Asesina a tres miembros de su familia en Respaldiza (Álava)

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Antigua cárcel de Vitoria en la que fue ejecutado Luis Orive Álava en diciembre de 1949

Eran los años del racionamiento y de la dura Posguerra, que se estaba alargando demasiado. Cuando lo más importante no era llegar a fin de mes sino a final del día. Era el tiempo de la España negra, un país todavía eminentemente rural en el que solían aflorar viejas rencillas entre distintos miembros de los clanes familiares, en un tiempo en el que estos gozaban todavía de un gran arraigo, aunque también había ya familias rotas y desestructuradas, a pesar de que muchas veces se corría un tupido velo con el que procurar guardar las apariencias.

Una de esas familias, y que al parecer no lo llevaba nada bien la ruptura, era el clan de los Orive Álava, cuyo grupo familiar se había desgajado en la década de los cuarenta como consecuencia de los enfrentamientos que en ella subyacían a raíz del reparto del patrimonio y la herencia. En el caserío de El Arenal habían quedado el padre, el hermano mayor y la esposa de este último, en tanto que el hijo menor, Luis Orive Álava, de 27 años de edad se había ido a vivir con su madre al municipio vizcaíno de Algorta, a unos 45 kilómetros de Respaldiza donde se produciría el trágico episodio.

El domingo, 17 de agosto de 1947 el menor de los hermanos, quien junto a su madre se hallaba fuertemente enfrentado a los restantes miembros de la familia, se desplazo desde Algorta hasta Respaldiza, armado con una escopeta de caza. En esa misma jornada, previamente a la comisión del triple crimen, había comido en la localidad de la que era originario. Posteriormente, alrededor de las tres de la tarde se dirigió al caserío en el que residía su familia. Allí solamente encontró a su padre, Francisco Orive, sobre quien disparó sin mediar palabra, dejándole prácticamente exangüe.

Como no se hallaban en ese momento en el domicilio familiar, esperó a que regresasen su hermano Luis Orive Álava, un par de años mayor que él y su cuñada Blanca Velasco, a quienes daría muerte entre las siete y las ocho de la tarde de ese mismo día, de la misma forma que había hecho con su progenitor. La mujer asesinada se encontraba en avanzado estado de gestación, circunstancia esta que concurriría como agravante a la hora de juzgar este trágico suceso.

Huida

Consciente de la gravedad de los hechos que había protagonizado, Luis Orive Álava, un joven profesor en una escuela de educación primaria de la época, iniciaría una prolongada huida que le llevaría hasta el municipio castellonense de Benicassim, donde sería detenido por efectivos de la Guardia Civil el día 5 de septiembre de 1947. Su madre sería detenida instantes después de la comisión del triple crimen para aclarar lo sucedido, aunque sería puesta en libertada prácticamente de inmediato.

En el juicio que se celebró contra Luis Orive en abril de 1948 las cosas no pintaban muy bien ya desde un principio para el acusado, pues el fiscal solicitó de entrada tres penas de muerte para el asesino. El abogado de su defensa alegó el estado psicológico en el que se encontraba su defendido, aduciendo que sufría alguna patología psiquiátrica. Sin embargo, sus argumentos no convencieron al tribunal, que lo condenó a dos penas de muerte, así como a una multa de mil pesetas.

La sentencia sería recurrida ante el Tribunal Supremo, quien no haría otra cosa que ratificar a sus colegas de Álava, unos meses más tarde del primer veredicto. La última bala que le quedaba en la recámara era la gracia del indulto por parte del Jefe del Estado, quien en esta ocasión haría caso omiso de la petición de clemencia, convirtiendo al asesino en una nueva víctima del cruel garrote vil.

Ejecución

Luis Orive Álava, un joven de tan solo 27 años, vería como la fortuna le resultaría esquiva y el día 5 de diciembre de 1949, después de haber expresado su sincero arrepentimiento por el fatal suceso, así como después de haber recibido el consuelo de los últimos sacramentos, dejaría de existir en una madrugada de otoño en la que se atisbaba ya la llegada del crudo invierno.

El encargado de aplicarle tan cruel castigo sería el verdugo Florencio Fuentes Estébanez, un hombre que se suicidaría en el año 1970 como consecuencia de los muchos remordimientos que corroían sus entrañas, después de haber abandonado el truculento cuerpo de los «Ejecutores de sentencias», tal y como le gustaba que le denominasen a su simpático colega, don Bernardo Sánchez Bascuñana.

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Se suicida después de asesinar a tres mujeres en Cedillo del Condado (Toledo)

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Cedillo del Condado fue escenario de un triple crimen en el año 1950

Seguía siendo la Posguerra una época muy dura para todos los españoles, a pesar de que ya se había superado la peor etapa. Aún así era muy complicado el devenir cotidiano de la mayoría de las familias que no podían satisfacer todas sus necesidades básicas en un mercado dominado todavía por el «Estraperlo», en el que cada cual se las apañaba como podía. La única alegría vendría dada por el Mundial de fútbol, que se celebraba en Brasil, al que acudía España por segunda vez desde 1934. Era una forma de distraer aquellas duras necesidades que agobiaban a una población que sufría en silencio.

En fechas previas al Campeonato del Mundo, una semana antes, concretamente el 17 de junio de 1950, una pequeña localidad toledana, Cedillo del Condado, situada en la comarca de La Sagra Alta, al nordeste de la provincia de Toledo, sería escenario de una tragedia de las que hacen época, en un tiempo en el que el municipio contaba con poco más de mil habitantes, muy lejos todavía del despegue demográfico que iniciaría a finales del siglo XX, que le han llevado a multiplicar su población por cuatro.

Aquel día, cuando ya se atisbaba el verano en el horizonte, un joven agricultor de la localidad, Gregorio Campos López, de 25 años, mantendría una ácida y encendida discusión con quien era su novia, Victoriana Martín Retama, tres años más joven que él a la altura de la alberca en la que esta última se encontraba lavando ropa en compañía de su hermana Aurolia, de 22 años. El joven regresaba a su casa después de haber concluido su jornada matinal de trabajo en el campo.

Armado con dos cuchillos

Después de sostener la agria discusión con su prometida, Gregorio Campos regresaría hasta el paraje hidráulico provisto con dos afilados cuchillos para acometer a las jóvenes que se encontraban haciendo la colada. Sin pensárselo dos veces, acometería por la espalda a Victoriana, quien fallecería prácticamente en el acto como consecuencia de una única cuchillada que le interesaría los pulmones y el corazón.

Desconociéndose los motivos que le llevaron a perpetrar el asesinato de la muchacha con la que mantenía relaciones, tal vez presa de un incontenido furor, se ensañaría posteriormente con la hermana de su primera víctima, Aurolia Martín, una chica de tan solo 19 años, a quien asestaría un total de siete puñaladas, hasta dejarla exangüe. Sin embargo, su carrera criminal todavía no había concluido y faltaba una tercera persona en este trágico escenario.

La madre de las dos jóvenes asesinadas, Guadalupe Retama Martín, una mujer de mediana edad, desconociendo la terrible suerte que habían corrido sus hijas, se dirigió hasta el lugar de autos para llevarles la comida, convirtiéndose esta situación en su sentencia de muerte. Al llegar a la alberca, Gregorio Campos prosiguió su sanguinario ritual, dándole muerte a la mujer de varias puñaladas que terminaron con su vida.

El autor del triple crimen sería detenido prácticamente de inmediato por efectivos de la Guardia Civil, sin que opusiese resistencia, siendo trasladado al cuartel de la localidad.

