Descuartiza a su esposa y la entierra en el jardín en Vigo

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Parroquia de Beade, en Vigo

A mediados de la década de los noventa en Galicia se vivía un progresivo proceso de urbanización constante que estaba dejando atrás el viejo concepto de los micronúcleos rurales que habían sido a lo largo de varios siglos el común denominador de su población. A la cabeza de aquella Galicia se encontraba un ya veterano político, Manuel Fraga Iribarne, quien ya celebraba sus bodas de oro a bordo de un coche oficial, quien muy recientemente había traído al dictador cubano Fidel Castro a conocer la tierra de sus ancestros, aunque jamás consiguiese convencerle de las ventajas que supone una democracia plural.

La crónica negra gallega había dejado en aquellos años algunos trágicos episodios de los que les llevaría algún tiempo reponerse a los gallegos de la época. En 1994 se habían producido diversos acontecimientos sangrientos, algunos de gran calibre como fue el caso de la matanza de Nigrán, perpetrada por dos policías o el doble crimen de un polígono industrial lucense que sigue todavía sin resolverse. Desgraciadamente, algunos hechos trágicos se repetirían al año siguiente en diferentes puntos de Galicia, siendo el sur uno de los lugares afectados por un truculento acontecimiento que conmocionaría profundamente a todo el entorno de las Rías Baixas galegas.

El día 11 de marzo de 1995 un amigo se dirigió a la casa de Antonio Rodríguez Martínez, un joven de 26 años, que vivía con su esposa Ana Isabel Rivas, de 25 en la parroquia viguesa de Beade. Mantuvieron una breve conversación en el transcurso de la cual el primero le preguntó a su anfitrión dónde se encontraba su mujer, a lo que este último contestó que le había dado muerte. Extrañado por esta respuesta y la frialdad con la que la pronunciaba, optó por no creer su contestación, aunque pasado algún tiempo y al no ver a la joven en la vivienda comenzó a dar credibilidad a sus palabras, que -en un principio- las había tomado a broma, de muy mal gusto por cierto.

Denuncia

El amigo de Antonio Rodríguez al sentirse extrañado por la ausencia de Ana Isabel Rivas decidió acudir a la Comisaría de Policía de la ciudad olívica para denunciar el presunto asesinato. En un principio, al igual que le había sucedido a él, los agentes tampoco dieron mucho crédito a su relato. A pesar de todo, decidieron investigarlo trasladándose a la parroquia de Beade, donde supuestamente se había cometido un crimen.

Encontraron al joven en su casa y le preguntaron de forma reiterada por su esposa, dónde se encontraba. En un principio, como suele suceder en estos casos, Antonio respondió con muchas evasivas y con un relato incoherente y hasta un poco irracional, pero los agentes enseguida se dieron cuenta de que allí había sucedido algo raro. Sin embargo, ante la insistencia de los policías el joven terminaría derrumbándose y confesando la verdad de los hechos. Finalmente llevaría a los policías hasta el lugar donde había sepultado a su esposa en una maleta.

Los miembros del cuerpo nacional de Policía se verían horrorizados al contemplar con estupefacción el deplorable estado en que se hallaban los restos de Ana Isabel Rivas, quien había sido asesinada el día anterior, 10 de marzo de 1995. Además de confesar el crimen que le había costado su vida a su mujer, había profanado su cadáver, el cual presentaba una desfiguración prácticamente total de su rostro al ser rociado con algún ácido muy abrasivo. Posteriormente, su cuerpo sería trasladado a un tanatorio donde se le practicó la correspondiente autopsia, mientras que Antonio Rodríguez ingresaría en prisión provisional sin fianza.

La idea de descuartizar su cuerpo le sobrevino en el momento de darle muerte para así poder enterrar mejor el cadáver. En cuanto al hecho de que la hubiese rociado de ácido podría estar motivado por la circunstancia de intentar dificultar la labor de los investigadores en el hipotético caso de ser descubierto, aunque también podría estar motivado por el odio que sentía hacia su compañera y que incapaz de disimular.

Malos tratos

Al parecer, según comentarios de los vecinos de la parroquia de Beade, el joven criminal era muy habitual que le dispensase malos tratos a su esposa, pues se escuchaban constantemente disputas entre la pareja, aunque nadie podía imaginar un final tan trágico ni mucho menos tan macabro.

Ana Isabel Rivas era conocida en los medios policiales por las numerosas denuncias que había presentado contra su marido en la comisaría viguesa. Además, la pareja había pasado algún tiempo separada, pero después habían reiniciado una relación que terminaría volviéndose trágica.

Antonio Rodríguez Martínez sería condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra a 25 años de prisión por el asesinato de su esposa, además de satisfacer con diez millones de pesetas(60.000 euros actuales) a los herederos de la víctima.

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Impunidad para el salvaje asesinato de un niño en Vilagarcía de Arousa

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Comisaría de policía de Vilagarcía de Arousa

La tarde-noche de cada día previo a San Juan es motivo de especial celebración en toda Galicia, muy especialmente en sus extensas áreas rurales en las que el ritual de espantar las meigas adquiere un relieve de unas características muy peculiares del que nadie procura no ausentarse. Millares de hogueras iluminan el cielo gallego en tan señalada fecha en el calendario en el que la fiesta y la algarabía se entremezclan con la milenaria tradición del sacro fuego purificador que servirá de bálsamo contra los trasnos, tangaraños y otros malos augurios que antaño eran calificados como nefastos atributos para la presencia de las almas en pena condenadas por espíritus malignos y que recorrían el noroeste peninsular en las frías y gélidas noches de invierno.

A lo largo de toda la jornada, y muy especialmente por la tarde, es muy frecuente ver como jóvenes y veteranos se dedican a realizar los preparativos para la noche más bella del año. Uno de los muchos chavales gallegos a los que entusiasmaba tan entrañable día del solsticio de verano era un crío de diez años, José Antonio Paulos Márquez quien salió de su casa en su bicicleta en la parroquia de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa, en la busca de hierbas y flores con las que adornar su vivienda el día 23 de junio de 1991. Sin embargo, la pobre criatura no regresaría jamás.

