Los hechos sucedieron en la barcelonesa calle Joan Güell, en barrio de Las Corts
Los problemas económicos suelen estar detrás de muchos hechos luctuosos que se registran a lo largo y ancho de toda la geografía española. Situaciones estresantes que no terminan por superarse conducen a sus autores a decisiones extremas que en muchas ocasiones se llevan la vida de inocentes por delante o directamente de otros que nada tienen que ver con el difícil embrollo en el que se hallan inmerso un individuo, aparentemente sensato, que un buen día decide cortar por lo sano de la forma más radical el agobiante trance que está sufriendo.
En el año 1993 España atravesada una complicada coyuntura económica que había desembocado en una crisis económica tras los fuegos artificiales que se habían lanzado en 1992 con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, un evento que dejaría muy dañadas las arcas públicas debido a su escaso o nulo rendimiento. A consecuencia de ello muchas empresas derivaron en situaciones críticas que les llevaron a cerrar sus puertas, amén de generarse uno de los peores escenarios económicos en los últimos 30 años de aquel entonces.
Entre quienes más sufren los efectos de los vaivenes económicos se encuentra el pequeño empresariado, que en muchas ocasiones se ve abocado al cierre de sus negocios, cuando no se ve sometido a duros e inhumanos embargos que terminan definitivamente por asfixiarlo. Uno de esos empresarios que no había podido soportar la sacudida financiera de aquel momento era Arturo Vila, quien regentaba, junto a unos socios un taller en la barcelonesa calle de Joan Güell, en el archiconocido barrio catalán de Las Corts.
De forma premeditada
Fruto de la tensión que había acumulado a raíz de los graves problemas económicos que lo acuciaban, Arturo Vila, que contaba 53 años de edad, decidió que tenía que terminar de una vez por todas con el agobio constante que sufría tanto de sus propios socios como de las entidades financieras que reclamaban el pago de las cantidades adeudadas. Sin embargo, Arturo, tal vez cegado por la inquina del momento, también había decidido que a quienes más quería, su esposa e hijos, no podían ser ajenos a su drama. Si se quiere tampoco debían sufrir los avatares de un mundo que no le permitía respirar económicamente.
Para terminar con todo aquello, urdió un plan de manera premeditada para deshacerse de lo que le rodeaba, en lo que se ha dado en denominar «suicidio ampliado«. En su casa disponía de una escopeta de caza que se iba a convertir en el arma homicida con la que pondría fin a la vida de sus seres queridos y a la suya propia. Previamente, había redactado una nota manuscrita en la que acusaba a sus socios de haberle llevado a la ruina.
La hora exacta del crimen parece ser que pudo coincidir con la madrugada del día 7 de junio de 1993, pues algunos vecinos se despertaron al escuchar las detonaciones de la escopeta. Unos estudiantes que vivían en un piso próximo a donde se produjo la tragedia confundieron los disparos con petardos, que atribuyeron a militantes socialistas, pues en la jornada del domingo, día 6, se habían celebrado Elecciones Generales que habían deparado la última victoria electoral de Felipe González.
Las suposiciones del vecindario eran erradas. Lo que realmente había ocurrido era un triple crimen al que le había seguido un suicidio. Los hechos se desarrollaron de una forma muy rápida, pues Arturo Vila había disparado directamente a la nuca de su esposa, Ana Pérez, de 48 años, de edad. La misma muerte habían llevado sus hijos Jordi, de 22 años y Jaume, de 17, como si desease que ninguno de aquellas personas sufriese lo más mínimo.
Un tiro en la boca
Para terminar con su vida, Arturo Vila también recurriría a la vía más rápida posible. Con la misma arma con la que había dado muerte a su esposa e hijos se pegaría un tiro en la boca que lo dejaría seco prácticamente en el acto. Tanto el criminal como su esposa habían trabajado en un taller de maquinaria, similar al que eran titulares, en la misma calle. Su hijo mayor trabajaba en el negocio familiar, en tanto que el más pequeño se encontraba cursando tercero de BUP en el colegio religioso de los Hermanos Maristas.
Los cuerpos sin vida, en un tétrico escenario que la sobrecogería, serían encontrados a las diez de la mañana del día 7 por la criada que trabajaba al servicio de la familia. Cuatro cadáveres con evidentes señales de violencia en medio de grandes charcos de sangre, lo que llevaría el estupor y la consternación a la Ciudad Condal que sufría las trágicas consecuencias de un drama familiar provocado por la angustiosa situación económica que atravesaba un empresario, quien supuestamente lo había perdido todo. Hasta la esperanza.
El doble criminal perpetró uno de sus asesinatos en Alicante
Sucedía en la España de la década de los cincuenta. Aquel país todavía atávico y atrasado que parecía quedarse al margen de lo que sucedía en Europa. Es de suponer el escándalo que causaría en los círculos cercanos este suceso, aunque en aquel entonces la difusión de ciertas noticias estaba demasiado restringida. Muy especialmente aquellas que afectaban a lo que comúnmente se denominaba «moralidad pública», que abarcaba un amplio espectro de informaciones.
En los primeros días del mes de agosto de 1959 la Policía detenía en las inmediaciones de la capital alicantina a Francisco Giner Arias, un hombre que frisaba ya los 60 años de edad, cuyos antecedentes delataban su oscuro pasado. Se había casado muy joven con Carmen Esteve, de quien había enviudado dejando una vasta prole de nueve hijos. Aún así, aquel hombre ya maduro seguía buscando nuevas relaciones, pero con una finalidad completamente distinta. No le interesaba una relación estable y duradera, sino que antes de comprometerse en matrimonio exigía a sus futuras esposas que inscribiesen los bienes que poseían a su nombre.
En 1954 Francisco Giner, nacido en la localidad cántabra de Santoña, contrajo sus segundas nupcias con una mujer catalana en Barcelona. Se llamaba Montserrat Villegas Pina, conocida como «La Raquel», a quien la prensa de la época definía como «mujer de pésimos antecedentes, pero de gran fortuna». Era esto último lo que le interesaba a su prometido, pues consiguió de ella que inscribiese a su nombre tanto las propiedades como el dinero que poseía, que se elevaba a más de medio millón de pesetas de hace ya siete décadas, una gran fortuna sin duda alguna.
«La Raquel» fallecería al poco tiempo de casarse con Francisco Giner después de haber ingerido grandes dosis de veneno, aunque en este punto no está claro de todo, ya que algunas fuentes señalan a que murió a consecuencia de la ingesta masiva de barbitúricos. A partir de la muerte de su segunda esposa iniciaría un periplo que le llevaría a distintas ciudades españolas, francesas y del norte de África, siendo reclamado por la policía de Barcelona por haber herido de un disparo a otro individuo en una reyerta.
Segundo asesinato
Tras haberse salido con la suya en un primer momento, este crápula volvería a las andadas muy poco tiempo después. En aquel mismo año se instalaría en una finca denominada «Casita Lozano», en la costa mediterránea. De nuevo, en compañía de su hijo Gonzalo Giner, conseguiría atraer a otra mujer, Salud Pérez Bernaola, conocida como «Salud, la millonaria», pues se estimaba que su patrimonio rondaba el millón de pesetas de la época, una auténtica fortuna.
