El Tribunal Supremo modificaría la sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife
Era otra España. Que todavía guardaba las formas y e imperaba un absurdo celo de la moral. Era un país en progreso pero que no terminaba de despegar. Sucedían cosas y algunas rozaban el escándalo en un tiempo en el que todavía estaba condenado por la Justicia el denominado «delito de adulterio«. Había que guardar las formas, aunque luego muchas aventuras se hacían a escondidas, guardando el silencio de rigor, so pena de ser denunciado y ser condenado al escarnio del vecindario, que quizás fuese una pena mucho peor que las sentencias emitidas por los tribunales.
Esta historia tiene sus raíces en la amistad que comenzaron a trabar el matrimonio compuesto por Francisco Gil Villalba, guardia civil de profesión, su esposa María Esperanza Rijo Bethencourt y la pareja compuesta por el industrial José Gómez Rodríguez y Nelsa García Díaz, quienes regentaban una tienda dedicada a la venta de muebles en la capital tinerfeña. Un buen día el miembro de la Benemérita y su cónyuge fueron a adquirir mobiliario al negocio en cuestión, a raíz de lo cual se entabló una amistad entre ambos matrimonios que perduraría cierto tiempo.
La relación de ambas parejas fue a más con el paso del tiempo y se consolidó hasta el extremo que la esposa del empresario comenzó a sospechar que su marido mantenía un idilio con la mujer del agente de la Guardia Civil, denunciando el hecho ante el cuartel del Instituto Armado en Tenerife. A consecuencia de ello, los superiores de Franciso Gil instaron a este a que presentase su baja en el cuerpo, pues una situación así en aquel entonces en un cuerpo que debía ser modélico no podía permitirse, a lo que este último accedió.
Nuevo trabajo
Gil Villalba comenzaría a trabajar en un empleo que le proporcionó su amigo José Gómez Rodríguez, el empresario de muebles. Su ocupación consistiría en cobrar letras de cambio a sus distintos clientes. Para ello contaría con el coche del industrial, que se lo vendería en 85.000 pesetas (algo más de 500 euros al cambio actual), con opción a la compra de otro. El nuevo empleado hizo efectiva la cantidad requerida por su patrono, pero este comenzó a demorarse en la cesión del automóvil, lo que a la postre iba a convertirse en el detonante de la tragedia.
Como consecuencia de la negativa a la entrega del vehículo, se producirían una serie de incidentes entre el ex-agente de la Benemérita y el industrial, siendo el primero duramente despreciado por el segundo con insultos y vejaciones, ya que no terminaba de entregarle el coche a Gil Villalba ni tampoco le devolvía el dinero que le había anticipado, lo que le conduciría a un estado de gran tensión personal y emocional.
El día 23 de septiembre de 1969 ambos protagonistas se encontraron en una calle de la ciudad insular, conminándole el antiguo guardia civil al empresario que detuviese el vehículo en el que viajaba, aunque este siguió dándole largas y menosprecios a Francisco Gil, quien en ese momento iba armado con una pistola. Sin pensárselo dos veces, con el arma que portaba efectuó dos disparos sobre José Gómez Rodríguez, quien quedó exánime prácticamente en el acto en el interior de su propio automóvil.
Posteriormente, el autor de la muerte del empresario se dirigió al domicilio de este último. Allí se encontraba su esposa, quien supuestamente ya conocía lo que le había ocurrido a su marido, por lo que recibió a Gil Villalba empuñando un cuchillo. Sin embargo, la superioridad del arma del ex-agente de la Guardia Civil dirimió una lucha desigual, pues descerrajó a Nelsa Garcá Díaz, de un solo disparo, que fue más que suficiente para terminar con su vida. Una vez perpetrado el doble crimen, el criminal se entregó en el Juzgado, presa de una gran excitación nerviosa.
Condena
En un primer momento en el año 1971 la Audiencia Provincial de Tenerife condenaría a Francisco Gil Villalba, a una pena total de 40 años de prisión, acusado de dos delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, así como al pago de una indemnización de un millón de pesetas en su conjunto (algo más de 6.000 euros actuales) a los herederos del empresario asesinado y su esposa. No obstante, su abogado, insatisfecho con esta resolución judicial, apelaría al Supremo, quien rebajaría considerablemente la condena.
En una sentencia dictada el 28 de diciembre de 1972 el Tribunal Supremo tipificaría los hechos como un delito de asesinato y otro de homicidio, quedando establecida en un total de 26 años de cárcel; 14 por la muerte del hombre y 12 por el de la mujer. La alta magistratura entendía que se daban como atenuantes muy cualificadas las de arrebato y obcecación, a lo que se añadía la de arrepentimiento espontáneo, aunque mantenía la agravante de desprecio por el sexo, así como debía satisfacer también la responsabilidad civil impuesta por la audiencia insular.
La pesca era la actividad recreativa que pretendía promover el triple criminal
Un caso que no es apto para supersticiosos, pues sucedió un martes 13, en este caso del mes de julio de 1993. Por un amplio tramo del Bajo Ebro, que discurre entre las provincias de Zaragoza y Tarragona, es muy frecuente la presencia de ciudadanos alemanes que buscan un retiro plácido en tierras españolas, atraídos por muchas actividades recreativas que se pueden realizar en la zona, entre ellas la pesca del siluro. Uno de esos muchos ciudadanos germanos que se acercaron al Bajo Aragón era Werner Mittermeyer, un individuo de 52 años que había enviudado hacía ya 14 años y que no había superado la muerte de su esposa. De hecho, su única compañía era una perra que moriría por aquellos mismos días en los que perpetró el triple crimen, lo que, al parecer, le provocó una gran depresión.
A todo ello se sumaba el hecho de que Werner se encontraba inmerso en un proyecto en el que buscaba un retiro dorado, que era la creación de un área turística que resultase atractiva para compatriotas suyos, aficionados a la pesca. Sin embargo, en algún momento que jamás han conseguido aclarar los investigadores las cosas comenzaron a torcerse y se inició un rosario de discrepancias entre él y otras tres personas que participaban en su empresa. De hecho, los acusaría en el transcurso del juicio de haberle estafado en la construcción de tres bungalows en el camping de Pobla de Massaluca, localidad tarraconense en la que se había afincado el triple asesino.
Aquel soleado 13 de julio de 1993, ya muy de mañana y a las primeras horas del día, el cuerpo de Mittermeyer parecía que le pedía sangre. A bordo de su utilitario se dirigió a la localidad zaragozana de Fayón, donde residía la primera víctima que dejaría en su camino, Gerhard Pickl, un ciudadano austriaco de 36 años de edad, a quien le acribilló literalmente a balazos, pues recibió seis disparos, uno de ellos entre las cejas. El crimen fue contemplado por otros dos turistas alemanes, quienes denunciaron al suceso ante la Guardia Civil, no exentos de ciertos problemas, ya que apenas se expresaban en español. La víctima era un comercial del turismo de pesca, negocio en el que se había involucrado su vedugo
Otros dos asesinatos más
Con el primer asesinato, la sanguinaria orgía emprendida por Werner no había hecho más que iniciar su periplo sangriento. Su siguiente objetivo sería Heinz Schorcenhofer, un compatriota suyo de 47 años de edad. Un disparo, procedente de la pistola Star 7.65, que empleó en los tres asesinatos, fue suficiente para terminar con su vida, pues le descerrajó el corazón, quedando tirado sobre su caravana en medio de un gran charco de sangre. Su cadáver fue descubierto por un compatriota suyo cuando se dirigía a hablar con él. La segunda persona asesinada era el capataz de las obras del futuro complejo turístico que se pretendía construir para pescadores.
