año en el que había violado a una mujer, además de arrastrar un historial bastante oscuro y turbio a lo largo de su existencia, pues siendo un adolescente ya dio muestras de su problemática conducta.

Según todos los indicios, el asesino de las dos jóvenes agentes las habría elegido al azar. Al parecer, en la mañana del día de autos, habría abordado a punta de navaja a Aurora Rodríguez, quien regresaba a su casa tras haber efectuado el turno de noche en la comisaría de la Verneda, en la que estaba destinada. Posteriormente, le habría obligado a conducirlo al piso en el que se encontraba su compañera durmiendo. Una vez dentro de la vivienda, las maniataría y le daría muerte en primer lugar a la joven que había abordado en la calle, después de haberla violado, tras acuchillarla en cuatro ocasiones. Con Silvia Nogaledo habría hecho los mismo, después de inferirle más de diez puñaladas. afectándole al pecho y el pulmón izquierdo, lo que le ocasionaría la muerte.

Para concluir con su macabra faena, pondría fuego al piso y huiría del lugar de autos, siendo trasladado por un ciudadano turco hasta una barraca de Vila Reja, lugar en el que sería detenido. El individuo que lo trasladó hasta este lugar también seria capturado por la Policía, aunque quedaría en libertad al demostrarse que no había actuado como encubridor. Al mismo lo había conocido el autor de la muerte de las dos jóvenes agentes en el transcurso de su prolongada estancia en prisión.

94 años de cárcel

En marzo del año 2010 en medio de una gran expectación se celebraría en la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio contra el terrible asesino de las dos muchachas leonesas. En principio negó que hubiese sido el autor de la muerte de las dos policías, responsabilizando a una tercera persona de la que jamás se probó su existencia física. Igualmente, se apuntó que en el día de autos el asesino habría consumido cocaína. Reconocería que el día de autos estuvo en el piso en el que cometió los asesinatos, además de resaltar que la relación sexual que mantuvo con la joven policía fue «consentida», aunque quedaría también acreditado que ni el verdugo ni sus víctimas se conocían previamente.

El jurado encargado de dirimir su culpabilidad tuvo muy claro que Pedro Jiménez García había sido el autor de los dos asesinatos, declarándole culpable. Por los mismos, se vería condenado a la pena de 94 años de cárcel, con una estancia máxima entre rejas de 40, tal y como lo contemplaba el código penal vigente. Si se tienen en cuenta estas circunstancias es posible que este peligroso criminal esté en la calle en el año 2036, lo que representaría más de dos tercios de su existencia entre los muros de la prisión. De la misma forma debía indemnizar con 900.000 euros a las familias de sus dos víctimas, aunque se declararía insolvente, si bien es cierto que el erróneo dictamen de la junta de tratamiento provocaría que se declarase al Estado como responsable civil subsidiario. Lo terrible de todo es que un sujeto sin ningún escrúpulo se llevó por delante la vida de dos jóvenes que tenían toda la vida por delante y que se habían encomendado a la siempre difícil tarea de velar por la seguridad de los demás, o lo que es lo mismo, prevenirnos de energúmenos tan sádicos como el mismo que les quitó la vida a ellas dos.

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El «Sacamantecas»: un mítico asesino en serie del siglo XIX

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Juan Díaz de Garayo, conocido popularmente como «El Sacamantecas»

Su figura, o cuando menos su leyenda y el mito que se ha generado en torno a sus macabras andanzas han llegado hastas nuestros días, con una historia más o menos deformada en función de las circunstancias. Asimismo, se han dibujado o narrado otros personajes alternativos a quienes se ha dado su misma categoría dependiendo del lugar de la geografía española en la que sucedieron algunos hechos luctuosos semejantes a los protagonizados por el tristemente célebre Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandoña, quien daría pie a un mítico personaje de la cultura española que sería conocido como «El Sacamantecas», utilizado otrora para asustar a los más pequeños. De la misma manera, se generarían infinidad de leyendas que aseguraban haberlo visto en distintas épocas y distintos puntos de toda la geografía ibérica. Pero eran tan solo eso. Leyendas, que horrorizaban una tiempo en que las andanzas de individuos similares, entre ellos el famoso «hombre-lobo» de Allariz, habían generado un gran número de tragedias de forma muy macabra. Poco o nada se estudiaba acerca de la personalidad de estos sujetos en la época en la que les tocó vivir debido a que la psicología todavía estaba en pañales y el campo de la neuropsiquiatría era prácticamente inexistente. Solamente vivieron acompañados de los prejuicios de su tiempo y sus figuras pasaron a la historia como la de auténticos malvados capaces de cometer las peores tropelías jamás imaginadas.

La vida de Díaz de Garayo se inicia en la localidad alavesa de Eguiluz el día 17 de octubre de 1821, en el seno de una familia muy humilde, que ni siquiera le puede ofrecer una mínima preparación, por lo que se ve obligado a trabajar desde que era un niño, al servicio de distintas familias. en las que ocupó distintos empleos, todos ellos muy duros. Carbonero, pastor y labrador fueron algunos de los oficios que desarrolló antes de convertirse en uno de los más célebres asesinos en serie españoles de todos los tiempos. Cuenta el periodista Ricardo Becerro de Bengoa que su conducta fue «intachable» en aquellos primeros años, por lo que nadie se podría imaginar lo que terminaría sucediendo tan solo unos años más tarde.

Contraería matrimonio por vez en 1850 primera con una viuda, Antonia López de Berrosteguieta, después de haber entrado como criado en su casa. Tras sus primeras nupcias, encontró la calidez y la concordia necesarias con la mujer con la que se había desposado. Sin embargo, su esposa fallecería en el año 1863, sumiéndose Díaz de Garayo en un estado de abandono absoluto, que incluso le hacen olvidar la hacienda en la que trabaja y comienzan los primeros enfrentamientos con sus tres hijos. Tan solo un año más tarde, en 1864, contrae de nuevo matrimonio. En esta ocasión la elegida es Juana Salazar, otra mujer viuda con hijos. A diferencia de lo que había acontecido con su primera relación, en esta ocasión la convivencia será tormentosa y la pareja no llegaría a funcionar nunca, siendo tildado su carácter de «violento» por Becerro de Bengoa.

Primer asesinato

El temible Díaz de Garayo comenzará su actividad delictiva cuando era un hombre maduro que se acercaba a los cincuenta años de edad, asesinando a nueve mujeres en la década de los setenta del siglo XIX, al tiempo que generaba una situación de terror y temor entre las féminas de la Llanada alavesa, el valle en el que se enclava la capital de la provincia, Vitoria. Su primera víctima sería una conocida prostituta vitoriana, conocida como «La Valdegoviesa», a quien daría muerte el día 2 de abril de 1870 en el paraje en el que se encuentre el cauce del arroyo Errekatxiki. Al parecer, el crimen vendría motivado a raíz de los honorarios que debía percibir la mujer por sus servicios. En un momento dado, «El Sacamantecas» le habría echado las manos al cuello, hasta dejarla semiinconsciente para, posteriormente, meterle la cabeza bajo el agua y así rematar la trágica y macabra faena. El cuerpo de la mujer sería encontrado al día siguiente por un joven que trabajaba de criado en una hacienda de la zona. Debido a que la investigación acerca de lo sucedido no avanzaba mucho, unido a los prejuicios que en la época despertaba la profesión de la víctima, hizo que el caso fuese provisionalmente archivado y con ello se permitiese que aquel energúmeno agrandase su tétrica leyenda.