Suicidio

Después de su detención y tras haberse teñido de luto la pequeña localidad toledana, Gregorio Campos, aprovechando la escasa vigilancia a la que estaba siendo sometido, decidió poner fin a su dramática existencia estrangulándose después de que hubiese atado su cinturon a uno de los barrotes del calabozo en el que había ingresado.

Con su muerte, se llevaba algunos secretos a la tumba. Entre otro el porqué de su injustificable actitud, así como las causas que se encontraban detrás de una discusión que dejaba muy en un segundo plano el Mundial de fútbol de Brasil para la mayoría de los vecinos de Cedillos del Condado.

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Asesina a tres pastores en Aldea del Fresno (Madrid)

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El triple crimen en las páginas del diario madrileño AHORA

En la década de los años treinta del pasado siglo España, al igual que el resto de Europa, se hallaba sumida en grandes sobresaltos que parecían impedir el normal desarrollo de un país, todavía atávico, que se hallaba sumido en una gran pobreza y que con la proclamación de la Segunda República apenas había prosperado lo que muchos deseasen. Aquellas promesas del 14 de abril de 1931 muy pronto se quedaron en aguas de borrajas y la desilusión se fue apoderando de una población que terminaría sucumbiendo a una trágica Guerra Civil que desangraría al país durante tres trágicos años.

En medio de aquel clima de exaltación general también se producían sucesos sangrientos que estaban al margen de la lucha política, aunque, por razones obvias, no alcanzaban la dimensión mediática de los políticos. Uno de esos episodios dramáticos en lo que se podría denominar, principalmente por la época, España profunda -expresión escrita con todas las reservas- tuvo lugar al suroeste de la entonces provincia de Madrid, concretamente en uno de sus entornos rurales, situado en la localidad de Aldea del Fresno, cuando fueron brutalmente asesinados tres pastores por uno de sus compañeros en la medianoche del día 2 de febrero de 1935.

Son varias las versiones que se han contado de este truculento suceso. Algunas apuntaban a que el triple autor de los tres asesinatos Pedro Bautista García, de 24 años, se habría enfrentado a su patrón cuando se encontraba haciendo planes para las fiestas de San Blas, motivo este por el que el mayoral de la finca de Navajuncosa, propiedad de José González Mesa, donde tuvo lugar el sangriento episodio, les habría recriminado a los jóvenes que se preocupasen más por la diversión y los festejos que por su propio trabajo, ya que en aquel entonces se estaba sufriendo una gran crisis.

Independientemente de las causas que motivaron la discusión entre los cuatro involucrados, lo cierto es que en aquel lugar se declaró un incendio pasada ya la medianoche en el chozo en el que dormían el mayoral, el autor confeso del crimen y dos zagales, uno de ellos de tan solo 14 años de edad. Ni el guarda de la finca ni tampoco otros dos pastores que ocupaban una barraca, sita a 200 metros de donde se produjo el fuego, fueron capaces de sofocar el incendio que en muy poco tiempo devoró aquel humilde chozo y con ello las vidas del mayoral Ambrosio Cubero, de 37 años de edad, y los zagales Juan Escobar Abad, de 18 años y Victoriano Cubero Gil, de 14.

Versión no convincente

Nadie, casi desde el primer instante, se creyó la versión que facilitó a la Guardia Civil Pedro Bautista, que tenía las manos chamuscadas por el fuego, quien manifestaría que la noche de autos escuchó unos gritos lastimeros, al tiempo que oía unas voces de unas personas desconocidas, a quienes atribuía un robo. Posteriormente, una de esas personas que se adentraron en el chozo que ocupaban le habría puesto a unos juncos, originándose el incendio que acabó con la vida del mayoral y los dos zagales. Nadie se explicaba como aquel joven de 24 años había podido salvar su vida, cuando el fuego había arrasado por completo aquel cubículo.

Inmeditamente su versión se vendría abajo por su propio peso y terminaría derrumbado apabullado por unas contundentes pruebas que distaban mucho de lo que había manifestado el autor del triple crimen de Aldea del Fresno. La más importante de todas era que el mayoral muerto Ambrosio Cubero presentaba una mancha de sangre en la corbata que llevaba puesta a la altura de la nuca, además de detectar los forenses un fuerte golpe que muy probablemente hubiese terminado con su vida. A todo ello se sumaba la circunstancia de que alguien que estuviese en el interior del chozo no hubiese podido salir vivo del mismo sino supiese previamente la causa del incendio.

Arrollado por las contundentes pruebas en su contra, tres días después del triple crimen, terminaría confesando su autoría, así como el supuesto móvil del mismo. Según el mismo Pedro Bautista en la noche de autos se encaró con su superior, Ambrosio Cubero, como consecuencia de su deseo de asistir a las fiestas de San Blas, circunstancia esta que le fue recriminada por el mayoral. Posteriormente, el criminal le arrearía un golpe con una banqueta en la cabeza al pastor. Al observar que la discusión adquiría tintes dramáticos, intervino el jovencísimo Victoriano Cubero, sobrino del mayoral en defensa de su tío.

El zagal tomó un mazo con el que golpeó a Bautista, pero el joven Victoriano, de menor envergadura, cayó al suelo. Fue entonces cuando Ambrosio, repuesto del golpe, tomó un hacha. Su atacante tomó otra, con la que derribaría a su oponente de un golpe sobre un camastro, en el que lo remataría de otros dos golpes más. La tercera víctima, Juan, que había permanecido ajena hasta entonces, le dio un golpe a un farol de aceite que era el instrumento empleado para alumbrar el lugar. A consecuencia de ello, este aparato cayó sobre unos juncos, provocando un incendio. Aprovechando la confusión del momento, Pedro Bautista, le propinó un golpe a su última víctima y salió corriendo por un costado del chozo en vez de hacerlo por la puerta, debido a que las llamas se habían extendido con gran rapidez. Saldría despavorido y pidiendo auxilio. A sus gritos acudieron los pastores que se encontraban en una barraca próxima así como el propietario de la hacienda de Navajuncosa, José González Mesa.

46 años de cárcel

A mediados de abril del año 1936 se celebró el juicio contra el autor del triple crimen de Aldea del Fresno, quien en ese momento tenía la garantía de que no sería condenado a muerte, debido a que se había suprimido en el periodo republicano la pena capital en España. Pedro Bautista García sería condenado por dos delitos de homicidio y uno por asesinato. Por los primeros fue sentenciado a la pena de 21 años y dos meses de prisión, en tanto que por la muerte del mayoral debía cumplir un total de 25 años de cárcel. Hay que decir que la nueva legislación impedía que nadie estuviese en la cárcel por un periodo superior a 30 años, cifra por la que se medían los diferentes cómputos, entre ellos una redención o posible indulto.

La responsabilidad civil de la época establecía que debía indemnizar con 50.000 pesetas a los familiares de sus víctimas, al tiempo que se le aplicaba un periodo de destierro, fijado en dos años desde el cumplimiento de la pena. A partir de ahí, debido al inmediato inicio de la Guerra Civil -apenas tres meses después del fallo- se le pierde la vista a un hombre que perpetró, sino el peor, sí uno de los peores episodios sangrientos no políticos en la convulsa España de la Segunda República

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Un militar se suicida después de asesinar a su esposa y a sus cuatro hijos en Burgos

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El desgraciado suceso tuvo lugar en el bloque 21 de la barriada militar de Burgos

Fue uno de los peores crímenes de la historia reciente de España. Sin embargo, las autoridades, principalmente las militares se encargarían de silenciarlo. El Ejército de la época, así como todo lo que le rodeaba, era un coto vedado. Además, el criminal no era uno cualquiera. Era un capitán adscrito a la Jefatura de Automovilismo de la VI Región Militar, con sede en Burgos, otrora capital del régimen que había nacido como consecuencia del alzamiento militar del 18 de julio de 1936. A todo ello se sumaba el hecho del momento tan delicado que vivía la España de entonces. Finales de septiembre de 1975. El cabeza del sistema político se encontraba en grave estado de salud. mientras que en el resto de Europa arreciaban las protestas por las últimas ejecuciones del franquismo, que habían puesto en jaque al propio régimen, cuya descomposición parecía acelerarse a medida que se iba minando la salud de su líder.

