Dos crímenes sexuales sin resolver en Galicia

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Noticia del hallazgo del cuerpo de Socorro Pérez en FARO DE VIGO

Son dos trágicos y desgraciados sucesos que guardan demasiados paralelismos entre sí. Eran dos mujeres todavía jóvenes, que ya se encontraban en la cuarentena. Ambas salieron a ejercitarse en un día festivo. Una a dar un corto paseo por una zona conocida y la otra a hacer footing por un área que conocía bien y, por sí las coincidencias fuesen pocas, ambas murieron asesinadas después de haber sido violadas por algún desalmado que -según fuentes policiales- habrían elegido a sus víctimas al azar. Solo les diferencia en que mientras el cuerpo de Elisa Abruñedo fue encontrado el mismo día en que murió, el de Socorro Pérez sería hallado un mes más después de su muerte.

El primero de septiembre de 2013 Elisa Abruñedo, de 46 años de edad, salió a caminar sola por una senda corta y menos apartada de lo que era su costumbre hacerlo. Sus hijos no se encontraban en casa, mientras que su marido, Manuel Fernández, había ido a un entierro. Tomó la ruta de Manxarín, sita en el municipio coruñés de Cabanas, situado en el litoral próximo a Ferrol. Era un itinerario corto, de apenas un par de kilómetros, que se encontraba salpicado de grupos de viviendas unifamiliares, a los que se sumaba un extenso área forestal. Llevaba pocas consigo, entre ellas su teléfono móvil y las gafas de sol, aunque las usaba graduadas, consideró que en esa jornada no le harían falta. De sus últimas horas, se sabe que se detuvo a conversar a vecina y que inmediatamente emprendió camino de regreso a su casa.

Fue precisamente en el último tramo, apenas a 200 metros de su domicilio, cuando algún energúmeno la abordó. No se sabe si lo hizo al azar o porque la conocía. Llegaría a especularse incluso que pudiese ser algún individuo que abandonó la autopista, muy próxima a la zona en la que aparecería su cadáver. Según los indicios hallados en aquel lugar, se supone que el asesino y violador atacó a traición a Elisa Abruñedo, por la espalda. Antes de darle muerte, la violaría y posteriormente la cosería literalmente a navajazos. Quizás para evitar un testigo incómodo.

Desde el día en que apareció el cuerpo sin vida de Elisa Abruñedo, la Guardia Civil inició las pesquisas para detener a su asesino, de quien el único rastro que se conoce es su ADN. De hecho, desde 2019 se inició una investigación a la inversa consistente en que vecinos de la comarca de Ferrolterra se sometan voluntariamente a esta prueba. Para ello han recurrido incluso a los archivos parroquiales de la comarca, tratando de bucear en algunos árboles genealógicos cuya antigüedad podría remontarse a hace ya más de dos siglos, siendo muchas las personas que se presentaron a realizar las pruebas genéticas. El objetivo de las mismas estriba en la hipotética coincidencia del ADN de las familias con el hallado en el cuerpo de la mujer asesinada y así localizar a individuos de esos clanes familiares cuya conducta pudiese ser objeto de sospecha, aunque por ahora no ha dado los resultados esperados.

El asesinato de Socorro Pérez

Si misterioso fue el asesinato de Elisa Abruñedo, no lo es menos el de Socorro Pérez, una mujer de 43 años de edad, soltera y sin problemas económicos ni de ningún otro tipo. Era una empleada del servicio de limpieza del Complejo Universitario Hospitalario de Ourense, que llevaba una vida metódica y ordenada. Además, mantenía unas magníficas relaciones con todos los miembros de su familia, especialmente con sus padres, pues era hija única. Aunque era muy reservada, se sabe que en ese momento no tenía, al menos que se supiese, ninguna relación sentimental.

El primero de mayo de 2015, fiesta del Trabajo e inició de un pequeño puente al coincidir en viernes, Socorro Pérez fue a comer a casa de sus padres, después de hacer algunos labores en su domicilio, ubicado en el popular barrio ourensano de O Couto. Allí había dejado todo perfectamente preparado. Desde su cartera hasta el móvil, así como la comida preparada para la cena y que nunca llegaría a tomar, ya que jamás regresaría a su casa.

Socorro Pérez se había aficionado al deporte y la vida sana desde hacía algún tiempo, siendo muy habitual verla correr por las inmediaciones del río Miño, siendo el Paseo de las Ninfas su lugar predilecto para la práctica deportiva. En aquella jornada, muy cerca de por donde corría esta mujer, en el barrio de Vistahermosa se estaban celebrando sus fiestas patronales, por lo que era frecuente la presencia de feriantes e incluso de forasteros procedentes de otros puntos de la provincia de Ourense.

La alarma saltaría al día siguiente cuando la madre de Socorro se dirigió hacia su domicilio. Después de llamar insistentemente al telefonillo de la puerta, se percató que su hija no respondía, algo que a ella no le cuadraba. Ambas se habían citado para acudir hasta el balneario sito en el municipio de Ferreira de Pantón, al sur de la provincia de Lugo, prácticamente delimitando con la de Ourense. Se dirigieron al piso en el que vivía la mujer y encontraron todo tal cual lo había dejado el día anterior. Sus familiares desecharon en todo momento que la ausencia de Socorro Pérez fuese voluntaria, pues no era una persona que tomase decisiones a la ligera.

Crisis en la Comisaría

Al igual que de una película de suspense se tratase, por aquel entonces la Comisaría de Policía de Ourense vivía en permanente crisis por algunos sucesos que la habían convertido en una auténtica jaula de grillos. De ella habían desaparecido hasta media docena de armas, al tiempo que había sospechas de que desde allí habían partido algunos chivatazos a conocidos narcotraficantes. Por si todo ello no fuese suficiente, se especulaba también acerca de la misteriosa muerte de un agente. Eran demasiadas cosas turbias que llevó a pensar a la familia de la todavía entonces desaparecida acerca de la falta de pericia en la resolución del caso, a lo que añadían un supuesto desinterés. De hecho, llegarían a quejarse en distintos medios de comunicación de cómo se estaba llevando el caso, manifestando que había víctimas de primera y segunda categoría y ellos se encontraban encuadrados en esta última clasificación.

El día 6 de junio de 2015 unos cazadores alertados por una bandada de cuervos encontrarían el cuerpo sin vida de una mujer, que se encontraba ya en avanzado estado de descomposición. Todo indicaba que se trataba del cadáver de Socorro Pérez, quien había desaparecido hacía ya casi cuarenta días. En la escena del crimen no se hallaría ni ADN ni ningún otro indicio que pudiese conducir al autor material del crimen. El cuerpo hallado se encontraba semidesnudo de cintura para abajo lo que hacía presumir, como así confirmaría la autopsia, que la mujer había sido violada antes de ser asesinada. Presentaba también un fuerte golpe en la cabeza que fue lo que le produjo la muerte.

La investigación policial, muy criticada por la familia de Socorro Pérez, concluyó que la víctima había sido elegida al azar por su asesino y que aprovechando la soledad del lugar la acometió primero para violarla y posteriormente para asesinarla. Al parecer se investigaron hasta un total de medio centenar de condenados por delitos sexuales, aunque una gran parte de los mismos fueron descartados por eliminación. También se examinarían las conexiones de un poste de telefonía, próximo al lugar donde apareció el cadáver de la mujer asesinada.

Dos años más tarde del asesinato de Socorro Pérez, con motivo de la detención del asesino y violador de Diana Quer, en la localidad coruñesa de Rianxo, se especuló con la posibilidad de que en breve también sería capturado el desalmado que cometió este crimen. Sin embargo, las esperanzas de la familia resultaron en vano, pues el caso de Socorro Pérez, al igual que el Elisa Abruñedo, continúan abiertos a la espera de que todavía paguen con la cárcel sus autores, aunque hay que tener en cuenta que el tiempo juega siempre en contra de las víctimas y ya han transcurrido nueve y siete años respectivamente desde que se cometieran tan horrendos y execrables crímenes.