A pesar de haber dado muerte a dos personas, el asesino todavía no se sentía satisfecho en lo que se consideró un ajuste de cuentas. Para ello no tuvo reparos en recorrer los 100 kilómetros que separaban el lugar donde había perpetrado los dos primeros crímenes de Deltebre. Allí en el embarcadero Galacho de la urbanización Riomar se encontraba el berlinés Wolfgang Nitsche, de 44 años de edad, que se dedicaba al alquiler de embarcaciones y que era el principal inversor del área turística en la que participaba Werner. En aquel mismo lugar, cuando se encontraba en compañía de dos personas que presenciaron la escena, el criminal lo descerrajó de cuatro disparos que acabaron con su vida en el acto. Tres tiros en el tórax, uno de los cuáles le partió el corazón y otro más en la frente terminaron con la vida de aquel hombre. Mientras tanto, la Guardia Civil ya había emprendido la búsqueda del criminal que había dejado tras de sí un total de tres muertos.
Se dio la orden inmediata de busca y captura de Werner Mittermeyer desde las principales comandancias de la Benemérita de Zaragoza, Huesca y Lérida. El germano fue localizado en el municipio oscense de Fraga, donde fue interceptado por una patrulla de la Guardia Civil cuando viajaba a bordo de su vehículo, un Opel Ascona por la carretera nacional dos, N-II en torno a las dos y media de la tarde. Su detención no revistió mayores problemas, ya que no opuso resistencia.
En el asiento del copiloto llevaba la pistola con la que había perpetrado los tres asesinatos y no hizo uso de ella porque no quiso, pues no llevaba el seguro puesto. Además del arma homicida, los agentes se incautaron de más 1,5 millones de pesetas que llevaba consigo en la moneda alemana oficial en ese momento, el marco (unos 9.000 euros al cambio actual). Conducido al cuartel de la Guardia Civil de la localidad, fue sometido a un control de alcoholemia, pues les había dicho a los agentes que había tomado más de tres cuartos litros de coñac y varias cervezas, aspecto este que resultó ser falso, pues el resultado de la prueba fue negativo.
64 años de prisión
El juicio contra Werner Mittermeyer se celebró en medio de una gran expectación en la Audiencia Provincial de Zaragoza a mediados de noviembre del año 1995. Su abogado solicitó como atenuantes el supuesto estado de embriaguez cuando perpetró los tres crímenes, así como el estado de shock en el que se encontraba su defendido el día de autos, debido a los problemas psicológicos que arrastraba desde el fallecimiento de su esposa, hecho que había tenido lugar en el año 1981 y que al parecer nunca había superado, unido al disgusto que le había provocado la muerte de su perra, que era el ser vivo que le hacía compañía.
En un principio la fiscalía solicitaba para el acusado un total de 84 años de prisión, acusado de tres delitos de asesinato. La cifra se vería sensiblemente rebajada a 64, los cuales cumplió en cárceles españoles y alemanas. Algo más de tres décadas más tarde de haber cometido aquellos tres asesinatos, el criminal ya se encuentra en libertad, a pesar de que su sombra perdurara durante décadas en la comarca del Bajo Aragón, que no recordaba un hecho similar en su larga historia.
Plaza de Menasalbas donde fueron asesinadas dos viudas por un grupo de asaltante
Eran otros tiempos en los que los vividores de medio pelo y amigos de lo ajeno también sabían localizar perfectamente a sus víctimas, como no podía ser menos. A finales del siglo XIX. Uno de los estamentos más cotizados a la hora de realizar asaltos y atracos solían ser las casas rectorales y las familias en cuyo seno había algún sacerdote, pues se suponía -no exentos de cierta razón- que en aquellos domicilios se atesoraba una buena cantidad de dinero debido a las donaciones que recibían de sus feligreses en un tiempo en el que la Iglesia Católica era una de las grandes instituciones en torno a la cual se articulaban importantes núcleos de poder social.
En esa época fueron varios los asaltos que tuvieron lugar a casas rectorales y viviendas sacerdotales, dándose la circunstancia de que hubo más de un religioso fallecido como consecuencia de los mismos. Un hecho luctuoso y de gran calibre tuvo lugar el primero de octubre de 1892 en la localidad toledana de Menasalbas, en plena comarca de loas Montes Toledo cuando fueron asesinadas de noche dos mujeres viudas, Felipa Díaz Espinosa, de 80 años de edad y su criada Isabel Iglesias Medina, de 72. La primera de ellas era la madre del sacerdote Gabriel Moreno, quien ese día no se encontraba en casa debido a un viaje pastoral.
A finales de agosto de aquel mismo año, la residencia del clérigo había sido ya asaltada por los mismos delincuentes que le dieron muerte a su progenitora y la criada. Entonces comenzó a divulgarse un runrún de que los ladrones no habían llevado realmente todo el dinero que había en el domicilio del religioso. Se supone que estos rumores llegaron a oídos de los asaltantes, quienes algún tiempo después volverían a acometer una fechoría similar, aunque en esta ocasión con el despropósito de dejar a dos víctimas mortales en su truculento trayecto.
Una reja rota
El día de autos tanto la propietaria de la casa como su criada ya se habían acostado. Los asaltantes penetraron por una reja que habían roto, cuyos ruidos no pasaron desapercibidos para las dos moradoras de la casa. La criada Isabel Iglesias fue quien primero se percató del estruendo provocado por los ladrones, por lo que decidió avisar a su señora, vistiéndose ambas a toda prisa para intentar conocer lo que estaba sucediendo.
En un pasillo se encontraron con algunos de los cinco ladrones que habían asaltado la residencia familiar del sacerdote. Estos, sin pensárselo dos veces, la emprendieron a cuchilladas con las dos mujeres. La criada falleció prácticamente al instante al recibir la primera cuchillada, en tanto que Felipa Díaz, a pesar de sufrir graves heridas, sobrevivió en un principio al ataque, aunque terminaría falleciendo tan solo 24 horas después del trágico episodio que ya le había costado la vida a otra mujer. Debido al grave estado en que se encontraba, apenas pudo facilitar datos al juez para poder capturar a sus asesinos, por lo que el caso tardaría casi cuatro años en resolverse.
En ese interín que va desde 1892 hasta 1896 aquella banda de cinco hombres compuesta por los hermanos Tomás y Raimundo Guzmán y Marín, Braulio Camino, Nemesio Gutiérrez y Félix Iglesias tuvieron tiempo de dar muerte a una tercera persona. Se trataba de un hortelano vecino de la zona, quien supuestamente les habría insinuado en el transcurso de una discusión su implicación en el crimen que había costado la vida a la madre de Gabriel Moreno y su criada.
El teniente Leardi
Para que este trágico episodio no quedase impune se echó mano de un prestigioso oficial de la Guardia Civil, el teniente José Leardi de los Santos Reyes, un experto investigador que se haría famoso por haber resuelto con éxito varios casos de asesinatos y atracos en la provincia de Toledo. Tardaría un par de años en obtener alguna pista fiable y esta fue una confidencia que le hizo una persona que ha permanecido en el anonimato. A raíz de la misma serían detenidos cuatro de los implicados en los dos crímenes en los que habían muerto tres personas. El oficial de la Benemérita se encontró con el problema que algunos de los involucrados guardaban algún parentesco con el juez de Menasalbas, lo que dificultó su detención.
Al ser detenidos los cuatro, inmediatamente se detuvo al quinto, Raimundo Guzmán y Marín, que era el que faltaba. La vista oral se celebró en la Audiencia Provincial de la capital toledana en abril del año 1896. El fiscal solicitó en un principio cinco penas de muertes para los encausados. Finalmente solo los dos hermanos Tomas y Raimundo Guzmán serían condenados a la pena capital, en tanto que los restantes serían sentenciados a 18 años de cárcel, en el caso de Braulio Camino y Nemesio Gutiérrez; en tanto que la condena que recaería sobre Félix Iglesias era de 12 años de prisión.