Al poco tiempo de salir de su casa, en torno a las seis y media de la tarde, su padre comenzaría una infructuosa búsqueda en la que no obtuvo resultado satisfactorio alguno. Al demorarse en su regreso, se dio aviso a los vecinos y a las autoridades iniciándose una ardua búsqueda por todo el contorno que hubiera podido recorrer el pequeño, quien aparecería alrededor de las once de la noche en estado agonizante en medio de unos zarzales siendo encontrado por un agente de la policía local de Vilagarcía y la madre de la criatura, María del Carmen Márquez.

Agresión sexual

El niño, en el momento de ser encontrado, en la zona conocida como Pinos Mansos -a muy escasos metros de la vía del tren- se encontraba boca abajo con los bajos echados hacía atrás, con la camisa totalmente ensangrentada que le cubría el rostro, y el cuerpo doblado y los pantalones bajados. La autopsia mostraría posteriormente que el pequeño había sido violado por su agresor. Según los investigadores, el chaval debió ser atacado a unos quince metros de dónde fue encontrado en estado de extrema gravedad hasta ser arrastrado hasta la zanja en que fue depositado con la cabeza ya destrozada por los golpes, pues fueron encontradas algunas piedras ensangrentadas en las inmediaciones.

Inmediatamente después de su hallazgo, fue trasladado al Hospital Provincial de Pontevedra, a tan solo cinco kilómetros del lugar de los hechos, dónde el pequeño ingresó ya cadáver. Además, por las heridas que presentaba, entre ellas un brutal golpe en el cráneo, nada podían hacer ya los médicos por salvar su vida.

A partir de ese momento se inició un terrible deambular para la pequeña parroquia de Rubiáns y para la familia del pequeño asesinado. En un principio sería detenido un individuo, cuya identidad no fue facilitada nunca. Este hombre fue visto en la tarde de aquella jornada por el padre del muchacho en las inmediaciones de su vivienda, si bien es cierto que sería puesto en libertad tras comprobarse que no guardaba relación ninguna con los hechos.

Los investigadores pusieron su foco de atención en el padre del muchacho, Antonio Paulos, de 39 años de edad, quien estuvo buscando en solitario al muchacho aquella tarde, además de encontrar algunas lagunas en su declaración que le hacían suponer como sospechoso. Mientras, la madre de la criatura sospechaba que tal vez su muerte hubiese sido obra de algunos traficantes de droga, muy abundantes en la zona en aquella época, y que el crío fue testigo de algún asunto incómodo por lo que fue vilmente asesinado para eliminar cualquier tipo de pruebas.

Detención del padre

Más de año y medio después del asesinato de su hijo, concretamente a finales de enero de 1993, era detenido su progenitor Antonio Paulos, a quien acusaban de darle muerte a su vástago. La madre del pequeño dudaba de su culpabilidad y así lo hizo saber en una breve declaración a los medios de comunicación, ya que según ella, el padre se desvivía por su hijo y hasta que escuchase su declaración no terminaría por creer la acusación que se hacía.

En junio de 1993 Antonio Paulos era juzgado en la Audiencia Provincial de Pontevedra, acusado de haber dado muerte a su hijo dos años antes. Sin embargo, el progenitor negó en todo momento las acusaciones de la fiscalía y resultaría absuelto al aplicar el tribunal el principio de «in dubio pro reo», es decir la ausencia de pruebas concluyentes para incriminar al hombre que había sido juzgado.

Posteriormente, tras la acusación del progenitor, la madre del pequeño se mostraría totalmente convencida que el autor de su muerte era su marido, tal y como demostraría en diversas declaraciones a distintos medios de comunicación. El matrimonio terminaría por romper relaciones, abandonando ambos la vivienda que compartían. La misma sería vendida para -posteriormente- ser derribada y levantar una nueva edificación, como queriendo olvidar el trágico suceso que consternó a toda la comarca del Salnés y a toda Galicia en una ya lejana noche de San Juan.

Al parecer, en el cuerpo del muchacho asesinado se encontró un pelo que no pertenecía a la víctima. Sin embargo, esta única prueba que podría haber ayudado a esclarecer un asunto tan turbio, fue extraviada cuando se envió al Instituto Nacional de Toxicología de Majadahonda, en Madrid, para poder ser analizada y detallar a quien podría corresponder su ADN. Todo ello, unido a las casi tres décadas que han transcurrido desde el asesinato del pequeño José Antonio han provocado que el suceso haya pasado a formar parte de los crímenes que se encuentran sin resolver. En este caso con el agravante de que al haber transcurrido más de 20 años desde la última actuación judicial, el crimen ha pasado de forma impune al baúl de los recuerdos.

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30 muertos en los sucesos de Cruz de Santos (Lugo)

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Cruz que recuerda los trágicos acontecimientos

Los sucesos que aquí se narran tienen -en parte- un carácter aproximado, ya que ocurrieron hace muchos años, cerca de 200, y sobre los mismos no existe documento probatorio alguno que los certifique. Ni siquiera archivos parroquiales, ya que en los años posteriores se procedió a la reconstrucción de varios templos y casas rectorales de las parroquias que aparecen mencionadas en el texto, por lo que muchos de ellos se perdieron o fueron destruidos. Además de la tradición oral, que siempre deforma el relato inicial hasta el extremo de convertirlo en mítico, hemos recurrido a otros archivos que, pese a que han aportado algún dato, no han ayudado mucho a esclarecer este suceso en sí, que fue algo más que un enfrentamiento entre carlistas e isabelinos, aunque se circunscriba dentro de la Primera Guerra Carlista, en el año 1837.

Dice con mucho acierto el historiador gallego Xosé Ramón Barreiro que el carlismo en Galicia adoleció de un importante número de seguidores, a diferencia de lo que sucedía en otras partes del Estado, como era el caso de Cataluña o el País Vasco, aunque no le resta importancia a las expediciones desarrolladas por los partidarios de don Carlos, el pretendido rey legitimista de la época, a tierras gallegas. Sin embargo, el carlismo no encontró el eco necesario para llevar a cabo sus acciones en una lucha que se caracterizaría por su extrema violencia y crueldad, en la que no faltarían las vejaciones a las víctimas y tampoco las profanaciones de cadáveres por ambas partes, a fin de dar ejemplo al enemigo.