El estamento castrense gozaba de una especial superprotección. Tanta que hasta disponían de sus propias viviendas e incluso sus propios barrios y centros sanitarios. Fue precisamente en una colonia en la que residían militares cuando a primeras horas de la mañana del 29 de septiembre de 1975, en torno a las siete y media, se escucharon unos disparos en la capital burgalesa que parecían proceder del bloque 21 de la Barriada Militar. Sonaron a lo largo de unos siete minutos, suficientes para que el oficial Vitorino Moradillo Alonso, de 42 años, diese muerte a todos los miembros de su familia. Su esposa, María Cristina López Rodrigo, de 38 años y sus cuatro hijos. María Cristina, de 14 años, Concepción de 13, Victorino, de diez; y Daniel un bebé de tan solo dos meses de vida.

Previamente a cometer los cinco asesinatos, el capitán del Ejército efectuó una llamada a la Policía Armada de Burgos para darle cuenta de sus intenciones. Lo mismo haría con otro amigo. Su premura fue tal que nadie pudo impedir que se llevase de una forma brutal la vida de cinco inocentes, entre ellos cuatro niños. Hijos suyos, por si fuera poco. Cuando se presentaron en el lugar, ya encontraron los seis cuerpos sin vida en una habitación en medio de impresionantes charcos de sangre, consecuencia de la metralla empleada para acabar con sus vidas.

Distintas fuentes apuntaron a que escucharon voces infantiles del interior de la vivienda en la que se desarrolló la tétrica matanza que decían «papi, a mí no». No sería extraño. Desgraciadamente la suerte de las criaturas ya estaba echada y su destino tristemente sellado en una mañana en la que sus compañeros de colegio, la Sagrada Familia de la capital burgalesa, lamentaron y lloraron sus muertes, al tiempo que se trataba de correr un tupido velo con el fin de que no se enterase prácticamente el resto del país. Lo sucedido era muy grave en todos los sentidos y mucho más teniendo en cuenta que se trataba de un estrato que todavía gozaba de los parabienes obtenidos a lo largo de cuatro décadas de férrea dictadura militar.

«Se veía venir»

Muchos años después, se hicieron algunas indagaciones en torno a aquel suceso que impactaría profundamente en la ciudad castellana hasta extremos imponderables. En aquel entonces se argumentó que detrás del quíntuple crimen del capitán Moradillo se encontraban algunos problemas psicológicos explicados como «sensible desequilibrio nervioso desencadenando una crisis revestida de una enajenación mental». Todavía no obraba en el vocabulario de la época expresiones como violencia machista o malos tratos a la mujer, que supuestamente podrían estar detrás de este trágico suceso, a pesar de que también hay quien lo engloba en el denominado «suicidio ampliado».

Una de las personas que más se interesó por este sanguinario episodio de la crónica negra española fue el escritor Javier Pastor, quien se adentra en los pormenores del mismo en su novela «Fosa Común». Este autor era hijo de un militar y había sido compañero de juegos e infancia de la hija mayor del capitán Moradillo. En una entrevista concedida a «Diario de Burgos» en su edición del 17 de enero de 2016 recordaba la desolación de amigos y compañeros de las víctimas el día en que se produjo la tragedia. Nadie daba crédito a lo ocurrido, aunque las disputas entre los cónyuges eran frecuentes y a ella, la mujer, se le había visto en más de una ocasión con el rostro macerado a consecuencia de los golpes que presuntamente le habría propinado su marido.

Los que conocían al oficial que terminaría convirtiéndose en uno de los peores criminales de la historia reciente de España, decían de él que en el Cuartel era un hombre disciplinado y cumplidor, que jamás había sido expedientado, pero que cuando se vestía de civil se iba de copas, bebía alcohol en abundancia y frecuentaba prostíbulos. Cuando se encontraba fuera de servicio, se comentaba que era uno de tantos, a quien no le importaba imponer su criterio por las bravas tanto con su esposa como con cualquiera de sus hijos.

A diferencia de lo sostenido en cauces oficiales, entre quienes incluso se llegó a hacer público la trepanación de un oído a la que habría sido sometido Victorino Morillo, sus compañeros de armas comentaban que era un individuo normal, no sospechando jamás que llegase a tales extremos, aunque, más de 40 años después de la horrible matanza, manifestarían que eran conocedores de su carácter brusco con los suyos y que de su actitud tal vez hubiese que esperar cualquier cosa.

En la madrugada previa al quíntuple crimen, guardias urbanos de Burgos habrían mediado entre ambos cónyuges por una disputa que se produjo en plena calle en torno a las dos de la mañana. Al parecer, los enfrentamientos entre ambos eran muy habituales y algunos testigos señalaron que Victorino Moradillo habría manifestado que «cualquier día los mato a todos». No lo tomaron en serio porque al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol. Desgraciadamente, terminaría cumpliendo su macabra palabra, demostrando así que en el férreo y opaco estamento al que pertenecía también sucedían episodios que nadie, en su sano juicio, desearía jamás que se produjesen.

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Un joven de 18 años asesina a su madre y a su abuela en Caspe (Zaragoza)

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El autor del doble crimen de Caspe sería internado en el Hospital Psiquiátrico de la antigua cárcel de Carabanchel

Aquellas fueron las últimas Navidades oficiales del anterior régimen, al menos de su principal representante, el general Franco, cuya existencia se iba diluyendo poco a poco. España era un país todavía con grandes concentraciones de población en villas y pequeñas localidades, a pesar de que proseguía el éxodo rural rumbo a las principales ciudades españolas. Era un país que olía, y todavía mucho, sanamente a pueblo. En una de esas poblaciones ocurriría un suceso que trastornaría su devenir cotidiano y se convertiría en un acontecimiento que llegaría a alterar las rutinas de la tranquila población de Caspe, situada en el Bajo Aragón, al sureste de la provincia de Zaragoza.

En la tarde del día 19 de diciembre de 1974, José Manuel Campos Loren, profesor de instituto había visitado a su madre y su hermana en la vivienda que ocupaban en una de las calles de Caspe, siendo la penúltima persona que las vio con vida. No obstante, al regresar algo más de hora y media después se percató que en el piso que ocupaba su hermana Pilar Campos Loren, de 45 años, las llaves estaban colocadas de una forma diferente a como estaban casi siempre que había alguien en el interior del domicilio. Aún así, no le dio mayor importancia al hecho, pensando que tal vez ambas mujeres hubiesen ido a misa.

Algo más de hora y media después del paso por el inmueble en el que residían las dos féminas, llegó a su casa el marido de Pilar, quien no pudo acceder a su propia casa. Fue entonces cuando llamó a su cuñado, José Manuel, quien se dirigió al lugar con la intención de averiguar lo que sucedía, pues le resultaba realmente extraño la prolongada ausencia de su hermana y de su madre.

Tendidas sobre un charco de sangre

Ambos hombres miraron a través de una cristalera que daba a la cocina y allí contemplaron horrorizados y estupefactos los cuerpos de ambas mujeres en medio de un gran charco de sangre. Se percataron que el autor o autores del doble crimen habían arrastrado los cadáveres, dejando un rastro de sangre en el suelo, formando un ángulo recto. Aquella operación tal vez obedeciese al hecho de que no obstaculizasen el cierre de la puerta de la cocina. Inmediatamente, dieron aviso a la Guardia Civil, que se personó en el lugar de los hechos a fin de obtener pruebas para el esclarecimiento del doble crimen que amargaría las fiestas navideñas a la totalidad de los vecinos de Caspe.