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Un hombre asesina a sus dos hijas pequeñas y después se suicida en Soto del Barco (Asturias)

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Foto pixeleada de las pequeñas asesinadas

Una relación de pareja tormentosa que terminó de muy mala manera entre los cónyuges se saldaría de una forma muy trágica y terrible, en la que las víctimas serían dos inocentes pequeñas que todavía no alcanzaban a comprender lo que significaba este mundo y cuya muerte sobrecogería de una manera muy abrumadora al municipio asturiano de Soto del Barco, situado a 45 kilómetros al oeste de la capital de principado.

La tétrica y truculenta historia comenzaría cuando a las cinco de la tarde del 27 de noviembre de 2014 era hallado un cadáver debajo del puente del viaducto de la Concha de Artedo, que se correspondía con el José Ignacio Bilbao Aizupurúa, de 55 años de edad, natural de Bilbao, pero residente en el municipio de la costa astur desde hacía años. Muy cerca de dónde fue encontrado su cuerpo sin vida se hallaría también un vehículo que habitualmente conducía el suicida, un Citroën Xsara. Todas las hipótesis indicaban que el hombre se había arrojado al vacío desde una altura de 110 metros.

El hallazgo del cadáver de José Ignacio Bilbao fue comunicado a su ex-esposa, así como también a los familiares de esta última, quienes inmediatamente temieron por la suerte que pudiesen haber corrido las pequeñas, cuya demora en la entrega ya había hecho saltar las alarmas de su progenitora. Inmediatamente, la madre de las pequeñas y una pareja de la Guardia Civil se dirigieron hacia el domicilio en el que residía el parricida, en el núcleo de San Juan de las Arenas, en cuyo interior hallarían los cuerpos sin vida de las dos niñas de la pareja, Amets, de nueve años y Sara, de siete, en lo que constituía un tétrico y desolador panorama. Previamente, ya habían visto una señal que era el dramático preludio de lo que se iban a encontrar en la vivienda, pues el felpudo de la entrada se encontraba manchado de sangre.

Con una barra de hierro

El autor del doble crimen lo había perpetrado con una barra de hierro, que había escondido hábilmente en un envoltorio de papel de regalo y que sería encontrado en el interior del domicilio y que presentaba rastros de sangre. Los vecinos declararían a diferentes medios de comunicación que no oyeron ruido alguno que les resultase sospechoso aquella tarde de jueves, uno de los dos días de la semana en las que tenía derecho a estar con sus dos hijas durante un par de horas, de seis a ocho de la tarde. El otro día era el martes en el mismo espacio de tiempo. José Ignacio Bilbao, que llevaba poco tiempo viviendo en el inmueble, fue definido por el vecindario como un hombre triste, tímido y huraño, que hacía una escasa vida social y del que apenas se conocían más detalles

La autopsia se encargaría de revelar que las pequeñas sufrieron una muerte horrible. Los resultados arrojados por el examen forense determinarían que Amets falleció en primer lugar, intentando de forma inútil defenderse de la agresión que le propinó su padre, tal y como revelarían las heridas que le había inferido en sus brazos y manos. La pequeña, aunque solo tenía nueve años, era bastante alta para su edad, y aparentaba quizás alguno más.

Tras haber dado muerte a la mayor de las hermanas, haría lo mismo con Sara quien, al tener una envergadura mucho más débil que Amets, fallecería a consecuencia del único golpe que le propinó José Ignacio Bilbao, quien inmediatamente abandonaría el escenario de autos para quitarse la vida, dejando tras de sí una imborrable huella de dolor y consternación, al tiempo que de repulsa por el vil asesinato de dos pequeñas inocentes, ajenas a los enfrentamientos, resentimientos y resquemores que pudiese haber entre sus progenitores.

La Guardia Civil del concejo de Pravia proseguiría sus indagaciones, examinando contenedores y otros recipientes, con el objetivo de encontrar más indicios que pudiesen contribuir a clarificar aquel escalofriante doble parricidio e infanticidio, que consternaría profundamente al principado de Asturias.

Orden de alejamiento

Al parecer, el año anterior a cometer el horrible crimen, su ex-esposa había solicitado una orden de alejamiento al juez, que no le fue concedida, ya que, según sus conclusiones, el individuo en cuestión no había empleado jamás la fuerza ni la violencia contra su ex-mujer. Sin embargo, por lo que se deducía de la situación, la separación había resultado traumática, ya que la mujer lo había denunciado por no pasar la pensión que le correspondía a las dos niñas, si bien es cierto que él se encontraba desempleado y sus circunstancias personales eran muy inestables.

El suceso provocaría una oleada de solidaridad con la madre de las pequeñas asesinadas y de repulsa generalizada por un hecho vil y totalmente incomprensible, que pasaba a englobarse dentro de lo que hoy conocemos como violencia vicaria, pero que no deja de ser un acto de humillante cobardía que sacude los cimientos de la sociedad al dirigirse contra sus seres más inocentes, tal y como son los niños. Lo peor de todo es que no era la primera vez y, desgraciadamente, tal vez no fuese la última.

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Asesina a un matrimonio por desavenencias vecinales en Murcia

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Los hechos ocurrieron en la popular barriada murciana de El Palmar

Algunas veces el destino se encarga de jugar malas pasadas a personas nobles y honradas, que se esfuerzan por el bien común y que tienen la desgracia de encontrarse con un energúmeno que representa exactamente todo lo contrario. Así les sucedió al matrimonio formado por José Alcaraz González, de 38 años, y su esposa Manuela Orto Padilla, de 37, cuando a medianoche del 23 de julio de 1985 fueron vilmente asesinados por Eugéne Ortega, un individuo ya veterano, de 73 años, a quien apodaban «El Francés» debido a que conservaba la nacionalidad gala, a pesar de que residía en la capital murciana desde el año 1977 y recibía a su vez una pensión del país vecino por su estancia en el Ejército.

Durante ocho años que vivió en aquel popular barrio de Murcia, Ortega se dedicó a sembrar la discordia con su vecindario. Era habitual que emplease expresiones obscenas para dirigirse a las mujeres, llegando incluso a provocar altercados debido a su carácter arisco y destemplado que le llevaba a agredir algunas personas. Incluso, se comentó por entonces -aunque no se llegó a denunciar- que había intentado violar a una joven de 18 años. Cuando el padre de esta se dirigió a la casa del conflictivo vecino, un antiguo miembro de la Legión Francesa, este empuñó un sable de cincuenta centímetros con intención amenazadora.

Algún tiempo antes de cometer el crimen, una de sus víctimas, Manuela Orto había emprendido una campaña de captación de firmas para expulsarlo del barrio, ya que era un sujeto bastante peligroso, además de ser potencialmente muy violento, tal y como se encargaría de demostrar con su execrable acto que empañaría el siempre lúcido verano de la Región de Murcia. En torno a la vida del doble asesino, se sabía que hacía años que se encontraba separado de su esposa, quien residía en Francia. Tampoco mantenía buenas relaciones con ninguno de sus hijos, con quienes no se hablaba, salvo con uno.

Sentados al fresco

Cuando tuvo lugar el luctuoso acontecimiento, José Alcaraz y su esposa estaban disfrutando de las últimas horas de un tórrido día de calor antes de irse a dormir en compañía de su hija de once años y de una vecina, que fueron los trágicos testigos de un hecho que jamás olvidarían. Eugéne Ortega, que era un consumado experto en armas por su estancia en la Legión además de haber sido miembro de un grupo clandestino bastante violento, observó desde el balcón de su vivienda a quienes iban a convertirse en sus víctimas. Para ello empleó una escopeta de postas.

Desde una distancia aproximada de quince metros, Ortega efectuó un primer disparo que terminó con la vida de José Alcaraz prácticamente en el acto. Lo mismo le sucedería a su mujer, Manuela Orto, a quien el asesino le disparó al cuello. La vecina que se encontraba con ellos comentaría al diario «EL PAÍS» que lo único había escuchado había sido una potente detonación e inmediatamente contemplaría a Manuela retorciéndose del tiro que le penetró en el cuello, en tanto que su marido yacía desplomado en el suelo en medio de un gran charco de sangre, con una niña pequeña, hija del matrimonio, como infeliz testigo del trágico episodio criminal.