Uno de esos trágicos episodios provocados por una expedición carlista que se dirigía a tierras gallegas, cuyo mando sería asumido por un sacerdote gallego, Secundino Arias, para emprender varias acometidas en algunos lugares de la Galicia más rural y remota que en aquel entonces gozaba de una extraordinaria salud demográfica, algo que no acontece hoy en día. El suceso al que nos referimos ocurriría en el año 1837 cuando un grupo de expedicionarios carlistas gallegos tomaron una ruta rural, bastante frecuentada en la época para enlazar con el Camino Real que unía a tres parroquias de la comarca lucense de Terra Chá y que era la principal vía de tránsito para dirigirse a su cabecera, emplazada en Vilalba.

Robos y atentados

El trágico y luctuoso acontecimiento sería provocado por los sublevados carlistas, quienes al encontrarse en las inmediaciones de tres prósperas parroquias, Sancobade, San Xurxo de Rioaveso y San Mamede de Oleiros, decidieron emprender uno de sus muchos saqueos a los habitantes de la zona para proveerse de alimentos y víveres que les permitiesen continuar con su truculenta patraña. En un primer momento se dirigieron al lugar de A Frouseira, un espléndido barrio de Sancobade, forzando a dos de sus vecinos a que utilizasen sus carros del país tirados por yuntas de vacas o bueyes para que trasladasen todo el trigo y patatas que guardaban en sus respectivas despensas para proveerse ellos de los mismos. Este acontecimiento lo perpetrarían en plena madrugada con el fin de evitar que pudiesen defenderse o dar la voz de alarma al resto del vecindario para acudir en su ayuda. A aquellos desalmados «invasores» les valía de todo. Incluso obligaron a marchar con ellos a mujeres y niños con el objetivo de impedir que quedasen testigos sobre lo sucedido.

Los secuestradores llevaron a sus víctimas, una cifra que nunca se ha podido determinar con exactitud, hasta unos bosques y fragas donde acampaba su expedición y que se encontraba alejado de las viviendas y de los barrios más próximos a una distancia de media legua aproximadamente, por lo que era difícil saber que camino habían tomado los vecinos desaparecidos. Sin embargo, su macabra peripecia tendría un error que les costaría caro. Uno de los secuestrados, un niño de unos diez años de edad, originario del lugar de O Porto da Egua -muy inmediato al barrio de A Frouseira- conseguiría huir de las garras de sus captores, aprovechando una cerrada noche de lluvia sin que ellos se diesen cuenta. El joven daría alerta a todo el vecindario, que inmediatamente se puso en marcha hasta el lugar donde acampaba la expedición carlista. Iban armados de forma rudimentaria, contando con todo tipo de herramientas de labranza, aunque también con alguna escopeta de caza.

Los vecinos, en grupo mucho más numeroso que la expedición carlista, pronto darían también cuenta de lo acontecido a las autoridades locales, así como al Ejército isabelino que luchaba contra los actos de bandidaje y saqueo que cometían los carlistas. Además, alguien, sin saberse exactamente como, dio aviso a otros habitantes de las parroquias próximas al lugar que iba a convertirse en un trágico escenario de sangre y terror en pocas horas.

Ejecuciones

La actitud de los carlistas fue muy cruel y despiadada, ya que al verse cercados de manera sorprendente y sin gozar del apoyo de nadie en la zona, no se les ocurrió mejor ni más macabra idea que comenzar con la ejecución de los vecinos que mantenían como rehenes, que eran cinco personas pertenecientes a una misma familia. La expedición carlista apenas superaba el medio centenar de hombres, en tanto que los alzados en armas contra ellos -ajenos a cualquier disputa bélica y mucho menos política- podían superar los 500 efectivos. Exaltados y enfurecidos por la violencia empleada por aquellos energúmenos a quienes non dudaban en calificar de bandidos, salteadores y asesinos, los vecinos emprendieron el temible y atroz ataque contra el campamento carlista, produciéndose un breve pero intenso y encarnizado combate, cuyo resultado final sería la derrota de los expedicionarios, cuyos objetivos jamás fueron comprendidos en las zonas rurales de Galicia.

Como consecuencia del asalto, los más perjudicados serían los carlistas, pese a que en el encarnizado combate, de apenas unas horas, abatieron a cinco vecinos de la zona. Consecuencia de ello, el vecindario que los combatía se emplearía de manera altruista y con excepcional arrojo, vengando la muerte de su convecinos. El jefe de la expedición carlista, el reverendo Secundino Arias, sería ejecutado en el mismo lugar de los hechos y, dada su mala fama, su cabeza sería expuesta sobre un chantón, una enorme piedra labrada que servía como escaparate, para ser sometida a vejaciones y también como ejemplo de posibles salteadores.

La cifra de expedicionarios carlistas muertos se cree que pudo rondar la veintena, aunque no hay datos oficiales que puedan corroborar esta cifra. Lo que si se sabe, es que ante la aguerrida avalancha vecinal, el resto terminaría por rendirse, siendo todos ellos detenidos con la llegada de efectivos del Ejército realista a la contorna. También hay constancia de que los vecinos les darían muerte a varios miembros de la expedición carlista de una forma brutal y macabra, justificada en parte por el terrible ajusticiamiento que habían emprendido con los cinco miembros de una misma familia.

Recuerdo

Como consecuencia de este dramático y sanguinario episodio ocurrido en el año 1837, se instalaría una enorme columna de piedra labrada, de algo más de dos metros de altura -la que se puede observar en la foto que ilustra este texto- en cuyo remate se puede observar una oxidada y desgastada cruz de hierro en recuerdo de los sucesos. O más bien, de los vecinos allí fallecidos. De igual modo, a raíz de este hecho, el lugar cambiaría de nombre, siendo conocido a partir del siglo XIX como Cruz de Santos.

Aunque se supone que los restos mortales de los vecinos ejecutados reposan en el cementerio de Sancobade, parroquia de la que eran oriundos, lo que nunca se supo con exactitud es donde pueden estar sepultados los cuerpos de los expedicionarios carlistas, que fueron siempre vistos como malvados y criminales que solo buscaban saquear a los vecinos. Se supone que sus cuerpos pudieron haber sido sepultados en una fosa común, próxima al lugar de los hechos, aunque jamás se hallase resto alguno.

Este trágico y sangriento suceso constituye, hasta nuestros días, el mayor episodio sangriento de la historia del municipio de Vilalba del que se tiene constancia, superior incluso a la propia Guerra Civil española -si se excluye- claro está, a las decenas de jóvenes vilalbeses caídos en combate, cuya cifra superó los dos centenares.

