Edificios de ladrillo visto, como si fuese una seña de la marginalidad a la que se ven sometidos estos barrios. Construidos mayoritariamente en la década de los años sesenta del pasado siglo al amparo del desarrollismo que pretendía erradicar los poblados chabolistas que habían surgido en los suburbios de las grandes ciudades. Además del desarraigo, el desempleo y la pobreza son casi siempre los más castigados por el tráfico de drogas al que sucumben algunos de sus moradores, carentes de cualquier horizonte digno. Así sería como se iniciaría una trágica reyerta en la noche del día 2 de diciembre de 2005. Al piso que ocupaba uno de los hermanos Jiménez, concretamente Álvaro, conocido como «El Pío» se dirigieron otra pareja de hermanos, los Serradilla, Rubén y Teodoro, que contaban con 27 y 33 años respectivamente, con la intención de adquirir algunos estupefacientes.
A partir de ese momento se iniciaría una trifulca, al parecer motivada por la «mala calidad» de la droga que les habían vendido los inquilinos de la vivienda a la que acudían -según la versión ofrecida en el transcurso del juicio que se celebró en su contra en el año 2007 por Rafael L.J. alias «El Moro». Según sus palabras, sus conflictivos clientes se abalanzaron sobre él con el ánimo de matarlo. Este, para defenderse, echó mano de una pistola, calibre 6.5, vaciando el cargador de la misma en el que llevaba incorporadas cinco balas. Tres Proyectiles alcanzarían a Rubén, uno de los cuales le seccionó la arteria aorta, a raíz de lo cual le provocaría una gran hemorragia, que sería la que al fin terminaría con su vida.
Los otros dos disparos tampoco serían en vano, pues uno de ellos alcanzaría a Beatriz G.C., esposa de Álvaro, «El Pío», quien al tratar de intermediar en la gresca que se había montado recibiría un disparo en el cráneo, que la dejaría exangüe prácticamente en el acto. No fue el caso de Teodoro, quien resultaría herido en un brazo. No obstante, al ver que no había podido alcanzar su objetivo, «El Moro» tomó una navaja que llevaba en el bolsillo y cosería literalmente a puñaladas a su tercera víctima, llegando a seccionarle la garganta. Inmediatamente después de dejar tres muertos tras de sí, abandonaría el lugar de autos en busca de un refugio indefinido.
Huida
Rafael L.J. iniciaría un largo periplo con el ánimo de sustraerse de la acción de la justicia. Su primer destino sería Laguna de Duero, en la provincia de Valladolid, donde residía un hermano suyo. Sin embargo, su cuñada, consciente de las graves consecuencias que podría acarrearle su encubrimiento, se negó a cobijarlo en su domicilio. Finalmente, recalaría en Murcia, donde residía otro de los familiares de su clan. Allí sería detenido en el transcurso de una espectacular operación judicial, junto a su hermano Álvaro el día 12 de diciembre de 2005.
Terminaba así el periplo de los dos hermanos del clan de «Los Píos» que se habían visto inmersos en una horrorosa matanza. La misma sería asumida desde el primer momento por «El Moro», quien exculpó a «El Pío» de cuanto había acontecido tan solo diez días antes en la barriada de las Viudas. Acerca de la presencia de este último en el mismo escondite en tierras murcianas, manifestaría que se había trasladado hasta allí a petición suya con el objetivo de explicarle que la muerte de la esposa de este último se había debido a «un accidente», convirtiéndose en una víctima colateral de un trágico suceso que consternaría profundamente a la capital castellana.
85 años de cárcel
Dos años después del doble crimen acaecido en los suburbios de Valladolid se celebraba el juicio contra los dos responsables de tres muertes en medio de una gran expectación. El principal protagonista de este suceso, Rafael L.J.exculparía en todo momento a su hermano, Álvaro, atribuyéndose el mismo la muerte de los dos hermanos Serradilla. Sorprendería la frialdad con que hacía su declaración en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Valladolid, pues no manifestaría en ningún instante el mínimo atisbo de arrepentimiento ni tampoco ningún remordimiento, responsabilizando de la muerte de sus víctimas a la actitud desafiante y violenta que mantuvieron con él. Aduciría en su descargo que actuó en defensa propia, ya que -según sus propias palabras- aquellos dos individuos habían intentado matarlo, aunque no portaban ningún arma.
El principal encausado se encontraría de frente con las investigaciones practicadas por los forenses, quienes restaron credibilidad a su declaración. Según las pruebas que recabaron, en el doble crimen de los hermanos Serradilla había participado más de una persona. Y esa no podía ser otra que su propio hermano Álvaro, quien también se vería cercado por la acción de la justicia, encausándolo casi de la misma manera que a «El Moro»
Finalmente, Rafael L.J. sería sentenciado a 49 años de prisión, acusado de dos delitos de asesinato, un homicidio doloso y tenencia ilícita de armas. Su hermano recibiría una condena sensiblemente menor que la suya, debiendo cumplir 36 años de cárcel. En el apartado de las indemnizaciones ambos autores del doble crimen de los hermanos Serradilla debían indemnizar con 270.000 euros a la madre de sus víctimas.
El doble crimen tuvo lugar en la carretera entre Tomelloso y Alcázar de San Juan
Las relaciones entre Lucio Lara Ropero, un hombre que en aquel momento se encontraba desempleado, y su esposa Dolores Lomas Martínez, de 35 años pasaban por un momento bastante turbio y nadie apostaba ya por la continuidad de aquel matrimonio. De hecho, era un secreto a voces que la mujer mantenía relaciones extraconyugales con Felipe Sanz Quevedo, cinco años menor que ella. Lo que nadie se imaginaba es que la sangre podría llegar al río. Y mucho menos de la forma tan macabra como lo hizo, produciéndose un sanguinario suceso que consternaría profundamente a las localidades de Tomelloso, de donde eran originarios los protagonistas de esta trágica historia y Alcázar de San Juan, en cuyas inmediaciones -a escasamente diez kilómetros- se escribió el dramático episodio que pasaría para los anales de la crónica negra de la comarca manchega.
En torno a las diez de la noche de un caluroso día de verano, el 19 de julio 1983,Lucio Lara sorprendió, según la versión que facilitaría a la Guardia Civil, a su esposa con quien era su amante, un hecho que al parecer era conocido por muchos amigos y conocidos de la pareja, Al parecer, el fatal encuentro se produjo de manera accidental y no obedecía a un plan preconcebido, tal y como se demostraría en el juicio que se celebraría más de tres años después de haber ocurrido el doble crimen. El burlado marido contempló como quien era su mujer y el joven treintañero que la acompañaba se encontraban en un camino vecina de servicio a propiedades agrícolas, próximo a la carretera comarcal C-400, que une Alcázar de San Juan y Tomelloso.
La ofuscación de Lucio Lara fue tal, que sin pensárselo dos veces, tomó un spray que contenía un líquido insecticida y rociaría con el mismo en los ojos a María Dolores Lomas y Felipe Sanz Quevedo, quienes no tuvieron tiempo de reaccionar al furibundo y sorpresivo ataque del hombre que se sentía humillado. Posteriormente, una vez inmovilizadas su víctimas, introduciría en el interior del automóvil, un Reault-18, una bombona de butano de plástico, junto con una cerilla, que desataría un incendio que terminaría con la vida de los dos amantes, quienes perecieron carbonizados prácticamente en el acto, consumándose así un macabro suceso que causaría una profunda consternación en el territorio manchego.