Los dos hermanos, conocidos como «Los Marines», conocidos delincuentes de la comarca de los Montes de Toledo, aficionados al juego y al alcohol, no obtendrían la gracia del indulto y el ejecutor de sentencias Salustiano de León, un antiguo zapatero de 53 años de edad, apretó la manivela de un viejo garrote vil a primeras horas de la mañana de un ya muy lejano 30 abril de 1897 en una céntrica plaza de Navahermosa. Ponía así fin a la vida de dos auténticos crápulas antes la asistencia de varios millares de personas en un tiempo en el que ya se cuestionaba la asistencia de público a estos dantescos espectáculos.
Sucedió hace ya muchos años. Tantos que el triple crimen de Padilla de Duero se ha ganado a pulso la categoría de leyenda y ha dejado una huella indeleble en toda la comarca de Campo de Peñafiel, al este de la provincia de Valladolid, que perdura hasta nuestros días. No es para menos, pues tanto el número de víctimas como el modus operandi de los asaltantes lo convirtieron en un suceso cruel y terrible que no deja de sorprender ni siquiera en nuestros días, a pesar de que han transcurrido casi 140 años desde entonces.
En las primeras horas de la mañana del aquel ya lejanísimo 17 de mayo de 1888 el zagal encargado del rebaño de ovejas de Antonino Carrascal se vio repentinamente sorprendido al encontrar uno de los animales vagando perdido en los aledaños de la iglesia parroquial del pueblo. La reconoció inmediatamente y corrió a avisarle. Sin embargo, cuál no sería su sorpresa al entrar por la puerta del corral y contemplar el cuerpo de su amo en medio de un impresionante charco de sangre. Antonino había sido víctima de un brutal crimen. Según el informe de la autopsia presentaba «una herida en la unión de los parietales, otra en la región frontal, otras dos en el cuello muy profundas, otra en la oreja izquierda, otra en la región torácica, varias contusiones , y en la espalda la impresión de dos manos manchadas de sangre, que debieron de tirar del cadáver arrastrándolo». En resumidas cuentas, que lo habían dejado hecho un auténtico pelele en el peor sentido de la palabra.
A pocos metros del cadáver del patrón, se hallaba -atado a la rueda de un carro- el criado de la casa Antonio Monja, quien le pidió al muchacho que fuese a buscar ayuda, además de contarle lo sucedido al juez municipal. No obstante, todavía no habían visto el panorama sangriento en su totalidad, ya que en la misma vivienda yacían los cuerpos sin vida de Telesfora Zamora y Dionisia Carrascal, una joven de 24 años de edad que era hija del dueño, Antonino. La primera de estas dos víctimas era una vecina que ocasionalmente se encontraba en la casa cuando en la noche anterior se produjo el asalto. Las heridas que le habían provocado eran tan aparatosas que casi fue decapitada, mientras que la joven presentaba heridas por todo el cuerpo, el rostro y la espalda, al igual que si se hubiesen ensañado con ella.
Declaración falsa
En su primera declaración ante la Guardia Civil el criado Antonio Monja manifestó que en la noche del crimen cuatro hombres con barba se habían adentrado en la vivienda a la fuerza para robar, dejándolo a él atado al carro y tapado con una manta. De hecho, este individuo presentaba algunas heridas en las manos que se había hecho el mismo aduciendo que eran consecuencia del enfrentamiento que había mantenido con los asaltantes. Además, el hecho de haber aparecido atado al carro no era más que una treta para intentar engañar a los investigadores.
Insatisfechos con los motivos esgrimidos por el criado que se presentaba ahora como víctima, este, a consecuencia de la presión a la que fue sometido en una época en la que los agentes de la Guardia Civil no escatimaban medios para obtener una confesión que resultase cuando menos coherente, aquel individuo, que había sido el inductor del triple crimen, acabó delatando a otros cinco individuos que habían participado en aquella matanza. Se trataba de de cinco hombres a los que conocía bien: el guarda de campo, Inocencio Ruiz Melero, alias «Picoba«; Justo Martínez Martín, «el Sardina«; Pedro Gonzalo Acebes, «Moraina«; el herrero Ciriaco Serrano Carrascal, familiar del asesinado, y Miguel Alonso Arraso.
El mismo Antonio Monja terminaría confesando su complicidad en el triple asesinato, asegurando que sus compinches le habían convencido para perpetrarlo, llegando incluso a reconocer su connivencia a la hora de dejar abierta la puerta trasera del corral al numero grupo que dio muerte al dueño de la casa y a dos mujeres. El móvil estaba claro que había sido el robo, habiéndose apoderado de 240 pesetas, todo un dineral para la época. Asimismo, no habían desaprovechado la oportunidad para hacer desaparecer algunos recibos en los que se reflejaban las deudas de los asaltantes contraídas con Antonio Carrascal, pues se dedicaba también a hacer préstamos.
Pena de Muerte
El juicio contra aquel sexteto de criminales se celebraría en la Audiencia Provincial de Valladolid en abril del año 1890. El fiscal encargado del caso solicitó para todos ellos la máxima condena que se contemplaba entonces en el ordenamiento jurídico español de la época, que no era otra que la pena de muerte. En sus conclusiones acusaba directamente al mismo Monja como participante y coautor de los crímenes, pues en una navaja de su propiedad se hallaron algunos restos biológicos, entre ellos algún pelo, que pertenecían a la hija del dueño de la casa.
La severidad de la condena se vería reflejada en el auto final en el que se condenaba a todos los procesados a la pena capital, quedándoles únicamente el recurso ante el Tribunal Supremo. La máxima magistratura de la nación ante el elevado número de condenados decidió indultar a cuatro de los procesados debido «a su buen comportamiento y al arrepentimiento mostrado», mediante un decreto publicado en la Gaceta de Madrid el día 21 de marzo de 1891. La pena accesoria que deberían cumplir era la cadena perpetua, siendo enviados al Penal de Ceuta, lugar al que iban destinados muchos de los penados que habían perpetrado algunos de los más horrorosos crímenes.
No corrieron la misma suerte el criado Antonio Monja ni tampoco Inocencio Ruiz Melero «Picoba», que fueron ejecutados en Peñafiel el día 17 de abril de 1891, congregándose en la plaza del pueblo a primeras horas de la mañana hasta un total de 11.000 personas para presenciar un tétrico y dantesco espectáculo, inimaginable en nuestros días, entre ellos muchos niños que eran llevados ex profeso para presenciar el castigo que les podía esperar en el caso de contravenir algunas de las leyes del ordenamiento jurídico vigente en aquel entonces.
Alhendín fue escenario de un triple crimen en el año 1990
Alhendín es una bella localidad situada en la zona meridional de la Vega de Granada, prácticamente en pleno centro geográfico de la provincia, lo que contribuye a darle un especial atractivo al encontrarse muy cerca tanto de la montaña como de la costa. Sin embargo, este hermoso lugar se vería conmocionado en aquel sangriento año de 1990 a consecuencia de un triple crimen que se produjo apenas 24 horas después de que a toda España se le hiciese un nudo en la garganta a raíz de la masacre acontecida en la villa extremeña de Puerto Hurraco, en la que los hermanos Izquierdo habían regado de sangre las calles del pueblo después de asesinar a nueve personas y malherir a muchas otras.
Los más viejos del lugar, o tal vez los más pesimistas, sospechaban que entre los miembros de un numero clan de etnia gitana terminase sucediendo una tragedia debido a los constantes enfrentamientos que continuamente se sucedían entre dos ramas del grupo familiar que eran consecuencia directa de la herencia de la abuela Feliciana Gómez, una anciana ciega y sorda que además sufría el abandono de quienes las rodeaban. Su patrimonio era más bien exiguo, pues se componía de una destartalada vivienda en la localidad de El Padul, distante 13 kilómetros de donde se produjeron los hechos sangrientos, y una cuenta bancaria en la que había 300.000 pesetas (1.800 euros al cambio actual).