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Absuelto por matar a un vecino en legítima defensa en Lugo

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Parroquia lucense de Ramil, donde ocurrió este suceso

En Galicia a lo largo de su historia se fueron creando viejas rencillas vecinales entre residentes de un mismo lugar que jamás consiguieron ser superadas, siendo muchas las ocasiones en que esos pequeños enfrentamientos se trasmitieron a través de generaciones de distintas familias. Algunas ocasiones, las menos -todo hay que decirlo-, esas ancestrales malquerencias derivarían en episodios sangrientos que, a lo largo de muchos años, marcarían a las localidades donde sucedían.

Otras veces, sin embargo, las afrentas las iniciaban jóvenes muchachos del mismo pueblo para, posteriormente, trasladarse a lo largo de mucho tiempo. Aunque nunca o casi nunca llegaba la sangre al río, hubo también algunos tristes capítulos que se escribieron con sangre, quedando gravados a perpetuidad en el imaginario popular, pese a que ya habían desaparecido los ancestrales cantares de ciego, que se encargaban de ir pregonando de feria en feria antiguos acontecimientos bañados de sangre que habían ocurrido en cualquier pueblo o aldea de las innumerables con las que cuenta el noroeste peninsular.

Uno de esos enfrentamientos, que terminaría de forma trágica, se produjo el 11 de agosto de 1981 en la parroquia de Ramil, una pequeña aldea perteneciente al municipio lucense de Castro de Rei. En la fecha señalada dos jóvenes que contaban entonces con poco más de veinte años se enzarzarían en una infortunada pelea que terminaría con la vida de uno de ellos, el que precisamente la había provocado, en tanto que su contendiente sería ingresado en un centro sanitario de la capital lucense con pronóstico reservado a consecuencia de las heridas que le había provocado su adversario.

Piedras en el camino

El incidente tendría lugar en la madrugada de aquella jornada de verano cuando José Pernas Carballés, de 21 años, se encontró unas piedras que le impedían proseguir la ruta con el vehículo que conducía cuando se dirigía a su domicilio. Se bajó del mismo para retirarlas y poder así continuar el trayecto, pero en el que momento en que procedía a la retirada de las mismas, se encontró con la desagradable sorpresa de que le aguardaba otro muchacho de su misma edad, Fernando López Galán, quien provisto de una estaca comenzó a propinarle golpes en todo su cuerpo.

Quizás presa de la ofuscación del momento, tal como recoge la sentencia de apelación dictada por el Tribunal Supremo en el año 1983, José Pernas tomó un cuchillo del que iba provisto para defenderse, pese a que había recibido importantes golpes -algunos de ellos en la cabeza. Con la improvisada arma que tenía a su alcance, le asestaría un total de trece cuchilladas a Fernando López, algunas de las cuales fueron mortales de necesidad, falleciendo prácticamente de forma instantánea en el lugar de los hechos.

La suerte de Pernas Carballés, aunque mucho mejor que la del provocador del incidente, tampoco es de envidiar. Este joven hubo de ser ingresado en el antiguo Hospital Xeral de Lugo, presentando importantes heridas de consideración, algunas de las cuales se las había inferido su agresor en la región occipital de la cabeza, por lo que tardaría un tiempo en recuperarse de las mismas.

Condena

En 1982 se celebró el juicio contra José Pernas Carballés por el crimen que le había costado la vida a Fernando López Galán en la Audiencia Provincial de Lugo. El referido joven se encontraba hasta ese momento recluido en la prisión provincial de Bonxe. En sus conclusiones definitivas, los magistrados estimaron que se trataba de un homicidio y no de un asesinato, pues el procesado no había tenido intención de causar la muerte de su oponente.

La Audiencia lucense estimó parcialmente las alegaciones esgrimidas por su abogado defensor por lo que condenaría al autor de la muerte de López Galán a ocho años de prisión de mayor y a la indemnización con un millón y medio de pesetas (9.000 euros actuales) a los padres de la víctima. Entre sus estimaciones figuraba la atenuante incompleta de legítima defensa, aunque -sorprendentemente- no se tendría en cuenta su presunción de inocencia, circunstancia que no pasaría por alto el Tribunal Supremo.

La sentencia no satisfizo a ninguna de las partes, ya que sería recurrida ante la alta magistratura judicial por ambos abogados, acusación y defensa. Unos pensaban que no se ajustaba a derecho mientras que la otra parte consideraba la condena excesiva y que se habían violado algunos preceptos de su defendido.

Absolución

El desenlace final del desgraciado incidente provocado por Fernando López Galán tendría que ser resuelto por la sala segunda del Tribunal Supremo, quien desestimaría el recurso presentado por la acusación, quien alegaba en su escrito que Pernas Carballés se había excedido en su defensa y era innecesaria lo que consideraba «brutal reacción» del atacado.

Por su parte, el abogado de la defensa esgrimía en su recurso la «ilegítima agresión» de la que había sido objeto su patrocinado. A ello se sumaban el agravante de «soledad nocturna», así como que José Pernas habría sufrido una reacción de medio insuperable, a lo que se sumaba la supuesta violación de su presunción de inocencia.

La tesis del abogado defensor sería la que tendría en cuenta el alto tribunal estimándola en su práctica totalidad al considerar que el medio defensivo de ser «racional» aunque no absolutamente necesario y en los angustiosos momentos de la defensa no es posible recurrir a la serenidad ni mucho menos a la reflexión para elegir los medios estrictamente proporcionados, exceso intensivo del que no puede hablarse aún teniendo un arma -en este caso un cuchillo- y el número de cuchilladas que le infligió, «aunque posiblemente enturbiaran el ánimo de defensa, móviles derivados de los resentimientos que le provocaron la agresión».

El Tribunal Supremo dictaba así una nueva sentencia que absolvía a José Pernas Carballés del delito de homicidio por el que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Lugo, quedando en libertad definitiva.

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Asesina a dos personas en Pontevedra y se suicida

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Muelle de Domaio, donde tuvo lugar la tragedia

El año 1993 se convertiría para muchos en el año de la resaca tras los excesos que se habían prodigado a lo largo del ejercicio anterior. En Galicia se celebraba un evento singular, el Ano Xacobeo, que llevaba once años sin realizarse debido a que el calendario lo había retrasado más de una década. El último había sido el de 1982, coincidiendo con el Mundial de fútbol, pero en nada se parecería a la celebración de estas características de los años noventa.