Una vez que hubo cometido el doble crimen, Eugéne Ortega saldría a la calle y en medio de la confusión y la zozobra en la que se encontraban quienes procedieron a auxiliar a las dos víctimas mortales, preguntando con cinismo y caradura, qué había pasado. Se supone que aquellos instantes fueron aprovechados por el doble criminal para hacer desaparecer el cartucho con el que había dado muerte a José Alcaraz y Manuela Orto. Desde el primer instante se descartó que el móvil del crimen fuese político, pues Alcaraz había sido secretario de la Federación Regional de Construcción de Comisiones Obreras. La hipótesis que tomaba fuera eran las viejas disputas vecinales que se remontaban al mismo momento en que el asesino llegó a Murcia, en el que un gran numero de vecinos de la populosa barriada había tenido enfrentamientos con el viejo legionario, acostumbrado a salirse casi siempre con la suya y empleando como única razón su fuerza y temeridad.

17 años de cárcel

En noviembre de 1987, en medio de un gran clima de tensión y crispación, se celebraría en la Audiencia Provincial de Murcia el juicio por el doble crimen del verano de 1985. Eugéne Ortega sería sentenciado a una pena de 17 años de prisión menor. El tribunal tuvo en cuenta la valoración que los psiquiatras forenses hicieron de él, observando la atenuante de enajenación mental incompleta. Según su informe, «El Francés» padecía una psicopatía paranoide, bajo cuyos efectos supuestamente se encontraba en el momento de cometer el doble crimen. Asimismo, también informaron que el individuo en cuestión padecía una tendencia a la sobrevaloración personal e ideológica, o lo que es lo mismo, unas elevadísimas dosis de fanatismo.

La responsabilidad civil a la que debía de hacer frente el condenado ascendía a 16 millones de pesetas de la época (algo menos de 100.000 euros actuales), ocho para cada uno de los dos hijos de sus víctimas. Siempre con el debido respeto a las decisiones judiciales, nos parece muy poca condena para un acto tan execrable y repugnante, máxime cuando fue cometido en presencia de una menor y por el camino quedaban huérfanos dos críos todavía muy jóvenes, pues ni siquiera estaban todavía en la plenitud de su pubertad.

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Un ganadero asesina a tres vecinos por problemas de lindes en La Hoya (Salamanca)

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La Hoya, la pequeña localidad salmantina en la que ocurrió el triple crimen. Salamanca24horas

Las pequeñas localidades de la geografía española tienen fama de ser lugares apacibles en las que sus habitantes gozan de una extraordinaria calidad de vida, un hecho que se ha venido corroborando a lo largo de los últimos dos años con motivo de la epidemia de coronavirus que afectó al planeta. Rara vez sucede nada desagradable en esos pequeños territorios que parecen estar perdidos en el medio de un mundo que exige velocidad e inmediatez y que rara vez perdona nuestros errores. El único problema que presentan es cuando la convivencia se ve alterada con algún miembro de ese microcosmos en el que se desarrolla su existencia. Uno de esos lugares que guarda un maravilloso encanto es la pequeña localidad de La Hoya, situado en plena Sierra de Béjar, en el sur de la provincia de Salamanca y que, con sus más de 1.200 metros de altitud, está considerado como el pueblo más alto de la provincia.

Este pequeño municipio, en el que en la actualidad residen tan solo treinta personas, sería escenario de un trágico y tremebundo suceso que provocaría una gran consternación en el año 1987, en aquella España gobernada desde hacía casi un lustro por el PSOE de Felipe González y que hacía poco más de un año que formaba parte de las Comunidades Europeas. El primero de mayo de aquel año, los vecinos de La Hoya se verían sorprendidos por un triple crimen en el que serían asesinados tres los 39 vecinos con los que contaba en aquel entonces. Un problema derivado de una cuestión de lindes que arrastraban desde hacía años le llevaría a su convencino P. S. G., conocido como «El furtivo» a terminar con la vida de Avelino García Izquierdo, de 57 años y sus dos hijos Javier y Pedro Luis García García, de 25 y 22 años respectivamente.

Cuando ya declinaba el día y ya se habían escondido los últimos rayos de sol de aquella jornada, señalada como universal Fiesta del Trabajo, Avelino García y sus hijos recriminaron a P. S. G. que al menos unas veinte vacas de su extensa cabaña hubiesen traspasado los lindes legalmente establecidos adentrándonse en la hacienda del primero, con quienes los conflictos eran muy habituales, debido a su carácter pendenciero y justiciero, a pesar de que había sido juez de Paz de la pequeña localidad. «El Furtivo«, hombre rudo y de talante fuerte, no se tomó de muy buenos modos aquel reproche y decidió tomarse la justicia por su mano de un modo sanguinario y criminal.

«Veréis lo que soy capaz de hacer»

Al parecer esa fue la expresión que, con afán vengativo, les dirigió a sus convencinos. P. S. G. tomaría el camino de su casa en la que se armó con una escopeta de caza de repetición con ánimo de dar un escarmiento definitivo a quienes eran sus rivales desde tiempos inmemoriales. Sin pensárselo dos veces, dispararía a sangre fría sobre Javier, el mayor de los dos hermanos hijos de Avelino. Un tiro que le atravesó el pechó le segaría la vida prácticamente de manera instantánea. El segundo en morir sería Pedro Luis, quien trató de huir del lugar, pero se lo impidieron los dos disparos que le efectuó por la espalda su verdugo. El último en ser ejecutado fue el padre, Avelino, quien recibió tres disparos. Uno en la pierna, otro en un hombro y finalmente en el cuello, más que suficientes para arrebatarle la vida de forma miserable. Al parecer, según recoge la sentencia, el asesino le dijo a este último cuando le disparaba «esta es para ti, cabrón».

Los pocos vecinos de la localidad en compañía de su alcalde se dirigieron hasta el lugar de autos prácticamente de inmediato, contemplando una horrible y dramática escena, jamás imaginada en aquel pequeño pueblo que ahora aparecía en el mapa de la forma menos deseada. Al mismo tiempo, pusieron los hechos en conocimiento de Guardia Civil, que apenas una hora después de haber perpetrado el triple crimen le detenía en su domicilio, sin oponer resistencia, y al que había regresado con una pasmosa sangre fría, dejando los tres cadáveres en el campo.

En el Cuartel de la Guardía Civil, P. S.G. confesaría y reconocería el triple crimen con el que había provocado una sensación de repulsa general y la lógica consternación en un pequeño municipio en el que se conocían todos. Su esposa y sus dos hijas abandonarían La Hoya para trasladarse al domicilio de un familiar, sito en el municipio abulense de La Horcajada. Al parecer, según algunos testimonios, «El Furtivo» habría prometido vengarse de quien tomase contra su familia en el momento en que saliese de prisión.

84 años de cárcel

En medio de un clima de gran tensión, en diciembre de 1987 se celebró el juicio contra P. S. G., que sería condenado a 84 años de cárcel, acusado de tres delitos de asesinato, con la agravante de alevosía. De la misma forma debería satisfacer en concepto de responsabilidad civil la suma de 21 millones de pesetas (126.000 euros al cambio actual) a Plácida García Martín, esposa y madre de sus tres víctimas.

Debido a los beneficios que contemplaba el antiguo Código Penal, «El Furtivo» sería puesto en libertad, apenas quince años después de haber cometido aquel triple crimen que horrorizó, no solo a La Hoya, sino también a España entera. Al parecer, este individuo residiría tiempo después en la localidad salmantina de Guijuelo, en la que -según algunos comentarios- se haría temer entre sus vecinos.