A pesar de no ser una herencia de gran enjundia, los descendientes de la mujer no cejaban en sus constantes enfrentamientos que tuvieron su punto culminante alrededor de las nueve y media de la noche del día 27 de agosto de 1990, cuando una discusión entre hijos y nietos de Feliciana se saldaría con la muerte de tres personas, los tres residentes en el número 9 de la calle Santo Cristo. Por si todo ello no fuese suficientemente trágico, una pequeña, hija y hermana de los fallecidos, contempló el macabro espectáculo cuando regresaba a su casa después de que estuviese jugando con una amiga.
Discusión
Una vez más, como muchas veces había sucedido hasta aquel entonces, se enzarzaron en una gran discusión a raíz de quien se debería ver favorecido por la herencia, que teóricamente habría de corresponder a «quien mejor se portase con la abuela». Lo que sucedió en el interior de la vivienda es todo un misterio, ya que solamente se cuenta con la versión de los agresores, pues los agredidos fallecieron todos en la trágica discusión.
Lo que sí se sabe es que el principal responsable, y así lo manifestaría ante las autoridades, fue José Carlos Fajardo Gómez, de 18 años de edad, quién según su testimonio habría arrebatado el cuchillo con el que se perpetró el triple crimen a su tía Carmen Fajardo porque esta supuestamente lo habría pretendido acuchillar, extremo este que nunca se ha podido confirmar, dadas las contradicciones en las que incurrió el acusado en el transcurso de la vista oral. Asimismo, declararía también que uno de los miembros de la familia intentó golpear a su padre con una barra de hierro.
Lo único que hay de cierto es que como consecuencia de la sangrienta trifulca, que fue presenciada por dos niños de muy corta edad, fallecieron Carmen Fajardo Gómez, de 41 años de edad, y su hijo Francisco Gómez Fajardo, de 18. El cabeza de familia José Gómez Gómez, de 42 años, moriría dos días después en el hospital de San Cecilio de la capital granadina a consecuencia de las graves heridas que había sufrido, una de las cuales le afectaba a la aorta, por lo que, a pesar de las intervenciones a las que fue sometido no fue posible salvar su vida.
En el entierro que tuvo lugar a los dos días del triple crimen se escucharon proclamas que clamaban por la venganza, siendo uno de los más activos en este sentido un hijo de los fallecidos que se encontraba en aquel momento en prisión. Otros apuntaban directamente a la aplicación de la «Ley gitana», consistente en resarcirse de la misma forma con sus adversarios. «Esto no va a quedar así», dicen que se escuchó de la boca de algunos de los presentes en el camposanto en el que recibieron sepultura las dos primeras víctimas del triple crimen de Alhendín.
39 años de cárcel
Entre los días finales del mes de noviembre de 1991 y principios de diciembre tuvo lugar el juicio contra los tres presuntos autores de las tres muertes de Alhendín, con la Audiencia Provincial de Granada abarrotada hasta los topes de público y periodistas. José Carlos Fajardo Gómez, se autoinculpó del triple crimen, aduciendo que las manchas de sangre encontradas en las zapatillas de su padre se debían a que él utilizaba también aquel mismo calzado. Manifestó también que su progenitor no se encontraba en ese momento en el lugar de los hechos, al tiempo que justificó los tres asesinatos aseverando que las víctimas le habían agredido tanto a él como a su madre.
A finales de diciembre de 1991 se conoció la sentencia, que difirió bastante en relación a la versión ofrecida por el hijo, quien fue condenado a una pena de 13 años de cárcel, al igual que sus padres José Fajardo y Manuela Gómez. La responsabilidad civil quedaba cifrada en cinco millones de pesetas (30.000 euros al cambio actual) para cada uno de los cinco hijos y hermanos de las tres víctimas asesinadas, por lo que el montante total ascendía a 30 millones de pesetas (150.000 euros).
Con la sentencia se ponía fin a un trágico episodio que había tenido lugar tan solo 24 horas después de la matanza de Puerto Hurraco, convirtiéndose en uno de los muchos acontecidos como consecuencia de desavenencias familiares, que son los más duros y también los más escabrosos.
Fue un suceso que acaparó la atención de los vascos durante mucho tiempo en el que se vieron constantemente bombardeados por las noticias relativas al doble crimen de Beizama, en pleno centro de la provincia de Guipúzcoa, cuyo autor pudo salirse con la suya al no ser descubierto jamás. Reunía todos los ingredientes de cualquier buen film de suspense y fueron muchos los investigados, pero no hubo ningún condenado debido a que siempre hubo coartadas suficientemente sólidas cuando en los interrogatorios intentaban acorralar a los sospechosos.
A las once de la mañana del domingo, 26 de noviembre de 1926, Jacinta Odriozola, una mujer que se encuentra trabajando en un bar de la localidad de Tolosa, se dirige al caserío de Corasagasti a visitar a su madre y su hermana. Se sorprende al contemplar la puerta de la casa entreabierta. Desde el acceso ya puede divisar el cadáver de su hermana Maria Juana Odriozola sobre el descansillo de una escalera, en medio de un gran charco de sangre. Sorprendida y exhausta, comienza a gritar por su madre, quien no respuesta a sus desesperadas llamadas, por lo que trata de dirigirse a uno de los caseríos más próximos al de su familia, que dista casi media hora de camino.
En el trayecto le espera otra sorpresa macabra, que no es otra que el cadáver de su madre, Bibiana Ocáriz, quien, al igual que su hija, presenta evidentes aspectos de que ha fallecido de forma violenta, pues también se encuentra en otro gran charco de sangre, con heridas y hematomas que han sido provocados por el autor o autores de su asesinato. Desolada y aterrada, Jacinta Odriozola se encamina hacia el caserío de Chapartegui, dónde da cuenta de lo sucedido en su casa familiar a sus residentes, quienes inmediatamente se dirigen hacia el puesto de miqueletes (antigua policía foral vasca) y estos, a su vez, ponen en conocimiento de sus superiores lo ocurrido en Corasategui.
Descripción minuciosa
El diario «La Voz de Guipúzcoa» hace una descripción muy minuciosa de los hechos y del lugar de autos. Apunta en su relato que el paraje en el que ha ocurrido es «solitario y tristón», rodeado de una extensa área forestal. Prosigue relatando puntualmente del lugar de los hechos señalando que»junto a la puerta había un charquito de sangre» al que posteriormente seguía un hilo de sangre que se extendía a lo largo de las escaleras hasta donde se encontraba el cuerpo sin vida de Maria Juana Odriozola, quien habría recibido una herida inciso-contusa con un arma punzante, según describía la autopsia, suficiente para terminar con su vida. Su cuerpo se hallaba en el descansillo de la escalera, encontrándose descalza. El hilo de sangre proseguía hasta llegar al piso superior.
El cuerpo de la otra víctima mortal se hallaba a unos 250 metros de la casa en la que residían y las hipótesis apuntaban a que Bibiana Ocáriz habría muerto después de intentar de escapar de las garras del asesino de su hija, cuyo cadáver habría besado previamente. Al parecer, según esta tesis, el principal objetivo del doble crimen habría sido la muchacha que convivía con su madre, en tanto que el asesino liquidó a esta última para evitar que le delatase. Bibiana presentaba un golpe en la cabeza, que se habría hecho al caer, así como dos heridas inciso-contusas en la espalda, que habrían sido las que terminaron con su vida. Después el asesino habría huido en una dirección indefinida, pues nadie vio nada en la noche de aquel día del mes de noviembre de 1926.