El Gobierno autonómico, presidido por Fraga Iribarne, quiso recuperar y relanzar las ancestrales costumbres de peregrinar a pie hasta la tierra del Apóstol, que habían caído en desuso desde tiempos inmemoriales, siendo tan solo unos pocos -a quienes se tildaba de locos o incluso de retrógrados-, los que hacían la ruta a pie. Sin embargo, ese año serían varios miles, aunque su razón de peregrinaje no fuese estrictamente espiritual y contase en ellos más el afán turístico o de aventura que el de ganar la Compostela y el jubileo en el lugar que se veneran unos restos que pueden pertenecer a cualquiera, excepto al discípulo de Cristo que jamás tuvo el privilegio de poder gozar de la tierra gallega.

Precisamente, coincidiendo con las fechas centrales de aquel y singular evento, concretamente en la tarde del 29 de julio de 1993 se produciría un luctuoso y dramático suceso que consternaría a una Galicia que ardía en fiestas por los cuatro costados. En aquel tranquilo atardecer un hombre de 42 años, Juventino Eidón Carracelas asesinaría a dos personas y posteriormente se suicidaría colgándose de un árbol en la parroquia de Santo Adrao de Cobres, perteneciente al municipio pontevedrés de Vilalboa, en la populosa y hermosa península de O Morrazo que se asienta sobre el manso Océano Atlántico mirando de frente a la ciudad de Vigo, al tiempo que parece cabalgar sobre su ría.

En el Muelle do Domaio

La tragedia, aunque tuvo tres escenarios, comenzó su sangrienta orgía en el muelle de Domaio, en el municipio pontevedrés de Moaña, al que se dirigió Juventino montado en su moto. Allí encontró a su ex-esposa, Carmen Rosendo Ríos, de 37 años, trabajando en la mejillonera de Manuel González Cruz, de 57 años de edad y que además era el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Moaña, dónde era un personaje muy querido y apreciado.

El criminal, que contaba con 42 años de edad y era apodado El Manco -por carecer de una de las extremidades-, había viajado en su motocicleta hasta hasta el muelle armado con una escopeta de caza. En el lugar del primer crimen pretendió hablar con su mujer, a lo que esta se negó de forma taxativa. Después de provocar el altercado no le dolieron prendas en disparar contra Manuel González, quien moriría como consecuencia de los fatales disparos efectuados por Juventino Eidón. A Carmen Rosendo le dio tiempo a huir del lugar del crimen para refugiarse en su domicilio.

Pese a su precipitada huida, quizás su ex-esposa no contaba con que el autor del crimen que le había costado la vida a su jefe, el asesino se acercaría hasta la vivienda de la que se iba a convertir en su segunda víctima, en Vilaboa, tras realizar el viaje en la misma moto que había utilizado para acercase hasta el muelle de Moaña. Según los testimonios de los vecinos a los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso, en aquel atardecer escucharon disparos en la vivienda de Carmen Rosendo, pero desconociendo que los tiros que habían oído fueron los que acabaron con la vida de la mujer, que sería encontrada en un gran charco de sangre en el garaje de su domicilio.

Colgado de un árbol

Una vez hubo cometido los dos brutales crímenes, ocurridos en apenas media hora, Juventino Eidón huyó del lugar de los hechos a pie por los montes y bosques de la zona. Más tarde se iniciaría una azarosa búsqueda con el objetivo de capturarlo por parte de los agentes del orden. Sus perseguidores encontrarían su cuerpo colgado de un árbol, ya bien entrada la noche, en el lugar de A Sobreira -en las inmediaciones de un camino vecinal-, perteneciente a la parroquia de Santo Adrao de Cobres en el municipio pontevedrés de Vilaboa. Se consumaba así una tragedia que había contado con tres escenarios distintos y que conmocionaría profundamente a toda Galicia y muy especialmente a toda la contorna de As Rías Baixas galegas.

El suicida y autor de ambos crímenes, contaba ya con un amplio historial delictivo, pues recientemente había abandonado la prisión provincial de A Parda, en Pontevedra, donde estaba ingresado por supuestamente haber violado a una hija de su ex-esposa. En el momento de cometer los dos asesinatos, Juventino Eidón se encontraba pendiente de juicio, pero decidió imponer su propia ley llevándose previamente la vida de dos personas y también la suya propia.

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Un marinero asesina a un taxista en A Coruña arrojándolo al mar

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Taxis en una parada

Los profesionales del taxi se juegan la vida cada día. A diario son muchas las noticias que podemos leer en la prensa en las que estos conductores son objetivo de rateros y delincuentes habituales, que tan solo aspiran a hacerse con unas nimias cantidades de de dinero con las que dan el cambio a sus muchos clientes. Lo peor de todo, y no son poca veces, es cuando los taxistas son víctimas de un asesinato. Por desgracia, esto último no es nuevo.

Ya en la década de los sesenta del pasado siglo, en pleno franquismo, eran víctimas de robos e incluso de asesinatos, pese a la supuesta mano dura que ejercía el régimen con los delincuentes. Incluso, este tipo de actos delictivos llegaba a una Galicia escasamente desarrollada y masivamente rural en la que la práctica totalidad de sus muchos vecinos del mundo rural se conocían y se vivía, aparentemente, en un ambiente de común armonía.

Esa buena sintonía entre los gallegos de aquella se época se vio bruscamente alterada una noche de un ya lejano 16 de marzo del año 1963 cuando aparecía un taxista brutalmente asesinado en el muelle del este de la ciudad de La Coruña, una urbe muy tranquila y en constante expansión, que en esos momentos se estaba jugando el liderazgo de primera ciudad gallega con el rival de sur, Vigo.