Apenas un año después, llega un nuevo asesinatos que se producen en el mismo escenario que en el anterior y con similar modus operandi y también el mismo móvil. Una prostituta con quien discute acerca del precio de sus servicios. Sin embargo, apenas se hacen investigaciones lo que le llevará a perpetrar dos nuevos asesinatos en agosto el año 1872. Otra de sus víctimas vuelve a ser una prostituta, en tanto que la cuarta es tan solo una niña de trece años, un suceso que conmociona a toda la comarca y hace que el temor se instale en la capital alavesa y sus aledaños, temerosas las mujeres de caer en las garras de un brutal depredador carente de cualquier escrúpulo.

En el año 1872 contraerá matrimonio por tercera vez. En esta ocasión se casa con Agustina Ruiz de Loizaga, quien fallecerá cuatro años más tarde, en un suceso que nunca se ha aclarado y que quedaría sumido en un gran misterio, si bien nunca llegó a haber pruebas que incriminasen de su muerte a quien era su marido. Mientras tiene la compañía de una mujer, su actividad sádica disminuye sensiblemente, aunque continúa arremetiendo contra algunas mujeres, una de ellas es una anciana que se dedicaba a la mendicidad, quien, tras llegar a un acuerdo, es indemnizada con veinte pesetas de la época, no sin ofrecer cierta resistencia a que el castigo no sea mayor para su agresor.

Al mes siguiente de quedar viudo por tercera vez, contraerá nuevas nupcias por cuarta vez en su vida con una mujer de avanzada edad, Juana Ibisate. Esta última relación será un auténtico fracaso desde el primer día. A lo largo del tiempo que hacen vida en común, son frecuentes los insultos y las agresiones verbales de la pareja, al tiempo que descuidan enormemente sus tareas domésticas. Díaz de Garayo está más pendiente de beber que en atender su hacienda, al tiempo que prodiga nuevos ataques contra otras mujeres.

Últimos crímenes y captura

Entre 1878 y 1879 incrementará su sádica actividad delictiva, dando muerte a una apuesta campesina de tan solo 25 años en el mismo paraje por el que solía desarrollar sus macabros acontecimientos. Tras entablar conversación con ella en la carretera próxima, repite su forma de actuar echándole las manos al cuello y llegando a ofrecerle dinero a cambio de su silencio. En vista de su negativa, intenta violar a la muchacha cuando se encuentra en estado agónico. Finalmente, la destripará con la navaja que porta consigo, siendo a partir de este suceso cuando se gana el triste y macabro apelativo de «Sacamantecas», que en un futuro no muy lejano serviría para atemorizar a muchas generaciones de pequeños españoles, llegando incluso hasta nuestros días.

La primera vez que pasará por los muros de la cárcel fue cuando intentó estrangular a una mujer que se ocupaba de un molino, el día 1 de noviembre de 1878, que responde al nombre de Ángela de Armentia. La molinera se resistió a los deseos del criminal y conseguiría escapar de sus temibles garras, denunciando el hecho ante las autoridades. Sin embargo, la pena impuesta es muy leve, pues solamente es condenado a cinco meses de cárcel, lo que dará pie a que cometa dos nuevos asesinatos al año siguiente. Sus dos últimas víctimas son una mujer de 25 años y otra de 52, con la que repite el mismo ritual que había empleado con las siete anteriores víctimas, así como también el mismo escenario, lo que contribuirá a su inmediata captura.

Será el alguacil Pío Jesús Fernández de Pinedo quien ponga fin a las macabras andanzas de un hombre que ha atemorizado a lo largo de casi una década a la Llanda alavesa. El oficial de justicia ha reunido suficientes pruebas y testimonios para encausar a Juan Díaz de Garayo, quien será detenido el 1 de septiembre de 1880. Ahora de nada le servirá la locuacidad ni tampoco su verborrea para esquivar la acción de la autoridad judicial, tal y como había ocurrido en otras ocasiones. Su definitiva detención llevará una cierta calma a la provincia vasca y comenzará una macabra leyenda que traspasará incluso fronteras acerca de la actividad delictiva de uno de los peores enemigos públicos de la historia contemporánea de España

Ejecución y leyenda

Juzgado por un tribunal, que le declaró culpable, Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandoña, conocido ya popularmente como «El Sacamantecas» será ajusticiado el 11 de mayo de 1881. En su última etapa carcelaría parece ser que aprendió a leer y escribir, algo que no había podido en su azarosa y macabra vida, en la que su único objetivo fueron las sádicas y crueles relaciones con las mujeres a las que no dudaba en darles muerte por el motivo más nimio. Antes de ser ejecutado, fue examinado por doce forenses, quienes llegaron a la conclusión que aquel asesino en serie era consciente de sus actos como el más civilizado de los ciudadanos, no pudiendo ser considerado un enfermo mental como sí lo había sido el «hombre-lobo» de Allariz, que fue prácticamente coetáneo suyo, aunque ya hacía casi tres décadas que había fallecido cuando fue ejecutado el criminal vasco.

Hubo una voz discrepante en todo este asunto, que fue la del psiquiatra alicantino, el célebre doctor José María Esquerdo, quien estaba convencido que sí efectivamente se encontraban ante un individuo a quien afectaba alguna patología mental. Su razonamiento era muy simple, pero basado en evidencias científicas. Decía que «es un loco que aparenta estar cuerdo». Sin embargo, su teoría caería en saco roto en un tiempo en el que la psicología y neuropsiquiatría se encontraban todavía en pañales.

Por esta época estaba en boga la frenología, cuyas teorías son refutadas en la actualidad, así como el autor de las mismas, el criminólogo italiano Cesare Lombroso, quien sostenía que los delincuentes y criminales obedecen a un determinado patrón anatómico en sus rasgos faciales, así como cerebrales. No obstante, al igual que ocurría con el doctor Esquerdo, tampoco se tuvieron en cuenta estas teorías. De hecho, se dice que una niña llamó por el apodo por el que sería conocido a Díaz de Garayo antes de haberle imputado ningún crimen, pero que se sospechaba que eran todos obra del mismo autor y, dada su extrema crueldad, se rumoreaba que eran obra de un «Sacamantecas».

La leyenda en torno a sus macabros actos ha llegado hasta nuestros días y ha recorrido toda la geografía española, atribuyéndose tan macabro mote a otros individuos que perpetraron hechos similares, aunque no en tan elevado número, en otros puntos de España. Son también muchas las historias que se han contado a lo largo de los últimos 140 sobre tal o cual energúmeno, a quien vox populi no ha dudado en atribuir el mismo alias que al tristemente célebre Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandoña, quien muchos años después de su muerte sigue siendo objetivo de artículos periodísticos, reportajes de televisión y como no, del séptimo arte, ya que su figura ha sido llevada al cine con notable éxito. Y es que los malos, y cuanto más malos peor, generan muchas ansias de morbo, aunque desde aquí deseamos firmemente que no vuelvan a nacer tan tétricos personajes como el que serviría para asustar a millones de niños españoles a lo largo de muchas generaciones cuando hacían alguna trastada o simplemente no se querían ir a dormir.