Las fuerzas del orden centraron sus investigaciones en el círculo próximo a las víctimas, pues todo indicaba que el doble crimen había sido perpetrado por un familiar o conocido de las víctimas, quienes tenían la cabeza literalmente destrozada, pero sin presentar heridas en el resto de su cuerpo. Llegaría a sospecharse de si el autor del asesinato les habría facilitado previamente algún hipnótico o sustancia tranquilizante, pues no había signos de lucha en el escenario de la matanza. Todo indicaba a que el suceso, ocurrido a media tarde de aquel 19 de diciembre, se había producido de una forma muy rápida en un breve lapso de tiempo.

En tanto no se detuvo al investigador, se le tomó declaración al hermano e hijo de Casilda Loren Bailo, de 75 años, la otra víctima mortal del suceso, así como a su yerno, aunque muy pronto se desecharía su participación en el sangriento acontecimiento. De la misma forma, también se se desechó que tuviese algo que ver con antiguos clientes del negocio que ambas habían regentado durante muchos años, la fonda «La Oriental», un conocido negocio hostelero de la localidad de Caspe por el que habían pasado centenares de personas de toda clase y condición.

A consecuencia de este desgraciado episodio, una gran psicosis y miedo se apoderó de los caspolinos, no habituados a este tipo de hechos. En las ferreterías se agotaron los cerrojos y cerraduras, ya que se temía que por la localidad vagase algún peligroso depravado que pudiese volver a actuar nuevamente, aunque, por fortuna, eso no ocurriría.

Detención del hijo y nieto

Tras una incertidumbre que se prolongó durante varias jornadas en las que la tensión y los nervios se apoderaron de los vecinos de Caspe, el día anterior a la nochebuena de 1974 sería detenido José Manuel Navales Campos, un joven de 18 años, hijo y nieto de las dos mujeres asesinadas. Calificado por la prensa como «taciturno y retraído», era un muchacho considerado aparentemente normal, aunque con graves problemas de salud física, ya que con tan solo 13 años se le había extraído un riñón, circunstancia esta que le provocaba graves alteraciones, pues, según él mismo afirmaba, los médicos ya lo habían desahuciado y apenas le quedaría un año de vida por aquel entonces, siempre según sus propias palabras.

Su detención provocaría una gran sorpresa en el vecindario, ya que, a pesar de la dolencia que le aquejaba, estaba considerado como una persona que solía pasar inadvertida. Recientemente se había matriculado en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Zaragoza, después de haber aprobado el acceso a la Universidad. En aquel entonces, aunque se encontraba de vacaciones de Navidad, estaba residiendo en el Colegio Mayor Universitaro «La Salle» de la capital maña, en el que compartía habitación con otro interno. Sus compañeros de residencia lo definían como una persona introvertida que solía pasar inadvertido.

Su detención se produjo a las siete de la tarde del 23 de diciembre de 1974 cuando casi nadie esperaba novedades en las últimas horas, pues al autor del doble crimen se le había visto paseando por las calles de la localidad en la misma tarde en que fue detenido. Tras reconocer el crimen y manifestar que les había sacudido con un martillo a las dos mujeres, José Manuel Navales sería ingresado en la enfermería de la Prisión Provincial de Zaragoza.

El móvil del doble crimen habría estado motivado a consecuencia de la grave enfermedad que afectaba al hijo y nieto de las víctimas, pues algunos médicos corrobarían que su estado era prácticamente irreversible, esperándose un fatal desenlace en un tiempo muy próximo. La dolencia provocaba grandes crisis del estado de ánimo de José Manuel Navales, quien era plenamente consciente de que su vida se apagaba.

En los primeros días del mes de junio del año 1975, el doble asesino de Caspe sería trasladado desde la Prisión Provincial de Zaragoza hasta el Hospital Psiquiátrico de Carabanchel, en Madrid, donde terminaría sus días, dado el grave estado de salud que presentaba cuando había dado muerte a su madre y su abuela en aquellas Navidades que fueron inolvidables para caspolinos y no precisamente por lo entrañable que pudiesen resultarles aquellas fechas.

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Impunidad para el asesinato de un matrimonio de ancianos en Canjáyar (Almería)

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Canjáyar fue escenario de un doble crimen en el año 1985

Corría el otoño del año 1985 cuando la localidad de Canjáyar, situada en el suroeste de la provincia y plena comarca de las Alpujarras, iba a ser escenario de un sangriento suceso que desgraciadamente jamás sería resuelto, saliéndose, una vez más, los asesinos con la suya. Hasta se desconoce el móvil que pudo llevar a los criminales a acabar con la vida de un matrimonio que superaba la sesentena y que difícilmente podría haberles hecho frente a sus malhechores. Todo muy extraño. Incluso, se podría abundar en que demasiado raro.

El día 20 de noviembre de 1985 los vecinos de la calle Santa Cruz echaron en falta a los residentes en el número seis de esta vía, Pedro Navarro González, de 70 años de edad y su esposa Virtudes Andrés Muñoz, de 63. Tantas horas de ausencia no eran normales para una pareja a la que acostumbraban a ver desde primeras horas de la mañana. Ya, a media tarde, del interior de la vivienda no se escuchaban ruidos, por lo que decidieron echar abajo la puerta trasera de su domicilio al sospechar que alguno de ellos, o ambos, se pudiesen encontrar indispuestos por cualquier percance.

Fueron varios los habitantes del pueblo que se adentraron en el interior de la vivienda y se llevaron una morrocotuda y desagradable sorpresa. Sería harto complicado describir la sensación que debieron sufrir al contemplar un escenario dantesco y terrible, ya que ambos moradores estaban muertos. No cabía ninguna duda que su deceso había obedecido a una circunstancia en la que se había empleado una violencia extrema.

Sobre un sillón

La primera imagen que contemplaron fue la de Virtudes, que se encontraba sentada sobre un sillón que estaba completamente encharcado de sangre. A primera vista todo indicaba que la mujer había recibido un fuerte golpe en la cabeza que la había dejado literalmente seca. Su esposo, Pedro, estaba tirado en el pasillo con el rostro tumefacto y la cara totalmente cubierta de sangre. El tétrico panorama inmediatamente fue puesto en conocimiento de las autoridades, tanto policiales como judiciales, que se pusieron a trabajar en el suceso.

A partir de ese instante comenzaron las especulaciones y elucubraciones, si bien es cierto que casi todas ellas infundadas. Por Canjáyar se extendería el rumor de que el esposo le había dado muerte a su mujer y después se habría suicidado. No obstante, esta circunstancia sería desechada por la autopsia practicada a ambos cuerpos y confirmó la intervención de una tercera persona, sin hallarse jamás el arma homicida, fundamental en estos casos.

El móvil del doble crimen podría ser de carácter económico, aunque de la casa no faltaron cosas de valor. Así, unas 20.000 pesetas que había sacado el hombre del banco se comprobó que habían sido invertidas en diferentes compras. Llamaba también poderosamente la atención que no se hubiese forzado puerta o ventana alguna, lo que podría dar a entender que el asesino o asesinos eran conocidos de la pareja. Igualmente se puso en solfa el hecho de que los vecinos hubiesen contaminado el escenario del doble crimen al entrar en tropel al interior del inmueble. Algunas pruebas fueron enviadas a los departamentos de la Dirección General de la Policía, a su departamento de Criminalística, sin que arrojasen grandes revelaciones que ayudasen a esclarecer el sangriento suceso.