Lo que desconocía quien se iba a convertir en su segunda víctima eran el nefasto pasado de su supuesto enamorado. Esta mujer, al igual que había hecho la anterior, también inscribiría su patrimonio a nombre de Francisco Giner Arias, quien en compañía de su hijo la obligarían a tomar una pócima letal compuesta por ácido sulfúrico que terminaría por provocarle la muerte. No obstante, a raíz de este segundo deceso la Policía comienza a efectuar las oportunas indagaciones y descubre que ninguna de las dos muertes son casuales. Detrás de las mismas se halla un «viudo negro» que siempre anda con muy malas intenciones.
En medio de una gran confusión y el lógico escándalo y estupefacción generalizada, en los primeros días de agosto de 1959 es detenido en su finca en compañía de su hijo. Las autoridades de entonces evitan que se divulguen noticias en torno al hecho, tanto por el resguardo de una supuesta moralidad como por los efectos nocivos que puede tener para un sistema que presume de paz y tranquilidad, haciendo del orden su principal y quizás única bandera.
60 años de cárcel
En medio de una gran expectación, inevitable por la repercusión de ambos crímenes que hoy se englobarían dentro del ámbito de la violencia machista, se celebra a mediados de octubre de 1960 el juicio contra Francisco Giner Arias y su hijo Gonzalo Giner. Por el salón de vistas de la Audiencia Provincial de Alicante pasarán un total de 64 testigos, lo que viene a dar una idea de la magnitud alcanzada por este suceso.
Francisco Giner sería condenado a dos penas que sumaban 60 años de prisión mayor, en tanto que su hijo Gonzalo, acusado como cómplice sería sentenciado a cumplir 20 años de arresto mayor. Ambos debían indemnizar de forma conjunta y solidaria con 200.000 pesetas a los herederos de sus dos víctimas. Por supuesto, la herencia de los bienes quedaba totalmente anulada, así como otros actos jurídicos subsidiarios que se derivasen de los mismos.
En este suceso, paralelo a otro hecho mucho más conocido en la época, como era el caso de «la envenenadora de Valencia» sobresale la doble vara de medir de la Justicia, pues en el caso de Pilar Prades la justicia actuaría con mucho mayor severidad que en el de Giner Arias, que, si bien es cierto que terminaría admitiendo los crímenes, no es menos cierto que dejó más víctimas que su homóloga valenciana. Cosas de la justicia.
Guerrita, en la imagen, fue uno de los toreros que intervino en el cartel de la feria cordobesa de 1890
No cabe ninguna duda que fue un crimen para la historia. De los que marcan una época. Su autor se llevó por delante la vida de cinco personas, dos de ellos niños de muy corta edad, a los que tenía que matar pues «los niños tienen lengua como los mayores y cuentan las cosas». Así se lo explicaría el autor del quintuple crimen, José Cintabelde Pujazón que conmovería profundamente a la ciudad de Córdoba en mayo de 1890. Este suceso quedaría íntimamente vinculado al mundo de la tauromaquía debido a que su autor había robado a una familia -a la que daría muerte en su práctica totalidad- para poder presenciar la corrida de la Feria de la Salud a la que acudían tres de los más afamados matadores de la época: ««Espartero», «Guerrita» y «Lagartijo».
La historia de este trágico suceso comienza a escribirse a primera hora de la tarde de aquel ya muy lejano 27 de mayo de 1890 cuando un agricultor que respondía al nombre de Braulio se dirige al Cuartel de la Guardia Civil de la capital cordobesa visiblemente excitado, desencajado y titubeante en sus palabras, acertando a decir que «todos están muertos, todos». Los agentes que están prestando el servicio tratan de calmarlo, al tiempo que avisan al teniente Paredes, que va a ser la figura clave en la resolución de este caso.
Montados en caballos se dirigen a la finca «El Jardinito». Tal como les había relatado el denunciante se encuentran en un primer momento con el cuerpo de José Bello con un disparo en el pecho. A unos pocos metros más de distancia localizan el cadáver del arrendador del predio Rafael Balbuena en las mismas condiciones. La última persona adulta muerta es Antonia Córdoba, quien todavía conserva un soplo de vida y llegan a escuchar unas balbuceantes palabras entrecortadas en las que aciertan a escuchar «Cintas verdes» o eso deducen. El teniente ya tiene un hilo del que tirar, pero todavía les queda lo peor por ver.
Dos niñas brutalmente degolladas
Si el panorama le había horrorizado, la escena que le queda por contemplar al teniente Paredes no es precisamente agradable. El cabo que le acompaña lo llama para que contemple aquella dantesca estampa en la que dos niñas aparecen brutalmente degolladas. Son las hijas de la casera, Antonia y su marido, quien se encuentra en la feria, que cuentan con tan solo tres y seis años respectivamente. A todo ello se añaden los llantos desolados que salen de una tinaja pertenecientes a la más pequeña de las criaturas, que ha salvado la vida milagrosamente. La niña acierta a pronunciar unas palabras que son similares a las de su progenitora asesinada y que allanarán el camino de cara a la resolución de aquel brutal crimen. «Cinta verde malo» -llega a pronunciar la pequeña. Llegan a la conclusión de que lo de «cinta verde» probablemente obedezca al mote del autor de la masacre.
Revisan la vivienda y encuentran prácticamente todo en orden, salvo el dormitorio del matrimonio, cuyos cajones de los armarios han sido desvencijados. Allí hay un pequeño arcón que todo indica que es para guardar dinero. El experimentado teniente Paredes llega a la conclusión que el autor de los asesinatos son personas que conocen la vivienda, así como sus costumbres, pues está enterado que el patrón de la casa se encuentra en la feria cordobesa. También asocia la matanza con la monumental corrida de toros que se celebra esa tarde en la capital del toreo por excelencia.
Su olfato profesional le lleva a la conclusión que el asesino se encuentra entre los más de 10.000 aficionados que esa tarde se darán cita en la antigua Plaza de toros de los Tejares. Les dice a sus hombres que pregunten por un tal «Cinta verde o Cintas verdes» e inopinadamente obtiene sus frutos casi de inmediato. Allí se encuentran con sus colegas de la Guardia Municipal cordobesa, a quienes les preguntas si conocen al sujeto en cuestión. Uno de los agentes de este cuerpo les responde que con ellos ha trabajado Pepillo Cintabelde, a quien define como un crápula que ha sido expulsado de la policía local por ladrón.
Después de facilitarles su dirección, se dirigen a una humilde vivienda que comparte en compañía de una mujer con la que convive amancebado, denominación costumbrista de la época. La compañera de Cintabelde les explica que se ha ido a los toros, que ni siquiera ha querido comer. Al registra la casa encuentran una camisa y un pantalón manchados de sangre, así como un pistolón burdamente escondido, que huele a pólvora debido a que ha sido empleado hace poco tiempo. No hay ya duda alguna que se encuentran en el camino correcto. La detención del asesino es cuestión de muy pocas horas.
De uno en uno
El dato facilitado por la Guardia Municipal resultará trascendental para la resolución del caso. Paredes le explica lo sucedido al Gobernador Civil y le pide que al final de la corrida salgan los espectadores de uno en uno del coso taurino para apresar al criminal. Así se hace, aunque con las lógicas molestias para todos los que se han congregado en el espectáculo. Finalmente, José Cintabelde es detenido y conducido al Cuartel de la Guardia Civil.
En un principio muestra sus resistencias en los interrogatorios que le practican los miembros de la Benemérita, pero finalmente acaba derrumbándose y se declara el autor del terrible crimen que sacude los cimientos de la Ciudad de las Tres Culturas. El olfato profesional del teniente Paredes no le han engañado. El quíntuple criminal declara que aquella mañana se había dirigido a la hacienda «El Jardinito» y le había pedido dinero para los toros a Antonia Córdoba, quien se lo había negado, por lo que decidió matarla para hacerse con el dinero. Asimismo ha liquidado al guarda jurado y el arrendatario para no dejar testigos de lo ocurrido.