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La matanza de Atocha: mucho más que un atentado terrorista

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Multitudinario entierro de los abgogados asesinados en la madrileña calle de Atocha

En aquella época de la historia se vivían en España momentos de esperanza, no exentos de una palpable tensión provocada por los muchos atentados terroristas que un día tras otro se cobraban las vidas de personas inocentes, tan solo por el hecho de ser policías, guardias civiles o defender un ideario u otro. Eso es lo de menos. Uno de los capítulos más negros de la historia de la Transición se escribiría un gélido día del mes de enero del año 1977, concretamente el día 24, en la madrileña calle de Atocha, cuando eran acribillados a tiros de forma totalmente impune tres abogados laboralistas y otras dos personas más, que trabajaban en el despacho que estaba situado en el número 55 de la aludida vía de la capital de España.

La muerte de aquellos cinco inocentes, letrados y militantes de Comisiones Obreras, sacudiría los cimientos de un país que estaba dando sus primeros pasos hacia un sistema democrático y plural que, en breve, tan solo cinco meses después de aquella brutal matanza, celebraría sus primeras elecciones democráticas en más de cuarenta años. La firmeza de la sociedad de la época, a pesar del temor que infundió tamaña barbaridad, resultaría clave para que el país no perdiera el rumbo previsto y continuase implacable su trayectoria en la consolidación de un sistema de libertades en el que cada cual, con la única premisa de respetar a su prójimo, es libre de trazar su propio destino en las condiciones y en las circunstancias que lo desee.

Un trío de jóvenes de ideología de la ultraderecha se había propuesto por aquel entonces meter el miedo en el cuerpo a una sociedad que, aunque apostaba por las libertades, se encontraba con el lógico temor a que sucediese algún evento inesperado, estando muy vivo y presente el recuerdo de lo ocurrido en el año 1936. Al parecer, aquellos tres muchachos no escogieron su objetivo al azar, sino que lo habían planeado y trazado con escrupulosa meticulosidad, pensando tal vez que las fuerzas del orden no les diesen captura ni mucho menos se fijasen en ellos, pues se creían todavía herederos de viejos privilegios de un orden que ya había sido desarticulado, a pesar de que todavía quedasen muchos de sus antiguos resquicios en pie.

Huelga del tranporte

El principal móvil de aquella masacre se encuentra en la huelga del transporte en la que el Sindicato de Transportes de Comisiones Obreras había obtenido importantes avances, logrando así desarticular algunas mafias que habían crecido al socaire del régimen que había gobernado España hasta hacía poco menos de un año. Conocedores de la reunión que en el despacho de la calle Atocha se celebraba, aquella gélida noche madrileña del mes de enero los tres criminales subieron por las escaleras de uno de los viejos edificios, situado en la finca número 55. Hasta carecía de ascensor. Mientras muchos madrileños apuraban las últimas cañas y cervezas de aquel día, aquel trío de jóvenes subía enérgicamente con paso firme las desconchadas y viejas escaleras de un no menos viejo edificio, cuyo aspecto bien podría recordar a los escenarios de algunas de las novelas escritas por Agatha Christie. Alguien, de forma calculada y hasta tenebrosa y macabra, se encargaría de llevar el terrorífico ambiente a la más triste realidad.

En torno a las diez y media de la noche, aquel macabro trío compuesto por José Fernández Cerrá, de 31 años, que portaba una trenca verde y actuaba a cara descubierta; Fernando Lerdo de Tejada, de 23 años y Carlos García Juliá, de 21, quien llevaba un chuvasquero azul y cubría su rostro con una capucha, llamaron a la puerta del despacho de los abogados laboralistas. Desconociendo de quien se trataba, una de las personas que se encontraba el interior, abrió la puerta y se vio sorprendida de bruces por un individuo que le encañonaba con un arma corta. Aquel sujeto en cuestión le preguntó en reiteradas ocasiones por Joaquín Navarro, principal objetivo de los asesinos, pues era hasta ese momento el responsable del área de transportes de CC.OO. La respuesta que obtuvo es que allí no se encontraba la persona por la que preguntaban. Ante la desconfianza de la contestación, uno de los criminales registró el despacho, al tiempo que se le obligaba a la totalidad de las personas que se encontraban en aquel piso a que se concentrasen en el salón, donde otro de aquellos energúmenos les apuntaba con la pistola mientras quienes se iban a convertir en víctimas levantaban las manos hacia arriba, tal y como les habían exigido sus captores y posteriormente asesinos.

El plan había sido trazado con tal meticulosidad que uno de los terroristas se encargaría de cortar las líneas telefónicas, además de registrar debidamente el despacho en previsión de que quedase alguna otra persona en el interior de la oficina. Cuando se cercioraron que allí no se encontraba la persona a la que buscaban, y una vez concentradas diez personas en el hall, los tres asesinos abrieron fuego de forma indiscriminada contra todos ellos. Vaciaron por completo los cargadores, en tanto no tuvieron rubor alguno en rematar a quienes yacían en el suelo gravemente heridos, si bien es cierto que la mitad de las personas que se hallaban en el local lograrían sobrevivir. El resultado de la acción terrorista fue trágico, cinco personas muertas y otras cinco gravemente heridas. Uno de los heridos sería quien, arrastrándose por el suelo, abrió la puerta a uno de los sindicalistas que descubriría la masacre y contempló horrorizado como yacían cinco cuerpos amontonados sobre uno de los sofás que había en el local, en tanto que sobre la moqueta se observaba un enorme charco de sangre, que también salpicaba las paredes, así como el mueble sobre el que habían caído.

Como consecuencia de aquella salvaje acción fallecieron los abogados Enrique Valdevira Ibáñez, de 34 años; Luis Javier Benavides Orgaz, de 26 y Francisco Javier Sahuquillo, de 29. Morirían también el estudiante de derecho Serafín Holgado de Antonio, de 27 años y el administrativo, empleado del despacho Ángel Rodríguez Leal, de 25. Aunque con heridas de gravedad, conseguirían salvar sus vidas los abogados Miguel Ángel Sarabia Gil, de 50 años, Alejandro Ruiz Huerta-Carbonell, de 30; Luis Ramos Pardo, de 25 y Lola González Ruiz, quien contaba con 31 años en el momento de producirse tan trágico episodio.

Los asesinos no se tomaron la molestia de huir de la capital de España tras su vil acción. Hicieron su vida normalmente como de costumbre, aunque pronto empezaron a estar en el punto de mira de la Policía, que desde un primer momento apuntó hacia ellos. Mientras tanto, el clima social y político del país se enrarecía a consecuencia de un brutal atentado que amenazaba con socavar los cimientos de la naciente democracia española. El entierro de las víctimas de la calle Atocha se celebraría en un ambiente de contenida tensión, si bien es cierto que es justo señalar que en ningún momento ni el Partido Comunista de España, al que pertenecían las víctimas y cuya legalidad estaba todavía en el alero, ni tampoco su sindicato, Comisiones Obreras, perdieron en ningún instante la compostura y supieron estar a la altura en tan delicado instante en el que muchos temían por el futuro de una democracia que se encontraba en pañales. Se temía que esta salvaje acción fortaleciese a grupos de ultraderecha y que contribuyese a enrarecer todavía más el tenso ambiente que se vivía en los cuarteles, en un tiempo en el que el Ejército era todavía uno de los pilares básicos sobre el que se substentaba el Estado.