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Un hombre asesina a dos adultos y a un niño en una pedanía de Valencia

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La calle en que sucedieron los hechos momentos días después del crimen

Era, hasta ese momento, una persona cordial, amigable y hasta simpático, que saludaba siempre atentamente a sus vecinos. Aficionado al deporte y fumador, pero que mostraba poco interés por las redes sociales y las nuevas tecnologías. Había sido padre recientemente por aquel entonces de una niña de siete meses, fruto de la relación con la mujer con la que se había casado y con la que había mantenido un prolongado noviazgo. Había trabajado en una empresa de pompas fúnebres, aunque ahora lo hacía en una fábrica de cintas aislantes. Nadie podía esperar que Juan Francisco Planells, un joven de 33 años, llegase a cometer el que hasta ahora es el crimen más horrendo y horrible de Valencia en lo que va de siglo. El móvil de aquel triple crimen nunca estuvo claro, aunque se achacó a que el autor de la matanza había consumido un gramo de cocaína y había tomado varias cervezas.

En aquella jornada aciaga del 28 de octubre de 2011 Juan Francisco Planells había frecuentado varios bares de su barrio, en los que además de consumir algunas «birras», había introducido unas monedas en una máquina tragaperras de uno de los establecimientos de hostelería que frecuentó, en los que además había adquirido también una cajetilla de tabaco. Parecía un día normal de otoño en el que los rayos de sol ya había desaparecido, pues eran ya las nueve de la noche cuando el aquel joven de aspecto apacible se dirigió a su casa para armarse con un cuchillo de de cocina que escondió debajo de una prenda de ropa. En ese momento quizás su mente estuviese ya encenagada de oscuros pensamientos que le llevarían a perpetrar una verdadera masacre, y que quedaría para siempre impregnada en la memoria colectiva de los vecinos de la pedanía de El Castellar-Oliveral, al sur de la capital del Turia.

Armado con aquel cuchillo se dirigió al segundo piso del inmueble en el que residía, el primer número de la calle Poetisa Leonor Paredes. En aquel domicilio residía el matrimonio formado por José Ramón Julián, de 50 años, su esposa María Dolores Vila, de edad similar y su hijo, Héctor, un crío de tan solo 13 años de edad. Fue precisamente este último quien abrió la puerta al hombre que acabaría con su vida. Prácticamente, sin intercambiar una sola palabra, el chaval recibió tres puñaladas en el costado que terminaron con su corta vida en el acto. Era la primera de las tres víctimas mortales que Planells dejaría en aquel domicilio.

Ante los gritos de auxilio proferidos por el benjamín de aquella casa acudieron sus padres con intención de socorrerlo. Sin embargo, el criminal, presa de su propia exaltación, inferiría hasta diez puñaladas a José Ramón Julián, que se convertía en su segunda víctima, ensañándose con el hombre de una manera muy despiadada. Su esposa, María Dolores Vila también resultaría herida en el abdomen y el tórax. Al escándalo generado por la irrupción violenta de Planells tampoco fue ajena Carmen Domingo, de 78 años, quien sería la última víctima mortal de aquella orgía sangrienta desatada por un hombre que no se sabe muy bien lo que pretendía. A esta última le clavaría el cuchillo en el pecho.

Alarma vecinal y detención

Los vecinos que se encontraban en ese momento en el inmueble permanecían encerrados y aterrados en sus propios domicilios, conscientes de que se estaba produciendo un brutal acto sanguinario y que ellos podrían correr la misma suerte que los del segundo. Cuando la situación parecía que se calmaba, salió un residente al exterior, Vicente S.C., que estuvo a punto de convertirse en su cuarta víctima. Planells lo atacó por la espalda, provocándole heridas de consideración.

Uno de los moradores de una de las viviendas de la finca se acordó de que un vecino próximo era un policía local, miembro de la brigada especializada de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), la única persona que podría encararse con cierto éxito ante una persona que estaba actuando de una forma jamás imaginada. Una vecina, que salió a la puerta despavorida por el terror que había desatado un hombre aparentemente normal, le advirtió al agente que «Hay muertos, muchos muertos». Enseguida se encontró al triple homicida en un rellano de la escaleras y le dio el alto y lo mandó arrodillarse. Juan Francisco Planells no opuso resistencia ante su captor, quien lo inmovilizó y avisó a sus compañeros, quienes enseguida llegaron con una dotación para auxiliar al vecindario, que se encontraba aterrorizado por un suceso que jamás podrían haber imaginado que llegase a ocurrir en una pacífica y tranquila barriada valenciana.

A pesar de que les manifestó que «no había hecho nada», le delataba el estado de enajenación en que se encontraba, y que se reflejaba en su mirada. A ello se sumaba el hecho de que sus ropas estaban completamente empapadas de la sangre de sus tres víctimas, que muy bien pudieron llegar a ser cinco.Tras pasar a disposición judicial, el juez ordenaría el ingreso en prisión de Juan Francisco Planells, quien -según los informes practicados por los psiquiatras forenses que le atendieron- no sufría ningún trastorno o patología mental, que hubiesen influido a la hora de perpetrar una masacre que consternaría profundamente a la capital levantina y por extensión a toda la Comunidad Valenciana.

69 años de cárcel

En medio de una gran expectación, lógica por otra parte, a lo que se sumaba una contenida tensión, durante varios días del mes de julio de 2013 se desarrollaría en la ciudad del Turia el juicio por el triple crimen de El Castellar-Oliveral. El autor de la masacre basaría su táctica defensiva en recuerdos selectivos del día de autos, declarando que no recordaban haber dado muerte a un menor ni tampoco a otra persona, circunstancia esta que los magistrados reflejarían en la sentencia. Su abogado defensor solicitaría la libre absolución, amparándose en que Planells «había consumido un gramo de cocaína y había bebido bastante alcohol». Sin embargo, el Tribunal no tuvo en cuenta este hecho, que tan solo actuaría como atenuante y no como eximente. Entendía la defensa del criminal que su patrocinado se encontraba «enajenado» el día en que cometió el triple crimen.

Finalmente, Juan Francisco Planells sería condenado a un total de 69 años de cárcel, acusado de tres delitos de asesinato y otros dos en grado de tentativa. La responsabilidad civil a la que debía de hacer de frente, en concepto de indemnización para los familiares de sus víctimas, quedaba cifrada en 900.000 euros.

El triple criminal de El Castellar-Oliveral recurriría la sentencia ante el Tribunal Supremo, quien, en enero de 2014, ratificaría la emitida por la Audiencia Provincial de Valencia, en julio del año anterior. Con este último trámite se daba por zanjado uno de los capítulos más tenebrosos de la historia reciente de la capital levantina.

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Un asesino en serie mata a tres mujeres y a una niña en Girona

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Josep Talleda, a la derecha de la imagen

Nadie sospechaba de aquel hombre de aspecto afable que destilaba gentileza y bonhomía entre quienes le conocían. Aparentemente era un tornero que trabajaba en su taller sin que nadie sospechase que detrás de sus cotidianas actividades se escondía un verdadero monstruo, un salvaje capaz de acometer las mayores tropelías y barbaridades, sin importarle lo más mínimo sus consecuencias. Las palabras arrepentimiento o remordimiento no figuraron jamás en su vocabulario. Fue un voraz depredador, incapaz de sentir un mínimo de compasión hacia sus víctimas. Oficialmente, le atribuyeron solo dos de los crímenes que cometió, pero es muy probable que otras dos mujeres que tenían relación con él fuesen también sus víctimas, si bien es cierto que ni la justicia ni la Policía conseguirían jamás demostrar dos de esos cuatro asesinatos. Él, por su parte, siempre se declaró inocente de todo cuanto lo acusaban, sin expresar ningún sentimiento o emoción. Los psiquiatras que analizaron su comportamiento manifestarían que se encontraban ante un atroz psicópata, que se llamaba Jospep Talleda.

Su historia criminal, supuestamente se iniciaría en el año 1978 cuando en la comarca en la que residía desapareció sin dejar rastro alguno una mujer joven que se llamaba Francesca Boix. Se sabía que la última persona que la había visto con vida era precisamente quien, con el paso de los años, se convertiría en un tristemente célebre asesino. Se encargaría de divulgar el bulo de que la desaparecida se había fugado con un camionero a tierras francesas aprovechando la inmediatez del lugar a la frontera francesa. Nunca se pudo comprobar este extremo. Lo que sí se sabía es que cuando Josep Talleda acudía al Pantano de Susqueda acompañado de otras mujeres siempre depositaba unos ramos de flores y rezaba una oración. Sin embargo, el motivo por el cual oficiaba aquel ritual era todo un misterio que él mismo se encargaría de llevar hasta la tumba.