Alrededor de las diez de la noche, en la parada de taxis del barrio herculino de Cuatro Caminos, un joven marinero de tan solo 19 años, José Ramón Santiago Fernández, natural del municipio coruñés de Muros, le requirió los servicios a un joven taxista de 32 años, Antonio Verdura López, originario de la provincia de León pero que ya llevaba algún tiempo afincado en A Coruña. Le solicitó que lo llevase hasta el muelle del Este. Una vez allí, el infortunado profesional le requirió que le abonase las 32 pesetas (0,22 euros actuales) que costaba su servicio. José Ramón Santiago había abandonado el barco en el que trabajaba, pues debía incorporarse al servicio militar, por lo que había cobrado la suculenta cantidad de 3.200 pesetas (19,23 euros actuales), una buena cifra para la época, teniendo en cuenta que muchos salarios no alcanzaban las mil pesetas mensuales.

Arrojado al mar

Una vez llegaron al punto de destino, el joven marinero sorprendió al taxista lanzándole una pequeña cuerda al cuello, que pillaría desprevenido al conductor, quien mantuvo un forcejeo con el muchacho. Finalmente debido, quizás a la mayor envergadura de este último, el taxista sucumbiría ante Santiago Fernández, quien lo arrastraría desde el interior del vehículo durante varios metros. Antonio Verdura llevaría un golpe en la cabeza al golpearse contra el suelo en el momento en que era arrastrado por su verdugo que le hizo perder el conocimiento, aunque todavía se encontraba con vida, según detallaban los informes forenses que le fueron practicados.

Una vez inmovilizada su víctima, procedió a registrarle sus pertenencias, tanto el vehículo como sus ropas, hallando 810 de pesetas (4,87 euros) de las que se apoderaría de inmediato. Para evitar en lo posible ser descubierto, José Ramón Santiago arrojaría su cuerpo al mar, cuando todavía se encontraba con vida, pero con un traumatismo en la cabeza a consecuencia del golpe recibido al impactar su cabeza en el cemento. Su cuerpo aparecería boyando al día siguiente en las aguas del puerto coruñés.

El joven asesino del taxista también intentaría conducir el vehículo de Antonio Verdura, pero su impericia sería un factor determinante en su delación. El joven fue visto en la avenida Primo de Rivera de A Coruña tratando de hacer arrancar el coche, solicitando para ello la ayuda de un conocido industrial coruñés, quien le reconocería como el hombre que pretendía conducir el coche del taxista asesinado, pero se daba la paradoja de que, además de carecer del pertinente permiso, tampoco sabía manejar vehículos a motor. El taxi se le había calado y no era capaz de arrancarlo por lo que solicitaba ayuda para que se lo empujasen.

Detención

Después de realizar las pertinentes investigaciones, contando ya con un buen número de datos, en la jornada del 29 de marzo, casi dos semanas después del crimen, la Brigada de Investigación Criminal herculina se trasladaba a Muros, el municipio natal del asesino, para proceder a su detención. José Ramón Santiago se encontraba en la casa de sus padres y al día siguiente debía personarse en la Ayudantía de Marina de aquella localidad para incorporarse a filas al servicio militar.

En su declaración ante el juez, el joven alegó en su descargo que el día de autos no llegó a tiempo para tomar el último autobús de línea regular que cubría el trayecto entre la capital de la provincia y la localidad costera de la que era originario, por lo que requirió los servicios de un taxista. Negó que tuviese intención de asesinarlo y que su caída al mar había sido totalmente fortuita, fruto del forcejeo que mantuvieron. Además, señalaría que se había apoderado del vehículo del taxista para desplazarse hasta Muros. Sin embargo, los informes forenses jugaron en su contra, pues se constataba que el golpe en la cabeza recibido por la víctima se había producido con anterioridad a su caída al agua.

Seis meses más tarde se celebraría el juicio contra el autor del asesinato del taxista coruñés, un suceso que conmovió de sobremanera a la ciudad de A Coruña, que siempre se ha caracterizado por su gran tranquilidad. José Ramón Santiago sería condenado a 20 años de cárcel, acusado de un delito de asesinato con robo. Además, debía indemnizar a los familiares de la víctima con la cantidad de 75.000 pesetas(450 euros actuales).

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Dos cadáveres descuartizados en dos maletas en Tomiño (Pontevedra)

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En los primeros meses del año 1991 en Galicia se estaban viviendo los resultados del «Efecto Fraga» en el noroeste peninsular, además de asistir todavía a la lógica conmoción por algunos sucesos sangrientos ocurridos en el territorio gallego a lo largo de las últimas fechas del año anterior. Pese a todo, la comunidad gallega seguía siendo un territorio en el que, además de una gran calidad de vida, se gozaba de una extraordinaria seguridad que se reflejaba en las estadísticas que ofrecía el ministerio del Interior.

Al igual que en todas las sociedades del planeta ocurrían hechos y cosas desgraciados y desafortunados. Alguno de ellos, macabro y truculento. Uno de esos acontecimientos, bastante espeluznante por cierto, ocurría el 27 de marzo de 1991 en el embarcadero de la parroquia de Goián, en el municipio pontevedrés de Tomiño, desde donde parte un transbordador que une esta localidad con la portuguesa de Vila Nova de Cerveira. Ese día un vecino encontraba dos maletas cerradas, pero se percató de que de una de ellas sobresalía un brazo humano, en tanto que de la otra una cabeza.

Después de realizar el macabro hallazgo, este hombre puso el hecho en conocimiento de la Guardia Civil de la zona, quien -al abrir ambos portaequipajes- se encontró con la desagradable sorpresa que contenían sendos cuerpos humanos. Estos, que presentaban claras señales de violencia, estaban envueltos en plásticos recubiertos de cinta adhesiva de la empleada en los embalajes.

Un ex-jefe de policía portugués y su esposa

Una vez que el juez dio orden de levantar los cuerpos, y tras realizar las primeras inspecciones oculares, se supo que los cadáveres de las víctimas pertenecían a un policía luso, Antonio Amável de Sousa Carvalho, de 68 años, quien había sido el primer subjefe del cuerpo de la Policía y Seguridad Pública, de Portugal, y su esposa Gloria Vieira Peixoto, de 67. Su identificación no resultó complicada, ya que en una de las maletas en las que se encontraban sus cuerpos se encontró una tarjeta con las señales del responsable policial luso. A todo ello, también contribuirían las ropas que llevaban puestas, lo que unido a la colaboración de la Benemérita con las fuerzas de seguridad lusas, confirmaron la identidad a quienes correspondían los cadáveres.