Detenciones y condena

La dilegencia de la Policía haría que en muy poco tiempo fuesen detenidos los tres autores de la cobarde y vil acción que había extremecido por completo a un país. Si bien es cierto que a partir de ahí se iniciarían también un cúmulo de irregularidades que llegan hasta nuestros días. Se hablaría y mucho sobre quien podría estar detrás de aquella salvajada, apuntando directamente a algunas personalidades políticas de la época así como también a algún mando policial. De la misma forma, otra de las pistas a seguir era la relación que pudiesen guardar los asesinos con grupos de ultraderecha italiana, muy activos en aquel entonces. Lo cierto es que nunca se llegarían a investigar esos contactos, ni tampoco a los altos mandos a los que se creía que pudiesen guardar un estrecho vínculo con los criminales.

Además de los tres autores materiales de la masacre, serían detenidos también Francisco Albaladejo Corredera, así como los antiguos miembros de la División Azul, Simón Ramón Fernández-Palacios y Leocadio Jiménez Carava, a quienes se les acusaba de facilitar las armas con las que se cometieron los asesinatos. Cuando se celebró el juicio contra los implicados en el terrible atentado, ya se habían producido las primera irregularidades, muy criticada desde distintos sectores así como por las familias de las víctimas. Un más que extraño permiso penitenciario concedido en la Semana Santa de 1979 a Fernando Lerdo de Tejada sería aprovechado por este para huir del país, sin ser condenado ni siquiera juzgado. Sus responsabilidades prescribirían con total impunidad en enero del año 1997. Se suponía que había huido a Sudamérica y que podría estar en Brasil, en tanto que Simón Ramón Fernández-Palacios, uno de los viejos divisionarios, fallecería en el año 1979.

Las penas a las que fueron condenados todos los implicados se pueden considerar de muy duras, aunque el anterior Código Penal contemplaba multitud de beneficios penitenciarios a los que se acogerían los condenados, haciendo su estancia entre los muros de la cárcel mucho más llevadera. Así fueron condenados a un total de 193 años de prisión cada uno José Fernández Cerra y Carlos García Juliá. De la misma manera era sentenciado a 73 años de cárcel Francisco Albaladejo Corredera por su implicación en la matanza. Este último, que ya había sido detenido por la Policía en el año 1977, moriría en el Hospital de Valladolid a la edad de 63 años, en el año 1985, a consecuencia de un cáncer de laringe. Hasta el momento de su ingreso en el centro sanitario se encontraba cumpliendo la pena en la prisión vallisoletana. El otro condenado sería el ex-divisionario Leocadio Jiménez Carava, quien sería sentenciado a cuatro años de cárcel. Fallecería también el año 1985, víctima de un tumor. La única mujer encausada fue Gloria Herguedas, novía de Fernández Cerrá, condenada a un año de prisión en calidad de cómplice.

Si polémico fue el permiso concedido a Lerdo de Tejada, no lo sería menos el acceso a la libertad condicional de García Cerrá, quien aprovecharían esta situación para huir a Brasil en el año 1991. El país sudamericano accedería a conceder su extradicción en el año 2020, tras ser detenido dos años antes. No obstante, el asesino de la calle Atocha recobraría la libertad apenas 287 días después de haber pasado por las dependencias carcelarias, debido a que ya se encontraba en régimen de libertad condicional cuando emprendió su huida y se le aplicó el código penal en vigor en aquel entonces, en base al principio que se debe aplicar la sanción que más favorezca al reo.

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Estrangula a sus dos hijos en Santomera (Murcia) («La parricida de Santomera»)

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Paquita González, «la parricida de Santomera, en el momento de ser detenida

La triste y macabra historia que subyace detrás de Paquita González parecía presagiar un funesto destino a la familia que formó con su marido José Leroy, transportista de profesión, hacía ya más de quince años cuando aquel 19 de enero de 2002 decidió quitarle la vida a sus dos hijos, Francisco Miguel y Adrián, de seis y cuatro años respectivamente, a quienes estranguló con el cable del cargador de un móvil en la localidad murciana de Santomera, un municipio situado al este de la Región de Murcia y que cuenta con algo más de 16.000 habitantes, acogiendo a muchos emigrantes procedentes de Ecuador, que trabajaban mayoritariamente en su espléndida agricultura.

El crimen ocurrió en una fría madrugada de enero. La autora lo había planificado a la perfección, buscando una coartada que se vino abajo a primeras de cambio. Aquel día le había dado dinero al hijo mayor de la pareja para que comprase unas pilas para el walkman y así pudiese escuchar mejor la música, aunque detrás de aquella generosidad se hallaba el hecho de que el joven, un adolescente de catorce años, no se percatase en ningún momento de su macabro plan. Esa misma madrugada se había estado intercambiando algunos sms con su marido, algunos de ellos de contenido obsceno en el que empleaba un lenguaje similar al que utilizan los emigrantes sudamericanos con el supuesto propósito de engañar a los investigadores, aunque su plan presentaba muchas lagunas para ser creíble por parte de la Policía y la Guardia Civil.

Una vez que le hubo dado muerte a sus pequeños le comunicó a su hijo mayor que unos emigrantes ecuatorianos les habían asaltado el domicilio a través de una ventana y le habían dado muerte a sus hermanos. Así se lo comunicó también a su marido, quien en ese momento se encontraba realizando uno de sus muchos viajes de trabajo a Inglaterra. Paquita González contaría esta misma versión a la Guardia Civil, quien inmediatamente comenzó a sospechar de aquella mujer, debido a que había demasiados aspectos que no cuadraban.

Un cristal roto

Una de las claves que llevó a sospechar de la mujer de la casa fue el cristal por donde supuestamente habrían accedido los ladrones a la vivienda. Por la forma en que se encontraba destrozado se percataron que el vidrio había sido roto desde el interior de la casa. Les sorprendió aún más el hecho de los asaltantes no se hubiesen llevado nada del domicilio. A partir de ahí comenzaron a atar cabos y a desmontar el falso relato que les había contado Paquita, una mujer que -según el testimonio de los peritos que la trataron- no era una enferma mental propiamente dicha, aunque padecía los trastornos conocidos como de «Madame Bobary» y «Medea».

La autora del doble infanticidio que consternaría profundamente a la sociedad española de principios del siglo XXI asesinó a sus dos hijos como una venganza contra su marido. La Guardia Civil le permitiría incluso que les diese sepultura en compañía de quien todavía era su cónyuge y su hijo mayor, aunque sería detenida horas después de haber perpetrado un escalofriante crimen cuando los investigadores la habían cercado prácticamente por completo, ya que su relato carecía de cualquier consistencia mínimamente razonable. Aún así, negaría en todo momento ser la autora de la muerte de sus dos hijos y manifestó sentir un profundo dolor por el asesinato de los pequeños, así como desechar de forma reiterada que ella fuese una asesina.

Detrás del horrible suceso protgaonizado por de Paquita González se escondía un largo historial de malos tratos e infidelidades y una relación tóxica que mantenía con quien entonces era su marido, José Leroy, quien en el transcurso del juicio que se celebró en contra de la parricida reconocería que maltraba y pegaba a su esposa, si bien esta no había presentado nunca ninguna denuncia sobre estos hecho, aduciendo que le tenía miedo. De la misma forma, ella acusaría a su pareja de estar detrás de la muerte de las criaturas. Para ello argumentó que su marido había contraído una deuda de 24.000 euros con alguna mafia dedicaba a la distribución y contrabando de estupefacientes, por lo que esa presunta organización habría urdido una venganza contra el compañero de la parricida, extremo este que jamás quedaría acreditado no dejando de ser una vulgar treta en la que amparar un execrable crimen.