Se sabe que hacía algún tiempo, un individuo habría intentado arrollar a una de las hermanas, quienes le propinaron posteriormente una soberana paliza. Asimismo, hacía algún tiempo que las relaciones en la familia habían sufrido alguna tensión, debido a que la hermana que convivía con su madre se había hecho novia de un pastor, circunstancia esta que no había sido tomada de muy buen grado por Jacinta, quien se habría marchado a servir a Tolosa con la finalidad de limar asperezas en el seno familiar.
La mayor de las mujeres asesinadas, Bibiana Ocáriz se encontraba viuda en el momento de producirse el doble crimen, ya que su marido había muerto hacía bastantes años dejando huérfanas a Jacinta y María Juana. El resto de los hijos del matrimonio habían emigrado a Argentina. Otros dos, habían abandonado la localidad natal, pero se desconocía su paradero, aunque no se suponía que estuviesen muy lejos.
Numerosos detenidos
A raíz del doble crimen, que conmocionó de sobremanera a la sociedad vasca de la época, se sucedieron las detenciones e interrogatorios de los presuntos sospechosos de estar involucrados en el asesinato de las dos mujeres. Sería interrogada y detenida Jacinta Odriozola, la persona que más estaba sufriendo por los hechos. Tampoco se salvaría de la detención su novio, Ignacio Aramburu, ni tampoco el novio de la otra hermana, Francisco Aramburu.
También hubieron de presentar declaración por el sangriento suceso algunos guardas forestales y labradores de la zona, que supuestamente se habrían hospedado en el caserío de Corasagasti, dada la hospitalidad de la que se había hecho acreedora la familia que lo regentaba, pues acostumbraban a convidar con pan, queso y vino a casi todos los huéspedes que les solicitaban posada, siendo descritas las víctimas como personas «entrañables y de gran corazón» por la prensa.
Entre quienes fueron detenidos destaca un joven de la localidad de Goizueta, en Navarra, quien tenía las suficientes coartadas para salir airoso del trance. Sin embargo, a quien nunca se logró identificar es a un sujeto definido como «el hombre de la blusa», de quien existían muy pocos detalles, quien habría estado hablando en Tolosa con Jacinta Odriozola, la hermana e hija de las mujeres brutalmente asesinadas. Esas carencias propiciaron que ni siquiera llegara a ser identificado, convirtiéndose en una especie de espectro que ni siquiera llegó a ser interrogado.
Los ingredientes de alevosía, nocturnidad, desprecio de sexo y descampado convirtieron a este trágico episodio en una de las tramas más enigmáticas que tal vez ni siquiera hubiese imaginado el mismísimo Alfred Hitchcock para muchos de sus espléndidos filmes. El misterio ha acompañado a este truculento episodio a lo largo de casi un siglo, sin que nadie jamás hubiese purgado la culpa del asesinato de dos pobres mujeres que llevaron una muerte tétrica y terrible.
Escenario posterior a la explosión del atentado que costó la vida a Carrero Blanco en la calle Claudio Coello de Madrid
Han transcurrido ya 50 años, que se dice pronto, en torno al último magnicidio perpetrado en España y que costó la vida al por entonces presidente del Gobierno de España, almirante Luis Carrero Blanco, su escolta Juan Antonio Bueno Fernández y el chófer que conducía el vehículo en el que viajaban, José Luis Pérez Mogena. Desde entonces no han hecho más que sucederse las especulaciones acerca de quien pudo estar detrás de aquel ataque terrorista, cuya autoría fue atribuida a la banda terrorista ETA, aunque quedaron muchos interrogantes en torno a cómo se produjo un acontecimiento que, según algunos, cambió sustancialmente el rumbo de España, cuya dictadura se encontraba ya en estado preagónico.
Como era costumbre, aquella mañana a las nueve, el político franquista acudió a misa a la parroquia madrileña de San Francisco de Borja, en pleno barrio de Salamanca, únicamente protegido por dos policías secretas que le acompañaban siempre en un vehículo escolta en su itinerario, además de una tercera persona que iba en el mismo coche en que se desplazaba Carrero Blanco, lo que terminaría costándole la vida. Después de abandonar el templo, situado a escasos 100 metros de la Embajada estadounidense, se dirigía en su vehículo, un Dodge 3700 GT, de 1.800 kilos de peso y que carecía de blindaje, a desayunar a su domicilio, sito en la calle Hermanos Bécquer.
Lo que no podía imaginar el almirante Carrero Blanco ni nadie en España era que aquel 20 de diciembre de 1973 iba a ser el último de su vida. Cuando el automóvil en el que viajaba enfiló la calle Claudio Coello, a la altura del número 104 se encontraban dos hombres con monos de trabajo, en apariencia electricistas, que estaban dando los últimos detalles de lo que iba a ser una terrorífica explosión. Cuando faltaban escasamente dos minutos para las nueve y media de la mañana, el conductor del coche oficial accionó el mando del indicador de dirección para apartar de un utilitario Austin Morris, que obstruía el tráfico en la calzada. En ese instante el vehículo saltó por los aires, superando los veinte metros de altura hasta precipitarse en la terraza interior de un colegio de religiosos regentando por los Hermanos Jesuitas.
¿Dónde está el coche del presidente?
Después de efectuar una llamada a los servicios de emergencias en la que se alertaba de una potente explosión, cuyos efectos todavía se desconocían, nadie sabía en un primer momento que le había sucedido al coche del presidente del Gobierno. Únicamente uno de los religiosos que se hallaba en el interior del colegio y que había administrado el sacramento extremaunción a Carrero y sus acompañantes era conocedor de su destino. Pasaron veinte minutos o incluso más hasta que se supo que camino había tomado, llegando incluso a especularse con la posibilidad de que se hubiese sumergido en el socavón que había provocado la deflagración. Algunas personas que transitaban por Claudio Coello, así como los dos policías que iban en el vehículo que acompañaba al del presidente Carrero Blanco resultaron heridas, aunque ninguna de ellas de gravedad.
Fue precisamente un sacerdote quien descubrió donde se encontraba el vehículo, en cuyo interior se encontraba agonizante el número dos del régimen del general Franco, en tanto que el escolta que le acompañaba ya había perdido la vida, casi en el mismo instante en que se produjo la detonación de los explosivos. Al conductor aún se le percibía un hilo de vida, falleciendo pocas horas después en la residencia sanitaria Francisco Franco. Antes de llegar al hospital, el presidente del Gobierno exhalaba su último aliento, llegando ya cadáver, tal como lo certifica la propia autopsia.
En aquellos momentos de zozobra y desconcierto, se reflejaron claramente las deficiencias que sufría el país, pues no existía un servicio de emergencias organizado. Al lugar hubieron de acudir algunos soldadores y bomberos, que serían los encargados de excarcelar los cuerpos de las tres víctimas que se encontraban en el amasijo de hierros en el que se había convertido el vehículo oficial. Es a partir de entonces cuando se suceden las distintas teorías así como las hipótesis en torno a lo que verdaderamente pudo haber ocurrido, así cómo lo que habría podido fallar para que se produjese un atentado de tal calibre en un país, en el que, en teoría, «no se movía nadie».
Falsa explosión de gas
En un primer momento las principales líneas de investigación se dirigieron hacia una posible explosión de gas, teoría esta prácticamente inverosímil puesto que en aquel entonces no había gas ciudad en la zona en la que se produjo aquella terrible deflagración. Aún así, esa falsa explosión fue sostenida desde los distintos departamentos oficiales, negando hasta prácticamente la última hora del día que estaban ante un atentado terrorista, con el que nadie contaba ni mucho menos se imaginaba, máxime después de que desde la propia legación diplomática americana ya habían abundado con esta hipótesis tan solo una hora después del atentado. Es más, la propia Policía había descubierto el túnel por el que se habrían introducido los explosivos con los que saltó por los aires el vehículo en el que viajaba Carrero Blanco.