Muy afectado por la dantesca escena de las muertes de las dos pequeñas degolladas, Paredes, un hombre rudo y con bastante temple, no quiere quedarse con las ganas de saber porque aquel despiadado asesino les había dado muerte. Su respuesta chulesca y desafiante es bastante frívola cuando no patética y traumática. «Como tienen lengua como los mayores, también tenía que eliminarlas». Esta expresión define a las claras ante que clase de sujeto se encuentran los agentes, acostumbrados a lidiar con los peores energúmenos de la sociedad.
Cinco penas de muerte
Sin ninguna posibilidad de salir airoso de aquel trance, en el mes de noviembre de 1890, Pepillo Cintabelde se enfrenta a un juicio en el que las cartas parecen estar marcadas de antemano. Aún así se muestra otra vez chulesco y retador, dando muestra de un carácter arrogante y pendenciero. Sin embargo el día 26 de la penúltima treintena de aquel año recibe la noticia de que ha sido condenado a cinco penas de muerte. Es entonces cuando se percata de la verdadera gravedad del gran crimen que ha protagonizado y sufre un desvanecimiento. Le quedan todavía algunos recursos ante el Supremo o la gracia del Consejo de Ministros.
En esta ocasión ninguno de los dos organismos muestran piedad alguna con un hombre que ha desconcertado y descorazonado a los siempre tranquilos y pacíficos habitantes de Córdoba, que han sido testigos del peor crimen que ha vivido la ciudad a lo largo de su dilatada historia. El brutal asesino subirá antes de la llegada del verano al patíbulo. Mientras tanto, recluido en el Alcázar de los Reyes Cristianos, comienza una nueva vida llena de misticismo y entregado a la religión católica, manifestando el arrepentimiento por la brutalidad que ha sembrado entre sus convecinos.
El día 6 de junio de 1891Pepillo Cintabelde será ejecutado en presencia de numeroso público en la cordobesa Puerta de Sevilla, donde se ha instalado el patíbulo que pondrá fin a su corta y mísera existencia. Con tan solo 28 años el verdugo de la Audiencia Territorial de Sevilla, conocido como «El tío Pepe», apretará el manubrio del collarín del tétrico garrote vil que le oprimirá definitivamente el cuello en torno a las nueve menos cuarto de aquella primaveral mañana que anticipaba un tórrido verano. Se iba un crápula, pero mal que nos pese era un ser humano a pesar de lo incalificable que fue su horrorosa matanza.
El autor del doble crimen se entregó ante la Brigada de Investigación Criminal de Barcelona
Eran los años del malvivir y de la dura posguerra que se eternizaba. Se recurría a todo o prácticamente a todo lo que estaba a mano. Incluso, al sudor ajeno. Estanislao Zarzoso Pérez, de 53 años, era un ciudadano de tantos de este país que subarrendaba viviendas a terceros, aunque este sector, y mucho más en aquellos duros tiempos, siempre presentaba las dificultades de los morosos o de otros que directamente no pagaban. Los conflictos estaban a la orden del día y cuando menos se lo pensaba se encontraba con personajes de dudosa moralidad e irregular conducta.
En la barcelonesa calle de la Creu dels Molers, en el número 64, Estanislao disponía de un piso que había alquilado a comienzos del año 1952 a la pareja formada por Juan BurrianoPardo y su esposa, Bernarda Esteve Cuéllar, que rondaban ambos los cuarenta años de edad. El matrimonio mostró sus malas artes desde el inicio de la convivencia en aquella vivienda. La demora en los pagos estaba a la orden del día, así como los insultos y amenazas contra su casero, quien se encontraba literalmente harto de una convivencia que para nada era ejemplar.
El subarrendador ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos decidió por su propia cuenta poner fin a aquella situación, conminándoles a abandonar el piso que ocupaban, pues no estaba dispuesto a seguir sufriendo una situación que se había vuelto insostenible, pero sus inquilinos se negaban. Para ello, recurrían a las amenazas y a las agresiones, llegando a esgrimir navajas contra el propietario, quien se encontraba ya en una situación límite.
Escopeta de caza
El día 27 de julio de 1952, Estanislao Zarzoso rechazó la posibilidad de que Juan y Bernarda continuasen en la finca que el tenía realquilada, aunque se negaron con muy malos modos. En esta ocasión, el gestor inmobiliario iba provisto de una escopeta de caza con el afán exclusivo de intimidarlos, según declararía en el transcurso del juicio, pero no con ánimo de darles muerte.
Desgraciadamente los acontecimientos se precipitaron de una forma un tanto brutal y en esta ocasión Estanislao perdió los nervios, tal como declararía ante la Policía y testificarían los agentes, e hizo uso del arma que portaba consigo. Disparó contra sus dos inquilinos sin pensárselo dos veces a la cabeza de ambos. Presa de la tensión, tal y como se encargaría de demostrar la autopsia, se ensañaría con Juan y Bernarda hasta el punto de romper la escopeta con la que les había dado muerte debido a los golpes que les propinó en la cabeza. Aquella dura convivencia llegaba a su fin de la peor forma posible.
Tras haber cometido el doble crimen, visiblemente excitado por los nervios a consecuencia de la situación por la que había pasado, Estanislao Zarzoso, alrededor de las dos de la tarde de aquel día estival, se dirigió a la Comisaría de Policía de Vía Layetana y allí se entregó ante la Brigada de Investigación Criminal, narrando todos los pormenores del suceso que había protagonizado, desplazándose una dotación policial al lugar de los hechos.
25 años de cárcel
En el mes de octubre del año siguiente, 1953, se celebró en la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio por el doble crimen perpetrado por Estanislao Zarzoso Pérez. Los testigos declararían que las dos víctimas eran una pareja muy conflictiva, de muy mal genio, que exhibían muy malos modos con el vecindario continuamente, provocando constantemente altercados a primeras de cambio.
En un principio, el fiscal solicitaba un total de 50 años de prisión menor para el encausado, al tiempo que solicitaba un indemnización de 50.000 pesetas para los herederos de ambas víctimas. Finalmente, dadas las circunstancias, el acusado del doble crimen sería sentenciado a un total de 25 años de cárcel y al pago de responsabilidad civil que en un principio solicitaba la fiscalía.
Dolores Vázquez, la mujer injustamente condenada por un asesinato que no cometió
Quizás hubiese que remontarse a un siglo más atrás, con el conocido como «Crimen de Cuenca» para encontrar un error tan garrafal de la Justicia española, con la salvedad del asesinato de las estanqueras de Sevilla -cuando tres inocentes pagaron con su vida por otro delito que no habían cometido. Una mujer, Dolores Vázquez, centró las miradas y la atención de todos los españoles, una sociedad que dio por hecho que aquella gallega afincada en tierras andaluzas era la autora material del asesinato de una joven de apenas 20 años, Rocío Wanninkhof en el penúltimo otoño del siglo XX con la complicidad expresa de muchos medios de comunicación que azuzaron el fantasma de un horroroso crimen con el que no guardaba ningún tipo de relación.