En cierta ocasión Paquita se disfrazó empleando una peluca para buscar a su marido por distintos clubs de alterne de la Región de Murcia. Al parecer, en uno de ellos encontraría a José Leroy, quien supuestamente habría cometido bastantes infidelidades con su esposa, lo que sería motivo de frecuentes disputas en una pareja que, a decir de algunos de sus conocidos, nunca había sido bien avenida ni mucho menos ejemplar.

Drogas y whisky

En el transcurso del juicio que se siguió contra la parricida de Santomera a principios de noviembre de 2003, Paquita González negaría haber dado muerte a sus hijos en la madrugada del 19 de enero de 2002. Manifestó sentirse muy afectada y declaró no recordar nada de lo sucedido en el día de autos puesto que -según su relato- se hallaba bajo los efectos de psicotrópicos, drogas y alcohol, principalmente whisky. En ningún momento llegaría a admitir su culpabilidad, además de rogar a las autoridades judiciales que no fuese enviada a ninguna cárcel. Su propósito era el de ingresar en un psiquiátrico para curarse del supuesto cuadro depresivo mayor en que se encontraba, aunque tanto los psiquiatras como los psicólogos que la atendieron negaron en todo momento que la parricida sufrirese ninguna patología de tipo psíquico, ni mucho menos delirios u otra enfermedad que afectase a sus capacidades intelectivas y volitivas.

A la principal conclusión a la que llegaron es a que Paquita González padecía algunos trastornos de la personalidad conocidos como «Síndrome de Medea y Madame Bobary». Este último se caracteriza por un afán fantasioso de verse en una posición superior de la que realmente se encuentra. Para ello, la parricida de Santomera no escatimaba dinero en la adquisición de joyas y maquillaje, así como el hecho de idealizar una supuesta relación con un hombre casado, aunque este jamás le hubiese hecho caso. Igualmente los peritos acreditarían que la asesina de sus hijos no era consumidora de drogas ni alcohol, descartándose que estuviese bajo sus efectos cuando cometió el doble crimen.

40 años de cárcel

Considerada culpable del asesinatos de sus dos hijos pequeños, Francisco Miguel y Adrían, tras el veredicto emitido por el jurado, la Audiencia Provincial de Murcia condenaría a Paquita González a la pena de 40 años de prisión, 20 por cada uno de los crímenes que había perpetrado, así como hacerse cargo de las costas del juicio. Después de la muerte de su madre, la parricida apenas volvió a tener visitas de nadie. Además, se adaptó muy mal al ambiente carcelario, pues consideraba al resto de las internas como mujeres vulgares y carentes de cualquier iniciativa, así como de incapaces de sostener una conversación con ella.

Transcurridos algo más de 20 años desde que cometió el horripilante doble crimen que puso los pelos de punta a toda España, la parricida de Santomera ya goza de permisos penitenciarios, accediendo incluso al tercer grado, que le fue retirado por Instituciones Penitenciarias tras percartarse que había mentido, pues había alegado que convivía con otra persona en un domicilio conocido. Sin embargo, este hecho era completamente falso, por lo que debió volver al segundo grado penitenciario. Aún así, en un periodo prudencial de tiempo, seguramente antes de 2025, habrá saldado ya definitivamente su deuda con la justicia, habiendo pasado tan solo algo más de dos décadas entre rejas por dos espeluznantes y macabros asesinatos que nos eriza la piel con tan solo recordarlo. En aquel entonces, en el año 2002, no se había legislado aún sobre la Prisión permanente revisable, que, mal que nos pese, tal vez sea un mal necesario a fin de que determinado tipo de criminales reciban el castigo que les corresponde y la sociedad se sienta justamente resarcida sobre determinados comportamientos cuyos autores son cualquier cosa excepto personas con un mínimo de civilización y sensibilidad.

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Un adolescente asesina a una joven de 16 años en Santa Cristina de Corça (Girona)

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Primera plana del DIARI DE GIRONA dando cuenta de la trágica noticia

No cabe ninguna duda que cuando un suceso está protagonizado por un menor produce un cierto repelús, pero cuando es autor de un crimen parece como si se nos nublara la vista y pasamos a la lógica desazón que conducen a un panorama grotesco y terrible. A nadie se le escapa la pregunta de cómo pudo haber llegado hasta ese extremo y cuáles fueron las circunstancias que le condujeron hasta ese terrible socavón humano que representa el hecho de arrebatar la vida a un semejante, independientemente de las causas del hecho luctuoso.

Este suceso, ocurrido el 25 de noviembre de 1987, el protagonista no es un solo menor, sino dos, tanto la propia víctima como su agresor. Por si ello no fuese suficiente, ambos residían en la misma localidad y eran convecinos puerta con puerta, pues vivían en casas que se encontraban de frente una a la otra. Además, la forma de actuar del precoz asesino, Antonio G.M., conocido como «Pitonio» fue similar a la de cualquier criminal adulto. Se cubrió las espaldas hasta el último instante cuando fue detenido por los agentes de la Benemérita.

Los hechos ocurrieron en la noche de aquel día otoñal cuando la joven de 16 años Carmen Alcalá Bejarano-Avalos regresaba a bordo de su ciclomotor Vespino de color negro a su domicilio desde La Bisbal hasta Santa Cristina de Corça, un pequeño municipio de algo más de un millar de habitantes situado en el Bajo Ampurdám, al este de la provincia de Girona. La muchacha, que estudiaba segundo de bachillerato en un instituo de La Bisbal, volvía a su casa después de haber entrenado con el grupo de compañeras que componían el equipo de baloncesto en el que jugaba desde hacía ya siete años. Sin embargo, para desgracia suya y de su familia, jamás llegaría a su destino. La mala suerte haría que a tan solo 50 metros de su vivienda se cruzase con ella un chaval de quince años, quien -según las pesquisas de la Guardia Civil- pretendió violarla, pero se encontró con una resistencia atroz. En vista de que no logró su objetivo «Pitonio» tomó una piedra de considerables dimensiones con la que le aplastó la cabeza. Antes de morir su agresor pudo comprobar como todavía expulsaba espuma por la boca, por lo que decidió rematar su trabajo con el mismo arma que había empleado. Posteriormente, desnudaría el cadáver de su víctima, aunque, según el Gobierno Civil de Girona no llegaría a consumarse la violación.

Búsqueda

La familia de Carmen Alcalá denunciaría su desparición ante la comandancia de la Guardia Civil de La Bisbal, pues no era normal que a las once de la noche la única mujer de una prole compuesta por seis vástagos no estuviese en su casa. Fue entonces cuando se montó un operativo destinado a saber lo que le había ocurrido a la joven en el anochecer de aquel día de otoño. Será aquí cuando intervenga de nuevo la figura de su verdugo, pues era amigo de uno de los hermanos de su víctima, que respondía al nombre de Bernabé. Durante gran parte del dispositivo acompañará a este último. Incluso acudió con él en el coche de este último hasta La Bisbal, para lo que tomaron la carretera comarcal C-225.