Asesinato de Montserrat Ávila

Montserrat Ávila era una niña de 14 años, miembro de una extensa prole familiar compuesta por nueve hijos, además de los dos progenitores, de extracción social muy humilde que acudía con frecuencia a la tornería que regentaba Talleda, quien solía obsequiarla con ostentosos y caros regalos. Hasta le había prometido comprarle una motocicleta. Lo que quizás no habría dicho jamás la pequeña a sus padres y al resto de la familia era que aquel energúmeno se aprovechaba, tanto de ella como de su hermana, para cometer abusos sexuales, entre los que se incluía la masturbación.

En la tarde-noche del 11 de julio de 1987 la pequeña se dirigió hasta la tornería que regentaba el malvado Talleda, aquel hombre de buen porte y aparentemente buenas intenciones que no parecía haber roto nunca un plato, a reclamarle la motocicleta que le había prometido. Le entregó cinco mil de pesetas de la época, que no era un mal regalo. Sin embargo, en un momento dado, aprovechando que Montse se encontraba de espaldas, le propinaría un fuerte golpe con un objeto contundente, que dejaría prácticamente exangüe a la pequeña. El cráneo de la víctima se encontraba completamente destrozado y presentaba abundantes cantidades de sangre en su rostro.

Consciente de que la había asesinado, se marchó en busca de su esposa. A las dos y media de la mañana regresó al lugar de autos para recoger el cadáver de la niña, que abandonaría en una cuneta, siendo descubierto al día siguiente por unos cazadores a las seis y media de la mañana. Estos se encargarían de poner en conocimiento de la Guardia Civil el hecho. Horas más tarde se procedería al levantamiento del cadáver, dándose la circunstancia de que entre la multitud de curiosos que presenciaban aquel morboso espectáculo se encontraba el mismísimo Josep Talleda.

Durante más de tres años el caso estuvo paralizado, hasta que los investigadores comenzaron a poner en su punto de mira a aquel individuo, aunque a lo largo de aquel tiempo habían sido investigado otros energúmenos. En 1990 era detenido Josep Talleda, quien negaría en todo momento que el fuese el autor del crimen que le había costado la vida a Montserrat Ávila. Sin embargo, merced a la inconsistencia de su presunta coartada y las contradicciones en las que incurrió sería procesado en junio de 1991 por este horrible crimen en la Audiencia Provincial de Girona. Fue sentenciado a cumplir 20 años de cárcel, de los que tan solo cumpliría ocho, beneficiándose de las redenciones penales que proporcionada el viejo Código Penal, entre ellas el buen comportamiento del que había hecho gala en su estancia entre los muros de la cárcel. Asimismo, debía indemnizar con diez millones de pesetas (60.000 euros actuales) a los padres de Montserrat Ávila, a la vez que se le condenaba al pago de una multa de 350.000 pesetas (algo más de 2.100 euros) por los abusos sexuales que había practicado con las pequeñas que acudían a su tornería.

El caso de María Teresa Rubio

Este crimen, al igual que el Francesca Boix, jamás pudieron atribuírselo al célebre psicópata, aunque todos los indicios apuntaban al mismísimo Talleda. Se sabe que María Teresa Rubio desapareció el 11 de enero de 2001, mientras que su cadáver no sería encontrado hasta el 22 de febrero de ese mismo año, aunque no sería identificado hasta años más tarde gracias a unas pruebas de ADN. Esta mujer era la esposa del hombre que compartió celda con Talleda mientras estuvo cumpliendo su primera condena y que generalmente la acompañaba a algunos recados. El día de su desaparición fue vista en compañía del psicópata, siendo la última persona que la vio con vida. Sin embargo, siempre negaría que el fuese el autor de la muerte de la mujer que cuando fue encontrada tenía el rostro literalmente desfigurado y el cráneo machacado, un modus operandi similar al que se había empleado con la pequeña Montserrat Ávila.

El asesinato de Volkja Papa

La última víctima, esta sí oficialmente atribuida, fue la muerte de la presunta prostituta albanesa Volkja Papa, quien desapareció en abril del año 2003. Su cuerpo sería descubierto por un hombre que filmaba unos patos en las orillas del río Güell, en Girona, envuelto en una bolsa de plástico el día 20 de abril de ese mismo año. La autopsia revelaría que la mujer había fallecido hacía ya más veinte días, en torno al primero de ese mismo mes. Se supone que Josep Talleda, demostrando una vez más su carácter psicopático y su sangre fría, conservó su cuerpo en el frigorífico de su casa.

No obstante, a lo largo de aquellas tres semanas ocurrieron algunos hechos significativos. El criminal responsabilizaría de su muerte al proxeneta de la prostituta asesinada, aunque en su vivienda se hallarían abundantes rastros de sangre que le incriminaban directamente, denunciándolo incluso ante el Juzgado, circunstancia esta por la que sería condenado por simulación de delito, siendo multado con 1.800 euros, en el transcurso del último juicio que afrontó por este crimen.

En marzo de 2006 la Audiencia de Girona pondría fin a las correrías de Josep Talleda, quien fue condenado a 20 años de cárcel por el asesinato de Volkja Papa. Además de la multa anteriormente mencionada, también habría de indemnizar con 35.000 euros al padre de su última víctima, en concepto de responsabilidad civil.

Y efectivamente, el fin le llegaría con su última condena, ya que no gozaría de los beneficios penitenciarios de los que antaño disfrutaban los presos. Enfermo y decrépito, después de una azarosa vida en la que el delito fue sin duda su oficio inseparable, más que el de tornero, Josep Talleda fallecería en la enfermería de la prisión de Brians 1 el día 11 de noviembre de 2012 a la edad de 71 años. Quedaba así su responsabilidad penal completamente extinguida. Y en esta ocasión no fue por los beneficios penitenciarios, sino por las propias leyes que la naturaleza imponen a todos los seres humanos.

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Un perturbado decapita a un niño en un bar de Táliga (Badajoz)

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Táliga fue escenario de un cruel infanticidio en 1988

Fue uno de esos sucesos espeluznantes, escabrosos y repugnantes. Sobre los que produce auténtica estupefacción escribir y es imposible no sentir un mínimo de empatía y compasión hacia la víctima y muy especialmente hacia sus familiares. Nada ni nadie hacía presagiar que en aquel pequeño pueblo del extremo occidental de Extremadura, Táliga, próximo a Portugal y en el que todavía muchos de sus vecinos tienen como lengua vehicular el portugués debido a su pertenencia hasta 1801 al vecino país, pudiese ocurrir un hecho de, similares características y que, de algún modo, situaría, aunque trágicamente, a esta hermosa localidad de Badajoz en el mapa.

El trágico episodio que ha pasado a la historia de la crónica negra española sucedió en la tarde de un viernes, 4 de marzo de 1988 cuando un perturbado mental, que acumulaba un largo historial de ingresos en el Hospital Psiquiátrico de Mérida -en el que había estado ingresado hasta noviembre de 1986-, ponía fin a la vida de un niño de tan solo once años, Raúl Silva, hijo de Florencio Silva, cartero de una localidad en la que se conocían todos sus habitantes. En aquel día el pequeño se hallaba en compañía de un tío suyo en el bar «Cala» de Táliga. En el interior del mismo local estaba también M. M. G., un joven de 24 años, que trabajaba de carbonero en aquel mismo pueblo y que en ese mismo momento estaba tomando café. En un momento dado, en torno a las seis de la tarde, el individuo en cuestión se abalanzó sobre el pequeño, al tiempo que portaba una navaja. Con ella amenazaría a los presentes, además de advertir al resto de clientes que se hallaban en el interior del establecimiento con matar al pequeño si no lo dejaban a él solo con el niño. Pensando tal vez que no le haría ningún daño, accedieron a su chantaje, encerrándose con el crío en el interior del bar, a pesar de que habían tenido unos instantes de forcejeos constantes para arrebatarle a la criatura, pero no hubo forma de que aquel sádico elemento depusiese su brutal actitud.