Nueve horas

Los resultados de la autopsia a los cadáveres de las dos víctimas de este crimen pondrían de manifiesto la triste circunstancia de que el hombre estuvo varias horas agonizando, hasta el extremo de fallecer nueve horas después que su mujer, tiempo este que hubiese resultado crucial para la resolución del doble asesinato. Al mismo tiempo se encargaría de corroborar que Pedro no le había dado muerte a su cónyuge, tal como llegó a especularse y que en su deceso había intervenido una tercera persona, o incluso alguna más.

En días posteriores, la Guardia Civil efectuó algunas indagaciones, que tampoco servirían de gran cosa, interrogando a un grupo de personas de etnia gitana que habían acampado en los aledaños de la localidad, descartando por completo que tuviesen algo que ver en el doble crimen. Se barajó la hipótesis que el doble asesinato hubiese sido perpetrado por alguna banda organizada que por aquel entonces estaban actuando por áreas rurales de Andalucía.

El médico de la localidad mostró su convencimiento de que el autor o autores del doble crimen conocían bien la vivienda, corroborado por el hecho de que no hubiesen empleado métodos violentos para acceder a la misma y coincidía en que aquel crimen era obra de algún grupo, en un tiempo en el que se habían intensificado los robos y asaltos a las viviendas de villas y pueblos andaluces.

De la instrucción de este caso se encargaría un por entonces jovencísimo y todavía desconocido juez, Baltasar Garzón, quien manifestaría su sorpresa por cómo se habían desarrollado los hechos, llegando a decir que «existía una gran oscuridad en este caso». En semejantes términos se expresaría el alcalde de la localidad, quien llegaría a calificar el suceso como «de película», al tiempo que haría un pronóstico que, desgraciadamente, terminaría por cumplirse, manifestando que los autores del doble crimen iban a estar muchos años en el anonimato, como así ha sido. Tantos, que jamás han sido descubiertos. Ahora ya ha prescrito y para colmo de males, en total impunidad.

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Un clan gitano asesina a tres hermanos agricultores en un pueblo de Huelva

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Portada del semanario EL CASO dando cuenta de la tragedia de Bonares

En el año 1981 España vivió algunos sobresaltos que mantuvieron con el alma en vilo al país. Sin lugar a dudas, el más sonado de todos fue la intentona golpista del 23 de febrero, que se saldaría con la repulsa generalizada de la mayor parte de la población que aspiraba a vivir en paz. Posteriormente, llegaría el no menos célebre asalto al Banco Central de Barcelona, justo tres meses después del archifamoso 23-F. A pesar de aquellos oscuros episodios el país seguía su rumbo con paso firme, no exento de los habituales sucesos que ocurren en prácticamente todas las latitudes.

Uno de esos desgraciados acontecimientos que dejaría su impronta hasta nuestros días ocurriría en la localidad onubense de Bonares, que se alza a lomos del Río Tinto en el cuadrante sur de la provincia de Huelva, el día 4 de julio de 1981, saldándose con la horrible matanza de tres hermanos, que eran agricultores. Como casi todos los hechos sangrientos, este comenzaría con una cuestión trivial que sería llevada a cauces extremos por un clan de etnia gitana que no dudó en emplear todos los medios que estuvieron a su alcance para procurarles una muerte horrorosa a aquellos tres honrados trabajadores.

En aquella jornada un nutrido grupo de personas de etnia gitana acampó en las inmediaciones de la finca «Los Galgos», propiedad de los hermanos Pérez Expósito. Una vez que establecieron su campamento dieron rienda suelta a sus animales para que pastasen por la zona. La mala suerte provocaría que uno de sus caballos se entrometiese en el sembrado agrícola de aquellos agricultores. Estos, cuando se dirigieron a hacer sus habituales tareas se encontraron con el animal en su terreno, desconociendo de quien era propiedad. Posteriormente, lo llevaron hasta el cuartel de la Guardia Civil de Bonares, donde dieron cuenta a la Benemérita de lo ocurrido, así como la tasación de los daños, que estimaron en algo más de 800 pesetas, menos de cinco euros al cambio actual.

Rodeados

Al percatarse de la ausencia del equino, algunos miembros del clan se trasladaron hasta el cuartel en el que se encontraba para recuperarlo. Posteriormente, regresarían hasta el lugar en el que habían montado el campamento, no sin antes montar una monumental bronca con los tres hermanos Pérez Expósito. Los gritos del jaleo que se había montado se escucharon en el lugar de acampada, por lo que otros gitanos se dirigieron hasta el punto en que se estaba produciendo el enfrentamiento verbal, algunos de ellos armados con palos e incluso con navajas.

Fuera de sí, y muy posiblemente heridos en su orgullo, comenzaron una batalla campal contra aquellos tres indefensos agricultores, a quienes muy pronto rodearon, sin que pudiesen tener la más mínima opción de defenderse. Recibieron golpes, patadas, insultos y heridas de arma blanca. Dos de los tres hermanos quedaron fulminados prácticamente en el lugar del ataque, uno de ellos con el cráneo hundido, lo que ofrece una dimensión de la brutal paliza que recibieron por parte de un grupo de desalmados.

Los primeros en fallecer fueron José y Gonzalo Pérez Expósito, de 43 y 45 años respectivamente. Mientras, el otro miembro de la familia, Juan Antonio, de 47 años, quedaría malherido en el lugar de los hechos, falleciendo una semana después en un centro sanitario de Sevilla muy probablemente a consecuencia de la masiva pérdida de sangre que registró a consecuencia de los golpes y heridas que le infirieron sus atacantes, ya que estuvo inconsciente durante el tiempo que permaneció hospitalizado.

De hecho, el triple crimen no se descubriría hasta el día siguiente cuando el padre de las tres víctimas se dirigió a la finca debido a la inusual tardanza de sus hijos. Allí comprobaría en primera persona el tétrico panorama que habían dejado los asesinos, al tiempo que el mayor de sus vástagos, todavía vivo, se debatía, con muy mal pronóstico, entre la vida y la muerte.

Una vez cometida la macabra acción, el clan de etnia gitana que había acampado en las inmediaciones de la finca en la que se perpetró la matanza, huyeron del lugar montados en sus respectivos carruajes, desentendiéndose por completo de la suerte que habían corrido sus víctimas, una de las cuáles se encontraba agonizando.

Detención y condena

La huida del lugar de los autores del crimen provocaría muchas dificultades a la Guardia Civil a la hora de esclarecer lo que había ocurrido en aquella aciaga tarde de verano en Bonares. Solamente contaban con el dato del caballo que se había internado en un sembrado. Para poder dar captura a los asesinos de los tres agricultores, debieron identificar hasta un total de 250 personas de etnia gitana y recorrer hasta un total de 48 ferias de otras tantas localidades. De hecho, tardaron más de un mes en capturar a los criminales.

La Brigadilla de la Calzada detendría a los entonces todavía supuestos asesinos el día 10 de agosto de 1981 en la localidad sevillana de Benacazón, donde se realizaría el arresto de un total de doce personas, cuatro en calidad de homicidas y otros ocho como supuestos cómplices o encubridores. Como es habitual en estos casos, todos ellos negarían su participación en el triple crimen de Bonares. Igualmente, emplearían las típicas excusas en las que hablaban de una inexistente provocación y otros hechos similares.