El cadáver de la joven aparecería en torno a las once de la mañana del día siguiente de su desparición, en un paraje situado a menos de medio centenar de metros de donde vivía. Presentaba un aspecto dantesco, encontrándose prácticamente irreconocible a consecuencia de los brutales golpes que había sufrido por parte de su agresor, además de encontrarse desnuda de cintura para arriba. A su lado se encontró el ciclomotor en el que habitualmente se desplazaba desde Santa Cristina de Corça hasta La Bisbal, así como unos guantes negros, que resultarían claves a a la hora de esclarecer el trágico suceso. Además, según un familiar de esta última, había sufrido algunas quemaduras que posiblemente habían sido provocadas con un cigarrillo.

Detención

Apenas tres horas después de hallarse el cuerpo sin vida de Carmen Alcalá, en torno a la una de la tarde del día 26 de noviembre de 1987 era detenido un adolescente que vivía frente a la casa de la joven asesinada. Se trataba de Antonio G.M., de quince años de edad, conocido familiarmente como «Pitonio», quien trabajaba en un taller de chapistería de Serra de Daró. Nada más ser detenido el rapaz se derrumbaría y confesaría el crimen ante los agentes de la comandancia de la Guardia Civil de La Bisbal. Eran muchas las pruebas que existían en su contra, entre ellos los famosos guantes hallados junto al cadáver de la joven a la que él mismo le había dado muerte. Asimismo, algunos vecinos de la zona declararían también que en la tarde de autos había sido visto a bordo de su motocicleta por el lugar donde se produjo el macabro suceso.

En el domicilio del incriminado se hallarían también algunas prendas en las que se encontraron restos de sangre y también biológicos que pertenencían a la víctima, quien sería enterrada al día siguiente en una gran manifestación de duelo que sacudió profundamente al instituto en que estudiaba, donde era muy querida y apreciada por sus compañeros, así como también por el equipo de baloncesto en el que jugaba desde que era una niña.

Una vez que fue incriminado, al ser menor de edad, pasaría a disposición del Tribunal Tutelar de Menores de Girona. Al tener menos de 18 años el muchacho sería ingresado en un centro de menores de Cataluña en el que cumplió la pena que le fue impuesta por un crimen que provocaría la consternación y el espanto de muchos gerundenses y por extensión también de muchos catalanes, que no llegaban a creerse que un muchacho que era prácticamente un niño pudiese acometer una fechoría de tal calibre.

Como consecuencia de este suceso, la familia de «Pitonio» se marcharía desde Santa Cristina de Corça hasta Barcelona, tras llegar a un acuerdo con el cabeza de familia, las autoridades muncipales y la empresa en la que trabajaba el padre del precoz criminal, dado que ambas vivían prácticamente enfrente una de la otra.

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Un guardia civil se suicida tras asesinar a tres mujeres en Torredelcampo (Jaén)

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Torredelcampo fue escenario de una tragedia en el año 2001

Hacía justo un mes por aquel entonces, en septiembre del año 2001, que Miguel Ángel de la Rosa, de 27 años y su novia María José Moral Miranda, de 24, habían roto una larga e intensa relación para la que incluso se había fijado la fecha de la boda. Sin embargo él, que era agente de la Guardia Civil destinado en el cuartel navarro de Elizondo, no fue capaz de superar el trauma que significó aquella ruptura, que él mismo achacaba a la madre y la hermana de quien era su prometida. Esta última, a decir de sus amigas y conocidas, se habría negado a desplazarse a tierras navarras, influida -según el autor del triple crimen y posterior suicidio- por su progenitora y su hermana. De todas maneras, nunca se sabrá a ciencia cierta que había de verdad en todo ello. Lo único que ha quedado reflejado fueron unos días de terror y zozobra que conmovieron y consternaron a una idílica localidad, Torredelcampo, situada a 20 kilómetros al oeste de Jaén justo el año en que nacía un nuevo siglo.

Todos los vecinos y otras personas consultadas por los medios de comunicación de la época coincidían en señalar que quel día Miguel Ángel «entró a matar», sin importarle los medios que habría de usar para alcanzar tan macabro y obsceno objetivo. Alrededor de las dos de la tarde del día 21 de septiembre de 2001 el agente de la Guardía Civil entró provisto de su arma reglamentaria, además de una segunda hallada en uno de sus bolsillos que no llegó a usar, en la vivienda unifamiliar de los padres de su ya ex-novia. Sin pensárselo dos veces inició una brutal y dantesca orgía de sangre a su paso que causaría el horror de todo un vecindario que jamás en su historia recordaba un hecho tan sanguinario y cruel. La casa se hallaba situada en la carretera que comunica el santuario de Santa Ana y Torredelcampo y en ese momento se encontraban tres mujeres en su interior, una de ellas, María Luisa Moral Miranda, de 24 años, tuvo la fatal desgracia de hallarse en la casa paterna de visita en el momento menos apropiado, junto a su niño, de tan solo 18 meses, el único que sobrevivió al terror sembrado por Miguel Angel, y que fue encontrado refugiado bajo una mesa.

En muy poco tiempo, el guardia civil provocaría una tragedia que horrorizaría a todo aquel entorno y a Andalucía entera. Empleó muy pocas balas para ello, pues únicamente una de las víctimas, María Dolores Miranda, de 45 años, la madre de su novia, presentaba más de un tiro. A ella le había disparado en dos ocasiones. Tanto a su novia, María José como a la hermana de esta, María Luisa, les bastó un solo disparo para terminar con sus respectivas vidas. Los cuerpos de estas últimas serían encontrados en un pasillo de la casa, en tanto que el de su progenitora yacía en el salón en medio de un gran charco de sangre.

Suicidio

Una vez que hubo acabado con la vida de las tres mujeres, Miguel Ángel de la Rosa terminaría con la suya disparándose un tiro en la cabeza. Su cuerpo quedaría en el quicio de la puerta, llamando la atención de uno de los vecinos de la zona, pues observaba claramente que se encontraba tendido en el suelo. Esta misma persona, que había escuchado las detonaciones de los disparos efectuados por el agente de la Guardia Civil y que en un principio atribuyó a petardos y fuegos de artificio, fue quien descubrió la horrorosa tragedia que sacudiría a Torredelcampo al comienzo del otoño del año 2001.

El autor de la horrible matanza, natural del vecino municipio de Alcaudete y que estaba disfrutando de un periodo vacacional, estaba considerado como un agente ejemplar y no había sido sancionado en ninguna ocasión. Tampoco se sabía que tuviese ningún tipo de problema o conflicto, estando considerado una persona normal. Únicamente las amigas de su novia le reprochaban el hecho de que, al parecer, fuese un hombre un tanto celoso que exigía a su novia que no emplease atuendos o vestimentas que él consideraba provocativos. No obstante, nadie se podía imaginar que aquel joven de 27 años fuese a perpetrar un hecho como el que finalmente se terminaría consumando.

En el momento de producirse la gran tragedia, el esposo y padre de las dos víctimas, un hombre de 50 años, que poseía una empresa de construcción, se encontraba desplazado por la zona de la Costa del Sol por motivos laborales. Le acompañaban el marido de su hija asesinada, cuyo hijo sobrevivió tal vez milagrosamente a la matanza, y otro de sus hijos, quienes al conocer el desgraciado suceso, tuvieron que regresar a Torredelcampo, un pueblo que asistía impotente a un terrible acontecimiento que los situaba en la primera página de los distintos periódicos.