Las primeras hipótesis apuntaban a que el crimen se había cometido en la localidad portuguesa de Braga, dónde habitualmente residía el matrimonio asesinado. Mientras, en torno al suceso, la prensa del país vecino apuntaba a que este podría haber tenido su origen en un supuesto ajuste de cuentas que habría podido llevar a cabo algún delincuente portugués.

La autopsia practicada a ambos cadáveres revelaría que el varón murió estrangulado, mientras que su esposa fallecería a consecuencia de algún golpe en la cabeza propinado con algún artilugio contundente. De la misma forma, se suponía que el crimen que les había costado la vida se habría cometido unos tres o cuatro días antes de encontrarse sus cuerpos.

Las primeras investigaciones practicadas por la policía de Portugal confirmaron que en la casa del matrimonio asesinado se encontraron restos de sangre en una escalera que conducía a la bodega de su casa, así como en un adoquín de granito emplazado en el mismo lugar. La hipótesis de que el crimen se había cometido en la calle Camoens de Braga venía reforzada por el hecho de que las cuerdas que amarraban los cadáveres eran idénticas a las que utilizaba el matrimonio asesinado para atar manojos de cebollas que guardaban en su bodega.

Identificación del asesino

Días después del hallazgo de los cuerpos y de su posterior sepelio en la localidad de Braga de la que eran originarios, la policía lusa informaba que seguían la pista de un peligroso delincuente portugués, quien se había evadido recientemente de una prisión próxima a Lisboa.

Uno de los flecos que quedaría por atar en este dramático suceso, que conmocionó a la opinión pública gallega y todo el norte de Portugal, fue como se llevó a cabo el transporte de los cuerpos desde Braga hasta el embarcadero de Goián.

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Asesinado a tiros el propietario de una Gasolinera en O Pino (A Coruña)

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Gasolinera en un pueblo de Galicia

Uno de esos trágicos acontecimientos, que haría correr ríos de tinta en la prensa, fue el asesinato de un empresario gallego, Luciano Barral Moledo, de 47 años de edad, quien perecería el 17 de octubre de 1995 en la parroquia de Arca, en el municipio de O Pino -muy próximo a Santiago de Compostela-, cuando los asaltantes de la gasolinera de su propiedad lo descerrajarían de dos disparos efectuados a muy corta distancia para llevarse la recaudación de esa fatídica jornada.

Alrededor de las nueve de la noche de ese día, cuatro hombres que actuaron con el rostro cubierto por pasamontañas se acercaron hasta la gasolinera de Lucindo Barral exigiéndole que entregase la recaudación que había en la caja, circunstancia a la que el empresario no opuso resistencia alguna. Sin embargo, los asaltantes no se conformaron con el dinero y uno de ellos, que jamás fue descubierto, le disparo a quemarropa dos disparos con una escopeta de cañones recortados.

En brazos de su hijo

Malherido y prácticamente sin fuerzas, dejando un impresionante reguero de sangre, el hombre intentó alcanzar la oficina para llamar por teléfono, pero desgraciadamente acabaría desplomándose y terminaría falleciendo prácticamente en el acto en los brazos de su hijo de tan solo seis años de edad, que acudió a auxiliar a su padre. A pesar del estado de extrema gravedad que presentaba, Luciano sería trasladado al Hospital Xeral de Galicia, en Santiago de Compostela, en el que no pudieron hacer otra cosa que certificar su muerte. La víctima dejaba viuda y tres hijos muy jóvenes.

A partir de ese momento se sucedieron las incógnitas en torno a quien podría haber cometido tan repugnante y terrible crimen que consternaría a toda la comarca compostelana y al resto de Galicia. Al día siguiente comenzaban las pesquisas y se encontraba el coche, marca Ford, modelo Escort, que los atracadores habían utilizado para perpetrar el robo y el crimen que le había costado la vida al empresario gallego. En su interior se recogió una muestra de sangre, así como otros restos biológicos que se encontraban en una bolsa, lo que representaba un importante avance en las investigaciones. Posteriormente, se produjo otro robo en otra gasolinera del vecino municipio de Dodro, que la Guardia Civil atribuyó a la misma banda.

Durante muchos años los investigadores no cejaron en el empeño de detener a los autores del crimen. Casi nueve años más tarde, en abril de 2004, eran detenidas cuatro personas en relación con el asalto y posterior asesinato del empresario gallego. El principal encausado era un hombre joven, de 34 años de edad, en el momento de ser detenido, quien tenía decenas de antecedentes policiales por hechos similares y otras tres personas que le acompañaban, también viejos conocidos de las fuerzas de seguridad. Todos ellos, vecinos de la localidad de Carballo, ingresarían en la prisión coruñesa de Teixeiro, tras prestar declaración ante el juez titular de Arzúa.

Absuelto

En su declaración, el principal encausado -que respondía a las iniciales de J.C.B.- negó en todo momento, así como el resto de detenidos, haber participado en ningún robo a gasolineras, ni tampoco en el de ningún coche. Contaba en contra con la declaración de un confidente de la investigación que había facilitado importantes datos para proceder a la detención de esta persona. Según se desprende de la documentación examinada, los detenidos no cometieron ninguna torpeza ni tampoco ninguna contradicción.

En junio del año 2005 se celebró el juicio contra el acusado de haber dado muerte a Luciano Barral en la Audiencia Provincial de A Coruña. El fiscal encargado del caso solicitaba una pena de 26 años de cárcel para J.C.B., sin embargo resultaría absuelto al constarse que no respondía a las características físicas descritas por el asalto cometido en la gasolinera de Dodro. Al parecer, según un testigo, el asaltante era un hombre bajo y fuerta, que no correspondía en modo alguno contra el principal acusado.

De la misma manera, los restos biológicos hallados en el interior del vehículo no resultaron ser prueba suficiente contra el encausado, ya que no se pudo constatar que perteneciesen al mismo. Los investigadores también habían recogido en el lugar de los hechos algunos cristales y los cartuchos empleados en el asesinato de Luciano Barral, que tampoco servirían de mucho, ya que el Tribunal encargado de dirimir el caso entendió que no guardaban relación alguna con el detenido.

Este desgraciado crimen, al igual que muchos otros, ha pasado a engrosar la larga nómina de casos sin resolver que se amontonan en las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil de Galicia.