Algo más de año y medio después de la truculenta matanza que conmocionó a la provincia de Huelva, en la Audiencia Provincial se celebró el juicio contra los autores del triple asesinato. El principal responsable del mismo fue un joven Manuel Caro Navarro, que fue condenado a 45 años de prisión, acusado de tres delitos de homicidio. Sobre otro miembro del clan,Juan Caro Jiménez, recaería una sentencia de 30 años de cárcel en calidad de cómplice, en tanto que Manuel Candado de la Cruz sería condenado a 24 años de prisión. Por su parte, Alfonso Martínez se vería privado de libertad durante nueve años.

La única mujer involucrada en el triple crimen, Antonia Navarro fue sentenciada a 21 años de cárcel, en calidad de cómplice del triple crimen. Asimismo, debían indemnizar con diez millones de pesetas, en concepto de responsabilidad civil a los herederos de las víctimas. Terminaba así un proceso de un suceso que llevó a una de las peores tragedias ocurridas en el sur de la Península y que ha pasado en letras mayúsculas a la historia de la crónica negra española.

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Tres jóvenes muertos en Macastre (Valencia): Más de tres décadas de misterio de un tenebroso suceso

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Fotos de los tres jóvenes hallados muertos en un paraje de Macastre

Este episodio es un dramático suceso que guarda muchos parangones con el tristemente célebre caso Alcasser, ocurrido casi cuatro años después. Sin embargo, este desgraciado acontecimiento apenas mereció atención mediática, una circunstancia que se achacó al bajo extracto social de las víctimas y al hecho que perteneciesen a familias desestructuradas, siendo relegado prácticamente al olvido, sin que nadie volviese a indagar más sobre lo que aconteció en el primer mes del año 1989 en la localidad valenciana de Macastre que dista tan solo 34 kilómetros de Alcasser.

Los tres jóvenes, dos chicas de 15 años y un chaval de 14, que respondían a los nombres de Rosario Gayete Muedra, Pilar Ruiz Barriga y Francisco Valeriano Flores tomaron un autobús desde la pedanía valenciana de Benimáment que los conduciría hasta Macastre, cubriendo en total una distancia de algo más de 40 kilómetros. Los tres eran consumidores habituales de estupefacientes, siendo adictos al Benzol, conocida popularmente como «la droga de los pobres». El chico del grupo también había experimentado con la cocaína y la heroína. A pesar de su extrema juventud, ya había perpetrado algún robo, por lo que se encontraba internado en un centro de menores de Godella.

La última vez que fueron vistos con vida fue en un bar conocido como «El Parador», en el que se abastecieron de unos bocadillos y bebidas para pasar la noche. Se da la curiosa circunstancia que en este mismo establecimiento hostelero fue en el que se divisó al tristemente célebre Antonio Anglés el día en el que supuestamente perpetró el secuestro de las tres jóvenes que aparecerían asesinadas cuatro años más tarde.

El primer cadáver

El día 19 de enero de 1989 un agricultor que se encontraba en la partida de Cuerna, perteneciente al término municipal de Macastre hallaba el cuerpo sin vida de Rosario Gayete, que era la novia de Francisco Valeriano. En un principio sospechó que la joven se encontraba dormida, aunque más tarde se percataría que la muchacha estaba realmente muerta. Su aspecto no presentaba señales de violencia. Únicamente se encontró un líquido blancuzco que semejaba ser semen en la zona genital, aunque nunca se podría aclarar este aspecto. La autopsia tampoco revelaría las causas del deceso de la muchacha, especulándose que podría haber fallecido como consecuencia de una sobredosis de drogas.

El hallazgo del primer cuerpo hizo sospechar que los otros dos miembros del grupo pudiesen haber corrido la misma suerte. Pero, al igual que de una serie de misterio se tratase, los cadáveres de los otros dos jóvenes no serían encontrados hasta pasado algún tiempo. Algo más de dos meses y medio después del hallazgo del cuerpo de Rosario, concretamente el 8 de abril de 1989 era hallado el cadáver de Francisco, su novio, que también fue localizado por un agricultor que buscaba espárragos en medio de unos arbustos, a tan solo 400 metros del lugar en el que había aparecido el primer cadáver.

Al igual que Rosario, tampoco presentaba signos de violencia. Su cadáver se hallaba boca abajo, sobre un plástico y junto a una vela partida en dos, similar a otras halladas en la caseta en la que había sido encontrado el cuerpo de su compañera. Una hipótesis abundaba en la posibilidad de que el muchacho hubiese intentado huir del lugar, probablemente la caseta, pero sin conseguirlo, probablemente a consecuencia del consumo de drogas. La autopsia tampoco ofrecería pistas concretas que indicasen la causa precisa de su deceso.

Una muerte violenta

El cadáver de la última joven fallecida en este trágico episodio fue Pilar Ruiz Barriga, que no sería encontrado hasta el día 26 de mayo de 1989. Su cuerpo fue hallado por unos niños que se encontraban jugando cerca de un canal de riego de la partida de Calahuet de Turís. A diferencia de sus compañeros de acampada, las señales de violencia eran más que evidentes. Además, se encontraba en pleno estado de descomposición.

El cadáver estaba mutilado, faltándole una mano y un pie que, según se encargaría de demostrar la autopsia, había sido seccionado con una motosierra. Hacía algo más de cuatro meses que una ciudadana había encontrado un pie seccionado en la calle Alcasser de Valencia, que inmediatamente los investigadores asociarían con el de la joven hallada en aquel lugar de tan difícil acceso.

El día 6 de mayo se recibió una llamada anónima en el «teléfono de la droga» en relación con la muerte de Pilar Ruiz Barriga, en la que se alertaba de la localización de su cadáver. La misma atribuía el crimen que le había costado la vida a un conocido drogadicto valenciano apodado «Wichita», quien, interrogado por la Policía negó tener ninguna relación con los hechos. Reconocería, eso sí, que conocía Macastre pero que no acudía allí desde el año 1973. Lo curioso de esta última circunstancia es que la Policía no haría ninguna indagación en el lugar en el que supuestamente localizaba el cadáver la llamada anónima, no siendo descubierto hasta 20 días más tarde.

Investigación

Algunos estudiosos del caso sostienen que se realizó una deficiente investigación en este misterioso y macabro suceso, pues está comprobado que en la caseta en la que apareció el primer cadáver se encontraron las huellas digitales de una cuarta persona, además de los tres jóvenes muertos. Uno de los pocos investigados fue un individuo, jornalero de profesión, conocido como «Miguelo» quien supuestamente habría invitado a Rosario a un refresco en la localidad de Catadau en un bar del mismo nombre el día 15 de enero de 1989. Trasladado al juzgado reconoció que conocía a los adolescentes muertos, pues vivían en una casa en ruinas próxima a la suya, pero negó en todo momento que hubiese invitado a la joven fallecida.

La investigación se cerró en falso, sin hallar ningún otro culpable. Solamente se hizo una tesis de cómo habrían ocurrido los desgraciados hechos. En ella se apuntaba a que las dos víctimas principales pudieron haber sido la pareja de novios, en tanto que el autor o autores del crimen se habrían deshecho de Pilar por la fuerza para evitar dejar pruebas. Tampoco se hicieron indagaciones acerca de a quien podrían corresponder las huellas digitales halladas en el interior de la caseta, aspecto este que hubiese resultado crucial y poco menos que definitivo.

Cuando se produjo el triple crimen de Alcasser en el transcurso del juicio se le preguntó a Miguel Ricart sobre su hipotética participación en el suceso ocurrido en Macastre, negando taxativamente cualquier relación con el mismo. Desde entonces, aunque se han publicado un gran número de artículos así como también un libro, el caso ha sido definitivamente archivado y, a día de hoy, más de treinta años después, ha prescrito sin saber lo que realmente ocurrió en aquel paraje levantino el primer mes del año 1989.