Al entierro de las tres víctimas del furor desencadenado por el guardia civil asistieron más de 2.000 personas, que querían arropar así a la familia que se había visto golpeada por una tragedia como jamás se recordaba en este municipio andaluz. En el camposanto en el que fueron sepultadas las tres mujeres se vivieron escenas de dolor, rabia y consternación por un hecho al que nadie hallaba explicación. Tampoco la madre del asesino y suicida daba crédito a lo ocurrido. Cuando recibió sepultura, de la boca de su propia progenitora se escuchó una dolorosa expresión que lo encierra todo: «Hijo mío, con lo bueno que has sido, como has hecho algo tan malo». Razón no le faltaba a una pobre madre que también sintió que se desgarraba su propia vida con un suceso que jamás se olvidará.

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Se suicida tras asesinar a su hija de cinco años y a dos cuñados en Málaga

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El grave suceso ocurrió en en el Club Mediterráneo de Málaga

Una separación traumática a la que se había unido el grave accidente que le había provocado una paraplejia a un hijo de 18 años provocaron que el empresario malacitano Juan París Molina, de 45 años, se convirtiese en el principal protagonista de la crónica negra en la Costa del Sol en el verano del año 1991. El escenario elegido sería el emblemático Club Mediterráneo de Málaga, un centro frecuentado por muchos ciudadanos y forasteros en plena época estival, principalmente en pleno mes de agosto, que es cuando se dan cita un mayor número de turistas en una de las ciudades turísticas por excelencia del litoral español.

En torno a las cuatro y cuarto de la tarde de aquel fatídico 8 de agosto de 1991 París Molina, provisto de un arma corta se dirigió al prestigioso club social en el que sabía que se encontraban tanto dos de sus hijas como también algunos miembros de la familia de su ex-mujer, de quien había iniciado los pertinentes trámites para obtener la sentencia de divorcio tras haberse separado de ella hacía algo más de años y medio. En torno a un centenar de personas se daban cita en las instalaciones del Club Mediterráneo cuando aquel hombre, presa de la furia e iracundia que le invadía a consecuencia de sus problemas familiares, efectuó dos disparos contra Juan Díaz Recio, de 50 años y su hermano Bernardo. El primero de ellos fallecería casi de forma instantánea en el sitio en el que tuvo lugar la carnicería, en tanto que su gemelo moriría cuando era trasladado hasta el hospital Carlos Haya de la capital de la Costa del Sol.

Tras haber dado muerte a sus dos cuñados, se dirigió hacia el punto conocido como «La Pérgola», donde se hallaban dos de sus hijas, una de las cuales parece ser que le recriminó la actitud criminal del padre. Sin pensárselo dos veces, y fuera de sí, efectuaría nuevos disparos, tres de los cuales alcanzaron a su hija Dolores, de tan solo cinco años de edad, quien fallecería en el centro médico del club en el que se encontraba disfrutando de una tarde estival que terminaría en tragedia. Como consecuencia de estos disparos, también resultaría gravemente herida la niña Olga Moya, de doce años, amiga de sus hijas pequeñas, quien hubo de ser trasladada inmediatamente hasta un centro sanitario en el que sería intervenida de forma urgente en uno de sus quirófanos. A pesar de la gravedad de su heridas, la criatura pudo vivir para contar tan trágico episodio que tiñó de luto la Costa del Sol en el que prometía ser un plácido verano del año 1991.

Suicidio

Juan París Molina, tras haber perpetrado la matanza, fue acorralado por tres personas, un antiguo guardia civil jubilado y dos funcionarios de policía de paisano, quienes trataban de detenerlo o, cuando menos, tratar de evitar que aquel hombre que había perdido el rumbo prosiguiese con su escalada de tiros e impedir así una mayor masacre. En parte, estas tres personas conseguirían su objetivo, ya que al verse acorralado decidió terminar con su vida disparándose en la boca y quedando tendido en un gran charco de sangre.

El centenar de personas que esa tarde de verano abarrotaban el Club Mediterráneo no hallaban explicación racional al dantesco espectáculo que habían presenciado en un centro en el que todo el mundo va a disfrutar de su tiempo de ocio y de sus horas de asueto. A pesar de todo, había una explicación o cuando menos una excusa, motivo muy distintos, ya que actos de semejante calibre son incomprensibles y desde luego injustificables. En ese momento la vida del asesino y suicida no pasaba por sus mejores momentos y así se lo había hecho saber a sus allegados, a quienes llegaría a confesar que «estaba dispuesto a hacer cualquier cosa» por el agobio que le habían supuesto los últimos acontecimientos de su vida personal y de los que parecía que lo abocaban a un fatal destino, o cuando menos a una dramática resolución.

Además del trauma que había representado su separación, se unía a todo ello un drama familiar, que no era otro que un hijo suyo de 18 años, quien había quedado parapléjico a consecuencia de una lesión medular que había sufrido en una piscina de Málaga. Tanto el triple criminal como quien había su esposa hasta hacía poco más de año y medio discrepaban en torno al futuro del muchacho. Incluso habían llegado hasta los tribunales para que estos emitiesen una resolución, ya que la madre se oponía a que su vástago, que había estado ingresado en el Centro Nacional de Parapléjicos de Toledo, abandonase este hospital asistencial, en tanto que Juan París pretendía que el muchacho fuese trasladado hasta una unidad asistencial, sita en la localidad malagueña de Torremolinos. Finalmente, la justicia le daría la razón al padre y el desafortunado joven pudo ser traslado al centro asistencial privado que pretendía su progenitor, a quien, a su vez, le concederían su custodia.

A pesar de todo, quedarían todavía viejos resquemores entre los dos miembros de la pareja, pues quien más tarde se convertiría en asesino y suicida había dicho que su ex-esposa le impedía visitar al hijo gravemente lesionado cuando esta era la encargada de su custodia. Al parecer, los allegados a la antigua pareja eran conocedores de los enfrentamientos entre ambos, pero jamás pensaron que Juan París, un acreditado y solvente empresario malagueño, fuese a perpetrar una barbaridad de aquel calibre.

Incidentes en el entierro de las víctimas

Al día siguiente de haberse producido la tragedia se celebraría el entierro de las cuatro víctimas mortales, aunque el homicida no sería sepultado a la misma hora ni tampoco en la misma tumba que las tres personas asesinadas para evitar incidentes de mayor calibre. Al acto fúnebre asistieron unas 300 personas que provocaron imágenes de dolor y rabia incontenida, siendo el objeto de su ira algunos medios de comunicación que habían acudido al lugar a tomar imágenes, llegándose al extremo de que los reporteros de Canal Sur TV hubieron de desistir de hacer su trabajo debido al ambiente caldeado que se respiraba en el camposanto. Estos últimos llegarían a solicitar la intervención de la Policía para que se les facilitasen las condiciones idóneas para informar de un hecho que consternaría a la Costa del Sol en el verano de 1991.

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Absuelto por un doble crimen ocurrido hace ya casi 30 años en Lugo

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El doble crimen se perpetró en la nave que la empresa Cash Récord posee en el polígono industrial lucense de O Ceao

Ha sido un caso inaudito y único en la historia judicial de España. En febrero de 2023 se juzgó a un único investigado por un doble crimen perpetrado el día 30 de marzo de 1994. En aquella ya lejana fecha aparecían acribillados a balazos dos empleados de la empresa Cash Récord en una nave que posee en el aludido recinto empresarial. Desde entonces las familias de Esteban Carballido y Elena López, las dos personas que fueron asesinados, han luchado hasta la extenuación para que se haga justicia y se vea así resarcida su ansia de cerrar el capítulo más negro y oscuro de la historia reciente de la ciudad de Lugo.