En el exterior del bar se escuchaban los lamentos del pequeño en tanto en cuanto el agresor permanecía encerrado con él en su interior. Lo que parecía un burdo chantaje terminaría por convertirse en una triste y desgraciada realidad, más propia de una película de terror que la escena de un pacífico pueblo. M. M. G. decapitaría al pequeño con su navaja mientras la multitud se congregaba en el exterior del establecimiento hostelero. Para dar prueba de su macabra y espeluznante actitud exhibiría la cabeza del Raúl Silva, al tiempo que mostraba una sonrisa cruel y sarcástica, a través de una ventana que daba a la calle en la que se congregaban los vecinos, que asistían impávidos a un tétrico espectáculo, indigno de una sociedad mínimamente civilizada y de un pequeño pueblo de agricultores en el que siempre había reinado la paz.

Pelotas de goma

M. M.G. no depuso su actitud hasta que la Guardia Civil irrumpió por la fuerza en el escenario del crimen, a las diez de la noche. Para reducirlo fue preciso el empleo de hasta 14 pelotas de goma. Además, en el forcejeo que mantuvo con las fuerzas del orden, aquel hombre puso todo su empeño, ya que le provocaría una herida a uno de los agentes. Al acceder al interior del local contemplaron una dantesca y cruel escena. La cabeza del pequeño había sido arrojada a una cocina francesa que había dentro del establecimiento, encontrándola prácticamente calcinada, en tanto que el resto de su cuerpo se encontraba chamuscado como consecuencia del efecto del fuego. En un principio se llegaría a sospechar que el criminal se hubiese comido los sesos de la criatura, aunque finalmente se demostraría que esto último no había sucedido.

En el momento de ser detenido, encontrándose en un estado de elevada excitación y nerviosismo, el individuo en cuestión llegó a solicitarles a los agentes «la presencia del rey Juan Carlos I y Mijail Gorbachov», al tiempo que pronunciaba una expresión propia de un hombre que sufría una grave enfermedad mental. «He matado a un Dios menor» fueron las palabras que le escucharon tanto la Guardia Civil como quienes se hallaban en las inmediaciones. Resulta un poco sorprendente que los vecinos y clientes del bar no se hubiesen enfrentado al energúmeno en el momento en que raptó al pequeño, así como que tampoco hubiesen asaltado el local en el momento en que exhibió morbosamente la cabeza de la criatura.

Mientras, en los aledaños del bar «Cala» se congregaron multitud de vecinos de la localidad que pretendían linchar a M.M.G., quien reingresaría en el Hospital Psiquiátrico de Mérida. Posteriormente, sería traslado hasta el Hospital Universitario de Sevilla, dónde recibiría algunos sedantes para calmar el estado de agitación psicomotriz en que se encontraba. En el mismo centro sanitario sería reconocido por un grupo de médicos y profesionales de la psiquiatría, quienes argumentaron que el asesino del pequeño sufría esquizofrenia paranoide con delirios místico religiosos.

El suceso provocaría la lógica conmoción que lleva aparejada todo crimen tan espeluznante y macabro como este. El Ayuntamiento de la Táliga declararía tres días de luto por la muerte del pequeño, Raúl Silva, de quien destacaban tanto sus profesores como sus amigos y el vecindario de la localidad en general su bonhomía y gentileza. Mientras, en la localidad nadie se explicaba como se había dado el alta a un individuo tan peligroso, en un tiempo en el que la legislación sobre salud mental estaba cambiando en España, siendo los familiares de estos pacientes quienes tenían que hacerse cargo de ellos. Únicamente ingresarían en un psiquiátrico en el caso en que fuesen potencialmente peligrosos, aunque esta cualidad es muy difícil de diagnosticar.

«Tengo ganas de matar a alguien»

Días antes de que ocurriese el trágico suceso, los allegados a M.M. G. ya habían observado algún rasgo que les hacía suponer que había empeorado su estado de salud, entre ellos su propia madre, quien había expresado sus temores acerca de la situación en la que se encontraba su hijo, a quien veía más disgustado y deprimido que de costumbre, aunque jamás llegó a sospechar ni mucho menos imaginar que pudiese perpetrar un barbaridad semejante a la que terminó cometiendo aquel 4 de marzo de 1988. Aunque, en algunas ocasiones había dado muestras de su agresividad y era temido por los vecinos a causa de su carácter irascible y hasta violento. Hacía ya algún tiempo que había zarandeado a una joven de la que se encontraba enamorado, a la que arrastró por el suelo y hubo de ser socorrida por los vecinos para que la cosa no pasase a mayores. En 1982 había agredido a un compañero en la carbonería en la que trabajaba, por lo que sus reacciones podían ser muy inciertas y hasta cierto punto temerosas y peligrosas. A consecuencia de esta última fue ingresado por vez primera en el centro de salud mental de la capital extremeña.

Al parecer, tres días antes de dar muerte al hijo del cartero, M. M.G. había pronunciado literalmente la frase que «tenía ganas de matar a alguien», aunque nadie lo tomó en serio, pues eran frecuentes sus desvaríos y no se le consideraba una persona potencialmente peligrosa, por lo menos hasta la fecha en que perpetró el atroz y aterrador crimen. Para los vecinos era un personaje particularmente conflictivo y era rechazado por un amplio sector de Táliga. El asesino cumpliría su condena en un psiquiátrico penitenciario hasta que hace algunos años pasó a residir en Mérida en una vivienda tutelada por el Gobierno Autónomo de Extremadura. De hecho, ni siquiera sería juzgado debido a que su estado de salud lo impedía y fue conceptuado como inimputable.

A raíz de este grave suceso, que provocó un gran impacto en el territorio extremeño, una psicosis recorrería la Comunidad Extremeña, dándose el caso de que eran muchos quienes denunciaban casos similares, aunque no dejarían de ser más que meros sustos y alarmas que nunca pasarían a mayores.

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Impunidad para el asesinato de una pareja de novios en Casariche (Sevilla)

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Panorámica del pueblo donde tuvo lugar el crimen

En una otoñal tarde del 29 noviembre de 1981, un joven se encontraba dando un garbeo por una zona de olivares de la localidad sevillana de Casariche, un municipio de unos 5.000 habitantes que dista unos 130 kilómetros de la capital hispalense en la zona más oriental de la provincia, cuando observó un vehículo empotrado en un olivar y picado por la curiosidad se acercó hasta el coche. Allí contemplaría una macabra escena, pues sus ocupantes se encontraban muertos. Enseguida pensó que se trataba de un accidente de tráfico y dio aviso a la Guardia Civil. Un equipo de agentes se trasladó hasta el lugar y cuando procedían a examinar el automóvil accidentado comprobarían que sus ocupantes habían muerto como consecuencia de los disparos efectuados, a corta distancia, por una escopeta de postas.

Inmediatamente se dio aviso al Juzgado para acordonar la zona con el objetivo de que no de destruyesen pruebas y se procediese a la identificación de los cadáveres de las dos víctimas. No tuviero mayor problema a la hora de realizar este trámite, pues inmediatamente se supo que los cuerpos hallados en aquel paraje eran los Rosario Aranda, una joven de 19 años, vecina de aquella misma localidad y su novio, José Ramón del Pozo, tres años mayor que ella, y vecino del municipio malagueño de Alameda. Por su parte, la autopsia determinaría que ambos muchachos habían fallecido a las dos de la madrugada del día en que fueron encontrados sus cuerpos sin vida, que estaban semidesnudos de la cintura para abajo.