Si a quienes correspondía hubiesen hecho las cosas de una forma cuando menos diligente quizás no hubiese que lamentar la muerte de una segunda joven, Sonia Carabantes, que aparecía brutalmente asesinada el 14 de agosto de 2003, siendo entonces cuando se revelaba toda la verdad de lo que le había ocurrido a la muchacha malagueña, que había sido objeto de las temibles garras de un depredador sexual, que contaba con varios delitos por agresión sexual en su país de origen, Gran Bretaña. La terrible alimaña, capaz de perpetrar las peores atrocidades, responde al nombre de Tony Alexander King y cumple condena por dos atroces crímenes que suman un total de 55 años de cárcel, aunque, con la legislación en la mano, estará libre en 2033.
El auténtico relato de los hechos se inicia en la temporada estival del año 1999. En aquel entonces, en la Dirección General de la Policía, con sede en Madrid, se recibió un fax advirtiendo de la presencia de un peligroso delincuente en la Costa del Sol española, muy frecuentada por turistas británicos. La comunicación procedía de sus colegas de la Scotland Yard británica. No obstante, aquel fax fue ignorado, no se sabe si deliberadamente, y se guardó en un cajón durmiendo el sueño tal vez de los injustos o en este caso de una injustificada desidia.
Asesinato de Rocío Wanninkhof
El nulo caso prestado a la alerta de las autoridades británicas provocaría una tragedia en la localidad malacitana de Mijas cuando el día 9 de octubre de 1999 desaparecía una joven de 20 años, Rocío Wanninkhof, cuyo cadáver aparecería algo más de tres semanas después, muy cerca de donde había desaparecido. Debido a que se encontraba ya en un avanzado estado de descomposición, hasta el punto de estar casi esqueletado, no se pudo determinar si había sido previamente violada antes de recibir una muerte cruel. En sus inmediaciones se encontraron algunas de sus pertenencias en una bolsa, así como algunos restos de adn del supuesto asesino, entre ellos una colilla correspondiente a una marca británica de cigarrillos, «Royal Crown», que años después iba a resultar decisiva a la hora de resolver este caso.
Ante la alarma y la indignación popular se realizan unas investigaciones, bastante chapuceras, que inmediatamente ponen su foco de atención en una mujer gallega, criada en las Islas Británicas, Dolores Vázquez, quien otrora había mantenido una estrecha relación con la madre de la joven asesinada, Alicia Hornos, que no duda en incriminar a quien fuera su amiga de una forma taxativa y rotunda. Incluso, se le intervienen sus teléfonos y se infiltra a una agente de la Guardia Civil en el círculo íntimo de Dolores, quien concluye que se trata de una «asesina inteligente, fría y calculadora». La mujer fue finalmente detenida el 7 de septiembre del año 2000, casi un año después del crimen.
Tras ser detenida, la gallega declara ante los agentes de la Guardia Civil que el día de la desaparición de la joven se encontraba en su casa cuidando de su madre. Demuestra algunas coartadas que son ignoradas o no se les concede la credibilidad que debieran. Así, se comprueba que Dolores efectuó dos llamadas telefónicas a sendas personas de su círculo más inmediato con un intervalo muy corto de tiempo. Se sabe también que ese mismo día abandonó por un periodo inferior a tan solo diez minutos a su anciana madre para depositar la basura en los cubos destinados a tal efecto y a comprar tabaco en un restaurante próximo a su residencia.
La entrada en el local de hostelería fue uno de los argumentos esgrimidos en su contra, pues una de las empleadas del mismo declararía que la vio agitada, explicando Dolores que venía de correr. Fue ese breve lapso de tiempo en el que hizo hincapié la fiscalía a la hora de solicitar la condena arguyendo que en el momento en que supuestamente dio muerte a Rocío Wanninkhof, a quien depositó en el descampado en el que aparecería. Luego, según el relato del fiscal, la trasladó en un coche de un ciudadano extranjero hasta otro punto en el que escondió el cadáver para depositarlo en el mismo lugar en el que se produjo el asesinato en fechas previas a su aparición.
Durante los interrogatorios, Dolores Vázquez, aguantó bien el tipo y nunca se vino abajo, lo que también sería empleado en su contra, aludiendo a ese hipotético carácter frío y desalmado que se describía en un informe pericial. De hecho, ella no admitió jamás el crimen ni su participación en el mismo, al tiempo que relataba sin contradicciones el discurrir de su vida el día de autos. Cabe señalar también que el arma homicida no aparecería jamás, pues la mujer no disponía de ella. En cuanto al vehículo empleado se descartó que fuese el suyo, un Toyota deportivo de rueda ancha, en tanto que él que había impregnado sus huellas en el lugar en el que apareció el cadáver correspondía a un tipo de neumáticos que ya no se encontraba en el mercado en España. Todo parecía muy surrealista, pero gozaba de la aprobación y el crédito de una sociedad sedienta de venganza, que no de justicia.
Condena y linchamiento mediático
En un tono similar a lo que había ocurrido en la década de los cincuenta con los tres inocentes a quienes se ejecutó, acusados de haber dado muerte a las estanqueras de Sevilla, aunque con el atenuante de que estos gozaban de la simpatía de una opinión pública que dudaba de su culpabilidad, Dolores Vázquez se convertiría en aquellos tiempos en los que se cambiaba de siglo y de milenio en el chivo expiatorio perfecto para colmar las ansias de venganza de una sociedad que la convirtió en una «malvada» a quien responsabilizar de un crimen del que era absolutamente inocente.
No faltaron los habituales tertulianos de la telebasura ni los programas de entretenimiento, así como algunas columnas de opinión cargadas de oprobio y cinismo, que acusaban desvergonzadamente a una pobre mujer a quien destrozarían su existencia. Al igual que aquellos otros que iban a insultarla de forma descarada a las inmediaciones del cuartelillo de la Guardia Civil. María Teresa Campos, considerada la «Reina de las Mañanas», no se ruborizaría lo más mínimo al manifestar que «tiene cara de mala». Solamente el entonces presentador de TVE-1 y funcionario del Cuerpo Superior de Policía en excedencia, Manuel Jiménez sembró la sospecha de la duda de aquella mujer. Y es que el conocimiento y la experiencia es un grado. Y la prudencia, también.
Dolores Vázquez, que frisaba los 50 años de edad en aquella época, llegó al juicio en el que se dirimiría su responsabilidad condenada de antemano, tanto por aquella sociedad sedienta de venganza como por aquellos medios que buscaban carnaza y audiencia a costa de aquella mujer de quien ya habían dirimido su suerte. Tanto la fiscalía, como la acusación particular presentaron unos razonamientos vagos e imprecisos, pues se basaban simplemente en apariencias, pero que carecían de sólidos indicios y mucho menos de pruebas. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de su abogado, Pedro Apalategui, nada salvó a aquella pobre mujer que fue sentenciada a 15 años de prisión y al pago de una indemnización fijada para entonces en 18 millones de pesetas (90.000 euros).
En el transcurso del juicio, Dolores mantuvo una vez más su inocencia, negando en todo momento ser ella la autora de la muerte del crimen, aunque en el auto final se le acusase de haberlo perpetrado con «alevosía» no exento de un «sentimiento de animadversión hacia Rocío». Sin embargo, no se aclaraban detalles acerca del supuesto vehículo en el que presuntamente trasladó el cuerpo de «su víctima» ni tampoco se tenía en cuenta que entre los efectos encontrados en el escenario del crimen no hubiese ni el más mínimo indicio que sugiriese la presunta autoría de Dolores Vazquez. Cabe señalar que la levedad de la pena que le fue impuesta se debió al veredicto de dos miembros del jurado que no creyeron en su culpabilidad.