El único encausado responde a las iniciales de J.M.V.C., quien ahora ya es un hombre maduro que supera los cincuenta años. La Audiencia Provincial de Lugo había acordado su procesamiento al ver la jueza encargada de investigar el caso indicios suficientes para someter a juicio a este hombre, quien había vivido a lo largo del último cuarto de siglo en Burgos, trabajando en un negocio de hostelería. El acusado ya había regentado otro negocio de estas características en la zona de vinos de la capital lucense cuando se produjo el doble crimen y en él se centraron las investigaciones desde un principio, aunque los familiares de las víctimas sostienen que aquellos dos brutales asesinatos que conmocionaron a la siempre apacible urbe romana del noroeste peninsular fueron obra de más de una persona. Aún así, confían que con el procesamiento de este hombre se aclaren muchas cosas en torno a aquella matanza que sumió en la zozobra a muchos lucenses.

Tras las deliberaciones llevadas a cabo por los magistrados a la antigua usanza, ya que entonces no estaba en vigor la ley del Jurado, acordaron absolver de todo cargo al acusado por entender que en el procedimiento «No se juzga aquí a la persona del procesado, ni el tipo de vida que llevaba. Ni siquiera si era un hombre que vivía de espaldas a la ley, sino si ese día entró en Cash Record, mató a Elena y Esteban, y se apoderó de la cuantiosa recaudación. Y hay que concluir que no existe prueba suficiente que lo sitúe el día de los hechos en el lugar del crimen, por lo que, en consecuencia ha de dictarse una sentencia absolutoria». Así lo manifiesta de forma literal resolución de la Audiencia Provincial de Lugo, a la espera de que las familias puedan recurrir la decisión del tribunal.

Hasta un total de 40 testigos fueron llamados a declarar por las distintas partes personadas en este caso, principalmente las acusaciones particulares, la fiscalía y también la defensa del encausado, J.M.V.C., a quien se le imputaban dos asesinatos, un robo con violencia de cinco millones de pesetas (30.000 euros al cambio actual) y tenencia ilícita de armas. Tras esta resolución, el caso se complica mucho más y es harto probable que pasé a engrosar la lista de sucesos impunes que pueblan los archivos de los juzgados españoles

Dos asesinatos y muchas irregularidades

El día en que se produjo el crimen había una escasísima actividad en el polígono industrial lucense, ya que coincidió con un fin de semana. Apenas media hora antes de producirse ambos asesinatos, Elena López, una de las víctimas, había hablado por teléfono con su hermana y le había manifestado su preocupación por la salud de su suegro. Le informó que en breve saldría de su trabajo para dirigirse a casa de su familiar, siendo esta la última conversación que mantendrían en su vida. Poco tiempo después, sería encontrada en su despacho tendida en el suelo en medio de un gran charco de sangre, con sendos disparos en la cabeza. El cadáver de Esteban Carballido, reponedor de Cash Récord, fue encontrado en la planta baja, también cosido a balazos, en la planta baja del almacén comercial. Tal y como se desarrollaron los hechos no cabía lugar a dudas que el móvil del doble crimen había sido el robo. Es a partir de ese momento cuando comienzan unas investigaciones que nacerían viciadas y no llegarían prácticamente a ninguna parte, tal y como de ha demostrado hasta este momento.

Para empezar, los encargados de la custodia del caso perdieron parte de la documentación, a lo que se añade que la Policía olvidó, en un primer momento la cámara de fotos con la que realizar las primeras pesquisas. Posteriormente, hubieron de regresar a la comisaría por otro carrete de 24 diapositivas. Un testigo ocular manifestaría que en la tarde-noche de autos vio circular un utilitario, marca Volkswagen Passat, a muy escasa velocidad. En él supuestamente viajaban tres personas, quienes miraban furtivamente hacia todos los lados, como si pretendiesen asegurarse de que no había nadie que pudiese delatar su presencia en el recinto industrial. Si todo ello no fuese suficiente, el mismo testigo declararía que observó unas manchas rojizas en el vehículo, que bien podrían corresponderse con sangre. Sin embargo, la autoridad judicial nunca dio orden de investigar este automóvil, lo que no hace más que añadir un gran misterio al caso, que ya de por sí no tiene poco.

Otras lagunas que presentaba el caso y que no hacía más que añadir interrogantes era la relativa que el dinero de la caja de aquellos días no se hubiese enviado a la central del supermercado en La Coruña, una práctica habitual para evitar tener grandes cantidades de efectivo en el establecimiento. Además, un testigo interrogado por la Guardia Civil aseguraba que el acusado le había propuesto participar en este atraco y él se había negado. Pero este hombre era politoxicómano y ya falleció por lo que su testimonio no podrá ser escuchado durante el acto de juicio.

Huelga de hambre

Si ha habido una persona en la posible resolución de este trágico episodio era Isabel López Rodríguez, hermana de la mujer asesinada, quien para que el caso no fuese relegado a los vetustos archivos de la Audiencia Provincial de Lugo, se declararía en huelga de hambre ante sus instalaciones en el año 2011. Desde entonces ha demostrado un coraje y una capacidad de lucha a prueba de bomba. A ella, que fue una de las personas que encontró los cadáveres en aquella aciaga tarde-noche de primavera de hace ya casi tres décadas, no se le tomaría declaración hasta ese mismo año. El abogado que la representa, Gerardo Pardo de Vera confesaría su incredulidad a los medios de comunicación por esta circunstancia, así como que tampoco se hubiese llamado a declarar al testigo ocular que contempló el vehículo que transitaba por el polígono industrial la tarde de autos.

En los últimos once años, desde cuando se reabrió el caso, el suceso no ha hecho otra cosa que dar un montón de bandazo que no ha hecho otra cosa que incrementar la angustia en que se encuentran sumidas las familias de las dos víctimas mortales, ansiosas de justicia, siendo remitido de un organismo judicial a otro sin ton ni son. Incluso, sería archivado en sendas ocasiones. Sin embargo, en junio de 2021, más de 27 años del doble crimen, fue llamado a declarar el único encausado por los dos asesinatos. La jueza encargada del caso vio algunos indicios que apuntaban a la relación de este hombre con las dos muertes violentas que consternaron a la capital lucense en el año 1994 y lo remitió a la Audiencia Provincial de Lugo para que iniciase el pertinente proceso.

A pesar de encontrarse encausado, J.M.V.C. se encuentra en libertad sin cargo y sobre él no pesa ninguna medida cautelar ni tampoco que impida su movilidad tanto por el territorio nacional como ante una eventual salida al extranjero. Son muchos los que insisten que al haber transcurrido ya tres décadas de un brutal crimen que conmocionó a la ciudad de Lugo, será difícil que las familias de Elena López Rodríguez y Esteban Carballedo vean satisfechas sus lógicas ansias de saber lo que realmente ocurrió en marzo de 1994 cuando dos personas fueron impunemente asesinadas y se situó trágicamente a Lugo en el mapa de la crónica negra española. Aunque, como dice el refrán, «nunca es tarde si la dicha es buena».

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