La especulación y el misterio rodearían a aquel trágico suceso a lo largo de muchos años, tantos que jamás se ha podido determinar con exactitud lo que realmente sucedió aquella noche. En un principio se descartó la hipótesis del robo, pues ambos jóvenes disponían de todas sus pertencias. La teoría que comenzaría a tomar más fuerza fue la del ajuste de cuentas, pues se decía que el joven asesinado acumulaba muchas deudas como consecuencia de su desmedida afición al juego. De hecho, se comentaba por la zona que no se atrevía a viajar solo hasta la Casariche por su temor a sufrir algún tipo de represalia por parte de quienes compartían esa controvertida afición.

La reconstrucción de los hechos demostraría que el conductor intentó escapar, pero que no le dio tiempo y quedó encajonado en el momento en el que sus atacantes dispararon contra el coche. Las pruebas de balística demostrarían que las postas habían sido disparadas a muy corta distancia, prácticamente a bocajarro, descargando una gran cantidad sobre José Ramón del Pozo. Se suponía también que el criminal o criminales habrían utilizado una escopeta de cañones recortados para asegurar los disparos del calibre 12, que sería encontrada en el propio olivar en septiembre del año 1982. En la puerta izquierda del automóvil se encontraron numerosas señales de perdigones, lo cual demostraba que el asesino o asesinos habían disparado varias veces contra sus ocupantes.

Cartas amenazantes

Otro detalle que tendrían en cuenta los investigadores de este suceso y que les parecía colocar en sobreaviso de lo que podría esconderse detrás del doble crimen de Casariche eran las cartas anónimas que supuestamente recibía José Ramón del Pozo, las cuales podrían contener amenazas. Asimismo, recientemente por aquel entonces había sufrido el robo de un automóvil de su propiedad, un SIMCA 1200. Pero la cosa no terminaba ahí. Además, hacía poco tiempo alguien había colocado un viejo televisor en la calzada dispuesto para cuando él pasase con la finalidad de que perdiese el control de su vehículo y saliese de la carretera para provocarle la muerte. De hecho, cuando el muchacho se desplazaba desde el pueblo que era originario hasta la localidad sevillana siempre lo hacía en compañía de dos o tres amigos debido al temor que le despertaba viajar solo.

No obstante, tras hacer las pertinentes indagaciones, los agentes de la Guardia Civil conseguirían establecer una nueva línea de investigación. Hasta aquel entonces, el hallazgo de una cajetilla de tabaco rubio vacía, junto a varias colillas, eran las únicas pruebas que tenían en un tiempo en el que todavía no se trabajaba con las muestras de ADN. El hallazgo de la escopeta llevaría a los miembros del instituto armado a poner rostro a los presuntos autores del crimen, así como las denuncias presentadas por una pareja de jóvenes de la localidad de la La Roda, quienes habían tenido más suerte que los muchachos asesinados en Casariche.

En un breve espacio de tiempo serían detenidos tres peligrosos delincuentes, domiciliados en Madrid, pero que viajaban con cierta frecuencia a tierras sevillanas para proveerse de estupefacientes. Respondían a los nombres de Rafael L.F., de 26 años, alias «El Rafa»; Pedro R.L., conocido como «El Perico, de la misma edad que el anterior y Matías J.C., de 21 años. Su móvil, a diferencia de lo que se había venido sosteniendo hasta entonces, habría sido el robo, aunque poco podrían haber sustraído a aquella joven pareja. Sin embargo, después de llevar algún tiempo en prisión y cuando parecía que todos los cabos estaban atados, la Audiencia Provincial de Sevilla los absolvería el 23 de febrero de 1988 por falta de pruebas, pasando este caso a engrosar la larga lista de sucesos impunes.

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Asesina a un profesor en el año 1959 y al pintor Jacinto Alcántara en 1966

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Busto del pintor Jacinto Alcántara en Madrid

En un período de siete años, Juan Francisco Blanco Villoria, perpetraría dos horribles crímenes que consternarían a aquella pacífica y tranquila sociedad madrileña de las décadas de los cincuenta y sesenta en la que la capital de España estaba siendo sometida a una extraordinaria transformación que la llevaría a equipararse con el resto de las capitales europeas. A pesar de que ya era una gran ciudad, por sus calles se respiraba un ambiente campechano y apacible que hacían de ella un verdadero paraíso, al que contribuía la masiva emigración que se estaba registrando, principalmente desde las provincias castellanas, en la época del masivo éxodo rural español.

Blanco Villoria era ya un hombre que se acercaba a la cuarentena cuando perpetró su primer crimen, en las Navidades del año 1959, y por si esto no fuera suficiente, eligió la fecha del Día de los Inocentes para terminar con la vida de quien fuera su profesor, Miguel Kreyler Padín, de 58 años de edad. Al parecer, el asesino, que sufría una patología mental bastante grave, estaba obsesionado con que quien se convertiría en su primera víctima sentía auténtica inquina hacia él, a pesar de lo cual había concluido satisfactoriamente sus estudios de magisterio y ejercía como maestro nacional.

El asesinato del profesor Kreysler se produjo en pleno centro de Madrid, a la altura del número 100 de la calle de Alcalá. Su verdugo le venía persiguiendo desde que había salido de su domicilio, sito en la madrileña calle de Ramón de la Cruz. Un poco antes de llegar a la Plaza de Manuel Becerra se abalanzaría sobre su víctima. Por la espalda, y sin pronunciar una palabra le asestaría una puñalada con un cuchillo de monte, de hoja ancha y afilada, cuya longitud alcanzaba los treinta centímetros. Aunque la primera cuchillada era ya mortal de necesidad, su agresor le inferiría dos nuevos ataques con el mismo arma, que dejarían exánime a Miguel Kreysler, un prestigioso profesor de Geografía y Filosofía, cuya reputación era intachable y gozaba del aprecio de las más altas jerarquías de la sociedad de su tiempo.

Inmediatamente, cuando se encontraba ya malherido, el docente sería trasladado a un centro sanitario próximo al lugar de autos, sin que se pudiese hacer nada por su vida. Su agresor, Juan Francisco Blanco Villoria sería reconocido inmediatamente y se había podido comprobar que había sido su alumno en etapas previas a la Guerra Civil española. En todo ese tiempo, más de un cuarto de siglo, había venido alimentado un profundo odio contra su antiguo maestro, al tiempo que nunca había podido superar un rencor malentendido dentro de lo que hasta su propio padre, el doctor Serapio Blanco Turiño, consideraba una mente enferma. El asesino sería ingresado en el centro psiquiátrico de Ciempozuelos, en el que permanecería prácticamente el resto de su vida, aunque se fugaría en 1966 para dar muerte al pintor Jacinto Alcántara.

Asesinato de Jacinto Alcántara

Si raros y hasta absurdos fueron los motivos que le habían llevado a matar al profesor Kreysler, lo serían mucho más los que llevaron a terminar con la vida del pintor y académico de Bellas Artes, Jacinto Alcántara, cuyo asesinato tuvo lugar el 6 de junio de 1966 en el vestíbulo de su domicilio, situado en el número 54 del Paseo del Pintor Rosales. El móvil de este segundo crimen hay que buscarlo en un cuadro que Jacinto Alcántara había regalado al padre de Blanco Villoria, de quien era amigo íntimo, en 1933. Al parecer, el pintor había realizado en torno al año 1928 un viaje por tierras de Zamora, de las que era oriundo Serapio Blanco Turiño, en las que observaría algunas estampas costumbristas de aquellos lugares, que le sirvieron para inspiración de una de sus obras con la que terminaría obsequiando a su buen amigo.

Juan Francisco Blanco Villoria estaba literalmente obsesionado con aquella obra de arte, que tenía entre ceja y ceja. Estaba convencido de que una de las imágenes que se podían observar en la misma, una campesina, era un retrato de su madre. Consideraba que aquella estampa denigraba y ofendía a su progenitora y así se lo había hecho saber a sus padres en reiteradas ocasiones, quienes refutaron la falsa y absurda teoría del hijo, pues no dejaba de ser un cuadro costumbrista. Su obsesión, al igual que había ocurrido con el profesor Kreysler alcanzaba tintes enfermizos.