Excarcelación y asesinato de Sonia Carabantes
Si había causado una gran expectación su detención, no sería menos el hecho de su puesta en libertad, que costó a Dolores Vázquez la nada despreciable cantidad de 30.000 euros en concepto de fianza, tras el recurso interpuesto por su letrado ante el Tribunal Superior de Andalucía, quien en su descargo argumentó la falta de solidez en las motivaciones esgrimidas por el jurado que se encargó de emitir el veredicto. El día 8 de febrero de 2002, la única condenada por el asesinato de Rocío Wanninkhof abandona el penal de Alcalá de Guadaira en el que cumplía la sentencia tras haber permanecido 517 días en prisión.
A pesar de su ansiada y justa libertad, la seguiría persiguiendo la sombra de un crimen al que era totalmente ajena, ya que debería presentarse semanalmente en dependencias judiciales y cuando fuese requerida por la autoridad judicial. La «insuficiente motivación» argumentada por el alto tribunal andaluz provocó que se anunciase una nueva fecha para un segundo juicio, siendo fijado para octubre de 2003, aunque la precipitación de los acontecimientos, con un nuevo asesinato que llevaba la firma de Tony Alexander King, terminaría por demostrar la inocencia de Dolores Vázquez en un caso que tal vez no lo hubiese imaginado el mismísimo Alfred Hitchcock.
El día 14 de agosto de 2003 aparecía brutalmente asesinada en la localidad malagueña de Coín, muy próxima a Mijas, una joven de tan solo 17 años de edad, Sonia Carabantes. En el escenario de su crimen había aparecido un adn idéntico al hallado en la colilla de «Royal Crown» encontrado junto al cadáver de Rocio Wanninkhof. Todo ello, sumado a la denuncia de su pareja, condujeron a la detención del peligroso ciudadano británico que residía en la Costa del Sol desde hacía más de cuatro años. Lástima que aquel fax cayese en el olvido. Con toda seguridad se hubiese evitado esta segunda innecesaria y horrible muerte.
Es a partir de entonces cuando muchos, aquellos mismos que no dudaban en descalificar a Dolores ante las cámaras de televisión, se tiraban de los pelos y se echaban las manos a la cabeza al demostrarse la inocencia de una ciudadana que, podría ser fría y calculadora, pero nunca una asesina. Solamente Manuel Jiménez podía lucir bien alta su cabeza tras haber manifestado en diversas ocasiones sus reservas acerca del supuesto crimen. Sin embargo, otros, entre ellos muchos opinadores y tertulianos de programas de telebasura, ni siquiera tuvieron la suficiente decencia de pedir perdón a la misma mujer de la que decían que tenía «cara de mala».
A pesar de haber quedado totalmente acreditada su inocencia, salvo para el constante rumiar de Alicia Hornos(de quien es comprensible su dolor pero no su testarudez), la Justicia ha rechazado en todo momento indemnizar a esta persona, alegando que no había sido víctima de un error judicial. Ya nos gustaría saber que se entiende por esto último, si es que hay alguna figura jurídica que lo defina.
Solamente un miembro del Jurado que la envió a prisión tuvo el honor y la gallardía de pedirle perdón, que es lo menos que se podía haber hecho en un error judicial tan lamentable. Los demás ignoraron por completo a esta mujer que decidió desde entonces mantenerse al margen de los focos mediáticos. Decisión, por otra parte, muy comprensible. Solamente, de forma muy reciente, accedió a protagonizar un documental para HBO.
Dolores Vázquez, cuya vida se ha visto tristemente marcada por un episodio imposible de olvidar, decidió hace algún tiempo trasladarse a su Betanzos natal y recluirse en su casa familiar, alejada de un mundanal ruido que la condenó de una forma inexorable a su peor castigo, estigmatizándola de por vida, al igual que de una tenebrosa sombra se tratase. Quizás el film que protagoniza le sirva como una autorreconciliación para expresar sus verdaderos sentimientos, pero lo que tal vez nunca se consiga sea resarcirse humanamente con una mujer que jamás debió pasar por un calvario y un suplicio que no se le desea ni al peor enemigo.
El crimen se perpetró en el conocido paraje cordobés de Trassierra
En el otoño de 1972 España vivía ya en los estertores del régimen franquista. Aquel mismo año había sido objeto de numerosos actos de protesta en todo el país, algunos de los cuáles -como los ocurridos en Ferrol- se saldarían con víctimas mortales. Nada era igual que antes y la sociedad avanzaba a una velocidad muy superior a la del sistema político nacido como consecuencia de la Guerra Civil. Sus días parecían estar contados y su final se precipitaría en el momento en el que lo hiciese su vitalicio líder.
Aunque la imagen de mano dura cundía entre amplias capas de aquel mundo que comenzaba a cambiar, tampoco es menos cierto que había episodios que consternaban profundamente a los españoles de entonces. La seguridad no era absoluta ni mucho menos total. Y los capítulos sangrientos que se cerraron en falso, sin detener a sus autores, se cuentan por decenas. Uno de esos trágicos sucesos sucedió en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba en la jornada del día 24 de octubre de 1972, día de San Rafael, patrono de la bella ciudad de las Tres Culturas.
A primeras horas del día grande de la capital cordobesa, un conductor que pasaba por la zona de Trassierra, a tres kilómetros del núcleo urbano de Córdoba y muy cerca del Castillo de la Albaida, se percató que había un vehículo estacionado con dos personas en su interior. Lo que menos podía imaginar quien los había divisado es que sus ocupantes se encontraban muertos. Al observar que el hombre y la mujer que estaban dentro del automóvil presentaban algunos indicios de haber recibido una muerte violenta, por lo que decidió denunciar el suceso ante la Guardia Civil.
Arma larga
Desplazados hasta el lugar de los hechos, los agentes del Instituto Armado comprobaron que los dos jóvenes, un varón de 23 años, que respondía al nombre de José Manuel Jiménez Medina y una mujer, un año menor que su acompañante y que era su novia, que se llamaba Manuela del Estal Gutiérrez. Ambos eran muy conocidos en la capital cordobesa, ya que él era empleado de una sucursal bancaria, en tanto que ella trabajaba en una céntrica librería.
El crimen, que conmovería profundamente a Córdoba en el transcurso de sus fiestas patronales, había sido perpetrado en la madrugada de su día grande. Los casquillos hallados en el lugar de autos daba a entender que ambos jóvenes habían sido asesinados con un arma larga, es decir con una escopeta o un rifle de caza. La hora del crimen se situaba en la madrugada de aquella misma jornada y todo hacía indicar que las dos personas asesinadas habían intentado huir del cerco de su agresor o agresores en el mismo automóvil en que fueron hallados sus cuerpos sin vida, aunque se llegó a especular que el criminal hubiese viajado en el mismo coche. En aquel entonces todavía no se trabajaba con las pruebas de adn, pues sus estudios estaban todavía en estado embrionario.
Se detuvo a una única persona, Ildefonso Montero Pérez-Barquero, quien mostró un relato irreal y escasamente creíble ante los agentes de la Guardia Civil. Su declaración presentaba numerosas contradicciones y sus continuos cambios de versión desconcertaron todavía más a los investigadores. A todo ello se añadía el hecho de que era un individuo que sufría algún tipo de trastorno mental relacionado con la esquizofrenia. Aún así, ingresaría en prisión y sería procesado tres años después, en octubre de 1975, al tiempo que era juzgado por otro delito.