Entrega a a la Guardia Civil
Consciente de la barbaridad que había perpetrado, Lucio Lara Ropero se entregaría voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan. En sus dependencias confesaría ante los agentes la autoría del doble crimen, así como los motivos que le habían impulsado a cometerlo. Supuestamente se encontraba muy enfurecido y exaltado cuando ocurrieron aquellos trágicos acontecimientos, al tiempo que se pudo constatar en arrepentimiento espontáneo que manifestaba el autor de la muerte de su esposa y el amante de esta.
Más de tres después del crimen se celebró en la Audiencia Provincial de Ciudad Real el juicio por aquel doble crimen que despertaría una gran expectación en la comarca manchega. En un principio, el fiscal solicitaba para el único acusado un total de 58 años de prisión, a quien incriminaba por dos delitos de asesinato. Finalmente, la pena, después de los posteriores recursos, se vería reducida a tan solo 16 años de cárcel; de los cuáles, seis le habían sido impuestos por un delito de parricidio, el cometido en la persona de su esposa, en tanto que los diez restantes, correspondían a un delito de asesinato en la persona de Felipe Sanz Quevedo.
La estancia entre rejas de Lucio Lara Ropero se puede considerar que sería breve, pues solicitaría el indulto ante el Ministerio de Justicia, una gracia que le fue concedida en el transcurso de un Consejo de Ministros celebrado el 22 de julio de 1991 y publicado en el BOE del 2 de agosto del mismo año. La medida adoptada le eximía del cumplimiento del cuarto de la pena que le restaba por cumplir con la condición expresa de no delinquir nuevamente durante el tiempo que durase la condena impuesta en el año 1986.
En la década de los ochenta, además de su famosa movida, en Madrid corría a chorros la heroína y también la inseguridad ciudadana, siendo frecuentes distintos altercados. Si bien es cierto que en este caso no constaba de forma oficial que ninguno de los tres involucrados, tanto asesino como víctimas, en el tráfico de estupefacientes, tampoco es menos cierto que eran personas que llevaban una vida un tanto desordenada y, dadas las actividades en las que habían desenvuelto sus respectivas vidas, podía esperarse cualquier cosa de ellos, aunque no se llegase a sospechar jamás que se pudiesen ver involucrados en un hecho luctuoso de tal calibre, que impresionaría de sobremanera a la capital de España en el otoño de 1982, en los primeros tiempos posteriores al Mundial-82 de fútbol, que tantos sinsabores había dejado en la afición española de la época.
Todo comenzó en la tarde del sábado, 16 de octubre de 1982 cuando la Policía descubrió dos cadáveres brutalmente apuñalados en un piso del número 67 de la calle Benimamet. Ambos cuerpos estaban semidesnudos tirados sobre el salón de entrada al domicilio. Se trataba de Antonio Molino y Elvira Abenójar, ambos veinteañeros y que llevaban una irregular vida en las que se les desconocía sus respectivas ocupaciones, salvo que ella había estado trabajando como camarera en algún club nocturno. Hasta hacía muy poco tiempo, habían estado residiendo en una pensión de la madrileña calle Huertas.
A los agentes no les cupo la menor dudar que se encontraban ante un crimen, por lo que ahora había que descubrir al autor o autores del doble asesinato. Había dejado demasiadas huellas y la colaboración vecinal resultaría clave a la hora de resolver aquel doble crimen. Al parecer, un hombre les había estado preguntando por una mujer que residía en aquella finca del madrileño barrio de San Cristóbal de los Ángeles, enseñando una foto de la misma. No había lugar a dudas que quien quiera que fuese era de suponer que podría estar involucrado en el hecho sangriento.
Detención
Con bastantes pistas sobre el sujeto que había preguntado por la mujer fallecida, enseguida dedujeron y le pusieron rostro al todavía supuesto asesino, Rufino Alarcón Martínez, de 26 años de edad, quien había mantenido una relación de convivencia con Elvira Abenójar a lo largo de cuatro años, antes de instalarse en el sur de la capital de España con su nueva pareja, Antonio Molina. El autor del doble crimen sería detenido a mediodía de la jornada siguiente, domingo, 17 de octubre de 1982 en su domicilio de la calle Sanz Raso. De inmediato sería trasladado a la Comisaría del distrito de Usera, aparentando estar tranquilo, al igual que si desconociese el motivo de su detención.
En las dependencias policiales se mostró, en un principio, esquivo al interrogatorio al que fue sometido, negando en todo momento cualquier implicación en el doble crimen del día anterior. Incluso trataría de ofrecer distintas coartadas, carentes de cualquier consistencia, que enseguida serían desmontados por los investigadores, a quien no les cabía ninguna duda que aquel hombre era el autor material de los dos asesinatos que se habían perpetrado en la jornada anterior. Para corroborarlo, la Brigada de Investigación Criminal le intervino algunas prendas, que pertenecían al todavía presunto homicida, que se encontraban manchadas de sangre y que habían sido encontradas en su propia casa.
Al encontrarse ya acorralado y sin escapatoria posible, aquel hombre de aspecto normal y mirada desconfiada, decidió por fin colaborar con las autoridades, dando cuenta de todo cuanto había sucedido a lo largo del día anterior en el piso en el que había perpetrado el doble crimen. A pesar de todo, evitaría en todo momento entonar el «mea culpa» y responsabilizaría de lo acontecido a sus dos anfitriones.
Humillación
Rufino Alarcón se dirigió el día de autos al domicilio de sus dos víctimas en torno a las siete de la tarde. Al parecer, aunque le franquearon normalmente la puerta, y tras un breve intercambio de palabras de no muy buen gusto, comenzaría una discusión con Antonio Molina, a quien su verdugo le recriminaría los supuestos malos tratos que le dispensaba a su compañera, Elvira Abenójar. A raíz de este incidente se desencadenaría una discusión que llevaría la sangre al río. En el transcurso de la misma, el inquilino de la casa le habría reprochado su incapacidad para proseguir la relación que había mantenido con la mujer a lo largo de cuatro largos años.
Es a partir de ese instante cuando los ánimos se caldean y, siempre según el relato del doble asesino, escuchó revolver en un cajón a Antonio, lo que le hizo sospechar de su intención de proveerse de un arma para hacerle daño. En ese momento, Rufino Alarcón tomó un cuchillo de grandes dimensiones con el que le propinaría puñaladas en diferentes partes del cuerpo a Antonio Molina, principalmente en el pecho. La mujer de este al escuchar los gritos de auxilio de su pareja, se dirigió hasta el lugar donde se encontraban enzarzados en una pelea, sujetando por el pelo al agresor, quien se giró hacía ella con el mismo arma infiriéndole una puñalada mortal en el costado y otra en el cuello.
Después de haber perpetrado el doble crimen, se asearía convenientemente y se dirigiría hacía la plaza de Legazpi. En el transcurso de su huida Rufino Alarcón arrojaría en unos jardines el arma homicida. Posteriormente, quemaría las zapatillas deportivas que calzaba en el momento de perpetrar el doble asesinato, pues se encontraban empapadas de sangre. A partir de ese instante, intentaría hacer vida normal, hasta que la Policía comenzó a situarle en su punto de mira tras las descripciones facilitadas por los vecinos que lo habían visto en la tarde de autos en el inmueble en el que se produjo el doble crimen.