Para acometer su segunda fechoría Blanco Villoría se fugaría del manicomio en el que permanecía ingresado desde finales de 1959 el día 5 de junio de 1966. Su modus operandi sería muy similar al primer asesinato. En esta ocasión se valdría de la confianza que mantenía con el célebre pintor madrileño, aunque previamente había preguntado por él a la portera del inmueble en el que residía de una forma muy cortés y educada, sin que nada le hiciera presagiar que aquel hombre tenía el objetivo de perpetrar un segundo crimen. Al día siguiente de su fugar del centro psiquiátrico, Juan Francisco Blanco Villoria se dirigió hasta el domicilio de Jacinto Alcántara. Subió hasta el piso en el que residía, el cuarto derecha del número 54 del Paseo del Pintor Rosales. Al llegar a su domicilio, le dijo a la criada que era un conserje del centro de cerámica en el que impartía clases el malogrado artista plástico y que debía darle un recado a quien se iba a convertir en su segunda víctima mortal.

Jacinto Alcántara avanzaría confiado hasta el recibidor de su domicilio en el que le aguardaba un energúmeno que se había fugado de Ciempozuelos y que, al parecer, había dicho entre sus compañeros de internado «que el profesor Kreysler no sería su última víctima». Nada más llegar a dónde se encontraba esperándole Blanco Villoria, este último desenvainaría el cuchillo de monte, idéntico al que le había servido para perpetrar su primer crimen, y le acometería con fiereza, sin siquiera intercambiar una palabra, infiriéndole una cuchillada de treinta centímetros que le interesaría el corazón, dejándole prácticamente exangüe. El asesino sería detenido prácticamente de inmediato, a lo que ayudó un vecino, así como el novio de la única hija del pintor asesinado. Llevado a la Comisaría de Policía del distrito de Universidad declararía que «Odiaba Jacinto Alcántara desde niño», lo que refleja a las claras la mente maníaca y enfermiza de un criminal que perpetraría su segundo crimen en siete años merced a las cuestionadas medidas de seguridad del manicomio de Ciempozuelos.

Con el asesinato de Jacinto Alcántara se le impedía también su toma de posesión de su acta de académico en la Academia de Bellas Artes, pues estaba preparando por aquel entonces su discurso de ingreso. Su verdugo, Juan Francisco Blanco Villoria retornaría a las instalaciones del psiquiátrico de Ciempozuelos en la que permanecería recluido hasta su muerte. Al parecer, había prometido cometer un tercer crimen, también en la persona de un antiguo profesor suyo en tiempos previos a la Guerra Civil, aunque las circunstancias, por suerte para el viejo docente, en esta ocasión no le permitirían perpetrado el tercer asesinato que barruntaba su mente insana y enfermiza que tan solo atesoraba infundados odios y rencores que se remontaban a la noche de los tiempos.

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Un crimen no resuelto en Tordesillas como consecuencia de formalidades burocráticas

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El suceso ocurrió en el bar «La Bodeguilla» de Tordesillas

Este suceso se corresponde con uno de esos hechos que todos nos preguntamos porqué la Justicia no actúa con la contundencia que se le exige. La familia de la víctima se encuentra ya desesperada de tanta lucha infructuosa en un caso que aparentemente debería haberse resuelto en un abrir y cerrar de ojos, dada la veracidad de los testimonios aportados y la coherencia con que actuó la única testigo de un caso que conmocionaría a la localidad vallisoletana de Tordesillas el día 25 de mayor de 2007.

En esa fecha, un joven de 29 años de edad, Óscar Gómez Incio se disponía a cerrar el local «La Bodeguilla», propiedad de su padre, quien lo había abierto al público en el año 2005. El azar quiso que el muchacho contemplase a una cuadrilla de trabajadores portugueses, albañiles que trabajaban al albur de los últimos rescoldos del «boom urbanístico» español de la época, quienes alrededor de las dos y cuarto de la madrugada la emprendieron a golpes contra el mobiliario de un bar similar al suyo, con el objetivo de apropiarse de algunas mesas y sillas de plástico duro. Óscar, un trabajador incansable y de excelente consideración entre su vecindario, les reprendió su incívica e irresponsable actitud. En ese momento, los cuatro ciudadanos lusos la emprendieron a golpes, patadas y arañazos, hasta que un empujón terminaría por dar con el chaval en el suelo, a consecuencia de lo cual se golpearía contra el bordillo de la acera a consecuencia de lo cual el muchacho se desnucaría, falleciendo prácticamente en el acto, tal y como se encargaría de certificar la autopsia. En el lugar, sito frente al número 35 de la Avenida de León, quedaría únicamente su compañera, quien presa de las terribles circunstancias clamaba porque llamasen a las asistencias así como a la Guardia Civil, y también al 112. Sus voces de auxilio despertarían a los vecinos, así como al padre del joven muerto, quienes inmediatamente bajaron a prestar socorro. Mientras tanto, sus agresores abandonaron el lugar calle abajo, dándose a la fuga, lo que podría haber constituido un delito de omisión de socorro por el que jamás serían juzgados. Por su parte, los sanitarios, a pesar de que intentaron reanimar a la víctima durante más de una hora, no lograrían su objetivo.

Tal como se habían desarrollado los trágicos acontecimientos, todo indicaba que el autor material de la muerte de Óscar Gómez pronto se descubriría y pagaría por el horrendo crimen, pero una serie de trabas burocráticas y judiciales, impedirían el esclarecimiento definitivo de un terrible suceso que consternaría profundamente a la ciudad de Tordesillas. Así, la joven que acompañaba a la víctima identificaría en una rueda fotográfica al presunto autor material del homicidio, un ciudadano luso que respondía a las siglas de J.M.C.B.D., quien sería detenido tres meses más tarde en su país natal y extraditado a España para que respondiese del crimen ante la Justicia española.

Negativa a una rueda de reconocimiento

En un principio, las tres partes personadas en el caso, desde el juez encargado, pasando por la fiscalía y el abogado de la familia daban por bueno el testimonio de la joven y que la autoría del crimen había sido obra del ciudadano luso que en ese momento se encontraba detenido. Sin embargo, hubo un aspecto al que se agarraron los magistrados para dejar en libertad a J.M.B.D.C. Este no era otro que la descripción que había facilitado la única persona que presenció el altercado que le costó la vida a su compañero. Al parecer, esta última habría manifestado que el autor material del homicidio presentaba una mancha en la cara, certificándose que el único detenido carecía de cualquier erupción cutánea, a la que aludía la joven. Aún así, puntualizaría que lo que ella había visto bien pudiese obedecer a una mancha ocasionada por la suciedad o también alguna herida. No obstante, el ciudadano portugués sería puesto en libertad con cargos el 16 de agosto de 2008.

A lo largo de los años subsiguientes, la familia de Óscar Gómez Incio proseguiría con el arduo intento en vano para que se resolviese el crimen, tratando de aportar nuevas pruebas que incriminasen al único detenido, aunque estas serían rechazadas por el juez, quien cuestionó la descripción facilitada por la novia de la víctima, motivo este por el que se rechazaría la ruede de reconocimiento que solicitaban sus familiares.

En declaraciones a distintos medios de comunicación, el padre de Óscar Gómez Incio no dudaría en manifestar su frustración por la actitud mantenida por la Justicia, Para ello, contaba con las aportaciones e investigaciones hechas por la Guardia Civil, quien manifestó en reiteradas ocasiones su convencimiento de que el autor de la muerte del joven hostalero habría sido obra presuntamente del único detenido. De hecho, el antiguo responsable de la Guardia Civil en la provincia de Valladolid, Francisco Javier Galeache le diría en que «el caso policialmente está resuelto, ahora solo falta juzgarlo».

En mayo de 2022, Roberto Gómez, padre de Óscar, solicitaría de nuevo la reapertura del caso con motivo del decimoquinto aniversario de la muerte de su hijo, con el propósito de que no se archive como se ha venido haciendo hasta ahora y termine por convertirse en uno más de la decena larga de crímenes que todavía carecen de autor conocido en la provincia de Valladolid.

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