Absolución
El único encausado por el crimen de los novios de Córdoba, como fue conocido este desgraciado suceso, sería absuelto por la Audienca Provincial de Córdoba, con fecha del 16 de octubre de 1975, del delito que se le acusaba. La sala de lo Penal fundamentaba su decisión en las incoherencias de las distintas declaraciones del procesado, a lo que se sumaba la circunstancia de la enfermedad mental que padecía, la cual le impedía ofrecer una versión correcta de los hechos acaecidos el día de autos, así como las muchas contradicciones en las que había incurrido, al tiempo que había sido incapaz de reconstruir su propia jornada cuando aparecieron asesinados los dos jóvenes.
La familia de las víctimas recurriría sin éxito ante el Tribunal Supremo la absolución de Pérez-Barquero, quien ratificaría el fallo emitido por el juzgado cordobés, quedando el sangriento suceso impune, como muchos otros de la España franquista, aquel país en el que no se movía nadie y en el que los sucesos impunes quedaban al albur de los acontecimientos, cuando no la censura se encargaba de silenciar aquellos acontecimientos que pudiesen contribuir al desprestigio del propio sistema político y sus principales actores.
No obstante, este mismo individuo sería condenado por un asesinato en grado de frustración en la persona de Francisco Montoro Morales, a quien debía indemnizar con 500.000 pesetas de la época, un hecho ocurrido apenas un mes después de que apareciese la pareja de novios asesinada. El condenado cumpliría su pena un establecimiento penitenciario destinado a enfermos con patologías mentales graves, tal era el estado en que se encontraba.
Manfred Meisel, conocido como el «Rey de la Cerveza» delante de uno de sus negocios
Manfred Meisel, que contaba con 49 años de edad cuando fue asesinado, fue uno de los muchos empresarios alemanes que se desplazaron a Palma de Mallorca con el lógico ánimo de hacer fortuna y no sin éxito, pues uno de sus locales, el más popular, que respondía al nombre de Bierkoning, muy próximo a una de las playas, era frecuentado cada día por millares de personas de diferentes nacionalidades que iban a degustar la exquisita birra que servía a sus innumerables clientes. Sin embargo, su suerte se trunco de forma repentina el día 12 de noviembre de 1997 cuando apareció asesinado en su chalet de Cami de Ses Barraques, emplazado en el barrio mallorquín de es Pil. lari, junto a su hijo de ocho años y una de sus empleadas de 30 años.
A primeras horas de la mañana de la fecha antes aludida, una empleada de la finca propiedad del empresario germano, que respondía al nombre de Ilse Koiser se quedaba estupefacta al contemplar un panorama que ella jamás hubiese deseado ser testigo. En una propiedad anexa a la popular cervecería que regentaba Meisel se encontraba el cuerpo sin vida del empresario, que presentaba dos disparos en la cabeza que había sido efectuados a muy corta distancia, similar a si hubiese sido ejecutado. Sin embargo, el espanto y el horror no habían hecho más que empezar.
Muy cerca del cadáver del popular cervecero se encontraba también el de otra empleada Claudia Lister, quien era el único cuerpo que presentaba señales de violencia previos, pues habría sido amordazada previamente a ser asesinada. Su muerte se habría producido en circunstancias similares al de su jefe, pues también había recibido dos disparos en la testa. Para colmo de males, tragedia no terminaba ahí. En el dormitorio de sus padres aparecía el cuerpo sin vida del pequeño Patrick, un testigo incómodo que también había muerto de igual modo que las otras dos víctimas. Fue aquí donde los investigadores encontraron dos casquillos de bala. Los restantes se habrían encargado los asesinos de recogerlos para evitar dejar pruebas.
Aquella noche había descargado una terrible tormenta sobre las Baleares, en la que el incesante retumbar de truenos que acompañaban al adverso fenómeno meteorológico que se dejaba sentir sobre las islas. Este hecho se habría convertido en un aliado inesperado para los criminales, pues el vecindario no escuchó ruidos que los alarmasen debido al constante estampido de la tempestad que afectaba de forma especial a la isla de Mallorca.
Un detenido diez años después
Cuando ya habían transcurrido diez años del triple crimen que conmocionó a la isla balear, la Policía procedió a la detención del ciudadano alemán Sven Holder, a quien se le atribuía en un amplio círculo de amistades de ser el amante de la segunda esposa del empresario asesinado, Diana Ritter, quien se hallaba embarazada cuando se produjo la muerte de su marido. Al parecer, el investigado habría declarado ser el autor de la matanza cuando se encontraba borracho. A pesar de ello, los encargados de las pesquisas cerrarían de nuevo el caso por falta de pruebas concluyentes.
El móvil del triple crimen es otra de las grandes incógnitas que ha dejado el caso para la posteridad, pues desde un principio se descartó que fuese a consecuencia de un robo. Los autores de las tres muertes, que se habría producido unas ocho horas antes de ser descubiertas -en torno a la medianoche de los días 11 al 12 de noviembre- no se llevaron ningún objeto de valor. Aún así, hay una línea de investigación que apuntaba a que tal vez iniciasen la matanza al sentirse descubiertos y eliminasen a los incómodos testigos que representaban tanto la empleada como el hijo del empresario.
Los criminales, que según las hipótesis policiales serían dos, habrían tenido tiempo suficiente para abandonar la isla desde la hora en que perpetraron el crimen hasta que fue descubierto. El principal hilo de las pesquisas se dirigía hacia un supuesto ajuste de cuentas por otro tipo de cuestiones nunca esclarecidas, apuntándose en que tal vez detrás de aquellas espantosas muertes se encontrase una peligrosa banda de criminales que llegaron a la capital insular ex profeso para cometer tamaña barbaridad que consternaría profundamente a la isla de Mallorca y muy especialmente a la extensa colonia alemana que allí se asienta.
A lo largo de varios días la Policía realizó alrededor de 300 interrogatorios a diferentes personas del entorno de Manfred Meisel, sin conseguir sonsacar alguna pista fiable que contribuyese a la resolución del trágico episodio. La única conclusión certera a la que llegaron es que el popular empresario germano carecía de enemigos y se desconocía si pudiese estar involucrado en algún otro negocio paralelo a la hostelería, aunque esto último nunca estuvo claro.
Lo único cierto es que cuando se han cumplido ya más de dos décadas de un triple crimen que copó las primeras páginas de los diarios nacionales, además de varios alemanes, es que el suceso ha quedado impune, quedando relegado en el baúl de los recuerdos de los archivos de una comisaría española. Además, lo salva el hecho de que ha transcurrido el tiempo legal que estipula la legislación vigente de prescripción, pudiendo actuarse únicamente contra el único investigado al que se le tomó declaración en 2007.
Una pequeña superficie agraria fue el motivo de la disputa que acabó en tragedia en un pueblo cántabro
El mes de marzo de 1977 fue especialmente sangriento y trágico en España, concentrándose dos trágicos sucesos en una misma semana, la segunda del mes, prácticamente en los mismos días. Un suceso especialmente relevante fue el triple crimen de la clínica Los Nardos, aunque hubo otro episodio que apenas apareció reflejado en la prensa de la época. Sucedió casi al mismo tiempo y sus protagonistas fueron los miembros de una misma familia que se hallaba enfrentada por cuestiones patrimoniales, todo un clásico de la crónica negra española a lo largo de su historia.