Hasta ese momento, Rufino Alarcón carecía de cualquier antecedente tanto penal como policial. Aunque hacía algún tiempo que se encontraba desempleado, se supo que durante algún tiempo había estado trabajando como matarife en distintos mataderos de la capital de España, a pesar de que a lo largo de aquellos últimos tres años no constaba que hiciese ningún tipo de trabajo.
36 años de cárcel
Juzgado algo más de un año después del doble crimen, Rufino Alarcón sería sentenciado a un total de 36 años de cárcel por dos asesinatos. Se tuvieron algunas atenuantes a la hora de ser condenado, entre ellas la de enajenación mental transitoria. Asimismo, debería hacer frente a una responsabilidad civil de seis millones de pesetas (unos 36.000 euros al cambio actual), con las que debería indemnizar a los familiares de sus dos víctimas.
El trágico suceso ocurrió en la calle del Coso Alto
Fue un suceso que jamás logró esclarecerse completamente, convirtiéndose en un verdadero rompecabezas para los investigadores que no terminaban de dar crédito a lo que aconteció en la capital oscense en los primeros días del mes de octubre de 1987. Todo comenzó con una carta que Alfonso Aragón, de 24 años de edad, había enviado a su hermano Pedro. En ella le daba cuenta de que su esposa María José Herrero Lines, de 21 años, mantenía una relación sentimental con un supuesto amigo íntimo de la pareja, Juan Molina, de 25 años, quien a veces incluso dormía en la vivienda de la pareja en la cual ocurrió la gran tragedia que sobrecogería a la ciudad de Huesca en otoño de 1987.
El sábado día 3 de octubre de 1987 Alfonso Aragón telefoneó a su hermano para darle cuenta que había depositado una misiva en el buzón de su casa en la que le informaba del trágico acontecimiento que había ocurrido en su domicilio. Según su versión el jueves, que era el primer día del mes, se encontró en su domicilio a su esposa muerta de manera violenta, en tanto que el amante de esta le intentaba atacar con unas tijeras. Supuestamente se habría defendido de su agresor propinándole un botellazo en la cabeza, además de asestarle varias cuchilladas que terminaron con su vida. Luego llevaría su cadáver hasta un vertedero, en el que aparecería días más tarde semicalcinado y tapado con unas tablas de madera, a las que previamente habían prendido fuego.
La Policía se dirigió al domicilio en el que se había producido la tragedia y encontró a Alfonso Aragón en estado agonizante, con una jeringuilla clavada en un brazo. Al parecer, se había inyectado una sustancia letal que terminaría provocándole la muerte cuando fue trasladado al Hospital San Jorge, de la ciudad aragonesa, en el que ingresaría ya cadáver. Con su trágico deceso se enrevesaba aún más aquel oscuro episodio que conmocionaría a todo el territorio de Aragón.
Búsqueda de un tercer cadáver
Los agentes de la Policía se pusieron a buscar el tercer cadáver, el de Juan Molina, que sería hallado en un basurero. Junto al mismo se encontraron también las tijeras de las que hablaba Alfonso, con las que supuestamente le habría intentado agredir cuando él se defendió del hipotético ataque que le habría lanzado quien supuestamente mantenía relaciones sentimentales con su esposa. Sin embargo, los investigadores sospecharían que fue el mismo marido de María José Herrero quien cometió dos crímenes y posteriormente se suicidó con la letal sustancia que se inyectó en un brazo.
Al igual que puso en tela de juicio la versión ofrecida por Alfonso Aragón, también pondría el foco en el posible móvil económico del doble crimen. Al parecer, a quien se acusaba de ser el amante de la mujer habría solicitado en más de una ocasión algunas ayudas al matrimonio que residía en la calle del Coso Alto, debido a que por aquel entonces Juan Molina atravesaba una difícil situación personal, pues se encontraba desempleado y era padre de dos hijos, además de estar casado. La joven pareja le habría dejado distintas cantidades de dinero a su amigo, ya que trabajaban los dos y eran padres de un niño de tres años, quien se encontraba en el piso cuando se produjo el fatal desenlace, pero estaba durmiendo y no se enteró de lo que ocurría en su propia casa.
La Policía dudó siempre de la veracidad del contenido de la carta que Alfonso Aragón había enviado a su hermano, ya que había un aspecto que no casaba con su narración, descubierto a posteriori. Al día siguiente de haberse producido las dos primeras muertes, el 2 de octubre, el autor de la misiva habría llamado por teléfono a sus padres para que se hiciesen cargo de su pequeño y lo llevasen a la guardería, lo que pondría en tela de juicio la narración hecha en su carta. Para los investigadores, el quid de la cuestión estaba en el hecho de si en la misiva se decía toda la verdad o era tan solo una versión interesada.
El suceso sorprendería de sobremanera a la capital oscense, pues la pareja formada por Alfonso y María José ofrecía la apariencia de ser un matrimonio ideal. Se habían casado en el año 1984 y eran padres de un pequeño de corta edad, además de vérseles siempre o casi siempre junto. Él, además, tenía trabajo estable en una empresa dedicada a la comercialización de maquinaria agrícola y gozaban del reconocimiento y amistad de la mayoría de sus convecinos, quienes no sospechaban que pudiesen protagonizar un hecho tan truculento que enervaría a la ciudad de Huesca en otoño de 1987. A veces, y esta parece ser una de ellas, las apariencias engañan.
Primera página del diario LA RIOJA dando cuenta del suicido del comisario Justino Gonzalo
En aquella mañana del 19 de julio de 1985, el viajante de joyería Domingo Martínez Andrés tomó su vehículo como hacía otras veces con destino a Calahorra. Llevaba material valorado en unos treinta millones de pesetas (unos 180.000 euros al cambio actual). En esta ocasión iba acompañado de una segunda persona, aparentemente amigo íntimo con quien había compartido muy buenos momentos, el subcomisario Justino Gonzalo Ruiz. El vendedor jamás sospechó que aquella compañía se iba a convertir en fatal y terminaría con su existencia a la temprana edad de tan solo 43 años.
En un momento dado, el hombre que iba sentado en el asiento del copiloto le expresó la necesidad de que detuviese el vehículo, pues le urgía una necesidad fisiológica. Ante la insistencia de su acompañante, a pesar de que acababan de salir de Logroño, Domingo accedió a las pretensiones de quien iba a convertirse en su dramático verdugo. Detuvo el coche junto a unos árboles, introduciéndolo por un camino rural. El joyero también descendió del automóvil para vigilar su mercancía. Apenas lo hizo, el malvado subcomisario le descerrajó los sesos de un único disparo en la cabeza. Después introduciría su cadáver en el maletero del coche y lo transportaría hasta la vitoriana Plaza de la Zumaquera, en la que sería encontrado el cadáver del conocido viajante al día siguiente, 20 de julio de 1985 por la Polícía Local de Vitoria, que pudo observar como un hilo de sangre bajaba del maletero, lo que, lógicamente, levantaría sus sospechas.