No sería hasta las siete de la tarde de ese mismo día, 20 de diciembre de 1973, cuando la única televisión existente en España en aquel entonces, TVE, confirmaba que se trataba de un «atentado criminal» que le había costado la vida nada más y nada menos que al presidente del Gobierno de la nación. Alrededor de las once y media de la noche, el presidente en funciones, Torcuato Fernández Miranda ratificaba oficialmente que la muerte de Carrero Blanco había sido a consecuencia de un atentado terrorista, cuando ya era dominio de totalidad de los españoles que así había sucedido.
La banda terrorista ETA reivindicaría el atentado en suelo francés a través de una rueda de prensa en la que ofrecía detalles acerca de la explosión. Mientras tanto, un clima de incertidumbre y, porque no decirlo, de miedo, se apoderaba de una gran parte de los españoles de la época, en cuya mente estaba todavía muy reciente el recuerdo de la Guerra Civil. Algunos temían una airada reacción del régimen contra algunos conocidos opositores, en tanto que otros sospechaban que se produjese un «autogolpe de Estado», o bien se implantase la Ley marcial.
¿Qué propició realmente el atentado?
Es una pregunta que lleva ya 50 años en el aire y nadie le ha dado respuesta. Se sabe que ETA fue la mano ejecutora, pero el interrogante que se plantea es de si recibió ayuda, bien interior o exterior, ya sea por acción u omisión. Al parecer, los terroristas que intervinieron en el atentado, Jesús Zugarramurdi, alias «Kiskur»,José Miguel Beñarán, alias «Argala» y Javier Larreategui, alias «Atxulo» estaban fichados por la Policía, además de cometer infinidad de errores que, en otros supuestos, hubieran llevado a su detención inmediata.
En el edificio en el que se produjo el atentando, un semisotano que no estaba en alquiler y alguien les informó a los etarras que allí había estado un escultor como último inquilino, pues su propietario no dejó de expresar su sorpresa cuando unos jóvenes fueron a alquilarlo. El vecindario llevaba ya un tiempo expresando sus quejas por el ruido y los estruendos que se producían en los bajos del inmueble, principalmente en horario nocturno. Sin embargo, sus quejas no fueron escuchadas por el Ayuntamiento de Madrid ni por tampoco ninguna otra autoridad. Igualmente, desde la Embajada de EE.UU., prácticamente lindante con el lugar de los hechos, se había informado de la existencia de unas obras en un edificio próximo, indicando que parecían estar construyendo un túnel.
Los errores y las negligencias no terminan sin embargo ahí. Uno de los hechos comprobados era la escasa protección de la que disponía el almirante Carrero Blanco, que era poco menos que testimonial. Tan solo un coche escolta en el que viajaban dos policías secretas, a lo que se suma sus rutinarios recorridos. Su vehículo hacía todos los días el mismo trayecto y a la misma hora. Incluso, el periodista Manuel Cerdán apunta a que ese itinerario no lo hizo el día 18, dos días antes de morir asesinado y para el que previsiblemente estaba previsto en un principio el atentado. Su entrevista con el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, quien estuvo de visita oficial en España por un breve lapso de tiempo, impidió que el plan se ejecutase 48 horas antes. Es más, el diplomático estadounidense abandonó nuestro país de forma precipitada, además de extrañarse de la escasa seguridad con la que contaba el mandatario español. Toda una incógnita.
Existen después algunos hechos que llaman singularmente la atención. Uno de ellos es que en las horas posteriores al atentado, cuando el Gobierno ya conoce de primera mano que el almirante ha sido asesinado, no se cierra la ciudad de Madrid, a fin de evitar que los terroristas puedan huir. A todo ello se añade que no sepracticani un solocontrolde carreteras en los accesos a la capital de España, lo que contribuye a incrementar la extrañeza entre quienes durante años han estudiado a fondo este trágico acontecimiento.
Colaboración de Francia
Otro aspecto que también resulta poco menos que increíble es que se rechace la detención de la cúpula de la organización terrorista que ha perpetrado el atentado. Tan solo 22 horas después de la explosión que ha acabado con la vida de Carrero Blanco, el Gobierno francés le ofreció al español la posibilidad de que se extraditasen a los miembros de la banda presentes en suelo galo, a quienes tenía perfectamente localizados. El entonces embajador español en el país vecino, Pedro Cortina Mauri, que posteriormente se convertiría en ministro de Asuntos Exteriores en el primer ejecutivo presidido por Arias Navarro, es el encargado de trasladar esta negativa a sus colegas franceses ante la estupefacción del diplomático y segundo de abordo en la legación diplomática española en París, José María Alvarez de Sotomayor.
Y otra decisión que muchos jamás terminaron de comprender, fue el nombramiento de presidente del Gobierno, en sustitución del asesinado Carrero Blanco, de Carlos Arias Navarro, hasta entonces titular del ministerio de la Gobernación, a quien correspondía la seguridad del Estado, y por tanto del presidente víctima del atentado de ETA. Es más, algunas fuentes llegan a sugerir que durante algún tiempo se especula que la banda terrorista emprenda alguna acción contra el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, el director general de la Guardia Civil, general Iniesta Cano, o contra el presidente del Ejecutivo. A los dos primeros se les refuerzan las medidas de seguridad, al tercero se dejan como estaban, con una escolta simbólica, cuando no testimonial. Lo cierto es que nadie se interesó por su debida protección.
En medio siglo se han sucedido muchas teorías, denominadas de la «conspiración», que no han sentando bien en algunos círculos, que se niegan radicalmente a admitir otros postulados y se inclinan en que los autores del crimen fueron únicamente aquellos terroristas vascos, hoy en día todos ellos fallecidos, uno de ellos «Argala», después de que una bomba explotase en los bajos de su coche en el sur de Francia, lo que también resulta cuando menos sospechoso. Quizás fue asesinado para acallar para siempre su voz. Mientras, «Atxulo» y «Wilson» morían como consecuencia de sendos cánceres en los años 2007 y 2008, el segundo después de que dejase caer en algunos medios de comunicación que la banda que él dirigía no había actuado sola en el invierno de 1973.
Igualmente resulta sospechoso el material empleado para hacer volar el coche oficial, pues se trataba de un explosivo de guerra, conocido como C-4, que en aquel entonces solo disponía del mismo Estados Unidos. Fueron un total de 75 kilos los empleados en el atentado, como para reventar un tren, suficientes para asegurarse de que su acción alcanzaba los objetivos propuestos y mucho más. ¿Cómo se hicieron los terroristas con una metralla tan específica que nunca antes habían empleado y que jamás han vuelto a utilizar? Es aquí donde supuestamente surge la sombra de la CIA, a pesar de que Carrero era un hombre muy afín a los americanos, el más firme partidario de mantener sus bases en territorio español, si bien es cierto que no a cualquier precio, lo que no habría sido aceptado de muy buen grado en el Pentágono.
Son demasiadas las preguntas las que han quedado sin respuesta a lo largo de este medio siglo desde que pereciera en atentado terrorista el hombre fuerte del régimen franquista desde los años cincuenta, el fiel colaborador y servidor del dictador, cuya vida se extinguiría tan solo 23 meses más tarde, aunque con la muerte de su hombre de confianza se iniciase definitivamente la cuenta atrás del régimen instaurado casi 40 años antes. Probablemente, esas incógnitas queden sin respuesta o cuando menos se halle un argumento que satisfaga a la mayoría. Y es que los magnicidios, ya se sabe, los carga el diablo. En poco más de un siglo en España se produjeron un total de cinco. Del acontecido en 1870, contra el general Prim, ocurre lo mismo que con el de Carrero, todavía siguen existiendo muchos enigmas y eso que ya han transcurrido más de 150 años.