Un hombre, ya sexagenario, Marcelino Láinz Peña era un labrador cántabro que hacía tiempo que se hallaba enfrentado al resto de su familia a consecuencia de unos terrenos que habían llegado a litigar en instancias judiciales, no quedando para nada satisfecho de los resultados que le proporcionaron los tribunales, pues había llegado, sin éxito, hasta la Audiencia Territorial de Burgos, quien se había pronunciado en última instancia en contra de sus intereses.
La porción en disputa no era de un gran tamaño, pues apenas eran dos áreas de terrenos, 179 metros cuadrados para ser más exactos. Sin embargo, este individuo era un hombre suponemos que algo testarudo y poco o nada dialogante, máxime cuando la misma justicia se había encargado de negarle cualquier supuesto derecho acerca de un terreno que el consideraba suyo.
A bocajarro
El día de autos, 10 de marzo de 1977,Marcelino Láinz se dirigió a bordo de su automóvil hacia el lugar donde se encontraba situada la finca que el reclamaba, provisto de una escopeta, un arma muy habitual en el mundo rural español presente en muchas de las tragedias que se desencadenaron a lo largo de su vasta historia. Allí estaban sus legítimos dueños, un matrimonio que frisaba los 50 años compuesto Francisco Cruz Madrazo, de 48 años y su esposa Matilde Cajigal Gómez, un año mayor que su marido.
Tras una breve conversación en la que, al parecer, no se intercambiaron muchas palabras, la pareja conminó amablemente a Marcelino a que abandonase aquel lugar, pues no tenía ningún derecho sobre el terreno. Este fue a su coche por el arma y -sin mediar palabra ni que nadie se lo esperase- disparó a bocajarro contra ambos, quienes quedaron tendidos en el suelo en medio de un gran charco de sangre.
Alertados por los disparos, se dirigieron a aquel infortunado sitio Manuel Lavín y su esposa, que eran tíos de las dos víctimas mortales. Al igual que había hecho con el matrimonio al que había dado muerte, sin pensárselo siquiera, disparó sobre ellos, alcanzando a Manuel en el pecho, a quien provocaría graves heridas. Su mujer corrió mucha mejor suerte y pudo huir de las postas de aquel hombre que había entrado en un estado demencial en el que no le asistía la razón ni mucho menos el equilibro humano.
Posteriormente se encararía con otros familiares de las dos víctimas mortales, a quienes al parecer amenazó, pero sin llegar a hacer uso del arma que portaba. Posteriormente, iniciaría una huida por montes adyacentes al lugar en el que había perpetrado el doble crimen, no siendo detenido hasta las diez de la noche de aquella misma jornada por efectivos de la Guardia Civil que habían montado controles en diversas carreteras.
40 años de cárcel
Además de tener que hacer frente a unas indemnizaciones millonarias a los dos huérfanos, de 13 y 15 años de edad, que había dejado el matrimonio al que había dado muerte, Marcelino Láinz Peña sería condenado a 40 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Santander. Igualmente también tendría que indemnizar a Manuel Lavín por las heridas ocasionadas y el periodo de recuperación.
Una vez más, un trágico episodio por una nimia superficie de terreno hizo revivir la mal llamada España negra o profunda en un tiempo en el que nuestro país se preparaba para vivir los nuevos aires de una democracia que, por aquel entonces, todavía se encontraba en pañales. Por un instante, hubo que retornar al pasado más remoto y lo peor de todo fue que no sería la última vez.
El doble crimen tuvo lugar en el populoso y tradicional barrio de Collblanc, en L´Hospitalet de Llobregat
Tanto la ciudad de Barcelona como su área metropolitana estaban convirtiéndose a finales de la década de los sesenta del pasado siglo en una inagotable fuente de atracción para otras gentes procedentes de todos los rincones de la geografía española. Personas que huían literalmente de sus pueblos porque abandonaban la tradicional actividad agrícola para reconvertirse en obreros y trabajadores de distintas empresas con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida y dejar a un lado definitivamente las muchas penurias que habían vivido sus antepasados en un mundo rural que cada vez era menos productivo y rentable. Eran los tiempos del famoso Éxodo rural. Los pueblos se vaciaban y las ciudades no paraban de crecer.
Además de la nueva dinámica que se vivía en el Tardofranquismo, en el que las grandes urbes estaban tomando el relevo al tradicional mundo rural español, una de sus consecuencias fue la masificación de las ciudades, que se convertirían en el nido perfecto para todo tipo de individuos de distinta calaña, aunque en el caso español hay que decir que predominaba la gente honrada y trabajadora. Aún así, se produjeron algunos episodios que darían nacimiento a lo que se denominaría posteriormente «inseguridad ciudadana».
En medio de aquel clima mundano, en el que se aprovechaba la masiva presencia de multitudes, surgieron los rateros y aquellos otros sujetos que vivían del sudor ajeno. Uno de esos elementos fue un energúmeno llamado Cristóbal Pujol Catalá, nacido en la localidad tarraconense de Flix en el año 1927. Con más de una decena de antecedentes a sus espaldas, incluso contaba con colaboradores en su función, siendo uno de sus claros objetivos las joyerías, que asaltó en innumerables ocasiones alcanzando importantes botines en su época.
El sujeto en cuestión vivía como realquilado en el conocido barrio de Collblanc, en L´Hospitalet de Llobregat, en casa de una mujer viuda, Matilde Mora Ribó, quien residía junto a su hijo Agustín Palleja Mora, quienes se convirtieron en cómplices de sus hurtos, aprovechándose de los botines de sus atracos, no se sabe si en concepto de compensación por el hospedaje o tal vez por chantaje, aunque ambos conceptos están muy unidos en esta historia.
Puñaladas
Pasado algún tiempo, tal vez Cristóbal se hubiese hartado de ser quien «trabajaba» mientras otros obtenían el usufructo o porque estaba en desacuerdo con el reparto que se hacía de sus botines, en cierta ocasión, concretamente el día 11 de agosto de 1969, se mostró muy enojado con la dueña de la vivienda en la que pernoctaba y así se lo hizo saber a voz en grito. Al parecer, estaba bastante molesto porque tanto ella como su hijo se hubiesen apropiado de unas joyas que el había robado en una joyería. La discusión fue subiendo de tono y en un momento dado el ladrón tomó un cuchillo de cocina con el que le asestó varias puñaladas a Matilde provocándole la muerte.
Cuando se estaba registrando el incidente, alguien llamó a la puerta de la casa. Era el hijo de la dueña, Agustín, quien se encontró con un desolador panorama en su casa. Presa del furor en el que se hallaba, Cristóbal haría lo propio con el muchacho, a quien asestó varias cuchilladas, a pesar de que logró escapar. Malherido, consiguió llegar a la comisaría de Policía para denunciar lo sucedido. El hombre fallecería al día siguiente en un hospital de la Ciudad Condal a consecuencia de las lesiones que le había producido su agresor.
Sintiéndose perdido y temiendo ser descubierto, Cristóbal Pujol decidió provocar un incendio, prendiendo fuego al piso en el que residía, lo que provocaría grandes desperfectos en todo el edificio en el que había perpetrado el doble crimen. Inmediatamente la Policía pondría todos los medios para proceder a su detención, que tendría lugar dos días después de haber dado muerte a su casera y a su hijo. Fue localizado en un bar que frecuentaba gracias a la colaboración vecinal.