La esposa de Domingo Martínez, Aurora Sanz, fue quien primero dio la voz de alarma al sospechar de la prolongada ausencia de su marido, pues no era habitual su prolongada demora cada vez que realizaba sus labores comerciales. Al día siguiente, como se ha señalado con anterioridad, aparecía el cuerpo sin vida en el centro de la capital alavesa. Los investigadores sospecharon que el crimen había sido consecuencia de un robo, pues los profesionales de la joyería estuvieron en el punto de mira de los delincuentes casi siempre, pero muy especialmente en la década de los ochenta. En aquel duro trance le confortaban la esposa del subcomisario y el mismo suboficial del cuerpo de Policía, con quien compartía trabajo en una agencia de seguros de la que era titular este último, a quien servía para complementar sus ingresos.
Estrecho del cerco
Durante algún tiempo aquel dantesco crimen se había convertido en la comidilla diaria de muchos riojanos, que aguardaban con impaciencia que se detuviese al autor del crimen. Una precipitada llamada a la oficina de seguros en las que trabajaba la mujer del joyero fue la clave para estrechar el cerco al asesino, al tiempo que se descubriría la incompatibilidad del Policía con el negocio que regentaba. La llamada procedía de Vitoria de una persona influyente quien infundía ánimos en Aurora Sanz en el esclarecimiento de los hechos. Aquella comunicación dirigida a la mujer, quien se había ausentado para hacerse un chequeo médico, fue recogida por Justino Gonzalo y en ella se le daba cuenta de que estaba a punto de detenerse al autor del asesinato de su marido.
Presumiblemente, Justino Gonzalo telefoneó de modo precipitado a Vitoria y se interesó de forma rotunda y súbita por el curso de las investigaciones sobre el asesinato del joyero. El subcomisarío no tenía por qué conocer el mensaje privado enviado a la oficina de seguros donde Aurora Sáenz trabajaba, a no ser que él mismo trabajara allí. A medida que el cerco se hacía más asfisiante, y viendo que ya no tenía prácticamente escapatoria, el suboficial de la Policía sería interrogado por sus compañeros y ante ellos mismos se declararía el autor de la muerte de Domingo Martínez Andrés, a quien también había robado el día de autos, a pesar de que se especularon con otras posibilidades alternativas, entre ellas un supuesto affaire sentimental de Justino Gonzalo.
Reconstrucción de los hechos y suicidio
Ocho funcionarios de la policía, de Pamplona, Vitoria y Logroño, le acompañaron al alto de La Herrera. Por deferencia, Justino Gonzalo iba sin esposar. De pronto, intentó zafarse de sus compañeros y se acercó a un talud. Fue neutralizado. Allí mismo se halló una parte del muestrario de las joyas, calibrado entre el 85% y el 90% de lo robado, cuyo volumen total, tasado podría alcanzar los 40 millones de pesetas (240.00 euros al cambio actual).
La otra parte del botín, según dijo Justíno Gonzalo, se hallaba en un paraje próximo al Ebro, muy cerca del castillo de Davalillos, donde el río hace un recodo y se adentra en una zona de remolinos de unos tres metros de profundidad y unos 40 metros de anchura. Allí se desplazó el grupo de policías. Ya en las proximidades, Justino Gonzalo escapó hacia el río y penetró apresuradamente en las aguas. Sus compañeros de la policía aseguran que sí sabía nadar.
De aquella forma trágica, adentrándose en las aguas del Ebro, ponía fin a su propia vida el comisario Justino Gonzalo Ruiz del Río, contando tan solo 45 años de edad, al tiempo que dejaba viuda y tres hijos. Un comisario adscrito a la Jefatura de Policía de Pamplona se lanzó tras él con el propósito de auxiliarlo, pero fue imposible hacerle desistir de su temeraria actitud. A base de golpes y arañazos evitó que le salvasen la vida, que se perdía en las caudalosas aguas de uno de los famosos ríos de la geografía española y que mansamente las deposita en el Mediterráneo.
Anabel Segura, la joven secuestrada y asesinada en el año 1993
La España de los noventa sufriría distintos episodios en los que los medios de comunicación se volcaron masivamente a causa de las circunstancias que los envolvían. Uno de esos trágicos acontecimientos tendría como protagonista principal a una joven madrileña, de tan solo veintidós años, Anabel Segura, una chica simpática y agradable que estudiaba cuarto curso de Ciencias Empresariales en la prestigiosa institución académica ICADE. Sin embargo, una pareja de desgraciados que buscaban dinero fácil, cuando no vivir del cuento, se cruzaron de manera funesta en su vida en la mañana del 12 de abril de 1993, siendo secuestrada y finalmente asesinada, tan solo seis horas después de haber sido privada de su libertad.
A media mañana del día de autos, la joven salió de su casa, en la urbanización Intergolf, en pleno barrio de La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Iba ataviada con un chándal y llevaba también un reproductor de música. Fue entonces cuando dos extraños se dirigieron a ella con la excusa de preguntar por una dirección de aquel entorno, aunque no dejaba de ser una vulgar treta para entretener a la muchacha, que recibió un empujón de alguno de aquellos dos extraños y fue introducida en una furgoneta de color blanco. Nadie vio nada, salvo un jardinero de 62 años quien intentó socorrer a Anabel cuando escuchó sus gritos. Aún así, pudo hacer una descripción precisa del vehículo. Solamente le faltó tomar el número de matrícula, algo que no pudo hacer por no llevar en ese momento las gafas consigo.
Es a partir de entonces cuando se inicia un largo peregrinar en torno al destino de aquella joven que mantendría en vilo a todo un país durante dos años y medio, en los que se sucedieron las llamadas y los interrogantes, así como un sinfín de incongruencias que contribuirían a que se resolviese el caso. Lo único cierto es que Anabel Segura fue estrangulada por sus captores el mismo día de su secuestro. Sin embargo, estos no hicieron otra cosa que entretener en falso a toda una sociedad que buscaba respuestas en torno al paradero de la joven.
Falta de profesionalidad
Una de las peores cosas que le puede suceder a cualquier secuestrado es que sus raptores no sean profesionales ni hayan planificado el secuestro previamente. Así ocurrió en el caso de Anabel Segura. Sus dos captores eran unos chapuceros que desconocían hasta las normas más elementales en un suceso como el que pretendían llevar a cabo. Ni siquiera habían previsto el lugar en el que albergarían a su futura víctima. Su plan fue torpe e improvisado. Aquella misma mañana un repartidor en serias dificultades económicas, Emilio Martínez Guadix, de 38 años,se puso en común acuerdo con un viejo amigo de la infancia, Cándido Ortiz Añón para dar un golpe, quien era tres años más joven que el anterior. El lugar elegido era la lujosa urbanización madrileña de La Moraleja, una exclusiva colonia habitada por personas con un elevado nivel económico. Pensaban que la trama sería bastante sencilla y solamente se trataba de secuestrar a la primera persona que se encontrasen.