La Villa de San Juan de la Arena se vio tristemente sacudida por un doble crimen en el año 2004
No cabe ninguna de que estamos ante uno de los más bellos y vistosos parajes de la costa cantábrica, en la que unos singulares meandros de los últimos tramos de la ría del Nalón hacen del lugar uno de los más hermosos y espectaculares, siendo un generoso regalo para la vista de quien se acerque a la geografía asturiana. Sin embargo, esta singular y preciosa villa, que es San Juan de la Arena, situada a 15 kilómetros al oeste de Gijón en el municipio de Soto del Barco, se vería tristemente abatida por un hecho luctuoso en el invierno del año 2004, cuando un mozo que todavía era menor de edad dio muerte a dos personas de avanzada edad cuando entró a robar en el domicilio de sus víctimas.
Alrededor de las diez y cuarto de la mañana del primero de febrero de 2004, como era costumbre en la asistenta que ayudaba a los ancianos, se vio sorprendida al observar la puerta trasera abierta y las luces encendidas en el número 70 de la calle río Nalón a la que acudía con regularidad. Gritó reiteradamente por los ancianos, sin obtener respuesta. Además, pudo contemplar horrorizada como había un cuchillo, un hacha y un martillo ensangrentados, por lo que inmediatamente llamó a la Guardia Civil ante las sospechas de que algo muy grave había acontecido en aquel domicilio.
Muertos a hachazos
Tal como había sospechado la asistenta, efectivamente se encontraban ante un hecho inusual en la zona y, por si fuese poco, trágico y macabro. En una pequeña sala en la primera planta de la vivienda se halló el cuerpo sin vida de Manuel Álvarez Fernández,de 87 años, tirado en medio de un gran charco de sangre, con múltiples heridas de arma blanca y contusiones, que le habían afectado principalmente al pulmón y al corazón, que le habían ocasionado la muerte. Su hermana, Isabel Álvarez Fernández, un año mayor que él, estaba sobre su cama cosida literalmente a navajazos, además de presentar dos golpes en la cabeza, posiblemente propinados con un martillo.
Nadie dudaba ya de que se encontraban ante un horroroso y sanguinario crimen, cuyo móvil había sido el robo, a pesar de que los ancianos no guardaban dinero ni tampoco objetos de valor en su domicilio. Si bien es cierto que ambos gozaban de una posición económica desahogada, gracias a los muchos años de trabajo y esfuerzo, pues él, Manuel, había sido el encargado de una fábrica de conservas y salazones, en tanto que la mujer había estado al cargo de la tienda de ultramarinos que había regentado la familia durante bastantes años, por lo que eran muy conocidos en todo el término municipal. Los fallecidos tenían otro hermano mayor, que en aquel entonces superaba ya los 90 años.
Las primeras pesquisas llevaron a la Guardia Civil a la detención de un joven de 20 años, así como a la investigación de otros siete muchachos de la comarca por si estuviesen implicados en este sangriento episodio que consternó profundamente a toda Asturias. Las indagaciones revelaron que ninguno de ellos tenía nada que ver en el doble crimen en el que habían sido asesinados dos ancianos, por lo que el detenido sería puesto en libertad a las pocas horas.
Detención de un menor
Al día siguiente de haberse producido el doble crimen, la Benemérita resolvía satisfactoriamente el caso con la detención de un chaval que, en aquel entonces, contaba con tan solo 17 años de edad, que respondía a las iniciales de J.L.F.I., quien confesaría el doble crimen, así como también se confirmaría el móvil del robo como la principal causa de ambos asesinatos. Su detención sorprendió en cierta medida al vecindario de la zona, principalmente por la juventud del asesino, quien pasaría a disposición del Juzgado de Menores.
Al tratarse de un menor de edad, la ley no contempla que sea sometido a la justicia ordinaria, por lo que la pena impuesta levantó cierta desazón entre algunos sectores. El fiscal solicitaba, en un principio, 16 años de internamiento, ocho por cada uno de los crímenes, que se vería reducida a tan solo ocho años de estancia en un centro de reeducación, lo máximo que contemplaba la legislación vigente en ese momento.
Cuatro años más tarde, en 2008, el precoz asesino de San Juan de la Arena, accedería al régimen abierto, de semilibertad, cuando ya contaba 21 años de edad. El fiscal sostenía que el muchacho había mostrado un buen comportamiento a lo largo de la primera etapa en la que estuvo ingresado, además de recordar que el joven criminal había padecido una dura infancia en el seno de una familia completamente desestructurada. Igualmente apuntaba a que tras aquel régimen del que gozaba, también estaría en libertad vigilada los años subsiguientes a su puesta definitiva en libertad.
Los hechos ocurrieron en la antigua Carretera de Francia
Fue uno de los sucesos más impactantes de la época de la Segunda República española en la que se prodigaban los episodios sangrientos protagonizados por cuestiones políticas, aunque también sucedían otros hechos que muchas veces eran oscurecidos por la abundante actualidad sociopolítica de la convulsa década de los años treinta del pasado siglo. Era este un tiempo en el que en España se había suprimido la pena capital, por lo que había cierta sensación de una mayor liberalidad en un país que tampoco era ajeno al agitado clima que se vivía en el resto de Europa.
Los resentimientos nunca fueron buenos compañeros de viaje, máxime si van acompañados de infundados y enfermizos celos, que no pocas veces han provocado sangrientas tragedias, algunas que dejaron una huella indeleble a pesar del tiempo que ha pasado. Uno de estos trágicos acontecimientos tuvo lugar en la mañana del día 11 de abril de 1933, siendo su escenario la antigua y mítica Carretera de Francia a su paso por tierras aragonesas.
Aquella jornada una camioneta partió desde la localidad maña de Ariza con destino a la alcarreña de Maranchón. En el vehículo viajaban cuatro personas, dos mujeres y dos hombres. Las féminas eran las hermanas Gabina y Mercedes Sánz, de 26 y 17 años respectivamente, a quienes acompañaban un familiar, Miguel Sendejas y el propio conductor del automóvil. Cuando ya se encontraban en camino un joven Joaquín Pérez Aguarón, les conminó a que se detuviesen con el objetivo de trasladarlo a una finca suya que se encontraba a cierta distancia de Ariza. Sin ningún inconveniente accedieron a las peticiones del muchacho, que había sido novio de Mercedes, y hacia quien sentía un cierto resentimiento jamás superado.
A tiros
En un momento dado, antes de llegar a la finca a la que supuestamente debía de trasladarse Joaquín, este instó al conductor a que detuviese el automóvil, a lo que accedió. En ese preciso instante, el hombre que había solicitado desenfundó una pistola, al tiempo que en otra mano esgrimía un puñal de considerables dimensiones. Al observar su actitud hostil, las dos muchachas profirieron gritos de auxilio, en tanto que Miguel Sendejas lo instaba a que depusiese su actitud. Aunque, nada más lejos de su intención.
Al descender todos los ocupantes del automóvil, aquel hombre, que quizás hubiese perdido su alma y también algo más, comenzaría su ritual de sangre. Realizó tres disparos que alcanzaron mortalmente a Miguel, quien quedó tendido en un margen de la carretera. La segunda víctima sería Gabina Sanz, a quien un certero tiro acabó con su vida prácticamente en el acto al atravesarle el corazón.
Ante el desolador y aterrador panorama que estaba presenciando, su ex novia, que se negaba a reiniciar la relación sentimental que habían mantenido durante años, profirió gritos recriminándole su inexplicable actitud. Sin embargo, sus palabras de nada servirían, ya que Joaquín estaba dispuesto a llegar muy lejos, pero con el peor destino posible. Contra esta última efectuó dos disparos, que no terminaron con su vida en primera instancia, por lo que decidió rematarla asestándole varias puñaladas que terminarían con su vida con tan solo 17 años de edad.