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Impunidad para el brutal asesinato de una joven pareja de médicos en Álava

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Vivienda en la que aparecieron los cuerpos de los dos jóvenes médicos asesinados

En el año 1976 España estaba iniciando una profunda transformación con la que dejar atrás cuarenta años de dictadura. Era el tiempo en el que se recobraban las libertades y un aire nuevo de cambio corría por todo el país. Decían los más viejos que la gente joven quería vivir de la mejor manera posible, sin disciplina, que por ello necesitaba un poco de mano dura. Sin embargo, aquello no dejaba de ser un manido tópico y olvidaban que la libertad es tal vez, junto con la propia vida, el bien más preciado del hombre. Se achacaban algunos sucesos a los nuevos vientos que soplaban por toda la Península, aunque también ignoraban, quizás porque vivieron en etapas de opacidad oficial, que siempre había habido acontecimientos sangrientos, muchos más que en la Transición democrática, y por supuesto que en los tiempos que nos ha tocado vivir.

Un hecho espeluznante, de esos que se achacaban precisamente a los aires de libertad, ocurrió en la pequeña aldea de Nograro, perteneciente al municipio Valdegovia, en la provincia de Álava el día 11 de diciembre de 1976 cuando al anochecer de esa jornada eran encontrados los cuerpos sin vida de María de los Ángeles Etayo Gauna, de 24 años de edad y su marido Juan Estruch Sánchez, de 28. Sus cadáveres presentaban heridas horribles y algunas mutilaciones, ofreciendo un panorama dantesco, no apto para personas con un mínimo de sensibilidad humana.

Ambas víctimas hacía poco más de mes y medio que habían contraído matrimonio y algunas fuentes apuntaban a que la joven pudiese encontrarse embarazada. Asimismo, ambos habían concluido recientemente sus estudios de Medicina, que habían cursado en la Universidad de Zaragoza. La mujer era originaria de la localidad vasca de Erentxun en tanto que él era de Soria.

Un antiguo novio

Aquel día, por la mañana, María de los Ángeles y Juan, el jovencísimo matrimonio se habían desplazado desde Vitoria hasta la aldea de Noragro, en Valdegovia, distantes entre sí algo más de 45 kilómetros. Allí, ella se había citado con un antiguo novio, José Luis Castresana Martínez, un joven de 28 años con raíces vascas pero cuya familia se había desplazado hasta Colombia en la década de los sesenta. Este último había mantenido una relación con la joven médica durante algo más de dos años y habían concluido su relación de una manera muy abrupta y su ex-novia se había casado al poco tiempo de conocer a quien ya era su marido.

Nunca se sabrá el modo empleado por José Luis, mecánico de profesión, para convencer a María de los Ángeles para que acudiese a la letal cita que le había preparado. Ni tampoco como consiguió que la acompañase quien se había convertido en su marido de manera reciente. Lo cierto es que aquella joven pareja no regresaría a comer el día de autos, tal y como le había prometido a su familia, entre quienes comenzó a cundir la alarma a medida que pasaban las horas. Les resultaba muy extraño que ambos jóvenes no hubiesen regresado ni siquiera durante la tarde.

En vista de que no volvían se comenzaron a temer lo peor y decidieron ellos acudir en su búsqueda. Llamaron al pedáneo de Nograro para que los acompañase hasta la vivienda al anochecer de aquel 11 de diciembre de 1976. Este les preguntó si deseaban adquirir la vivienda y ellos le manifestaron su preocupación por la ausencia de sus familiares. Al llegar al portal de la vivienda se encontraron con una gran cantidad de sangre que no era normal, lo que les hizo temer lo peor. Una persona se aproximó a un ventanuco de las cuadras y allí contempló, con horror, los cuerpos sin vida, literalmente destrozados, de María de los Ángeles y Juan.

Los cadáveres del joven matrimonio presentaban un aspecto horrible y truculento, que sobrecogería a quienes descubrieron sus cuerpos, en torno a las diez de la noche del día de autos. El autor del crimen había empleado un arma blanca, ya fuese un cuchillo o un machete para dar muerte a la pareja. Asimismo, se encargaría de realizar mutilaciones y múltiples heridas en sus cuerpos, ensañándose con sus cuerpos de una forma desmedida. Todo apuntaba a que el asesino era un conocido de ambos, o al menos de uno de los dos y que había actuado de forma vengativa y despechada.

Asesino huido

Quienes conocían a María de los Ángeles Etayo sabían que había mantenido una larga relación con uno de los hijos de los propietarios de la vivienda en la que aparecieron, que se llamaba José Luis Castresana Martínez. Se comentaba también que la familia de la joven no estaba de acuerdo con aquella relación, si bien le reprocharon que rompiese de una manera tan repentina y abrupta aquel noviazgo.

El móvil del doble crimen no cabía duda que obedecía a lo que entonces se denominaba «cuestiones pasionales», que hoy en día se englobaría en el apartado de la violencia machista. Es decir, que el antiguo novio de la médica actuó movido por el resentimiento provocado por el abandono de quien había sido su novia. De ahí, la saña empleada contra ambas víctimas. En cuanto a la hora exacta del crimen, algunas fuentes apuntaban a que había sido en el momento en que ambos llegaron a bordo de un vehículo Citroën Dyane 6, que fue encontrado en las inmediaciones de la vivienda en la que aparecieron los cuerpos. Otros, por contra, sostienen que pudo haber ocurrido alrededor de la una de la tarde.

Sea como fuere, lo cierto es que a José Luis Martínez Castresana le dio tiempo suficiente para poder abandonar el país, muy probablemente con destino a tierras sudamericanas, concretamente a Colombia, donde se había criado y había vivido gran parte de su vida. De hecho, contaba con pasaporte y dinero suficiente para poder dejar España cuando lo desease y algunas fuentes lo situaban en Bogotá a los dos días de perpetrado el doble crimen. Su vehículo aparecería en las inmediaciones del aeropuerto madrileño de Barajas, lo que vendría a corroborar la tesis de la huida al extranjero.

En los más de 40 años que han pasado desde el doble crimen que aterró a Álava en plena Transición democrática no se han vuelto a tener noticias del supuesto autor del asesinato del joven matrimonio muerto en 1976. Se apuntaba a la posibilidad de que se hallase residiendo en Brasil, puesto que desde este país las extradiciones requieren un mayor grado de complejidad, en tanto que hasta se ha llegado a sospechar que se hubiese suicidado, aunque todo ello no dejan de ser meras conjeturas a las que les falta consistencia. Lo que sí se sabe es que este doble crimen ha prescrito con total impunidad y su autor podría entrar en nuestro país sin temer la acción de la justicia.

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Asesina cruelmente a tres personas en un pueblo de Granada (El triple crimen de El Bejarín)

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La localidad granadina de El Bejarín fue escenario de un brutal crimen en la primera mitad de los años cincuenta del siglo XX

Al igual que muchos pueblos y villas españolas, El Bejarín, una pedanía adscrita al municipio de Purullena, en la comarca de Guadix, en el centro de la provincia de Granada, era un lugar tranquilo y apacible en el que el cotidiano trabajo en el campo absorbía la práctica totalidad del tiempo de su vecindario. Sin embargo, al igual que casi siempre ocurre en estos casos, la tranquilidad que se respiraba en el apacible pueblo andaluz se vería bruscamente interrumpida el día 25 de enero de 1952 cuando un vecino suyo Antonio Hernández Jiménez alias «Cipriano» perpetraba una de las peores barbaridades de la crónica negra española que llevaría ineludiblemente unido a El Bejarín con uno de los episodios sangrientos de la posguerra más truculentos y jamás contado.