El hecho de no ser auténticos profesionales, sino tan solo un par de desalmados, hizo que las cosas comenzasen a torcerse desde el primer instante. Para empezar, su víctima les había visto el rostro cuando la secuestraron y también cuando se dirigieron hasta una gasolinera a repostar. Todo ello contribuía a que pudiesen ser reconocidos en cualquier momento. Durante aquella ingrata jornada de primavera estuvieron dando vueltas con la furgoneta por la capital de España y sus alrededores hasta que los amenazó la noche y no sabían que hacer con su rehén. Optaron por la solución más sencilla, y también la peor, que no era otra que darle muerte. Lo hicieron también de una manera macabra y obscena, pues la estrangularían y abandonarían su cadáver en la localidad toledana de Numancia de la Sagra, a 42 kilómetros de Madrid y a tan solo dos del domicilio de uno de los captores,
A partir de ahí comenzaría un largo rosario de patrañas que no hicieron otra cosa que entretener en falso a todo un país, que aún vivía con la lógica esperanza de que pudiese ser encontrada con vida la joven madrileña. En la memoria colectiva estaba presente todavía el largo secuestro de la farmacéutica de Olot, cuyo desenlace final con final feliz tras 500 días de cautividad hacía albergar las esperanzas de gran parte de los españoles que seguía expectante a las noticias que le llegaban acerca del incierto futuro que podría Anabel Segura.
Cinta magnetofónica
Para darle realismo y credibilidad al esperpéntico schow montado por los dos secuestradores, no se les ocurrió mejor idea que enviar una cinta magnetofónica con la supuesta voz de Anabel a los padres de la muchacha. En ella, Felisa García Campuzano se hacía pasar por la secuestrada. Sin embargo, después de analizar la grabación hasta la saciedad, los investigadores le restaron credibilidad y comenzaron a ver puntos oscuros en aquel truculento montaje que no parecían conducir a ninguna parte. No obstante, la cinta sería decisiva en la resolución del caso, pues algunas de las voces que se escuchaban en la misma serían reconocidas por algunas personas, entre ellas una expresión del área de Toledo en la que residía uno de los captores. «Sabes más que los ratones coloraos», siendo esta frase la que marcaría un punto de inflexión en aquella cruda historia que la totalidad de los españoles creyeron, aunque no así quienes estaban investigando el caso.
La Policía requirió la colaboración ciudadana y llegó a recibir hasta 30.000 llamadas. Igualmente se haría eco del trágico hecho el programa de TVE ¿Quien sabe dónde?, dedicado a buscar personas desaparecidas y en el que se reprodujo aquella famosa cinta magnetofónica que pareció llevar cierta tranquilidad a muchos ciudadanos, aunque quienes se encontraban a pie de obra indagando en la hipotética suerte de Anabel Segura habían dirigido sus miradas hacia otros derroteros. Gracias a la ayuda de los ciudadanos, fue identificada la voz de Emilio Martínez Guadix, el autor material de la muerte de Anabel.
Previamente, a ser localizados, los supuestos secuestradores -reconvertidos ya en asesinos- exigieron importantes sumas de dinero a la familia de su víctima, llegando a solicitar hasta 150 millones de pesetas (900.000 euros al cambio actual). Sin embargo, jamás se atrevieron a dar la cara, dado que nada podían ofrecer a cambio y aquello no dejaba de ser una macabra y vulgar tomadura de pelo. Hasta un total de quince llamadas recibieron en su domicilio los progenitores de la joven que ya había sido asesinada. Asimismo, la Policía llegaría a frustrar dos hipotéticas entregas del dinero exigido, al tiempo que el padre de Anabel había hipotecado su vivienda para poder supuestamente liberar a su hija.
Las llamadas a la familia, así como las comunicaciones que mantenían con la misma, parecían proceder de un mismo entorno, que se situaba la provincia de Toledo, por lo que los investigadores centraron su atención en esa zona. A todo ello se sumaba el hecho de que un ciudadano anónimo fue quien identificó la voz del hombre que dio muerte a la joven madrileña.
Detenciones y hallazgo del cadáver
Con todos los cabos atados y bien atados, el día 27 de septiembre de 1995 eran detenidos en el madrileño barrio de Vallecas, Emilio Martínez Guadix y su esposa Felisa Muñoz Campuzano, en la vivienda que poseían los padres del primero en el populoso distrito madrileño. Prácticamente y al mismo tiempo, era detenido Cándido Ortiz Añon en la madrileña calle Orense. Los tres detenidos confesarían de inmediato su participación en los hechos y cual era el paradero de la joven a la que habían secuestrado hacía dos años, cinco meses y 16 días. Se confirmaba así la tesis que siempre sostuvo la Policía. Los autores del rapto de Anabel Segura eran delincuentes comunes
Todo el relato y la parafernalia que habían montado se vendría abajo por su propio peso en cuestión de minutos. Se dice que las mentiras tienen las patas muy cortas, pero esta, desgraciadamente, fue demasiado larga. El día 28 de septiembre de 1995 era hallado su cadáver en las dependencias de una vieja fábrica de cerámica abandonada en la localidad toledana de Numancia de la Sagra. Se ponía así fin a un larguísimo culebrón que mantuvo en vilo a todo un país y cuyo final no pudo ser más desgraciado y horrendo. El cadáver de la joven, cuando fue hallado, aún conservaba parte del chándal que había utilizado para hacer deporte cuando fue secuestrada.
90 años de cárcel
Si mediático fue el secuestro, no menos mediático fue el juicio, que se celebraría a comienzos del año 1998. Con la indignación generalizada de todo un país, se esperaba que la Justicia fuese contundente con aquellos tres viles canallas, que habían levantado una expectación inusitada en un hecho que ponía los pelos de punta. No obstante, depararía un agria sorpresa, que ocasionaría las contrariedades de la familia de Anabel Segura, quien recurriría al Tribunal Supremo para incrementar las condenas de los tres implicados.
En un primer momento Emilio Martínez Guadix y Cándido Ortiz Añón serían condenados a 39 años de prisión cada uno de ellos, acusados de un delito de asesinato con alevosia. Sorprendía la escasa pena a la que fue sentenciada Felisa Muñoz Campuzano, pues tan solo debería cumplir seis meses de cárcel por la colaboración que había prestado a los dos asesinos. Asimismo, debían indemnizar conjunta y solidariamente con veinte millones de pesetas (120.000 euros al cambio actual) a la familia de Anabel Segura.
Insastisfechos con la condena que habían recibido los asesinos de su hija, los padres de Anabel Segura recurrieron al Tribunal Supremo, quien elevaría la condena de los dos asesinos de 39 a 43 años de cárcel, en tanto que la de Felisa Muñoz Campuzano pasaba del medio año a dos años y cuatro meses de prisión.
En el año 2009 la llamada «Justicia Poética» recaería sobre uno de los acusados, Cándido Ortiz Añón, para quien aquella condena se convertiría en prisión perpetua al fallecer en prisión a la edad de tan solo 51 años. Mejor suerte corrió el «cerebro» de la operación, Emilio MartínezGuadix, quien saldría de prisión en 2013, después de haber penado tan solo 18 años por uno de los delitos más horrendos de la historia reciente de España. En sus primeras declaraciones ante los medios manifestaría «estar arrepentido» de su fechoría. Se sabe que no regresó a la localidad toledana de Pantoja, a donde había ido a parar después de comprar un chalet adosado que fue la causa de una locura que se plasmó con el asesinato de una inocente, pues las deudas de los impagos y las letras le acuciaban.
