Este suceso, en un principio, presentaba muchas vertientes y bien pudiese parecer que obedecía a un móvil económico, tal y como terminaría sucediendo, pero no por una tan exigua cantidad de dinero, pues finalmente solo fueron 270 euros los que precipitaron un sangriento acontecimiento en las primeras horas de la tarde del día 21 de octubre de 2008. Una de las víctimas, Juan Antonio Torrecilla Ortega, de 54 años de edad, estaba convencido de que le iban a matar, al igual que si de un mal presagio se tratase. De hecho, había contratado los servicios de un guardaespaldas para él y su esposa, Mercedes García de las Heras, de 51 años, quien había sido traductora del Parlamento europeo y estaba jubilada como consecuencia de una enfermedad cuando fue asesinada.
Algunos allegados sabían que Juan Antonio, que era padre de tres hijos con edades comprendidas entre los quince y los 24 años, movía mucho dinero e incluso a sus personas de confianza les había facilitado los datos de sus tarjetas bancarias. Su esposa cobraba una sustanciosa pensión de 6.000 euros por sus servicios en el alto organismo europeo. Su marido le había confesado a diversas personas el temor de que los matasen en el momento menos pensado y así se lo habían hecho saber tanto a un abogado amigo de la familia y también a dos individuos que ejercieron de chóferes de la familia, Manuel R.B. y Rafael S.G., ambos habituales consumidores de estupefacientes, y que incluso serían imputados a raíz del doble crimen que consternaría a la capital cacereña en el otoño de 2008. Sin embargo, al igual que si se tratase de un personaje extraído de una novela de Gabriel García Márquez, no se sabía a que obedecían esos temores ni que escondían de cierto. Se rumoreó algunos problemas con una familia de Salamanca, aunque nunca pudo demostrarse absolutamente nada. Las víctimas se llevaron el secreto a la tumba. Ese mismo pánico también era conocido por Ángela Aparecida da Cunha, de 35 años, una ciudadana brasileña que prestó su servicios como empleada doméstica en el domicilio de los Torrecilla-García durante un par de meses.
Detenciones
Tras un arduo trabajo de investigación y después de investigar exhaustivamente todas las relaciones y los movimientos de la pareja se procedió a efectuar tres detenciones, los dos hombres que habían trabajado como chóferes en la casa del matrimonio asesinado así como la criada fueron puestos a disposición de la Justicia por parte de las fuerzas policiales. Más tarde, los dos conductores, uno de los cuáles, Manuel R.B., fallecería en el año 2016 al precipitarse al vacío en un patio de luces cuando intentaba robar en un domicilio de Cáceles, serían puestos en libertad, mientras que la criada, Ángela Aparecida da Cunha, seguía en prisión como principal sospechosa del doble crimen acontecido en la urbanización Montesol en el barrio cacereño de la Mejostilla.
Según la versión policial, los dos asesinatos habrían acontecido en torno a las dos de la tarde del 21 de octubre de 2008 cuando la ciudadana brasileña acudió al domicilio de las víctimas a reclamarles una deuda que ascendía a 270 euros por los servicios prestados durante dos meses. La mujer había dejado de trabajar en la casa del matrimonio al que daría muerte una semana antes de producirse el fatal suceso. A raíz de esa reclamación se inició una fuerte discusión entre la agresora y sus víctimas. En un momento dado, la asesina le habría propinado un fuerte golpe a Juan Antonio Torrecilla con un objeto contundente y romo aprovechando que el hombre se encontraba sentado en uno de los sillones del salón donde tuvieron lugar los hechos. Como consecuencia de la brutal agresión le fracturaría la base del cráneo, lo que le provocaría la muerte de manera prácticamente instantánea a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria.
Ante el dantesco espectáculo al que estaba asistiendo, Mercedes García comenzó a proferir gritos de auxilio que no fueron escuchados por nadie. Al igual que había hecho con su cónyuge, su antigua criada le propinaría un fuerte golpe en la cabeza con el mismo objeto empleado para dar muerte a Juan Antonio. Una vez derribada, se quiso asegurar de su muerte clavándole una navaja en el cuello que terminaría seccionándole la yugular, lo que le ocasionaría una gran hemorragia a consecuencia de la cual le sobrevino la muerte.
34 años de cárcel
El juicio contra Ángela Aparecida da Cunha se celebraría en los primeros días del mes de abril del año 2012, después de que se hubiese suspendido hasta en dos ocasiones debido a las dilaciones efectuadas por su defensa por su disconformidad con la composición del jurado encargado de dilucidar su suerte. La vista oral despertaría una gran expectación en Cáceres. En el banquillo se sentaban tres personas, la presunta asesina y los dos hombres que habían trabajado como chóferes en el domicilio del matrimonio vilmente asesinado. Estos últimos resultarían absueltos al de todo cargo, debido a que se demostró que carecían de cualquier implicación en los hechos.
Lo que quedó muy claro para el jurado es que la única responsable de la muerte del matrimonio asesinado hacía casi cuatro años por aquel entonces había sido la ciudadana brasileña, quien sería condenada a 34 años de prisión, acusada de dos delitos de asesinato, 17 por cada una de las dos muertes. También debería indemnizar a los herederos de sus víctimas con 500.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Asimismo, se la condenaba con la expulsión de España por un periodo de diez años, contados a partir de su acceso al tercer grado o en el momento en que hubiese cumplido las tres cuartas de la pena que le fue impuesta. Apenas un mes después de celebrado el juicio, el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres.
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