Antonio Hernández era un agricultor de 43 años que codiciaba una finca de unos vecinos suyos, un matrimonio ya mayor que no tenía descendencia. Al parecer había intentado en diferentes ocasiones que sus propietarios le cediesen de forma gratuita aquel terreno, pero sin conseguir su objetivo. Casado y padre de una prole de cinco hijos, sin que se observase ninguna mancha en su comportamiento, un buen día de invierno decidió, de muy malas maneras, que aquella finca recaería en sus manos, independientemente de los medios que hubiese que emplear para ello. Sin importarle los métodos ni mucho menos las formas.

Su acción, que costaría la vida a tres personas, la había planificado de una forma meticulosa, aunque el desarrollo dejaría muchos flecos que servirían para encausarle a los pocos días de perpetrado el triple asesinato. Le había dicho a una hermana de la criada que atendía al matrimonio mayor, que estos no eran gente de fiar, por lo que debería abandonar aquel trabajo, un comentario que serviría de prueba en el juicio que se siguió en su contra.

Un estoque

El «Cipriano» se había provisto de un estoque con el fin de dar muerte a los tres moradores de la vivienda en la que provocaría la tragedia. A últimas horas de la tarde del día de autos, aporreó la puerta de la casa. Le abrió la dueña Aurelia Lozano Torres, de 73 años, a quien le solicitó una pastilla para el dolor de cabeza que supuestamente le afectaba. Cuando esta se dirigía a la cocina en busca del medicamento, Antonio Hernández aprovechó el descuido de la mujer para abalanzarse sobre ella y atravesarla con su mortífera arma por la espalda en repetidas ocasiones, convirtiéndose así en su primera víctima.

A los gritos de su ama, y ante el lógico alboroto que se había formado, acudió la criada María Claret Martínez, una joven de 23 años, quien nada pudo hacer para socorrer a la dueña de la casa. Su presencia ante el asesino tan solo serviría para convertirse en la segunda víctima de la tragedia. Al igual que había hecho con Aurelia, a la muchacha la asesinó con el mismo estoque que portaba en el interior de un bastón.

El tercer y último asesinato sería el del dueño de la casa, Francisco Ponte Sedano, un anciano de 84 años que se encontraba ya durmiendo y que se encontraba en estado de decrepitud prácticamente absoluto. Aunque se incorporó de su lecho, nada pudo hacer ante el criminal, quien, desbocado en la sangrienta orgía, le dio muerte en aquel mismo lugar en el que estaba ya descansado.

Una vez perpetrados los tres asesinatos, el «Cipriano» comenzó a revolver en todas las estancias de aquel hogar en busca de las escrituras que ansiaba. Al encontrarlas falsificó algunos datos, entre ellos la firma de los dos ancianos. Con todo ello pretendía revestir de una falsa formalidad la supuesta compra de la firma, cuyo importe supuestamente ascendía a 60.000 pesetas de la época, que era todo un dineral.

Quema de los cuerpos

Concluida la matanza, intentó borrar las posibles pruebas incriminatorias. Para ello no escatimó en medios. Apiló toda la cantidad de madera posible en las inmediaciones de la cocina hasta que no le quedó absolutamente nada, rompiendo muebles y estanterías con las que hizo una pira. De la misma forma, troceó los cuerpos para que se consumiesen mejor en el fuego. Allí estuvo hasta bien entrada la madrugada fumando de manera compulsiva, lo que daría pie a una leyenda.

El albor del nuevo día fue el momento que aprovechó para escapar del lugar de autos. Cerraría la puerta con la misma llave de la vivienda, no reparando en que fue avistado por una vecina que le vio como arrojaba de nuevo la llave al interior del inmueble por una ventana que había dejado abierta a propósito.

A la mañana siguiente a la comisión del triple crimen, Antonio Hernández Jiménez se dirigió a un procurador a Guadix con las supuestas escrituras de la compra de la finca. Manifestó al abogado que había quedado con Aurelia Lozano Torres a fin de proceder a la formalización de la venta de la propiedad, siendo aquí cuando se «enteró» del triple crimen ocurrido en El Bejarín, que había provocado un gran espanto en la localidad.

Al parecer, fingió estar muy afligido y disgustado, pues le comunicó tanto al procurador como al notario que le había entregado al matrimonio asesinado la nada despreciable cantidad de 60.000 pesetas por una finca y que la muerte de los ancianos le iba a suponer su ruina, pues no se había formalizado públicamente, con lo cual sus herederos muy probablemente no diesen el visto bueno a la operación. Ambos, procurador y notario, trataron de tranquilizaron y le manifestaron que no tendría mayores problemas.

Detención, condena y ejecución

Antonio Hernández Jiménez distaba mucho de ser un profesional del crimen. Había muchas pruebas que le delataban y fue la persona a quien pusieron en el punto de mira los investigadores desde el primer momento. Evidentemente, las escrituras ya estaban en entredicho. Pero no era solo eso. Una vecina había visto como arrojaba las llaves al interior de la vivienda, una vez hubo dado muerte a sus moradores.

Tras ser detenido por la Guardia Civil, negó haber sido él quien había dado muerte a los dos ancianos y su criada. Después narraría dos esperpénticas versiones que no dejaban de ser unas vulgares excusas. En una de ellas, decía que había sido secuestrado por unos gitanos que fueron quienes le dieron muerte a las tres personas y lo habían obligado a él a presenciar el dantesco espectáculo. Si surrealista era esta versión, no lo era menos en la que manifestaría que se había visto obligado a asesinarlos él mismo en defensa propia, alegando que los tres moradores de la casa habían intentado asesinarlo. Finalmente, optó por decir que no se acordaba de nada.

El día 5 de diciembre de 1953 se iniciaba el juicio contra el «Cipriano», que levantaría una inusitada expectación -aunque lógica, por otra parte- en toda la comarca de Guadix. Hasta un total de once testigos fueron llamados a declarar. Igualmente fue necesaria la presencia de peritos grafológicos y psiquiátricos, llegando estos últimos a la conclusión que Antonio Hernández no sufría ninguna patología mental que alterase su percepción de la realidad, siendo consciente plenamente de sus actos en todo momento. Igualmente, quedaría demostrada la falsedad de las firmas en los documentos que pretendía que sirviesen de coartada para la falsa compra de una propiedad.

Una semana más tarde, el día 12 del mismo mes, la Audiencia Provincial de Granada hacía pública la sentencia. Su resultado no podía ser más contundente y duro. El único encausado por el triple crimen de El Bejarín era condenado a tres penas de muerte, una por cada asesinato, así como al pago en concepto de responsabilidad civil de 30.000 pesetas a los descendientes de la criada asesinada y 25.000 a los familiares del matrimonio de ancianos asesinado. Toda condena a la pena capital llevaba aparejado consigo el recurso al Tribunal Supremo, quien, en este caso, se mostraría inflexible, limitándose a confirmar la resolución emitida por la Audiencia granadina, haciendo público su fallo el 16 de diciembre de 1954.

Le quedaba únicamente la gracia del indulto por parte de la Jefatura del Estado, quien también se mostraría inflexible y Antonio Hernández Jiménez terminaría con sus huesos en el cadalso. La fecha de su ejecución fue el día 8 de julio de 1955 a las siete de la mañana. El encargado de ponerle fin a su existencia sería el célebre verdugo sevillano Bernardo Sánchez Bascuñana, quien falló en la primera vuelta del garrote vil. Para enmendar su error, el sayón no dudó en propinarle un golpe en la cabeza a el «Cipriano», quien así pasaba a mejor vida. Por esta circunstancia, le sería instruido un expediente por «brutalidad». No era para menos.

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