También es conocido que la relación entre Emilio y Felisa se haría añicos como consecuencia del nefasto episodio que mantuvo en vilo a un país durante casi dos años y medio. La mujer también ha regresado a Vallecas abandonado la churrería que había montado en el municipio toledado al que había emigrado en compañía de su marido. Según algunos medios, prefiere «pasar página» y tratar de ahuyentar los fantasmas de un pasado, que según sus propias manifestaciones, «le marcó profundamente». Y al resto de los españoles también.
Uno de los crímenes tuvo lugar en las inmediaciones del Parque Nueva Granada
El año 1984 dejaría el amargo recuerdo en tierras andaluzas de las muertes violentas de tres pequeños. Uno de ellos en Sevilla, que jamás llegaría a esclarecerse, en tanto que otros dos tuvieron como escenario Granada, una ciudad que en aquel entonces vivía conmocionada todavía por el asesinato de un niño en el año 1981, que parecía haber entrado en punto muerto debido al escaso avance de las investigaciones.
En aquella complicada tesitura, los granadinos se vieron terriblemente sorprendidos el día 7 de abril de 1984 con la aparición del cuerpo del pequeño Bernado Díaz, de nueve años, horriblemente estrangulado en la casería de San Jerónimo. El niño era hijo de un miembro de la Policía Nacional, quien en un primer momento dijo que había dejado a bordo de su coche, un SEAT-133, que presuntamente había sido robado. Según la primera versión, el padre de la criatura habría dejado el vehículo estacionado junto al bloque Osuna-3, del Polígono de la cartuja en torno a las nueve de la noche del día de autos. Una hora más tarde, cuando regresó, ya no se encontraban ni el coche ni el pequeño.
A partir de la desaparición de Bernardo, se pone en marcha un dispositivo policial para dar con su paradero después de que su propio padre diese la voz de alarma a sus compañeros. El resultado de la operación tuvo un fatal desenlace y en torno a las once de la noche de aquel trágico día eran hallados tanto el automóvil como el cuerpo sin vida del niño. El coche se hallaba completamente cerrado, mientras que la criatura se encontraba a unos centenares de metros, con una cuerda atada al cuello, lo que indicaba que había sido estrangulada.
Detención del padre
En principio se barajaron diversas hipótesis en torno a lo que le podría haber sucedido al niño asesinado. Entre ellas, que algunos delincuentes le hubiesen robado el vehículo y al encontrarse con el niño dentro decidieron darle muerte, en tanto que otra abundaba en que podría haber sido víctima de algún energúmeno que estuviese enfrentado a su progenitor como consecuencia de su profesión de policía. Sin embargo, había algunas cosas que no cuadraban, entre ellas que el coche estuviese perfectamente cerrado, dado que si había sido robado los ladrones no suelen tomarse esas precauciones. Al mismo tiempo, J. M. D. J., su padre, incurriría en diversas contradicciones, que llevaron a investigar, como sucede la mayoría de las veces en estos casos, al entorno más próximo de la víctima.
La detención de aquel agente de Policía de 38 años causaría gran sensación y conmoción al mismo tiempo en Granada. En su posterior relato de los hechos manifestaría que aquella tarde él y su hijo habían estado visitando a su madre, quien se hallaba ingresada en el Hospital Clínico de Granada, pues se encontraba gravemente enferma de un cáncer que terminaría segándole su existencia a una temprana edad. Posteriormente, se habría iniciado una discusión entre padre e hijo, después de haber dejado a la hermana menor de Bernardo en casa de unos parientes. El muchacho se habría puesto muy pesado con su progenitor y se habría desencadenado una disputa en toda regla y en un momento de ofuscación y arrebato, sin explicárselo muy bien, habría estrangulado al chaval.
Con el crío muerto se habría dirigido en coche desde la calle Linares hasta el parque de Nueva Granada. Posteriormente cargaría con su cuerpo en hombros y lo transportaría a lo largo de unos centenares de metros en el lugar en el que apareció su cadáver. El móvil del espeluznante asesinato se encontraría supuestamente en la tensión que soportaba el policía debido a la grave enfermedad que afectaba a su mujer. Sus depresiones eran muy frecuentes, a lo que habría que añadir su estancia en el País Vasco durante siete años, coincidiendo con los famosos «años de plomo» en los que las fuerzas del orden eran un objetivo prioritario de los terroristas.
Algo más de un año después del crimen, en julio de 1985 se celebró el juicio contra J. M. D. J., quien sería condenado a ocho años de cárcel, a pesar de que el fiscal solicitaba más del doble. Se tuvo en cuenta la situación personal que atravesaba el agente, aplicándosele la eximente incompletade enajenación mental transitoria. La Audiencia Provincial de Granada sostuvo que se trataba de un homicidio, calificando los hechos de parricidio con alevosía.
Un adolescente asesina a otro
Cuando resonaban los ecos del crimen de Bernardo y se vivía con la tensión de un niño asesinado en Sevilla, la capital nazarí se hubo de enfrentar a un nuevo hecho que la situaría de nuevo en las páginas de sucesos de los principales diarios, en otro acontecimiento que suscitaría la estupefacción de sus ciudadanos, no acostumbrados a que tan bella urbe fuese escenario de casos tan truculentos.
El día 16 de diciembre de 1984, cuando ya se atisbaban las primeras luces navideñas, un adolescente de quince años era literalmente cosido a puñaladas por otro amigo de una edad similar. La víctima era Antonio Peña, de quince años, hijo de una viuda que había perdido a su marido en un trágico accidente de circulación que jamás se había aclarado. A las tres de la tarde de la jornada anteriormente referida, Antonio recibió en su casa a A.M.R.G., a quien había comprado una bicicleta. Este último, su asesino, le fue a reclamar el importe acordado por el vehículo. Tras una agria discusión entre ambos, el segundo sacó con gran frialdad una navaja de grandes dimensiones con la que le asestó más de treinta puñaladas, para huir luego del lugar de autos, no sin antes apoderarse de 27.000 pesetas (unos 171 euros al cambio actual) que guardaba la madre de la víctima en casas.
Alertado el vecindario por los gritos del joven, lo encontraron en estado moribundo. Avisaron de inmediato a la Policía, quien en uno de sus vehículos trasladó a Antonio Peña al hospital Ruiz de Alda de Granada, pero ingresaría cadáver, sin poder hacer otra cosa los médicos que certificar su trágico deceso. La víctima era estudiante de Formación Profesional en un instituto de la capital granadina y el día en que sucedió el funesto acontecimiento había sido visto en compañía de un amigo a bordo de la supuesta bicicleta que sería la causa de su precoz muerte.
A.M.R.G., quien en su huida se cruzó con las vecinas que acudieron a socorrer a Antonio Peña, consciente de la gravedad del suceso que había provocado, llegó a subirse al tren expreso que cubría la ruta entre Granada y Madrid, siendo capturado en torno a la una de la madrugada del 17 de diciembre de 1984 en la estación Linares-Baeza, interviniéndole la Policía el arma con la que había dado muerte al otro muchacho. Este individuo, al ser menor de edad, sería ingresado en un centro de menores donde cumplió la condena que le fue impuesta, que solían ser muy suaves en estos casos.
