Un clan gitano asesina a tres hermanos agricultores en un pueblo de Huelva

En el año 1981 España vivió algunos sobresaltos que mantuvieron con el alma en vilo al país. Sin lugar a dudas, el más sonado de todos fue la intentona golpista del 23 de febrero, que se saldaría con la repulsa generalizada de la mayor parte de la población que aspiraba a vivir en paz. Posteriormente, llegaría el no menos célebre asalto al Banco Central de Barcelona, justo tres meses después del archifamoso 23-F. A pesar de aquellos oscuros episodios el país seguía su rumbo con paso firme, no exento de los habituales sucesos que ocurren en prácticamente todas las latitudes.

Uno de esos desgraciados acontecimientos que dejaría su impronta hasta nuestros días ocurriría en la localidad onubense de Bonares, que se alza a lomos del Río Tinto en el cuadrante sur de la provincia de Huelva, el día 4 de julio de 1981, saldándose con la horrible matanza de tres hermanos, que eran agricultores. Como casi todos los hechos sangrientos, este comenzaría con una cuestión trivial que sería llevada a cauces extremos por un clan de etnia gitana que no dudó en emplear todos los medios que estuvieron a su alcance para procurarles una muerte horrorosa a aquellos tres honrados trabajadores.

En aquella jornada un nutrido grupo de personas de etnia gitana acampó en las inmediaciones de la finca «Los Galgos», propiedad de los hermanos Pérez Expósito. Una vez que establecieron su campamento dieron rienda suelta a sus animales para que pastasen por la zona. La mala suerte provocaría que uno de sus caballos se entrometiese en el sembrado agrícola de aquellos agricultores. Estos, cuando se dirigieron a hacer sus habituales tareas se encontraron con el animal en su terreno, desconociendo de quien era propiedad. Posteriormente, lo llevaron hasta el cuartel de la Guardia Civil de Bonares, donde dieron cuenta a la Benemérita de lo ocurrido, así como la tasación de los daños, que estimaron en algo más de 800 pesetas, menos de cinco euros al cambio actual.

Rodeados

Al percatarse de la ausencia del equino, algunos miembros del clan se trasladaron hasta el cuartel en el que se encontraba para recuperarlo. Posteriormente, regresarían hasta el lugar en el que habían montado el campamento, no sin antes montar una monumental bronca con los tres hermanos Pérez Expósito. Los gritos del jaleo que se había montado se escucharon en el lugar de acampada, por lo que otros gitanos se dirigieron hasta el punto en que se estaba produciendo el enfrentamiento verbal, algunos de ellos armados con palos e incluso con navajas.

Fuera de sí, y muy posiblemente heridos en su orgullo, comenzaron una batalla campal contra aquellos tres indefensos agricultores, a quienes muy pronto rodearon, sin que pudiesen tener la más mínima opción de defenderse. Recibieron golpes, patadas, insultos y heridas de arma blanca. Dos de los tres hermanos quedaron fulminados prácticamente en el lugar del ataque, uno de ellos con el cráneo hundido, lo que ofrece una dimensión de la brutal paliza que recibieron por parte de un grupo de desalmados.

Los primeros en fallecer fueron José y Gonzalo Pérez Expósito, de 43 y 45 años respectivamente. Mientras, el otro miembro de la familia, Juan Antonio, de 47 años, quedaría malherido en el lugar de los hechos, falleciendo una semana después en un centro sanitario de Sevilla muy probablemente a consecuencia de la masiva pérdida de sangre que registró a consecuencia de los golpes y heridas que le infirieron sus atacantes, ya que estuvo inconsciente durante el tiempo que permaneció hospitalizado.

De hecho, el triple crimen no se descubriría hasta el día siguiente cuando el padre de las tres víctimas se dirigió a la finca debido a la inusual tardanza de sus hijos. Allí comprobaría en primera persona el tétrico panorama que habían dejado los asesinos, al tiempo que el mayor de sus vástagos, todavía vivo, se debatía, con muy mal pronóstico, entre la vida y la muerte.

Una vez cometida la macabra acción, el clan de etnia gitana que había acampado en las inmediaciones de la finca en la que se perpetró la matanza, huyeron del lugar montados en sus respectivos carruajes, desentendiéndose por completo de la suerte que habían corrido sus víctimas, una de las cuáles se encontraba agonizando.

Detención y condena

La huida del lugar de los autores del crimen provocaría muchas dificultades a la Guardia Civil a la hora de esclarecer lo que había ocurrido en aquella aciaga tarde de verano en Bonares. Solamente contaban con el dato del caballo que se había internado en un sembrado. Para poder dar captura a los asesinos de los tres agricultores, debieron identificar hasta un total de 250 personas de etnia gitana y recorrer hasta un total de 48 ferias de otras tantas localidades. De hecho, tardaron más de un mes en capturar a los criminales.

La Brigadilla de la Calzada detendría a los entonces todavía supuestos asesinos el día 10 de agosto de 1981 en la localidad sevillana de Benacazón, donde se realizaría el arresto de un total de doce personas, cuatro en calidad de homicidas y otros ocho como supuestos cómplices o encubridores. Como es habitual en estos casos, todos ellos negarían su participación en el triple crimen de Bonares. Igualmente, emplearían las típicas excusas en las que hablaban de una inexistente provocación y otros hechos similares.

Algo más de año y medio después de la truculenta matanza que conmocionó a la provincia de Huelva, en la Audiencia Provincial se celebró el juicio contra los autores del triple asesinato. El principal responsable del mismo fue un joven Manuel Caro Navarro, que fue condenado a 45 años de prisión, acusado de tres delitos de homicidio. Sobre otro miembro del clan,Juan Caro Jiménez, recaería una sentencia de 30 años de cárcel en calidad de cómplice, en tanto que Manuel Candado de la Cruz sería condenado a 24 años de prisión. Por su parte, Alfonso Martínez se vería privado de libertad durante nueve años.

La única mujer involucrada en el triple crimen, Antonia Navarro fue sentenciada a 21 años de cárcel, en calidad de cómplice del triple crimen. Asimismo, debían indemnizar con diez millones de pesetas, en concepto de responsabilidad civil a los herederos de las víctimas. Terminaba así un proceso de un suceso que llevó a una de las peores tragedias ocurridas en el sur de la Península y que ha pasado en letras mayúsculas a la historia de la crónica negra española.

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