A los pocos momentos de haberse perpetrado el triple crimen, por el mismo punto en que se había producido pasó un matrimonio a bordo de otro autómovil, que mostró su lógico horror por el aterrador panorama que estaba contemplando y le comunicó al criminal que iba dar cuenta de lo acontecido a la Guardia Civil. Sin embargo, el autor de las tres muertes amenazó con hacerles lo mismo que a las tres víctimas mortales, por lo que decidieron proseguir su ruta, es de suponer que muy horrorizados, compungidos y aterrados por lo que habían presenciado.
Tras cometer el triple crimen Joaquín Pérez Aguaron decidió regresar a su domicilio de Ariza, donde aguardó pacientemente la llegada de los agentes de la Guardia Civil, quienes le detuvieron sin oponer ningún tipo de resistencia. Cuando se encontraba detenido en las dependencias de la Benemérita, en las inmediaciones se congregó una gran multitud de vecinos que instaban a los guardias a que les dejasen al asesino para lincharlo.
60 años de cárcel
Joaquín Pérez Aguaron fue juzgado en la Audiencia Provincial de Zaragoza en abril de 1934. En aquel instante se hallaba suspendida la pena capital en España, por lo que fue sentenciado a un total de 60 años de prisión, acusado de tres delitos de asesinato, además de hacer frente a una fuerte compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
Al triple criminal de Ariza se le perdería la vista a partir de la Guerra Civil española, al igual que a muchos otros que se enrolarían en alguno de los dos bandos contendientes en el conflicto que desangró a España de norte a sur y de este a oeste, demostrando en algún caso una vez más su saña y su terror, los mismos motivos por lo que se encontraban cumpliendo sus respectivas penas.
Caseta en la que «El Rabazo» perpetró su triple crimen
Tiempos muy duros para todo el mundo aquellos años veinte del siglo pasado, recién terminada la Primera Guerra Mundial. España se sumía en una profunda crisis política derivada de la conflictividad social y la interminable Guerra de África, que se estaba convirtiendo en una sangría de la que solo se beneficiaban los altos cargos militares con sus ascensos, mientras en aquel inútil conflicto perecían millares de jóvenes de toda la geografía española sin saber a cuento de qué luchaban. Solamente se sabía que de por medio estaban los intereses del Conde de Romanones, todo un personaje de la época en la España de entonces.
En medio de ese enrarecido clima en el país seguían ocurriendo sangrientos episodios que llegarían hasta nuestros días gracias a la transmisión oral que se ha hecho de unas generaciones a otras. Uno de los más crueles y significativos ocurriría en el norte de la provincia de Sevilla el primero de mayo de 1920, que daría pie a un dicho que todavía se escucha con demasiada frecuencia en Cazalla de la Sierra, lugar donde tuvo lugar el horrible crimen, y en prácticamente toda la Sierra Norte de Sevilla. «Anda que eres más malo que el Rabazo» -reza el tradicional dicho en alusión al hombre que terminaría con la vida de la guardabarrera, Carolina Cortés y sus dos hijas.
Antonio Martínez Hernández, alias «Rabazo» era un joven trabajador del campo, probablemente un pobre hombre en el pleno sentido de la expresión, tal vez agobiado por el hambre y las necesidades extremas de la época, que un buen día o en este caso en una negra y pésima jornada perpetraría un triple crimen que ha pasado a los anales de la historia negra, tanto de Andalucía como de España.
«Ganas de matarla»
Así se expresó este curioso personaje en la declaración hecha ante la Guardia Civil cuando les relató de forma pormenorizada el triple crimen que perpetró aquel día del mes de mayo de 1920. Aseguró que conocía a Carolina Cortés desde que era una niña, pero que la jornada de autos sintió ese irrefrenable deseo criminal, aunque durante el juicio se le acusaría de haber cometido los tres asesinatos para apropiarse de los ahorros -la nada desdeñable cantidad de 350 pesetas para la época- que guardaba la mujer, guardabarreras de profesión, al tiempo que era conocedor de la ausencia de su marido en aquel aciago día de primavera.
Según el relato que hizo ante la Benemérita, el «Rabazo» acometió por las espaldas a la mujer cuando se hallaba regando plantas en un huerto. Armado con un cuchillo le asestó una puñalada, de la que la guardabarrera logró reponerse. Es en ese momento en el que se entabla una feroz y atroz lucha entre ambos en la que el asesino continuó asestando puñaladas a su víctima sin cesar. A pesar de las graves heridas que presentaba, Carolina logró zafarse momentáneamente de su agresor, aunque finalmente caería ya exánime en las inmediaciones de la caseta en la que vivía. El criminal terminaría su macabra obra propinándole un último golpe en la cabeza con un peñasco.
A los gritos proferidos por su madre acudió su hija mayor, quien se abrazó de forma desconsolada a su cuerpo sin vida, momento que fue aprovechado por el «Rabazo» para coserla literalmente a cuchilladas al igual que había hecho con su progenitora. El asesino se percató también que en una cuna dormía la menor de las criaturas de la guardabarrera, a la que asestó una única y mortal cuchillada que terminó con su vida prácticamente en el acto.
Cuando terminó con la vida de la mujer y las dos niñas, Antonio Martínez huiría del lugar con destino a Guadalcanal, su lugar de origen y en el que sería detenido en una «casa de mala reputación», tal como la define la prensa de la época. Tras ser detenido, estuvo a punto de ser linchado por la multitud, indignada ante tan aberrante y escabroso suceso. Al parecer, el triple asesino prorrumpiría en sollozos cuando estaba relatando el suceso que había protagonizado. «Era muy buena la pobrecita», «Pobrecitas las niñas cuanto lloraban», fueron algunas de las expresiones que quedaron para la posteridad de un oscuro y terrible suceso que ha dejado su impronta hasta nuestros días, a pesar de que ha transcurrido más de un siglo.
Pena de muerte
La pena capital se aplicaba entonces con una gran laxitud. Parece que este caso estaba bastante claro que iba a ser así, aunque se perdonaron algunos hechos crueles y sangrientos en los que estaban implicados sindicalistas anarquistas de aquella época. Desde un principio, los magistrados lo tuvieron bastante claro. El fiscal solicitó la pena de muerte y cadena perpetua, además de una indemnización de 10.000 pesetas para el marido y padre de las víctimas en el transcurso del juicio celebrado a en diciembre de 1922 en la Audiencia Provincial de Sevilla.
El día 6 de diciembre se hacía pública la sentencia en la que se condenaba a Antonio Martínez Hernández a la pena de muerte, acusado de tres delitos de homicidio y otro de robo, con las agravantes de alevosía, superioridad y allanamiento de morada, quedando claro que el móvil del triple crimen había sido el robo. Prácticamente nadie ponía en duda la suerte que correría aquel sujeto de mirada fría e inexpresivo rostro que no parecía mirar hacia ninguna parte. Quedaba únicamente el habitual recurso al Tribunal Supremo o la posible gracia del indulto por parte del Consejo de Ministros.
Para evitar que el «Rabazo» pereciese en el cadalso se movilizaron algunas fuerzas vivas de la ciudad de Sevilla, entre ellas su alcalde Agustín Vázquez Armero, así como el arzobispo Eustaquio Illundáin y Esteban, que hacían votos por la vida de un triple asesino. Sin embargo, sus buenas acciones no encontraron la buena acogida del Gobierno de la Nación, nacido del pronunciamiento de Primo de Rivera en 1923, que pretendía dar un ejemplo de mano dura ante el caos que habían provocado algunas revueltas anarquistas y el descontrol del orden público.
El criminal que se hizo tristemente célebre en mayo de 1920 subiría al patíbulo a primeras horas de la mañana del día 7 de febrero de 1924, apagándose definitivamente su existencia en plena juventud pocos minutos después de las ocho de la mañana. A partir de ahí se iniciarán una serie de leyendas e historias de terror con las que asustar a los más pequeños, así como expresiones y locuciones que han llegado hasta nuestros días, entre ellos el célebre dicho de «Anda que eres más malo que el «Rabazo».