Panorámica de Benifallím, el pueblo en el que tuvo lugar el sangriento suceso
Fue uno de los episodios más escabrosos y sanguinarios de todos cuanto tuvieron lugar a finales del siglo XX en España, alterando el animado verano que siempre se vive en la costa levantina. Cuando comenzaba a declinar el mes de agosto, concretamente el día 20, los agentes forestales de la comarca de la Hoya de Alcoy, en Alicante, se vieron repentinamente sobresaltados al percatarse de que de Les Vaquerises salía humo. Temerosos de que el fuego pudiese extenderse por toda la contorna, en lo que estaba siendo un verano seco, acudieron al lugar con la intención de sofocar el hipotético incendio y evitar así riesgos mayores.
Lo que no se podían siquiera ni imaginar aquellos hombres es que al llegar al lugar en el que aparecía la nube de humo se iban a encontrar con un dantesco y escabroso panorama. Allí se hallarían con los cadáveres de tres personas, que dadas las circunstancias en que se encontraban, todo hacía presumir como así sería que habían sufrido una horrible muerte violenta, dando la sensación de que los tres fallecidos habían padecido, incluso, grandes torturas antes de morir, aunque esto último no llegaría a corroborarse. Los muertos son Elvira Munllor Miró, de 54 años, dueña de la masía; su empleado Rigoberto Esteve, de 47 años y un tío de la primera, Francisco Miró, de 75 años
Avisada la Guardia Civil del del trágico episodio que había tenido lugar en aquella pequeña localidad, las sospechas acerca del móvil del crimen son aclaradas de inmediato. Para ellos está claro que el objetivo del autor o autores de la horrible matanza que consterna a todo el País Valenciano ha sido el robo. Se comenta que Elvira Munllor es una mujer acaudalada y que hacía muy poco tiempo por aquel entonces había recibido la cantidad de 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros) por la venta de unas fincas. Supuestamente guarda ese dinero en la vivienda en la reside, aunque los investigadores jamás lo hallarían.
Detención
Al iniciarse las pesquisas las sospechas se centran en un joven que por aquel entonces contaba con tan solo 28 años de edad, F.G.S., conocedor de la masía, en la que ha estado contratado de forma eventual realizando algunos trabajos. Su detención se produce el día 25 de agosto de 1999, solamente cinco días después del triple crimen que ha conmovido a toda la comarca y a la Comunidad Valenciana en general. En sus primeras declaraciones ante la Guardia Civil se autoinculpa de las tres muertes acaecidas en Les Vaquerises, aunque días más tarde, probablemente aconsejado por su abogada, el muchacho se desdice y niega haber dado muerte a ninguna de las tres víctimas. En su descargo argumenta que ha sido objeto de presiones y no le ha quedado otro remedio que asumir un horrendo hecho del que se proclama inocente.
Según su versión, las muertes allí ocurridas habrían sido de forma fortuita y que en ningún momento el había tenido la intención de darle muerte a las tres personas fallecidas. Al parecer, la mañana del día de autos F.G.S. se dirigió a Les Vaquerises con el objeto de hacer algún trabajo en la masía para ganarse un jornal, pues ya había trabajado allí en otras ocasiones. Cuando llegó hasta el lugar, la dueña le recriminó que se pusiese a orinar en su presencia sin guardar un mínimo de decoro. Esta actitud de Elvira Munllor no gustó al muchacho, quien, sin pensárselo dos veces, le propinó fuertes golpes en la cabeza con el rastrillo que portaba la propietaria de la masía, ocasionándole heridas que le provocarían la muerte, además de desfigurarle el rostro.
Alertado por los gritos que daba la dueña para que trabajaba, acudió en su auxilio el empleado Rigoberto Esteve, quien se encaró con el joven, pero que terminaría corriendo la misma suerte que Elvira Munllor. Con el mismo rastrillo, el muchacho le daría muerte al trabajador, a quien también propinaría fuertes golpes en la cabeza que terminaron provocándole la muerte. Posteriormente, quizás consciente de la barbaridad que había cometido, trató de arrastrar los cadáveres a la cuadra, pero fue entonces cuando se encontraría con Francisco Miró, tío de Elvira Munllor, un hombre ya septuagenario. Al sentirse perdido y a la vez descubierto, decidió acabar también con su vida con el mismo rastrillo que le había servido para dar muerte a sus dos primeras víctimas. Finalmente, prendería fuego a la finca para intentar ocultar el triple crimen.
Excarcelación y condena
El suceso, además de la consternación que causó en toda la Comunidad Valenciana, no estaría exento de polémica, ya que el acusado de las tres muertes, que se encontraba internado en la prisión de Fontcalent, sería excarcelado al cumplir el encausado el tiempo máximo en prisión preventiva, quedando en libertad en marzo de 2003. Una vez fuera del recinto penal, Francisco Gómez Simón se proclamaría de nuevo inocente en relación a las tres muertes que le imputaban. A consecuencia de este hecho, su puesta en libertad, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abriría sendos expedientes disciplinarios a los dos jueces encargados del triple crimen, así como una investigación para depurar posibles responsabilidades, aunque el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, dejaría sin efecto las sanciones que pudiesen derivarse de esta circunstancia al entender la masificación que sufrían algunos juzgados de lo penal en España en aquellos tiempos.
Finalmente el juicio se celebraría un año después de quedar en libertad F. G. S., en marzo de 2004. Una vez más volvería a proclamar su inocencia, aunque sería sentenciado a un total de 24 años de cárcel. De ellos, siete correspondían a los dos primeros crímenes, que fueron tipificados como homicidio, en tanto que los diez restantes le recayeron por la tercera muerte, calificada de asesinato. El tribunal que lo juzgó estimó que el acusado sufría un retraso mental que le impedía comprender la gravedad de sus actos, así como que en el momento de cometer el triple crimen se hallaba bajos los efectos de una enajenación mental transitoria.
La responsabilidad civil a la que debía hacer frente F.G.S. ascendía a un total de 288.000 euros, con los que debería indemnizar a los familiares de sus víctimas. A pesar de que se declararía insolvente, la vivienda en la que residían sus padres, un piso situado en Alcoy, saldría a subasta, siendo adjudicado en tan solo cinco mil euros, a pesar de que su precio real superaba los 90.000.
Primera página de DIARIO DE MALLORCA dando cuenta de la detención del asesino de la pequeña, Paquita Garrido
Aunque sucedían cosas como en cualquier otro país, la España de mediados de la década de los sesenta del siglo XX no estaba acostumbrada a sucesos tan brutales, a pesar de que no era la primera vez que acontecían. Estos solían situarse en los países anglosajones e incluso los nórdicos, pero no en aquel país que todavía estaba iniciando un lento progreso y en el que primaban por encima de todo la moral y las buenas costumbres, amén de una férrea censura a la que no le gustaba que se diesen noticias tan escabrosas como esta, que atentaba contra cualquier principio básico. No obstante, depravados como este sujeto los hubo en todas las épocas y han pasado a la historia como malvados o truhanes del tres al cuarto que después eran utilizadas sus tristes andanzas para atemorizar a los más pequeños.