Además de capturar al criminal, la Policía recuperaría un importante botín de joyas procedente de un atraco que había perpetrado el 12 de agosto de 1965 en una joyería de Barcelona. A este individuo le valía todo, pues también había asaltado una oficina de Correos, sita en la calle Infanta Carlota, en la que se había apoderado de un valor importante de sellos de correos, así como también de Pólizas. Al mismo tiempo le fueron incautadas también numerosas monedas de plata, procedentes de otro asalto a otra joyería.
50 años de cárcel
En septiembre del año 1971 fue juzgado por la Audiencia Provincial de Barcelona el famoso atracador y ahora también asesino Cristóbal Pujol Catalá. Aunque en aquel tiempo estaba en vigor la pena capital, este individuo fue sentenciado a un total de 50 años de cárcel, que se desglosaban de la siguiente manera: 26 años por un delito de asesinato en la persona de Matilde Mora Ribó; 17 años y ocho meses por la muerte del hijo de esta, Agustín Palleja Mora, tipificado como homicidio en la causa, en tanto que los seis años restantes eran a consecuencia del incendio que había provocado.
Tampoco dejaba al margen el Tribunal las cuantiosas indemnizaciones a las que debería hacer frente, entre ellas las ocasionadas como consecuencia del fuego intencionado que ocasionó grandes desperfectos en el edificio, así como a las familias de las dos víctimas mortales de su doble crimen, aunque es de suponer que era insolvente.
A partir de esta severa condena, se le pierde la pista a un individuo que había hecho de la delincuencia su forma de vida, logrando importantes botines y sorteando en muchas ocasiones las acciones policiales y de la propia Justicia, aunque la última fue muy severa y terminó donde le correspondía, siendo probable que se viese beneficiado en cierta medida de indultos posteriores.
Gonzalo Aguilera de Munro, a la izquierda de la imagen, en el transcurso del Guerra Civil. SALAMANCA 24 HORAS
Gonzalo Aguilera de Munro fue un personaje peculiar en la época en la que le tocó vivir. Independiente, radical y excéntrico, llevó casi siempre la vida que le dio la gana. Amigo personal de Alfonso XIII, fue el undécimo conde de Alba de Yetes, un título nobiliario que había creado Felipe IV para un antepasado suyo, miembro de la Orden de Calatrava. Sus propia estirpe ya fue una rareza en la época en que le tocó vivir, pues sus padres se casaron cuando él ya tenía 13 años. Y estamos hablando de finales del siglo XIX.
Tampoco Aguilera de Munro, hijo de un español y una escocesa comulgó jamás con los distintos cánones de la época, pues su vida estuvo plagada de extravagancias hasta el final de sus días. Aunque no pisó las aulas de ninguna universidad, se educó en Alemania e Inglaterra, convirtiéndose en un gran políglota, lo que le serviría para ser uno de los enlaces con diversas personalidades extranjeras en el transcurso de la Guerra Civil, en la que alcanzaría el grado de capitán de Caballería. En ella afirmó siempre luchar por el retorno del depuesto Alfonso XIII, siendo definida su ideología por un corresponsal estadounidense como «antidemocrática, antisemita y misógina».
Concluido el conflicto, después de haber protagonizado algunos desencuentros con el régimen por manifestar abiertamente sus preferencias monárquicas por el deseo de que regresase el monarca destronado en 1931, se retiraría a su finca de Carrascal de Sanchiricones, una pedanía perteneciente al municipio salmantino de Mantilla de los Caños del Río, una pequeña localidad enclavada en pleno centro de la provincia de Salamanca en la comarca del Campo Charro.
Enfermedad mental y doble crimen
La vida de Gonzalo de Aguilera estuvo plagada de centenares de anécdotas hasta el final de su existencia. De hecho, contrajo matrimonio cuando su hijo mayor contaba con 13 años de edad, al final de la Guerra Civil española, cuando era ya un cincuentón vivaracho que seguía mostrando una independencia total de carácter y se negaba a acatar los cánones de un país atávico y tradicional.
A pesar de su carácter indisciplinado y hasta divertido -como le llegó a definir uno de sus conocidos, en la década de los años sesenta del pasado siglo XX, este hombre comenzó a sufrir una patología mental que le llevaría a cauces extremos. Hasta el punto de que su propia esposa solicitó la ayuda de sus hijos para poder reconducir a aquel hombre que amenazaba constantemente con quitarse la vida. De hecho, agentes de la Guardia Civil le precintaron todas sus armas para evitar que se produjese la desgracia que venía preconizando desde hacía tiempo. Sin embargo, tuvo tiempo para esconder una vieja pistola con su munición, que iba a resultar fatal en toda esta historia.
A finales del mes de agosto de 1964, concretamente el día 28, sus dos hijos Gonzalo y Agustín se desplazaron a la finca de su padre con objeto de intentar, en la medida de lo posible, reconducir la situación de su progenitor, cada vez más desquiciado por la patología mental que sufría. Desgraciadamente, su presencia en la finca de Sanchiricones se iba a convertir en el detonante de una tragedia que conmocionaría a las tierras de Salamanca, en un tiempo en el que España se debatía entre el tibio aperturismo desarrollista y unas arraigadas tradiciones que mantenían al país anquilosado.
Al poco tiempo de llegar a la finca familiar, su hijo Agustín, de 39 años, se dirigió a la habitación en la que estaba su padre, el conde, quien se hallaba sobre su cama con la vieja pistola cargada. Sin esperárselo el hijo y sin pensárselo dos veces su progenitor, este disparó contra su vástago, quien cayó redondo sin vida en el mismo dormitorio que ocupaba su inesperado verdugo.
Al escuchar los disparos, acudió a ver lo que sucedía su hermano Gonzalo,de 47 años, quien prácticamente no tuvo tiempo de dirigirle una sola palabra a su padre, pues este, al igual que había hecho con el hijo que ya yacía muerto, disparó un tiro al pecho de su primogénito, quien cayó exangüe prácticamente al lado de la otra víctima. En ese momento no se hallaban en casa ni la esposa del conde ni tampoco su nieta, lo que tal vez hubiese contribuido a evitar una tragedia todavía mayor.
Detención y muerte
Al conocerse el infortunado episodio acontecido en la finca del aristócrata, se desplazaron hasta el lugar agentes de la Guardia Civil para proceder a su detención. Gonzalo de Aguilera no opuso ninguna resistencia a los miembros de la Benemérita, quien pasaría luego a disposición judicial. En vista del alterado estado de salud y la espiral de autodestrucción que afectaba al excéntrico conde, sería ingresado en el Hospital Psiquiátrico Provincial de Salamanca, en espera de un juicio que no llegaría a celebrarse nunca.
El suceso, aunque muy comentado en tierras salmantinas, apenas alcanzaría repercusión en el resto de España, siendo silenciado por la férrea censura de la época. Pretendía en todo momento evitar ofrecer una mala imagen del país, máxime teniendo en cuenta que detrás del mismo se hallaba todo un personaje de la aristocracia de rancio abolengo. Un hombre que, entre sus muchas excentricidades, destacaba el haber volado en el autogiro con el mismísimo Juan de la Cierva.
Apenas ocho meses después de haber protagonizado el doble crimen, el día 15 de mayo de 1965, fallecía en el centro psiquiátrico en que se hallaba internado Gonzalo de Aguilera y Munro, non sin cometer una definitiva extravagancia que no dejaría indiferente a quienes le atendían. En un lugar de su habitación se hallaron escondidas todas las pastillas que los médicos que le atendían le recetaban, siendo el fiel reflejo de un hombre que se había saltado casi todas las normas a la torera o por el Arco del Triunfo. Incluso las de quienes velaban por su decrépita salud mental.