En la pista de patinaje de la mallorquina plaza de la Soledad se encontraba jugando un grupo de niños al anochecer del día 7 de noviembre de 1965, cuando todavía era posible que los pequeños jugasen en las plazas y calles sin ningún temor. Al parecer, a los pequeños les desapareció uno de los objetos con los que se estaban divirtiendo por lo que solicitaron a un individuo que se encontraba pululando por la zona una cerilla para poder localizar lo que se había perdido. Ese energúmeno en cuestión, Miguel Reynaldo Porlán, de 24 años, que trabajaba como taxista, no tuvo mayor inconveniente en acceder a la petición de los pequeños, al tiempo que aprovechaba para invitar a dar un paseo a una de las niñas en el coche que conducía. La pequeña, de siete años, era Paquita Garrido Pérez, una,criatura alegre y extrovertida con la que era fácil entablar conversación. Según algunas versiones, sus compañeros de juegos le gritaron que no se marchase con un desconocido, quien había emprendido la marcha a toda velocidad.
La suerte de la pequeña se había sellado nada más subir al vehículo del desconocido, quien tenía otras pretensiones que la de llevar a un simple paseo a Paquita. Aquel sujeto era un peligroso delincuente que ya contaba con distintos antecedentes. Miguel Reynaldo llevaría a la criatura a un descampado y aprovechando la oscuridad de la noche abusaría de la misma. Fue entonces cuando comenzó a gritar y llorar al comprobar en sus propias carnes que aquel energúmeno tenía otras intenciones. Ante el escándalo montado por la niña, decidió taparle la boca con la mano derecha, provocando que se desmayase, lo que asustó al raptor. Este, según sus propias declaraciones, asustado por la reacción creyó que había fallecido por lo que decidió arrojar su cuerpo al mar, cuando aún se encontraba con vida, tal y como se encargaría de demostrar la autopsia.
Aparición del cadáver de la niña
Tras la desaparición de la pequeña y la alarma generada en la isla, se organizaría un dispositivo con el objetivo de dar con su paradero.Desgraciadamente y como se temía, el cuerpo de la niña aparecería al mediodía del día siguiente a la altura de Cala Gamba, a siete kilómetros de la capital insular, siendo hallado por un hombre que se dedicaba a recolectar setas. La noticia, como es lógico, cayó como una bomba en toda la isla generándose una psicosis en la población que daría cuenta de falsos secuestros en días sucesivos.
Aunque la tragedia ya estaba servida, lo que no contaba el asesino era con que los pequeños que se encontraban jugando con la infortunada Paquita Garrido fuesen a ser determinantes en la resolución del caso. Uno de ellos describiría el aspecto del sujeto en cuestión, al tiempo que facilitó la última cifra de la matrícula del vehículo, insistiendo en que el autor del secuestro y asesinato de su amiga había sido llevada a cabo por un taxista. Este hecho contribuiría de manera decisiva a poner en el punto de mira a algún individuo que precisamente no gozaba de buena reputación, a lo que se sumaba la colaboración desinteresada del gremio de los taxistas para poder resolver el trágico suceso que había consternado a las Islas Baleares y al resto de España.
A pesar de los datos facilitados por los críos que jugaban junto a su amiga, tardaría hasta un mes en ser detenido el autor de la muerte de Paquita Garrido. En un principio la atención estuvo puesta en otro individuo que años atrás había dado muerte a su mujer por haberla encontrado con otro hombre. No obstante, resultó ser una falsa alarma. Finalmente se procedería a la detención de Miguel Reynaldo Porlán, alias «El Beatle», mote alusivo a su larga melena y a su afición por la música que producía el célebre grupo británica. La Policía ya lo había detenido en un primer momento, pero lo puso en libertad a las 72 horas por carecer de pruebas concluyentes. Aquel sujeto contaba con 24 años y había nacido en la localidad murciana de Lorca, aunque residía desde su niñez en la capital balear, siendo ya un viejo conocido de las fuerzas de seguridad por su estancia entre los muros de la cárcel durante un periodo de tres meses al haber sido acusado de un delito contra la propiedad
Pena de muerte
En los días finales del mes de marzo de 1966 se celebraría el juicio contra «El Beatle», despertando una gran expectación en las Baleares y el resto de España, al extremo que la fuerzas de orden público hubieron de organizar un dispositivo de seguridad en torno a la Audiencia Provincial de Palma Mallorca con la finalidad de evitar incidentes, dada la indignación que había ocasionado el suceso, siendo muchos los ciudadanos que querían asistir a la vista oral de aquel execrable crimen, uno de los peores en la historia de la islas.
El fiscal encargado del caso tuvo muy claro desde el primer momento que el autor de la muerte de la pequeña Paquita Garrido Pérez debía de ser condenado a la pena capital, amparándose en los supuestos de abusos deshonestos, indefensión de la menor, despoblado y el agravante de nocturnidad y, lógicamente, el de asesinato, que era en lo que se basaba el fiscal para instar al tribunal a que la sanción fuese la más dura que contemplaba entonces el código penal vigente. Además solicitaba para el acusado otros doce años de prisión, y la indemnización con 100.000 pesetas a los padres de su víctima.
El acusado, por su parte, sostuvo que en ningún momento había tenido la intención de dar muerte a la pequeña, sino que los acontecimientos se habían precipitado por distintos motivos que no concretó y se asustó al ver que se desmayaba, pensando que había fallecido. En su descargo adujo que aquel día se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, lo que provocaría las consecuencias posteriores. Se supo también que al día siguiente no había acudido a su puesto de trabajo y se levantó a la una de la mañana. Al parecer, después de deshacerse del cuerpo de la víctima se trasladó hasta el «barrio chino» de Palma de Mallorca en el que estaría acompañado de una mujer de «mala nota», tal y como la describe la prensa de la época.
Además, añadiría que su intención era devolver la niña a su familia, al tiempo que le pretendía dar 500 pesetas para que le comprasen distintas cosas. Por si fuera poco dejaría una frase para la posteridad, tal vez con la intención de llegar a la emoción del tribunal. «Si con mi muerte devuelven la vida a la niña -dijo Miguel Reynaldo- pido a la sociedad que me condene a muerte». El tribunal, al igual que el fiscal también lo tuvo claro, y el acusado fue sentenciado a la pena capital, aunque con el recurso automático al Tribunal Supremo que llevaban estos casos.
Indulto
En primera instancia, el Tribunal Supremo rechazaría el recurso interpuesto por el acusado, ratificando la pena que le había impuesto la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en abril del año 1966. Le quedaba todavía el último cartucho que se reservaba para quienes eran sentenciados a la máxima pena, que era la probabilidad de la gracia del indulto por parte del Consejo de Ministros, aunque otros energúmenos en circunstancias similares se habían dejado el cuello ante el garrote vil. No fue este el caso de Miguel Reynaldo Porlán, quien en junio del año 1967 se vería favorecido por esta prerrogativa, que era potestad del Jefe del Estado.
Prácticamente en el último minuto, aquel individuo de estrafalarias formas para la época, la década de los sesenta del siglo XX -a quien apodaban «El Beatle»-, evitó dejarse su vida ante la despectiva mirada de cualquiera de los verdugos que se encontraban en activo. En su lugar, le recaería una pena accesoria de treinta años de prisión, además de la indemnización que le había sido impuesta por la Audiencia de Palma a los padres de la pequeña. La pena capital jamás está justificada, pero a sujetos como este el susto de poder ser carne del garrote vil no le vino mal.