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Asesina a sus dos hijas pequeñas gaseándolas con el tubo de escape de un coche

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Humo en el tubo de escape de un coche

Son muchas ya las veces que la realidad supera a la ficción. Igualmente, se desconoce el grado de maldad al que son capaces de llegar algunos seres humanos, creyendo que hay algunas cosas que forman parte del pasado más cruel de la humanidad y que son episodios negros de la historia de la humanidad que a nadie le gusta recordar ni mucho menos nos hubiera gustado que sucediesen. Es lógico. Sin embargo, recientemente se han producido algunos hechos que nos hacen rememorar las páginas más oscuras y terribles de la historia contemporánea. De algún modo, nos indican que hay energúmenos capaces de reproducir -aunque sea a pequeña escala- lo ocurrido en campos de concentración en el transcurso de la IIª Guerra Mundial y que todavía nos ponen los pelos de punta cuando los presenciamos a través de los muchos medios que tenemos a nuestro alcance.

Uno de esos trágicos y truculentos sucesos ocurrió entre los días 22 y 24 de noviembre del año 2001, iniciándose en la localidad pontevedresa de Gondomar. Por esas fechas, Víctor Mouzós Álvarez, un joven padre de 29 años, raptaba a sus dos hijas, Eva y Ana, de dos y tres años de edad respectivamente, con el exclusivo afán de vengarse de la madre de las pequeñas, su antigua pareja, por haber iniciado los trámites de divorcio. Sin embargo, su terrible represalia superaría cualquier forma de menoscabo de la dignidad humana, recordando por unos días los terribles métodos utilizados por los nazis en sus campos de concentración, tal y como relataría el fiscal encargado del suceso en el transcurso de la vista oral que se seguiría contra el brutal asesino.

El día 22 de noviembre Víctor Bouzós Álvarez huiría con sus pequeñas de muy corta edad desde el municipio pontevedrés de Gondomar -muy próximo a Vigo- hasta la localidad lusa de Vila Nova da Cerveira, en el norte del país vecino. Previamente, en una carta que había dirigido a su ex-esposa, el criminal le advertía que emprendería acciones contra las niñas, llegando a matarlas si se diera el caso, en represalia por la separación matrimonial que pretendía quien hasta aquel entonces había sido su pareja.

Tubo de aspiradora

Al llegar a un monte de la localidad en la que cometería tan aterradores y aberrantes crímenes, Víctor uniría el tubo de escape del coche al interior de su vehículo en el que se encontraban las pequeñas con otro conducto flexible, como los que habitualmente poseen las aspiradoras, para gasear a las pobres niñas. Una de ellas fallecería en cuestión de poco tiempo, según se desprende del examen forense al que fue sometido su cuerpo. Su padre deambularía por montes portugueses a lo largo de 36 horas con su cadáver, en tanto que la otra ya se encontraba en grave estado a consecuencia de la ingestión de monóxido de carbono, consiguiendo sobrevivir durante tres días a la terrible prueba a la que la había sometido su infame progenitor. La cría fallecería en la UCI de un centro sanitario de Vigo tras pasar 72 horas en coma.

Durante aquellos días de otoño la opinión pública gallega se conmovió de sobremanera al conocer el secuestro de las niñas. Los padres de Víctor Bouzós se desplazaron hasta el norte de Portugal posteriormente para convencer a su hijo de que regresase y devolviese las pequeñas, ya que en aquel momento se ignoraba la suerte que podrían haber corrido. El hizo caso de sus progenitores tras una conversación telefónica que mantuvo con ellos, aunque ya les advirtió que sus nietas se encontraban en grave estado de salud.

De regreso, las niñas ingresaron en un hospital de Vigo, aunque una de ellas, Eva, era ya cadáver, mientras que la otra, Ana, sobreviría tres días, pero sin poder llegar a recuperarse de la masiva ingesta de gases tóxicos que había sufrido del vehículo de su padre. Este último sobrevivió a la intoxicación al salir del habitáculo para pedir agua a unos vecinos de la zona, además de apuntar que la muerte de una de las niñas y el grave estado de salud en que se encontraba la otra en el momento de ser detenido, obedecía a un fallo en el sistema de ventilación de su coche, según la versión que facilitó a la policía, aunque nunca pudo ser comprobada la veracidad de la misma. Tal vez se tratase de una treta con ánimo de eludir un castigo mayor por parte de la justicia.

Inmediatamente, la policía procedería a la detención del doble parricida, quien también sufría algunos efectos de la intoxicación habían padecido sus hijas, pero en menor medida, por lo que fue ingresado en el módulo de reclusos del Hospital Provincial de Pontevedra, con pronóstico reservado. Según las informaciones periodísticas de la época, Víctor Bouzós representaba la imagen de un hombre «atormentado». Apenas mes y medio más tarde se conocía el primer informe psiquiátrico acerca de su personalidad, que no dudaba en calificarlo de psicópata, que era un hombre plenamente consciente de sus actos y que había actuado en represalia de su esposa, asesinando a sus dos pequeñas por la petición de divorcio que ella había formalizado, asestándole un durísimo golpe donde más daño podía hacerle.

40 años de cárcel

En el transcurso de la vista oral que se celebró en su contra en la sala sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra -con sede en Vigo- Víctor Bouzós alegaría ante el jurado encargado de dirimir su causa que la muerte de las pequeñas se había producido de forma fortuita, por el mal funcionamiento del ventilador del vehículo. Sin embargo, su versión muy pronto sería desmontada tanto por los informes forenses como por los investigadores del caso, quienes encontraron en el interior del habitáculo los restos de un tubo flexible, similar al de las aspiradoras, en una bolsa de plástico, así como una importante cantidad de restos químicos del gas tóxico procedente del conducto que expulsa los gases. El material encontrado en el interior del coche manifestó que era para desatascar cañerías, pues era fontanero, aunque este hecho sería rotundamente negado por otros compañeros de profesión que testificaron en el juicio.

El testimonio de los forenses desmontó la versión de que el autor del doble parricidio hubiese pasado la noche a bordo del vehículo en el que se encontraban las pequeñas y que una de ellas hubiese salido a dar un paseo después de haber sufrido la intoxicación. Si hubiese sido así, la niña se hubiese recuperado y probablemente no hubiese fallecido. Su defensa alegaba que su cliente solamente había incurrido en el delito de denegación de auxilio, además de considerarlo un «padre amantísimo». Ver para creer.

Una de las intervenciones más destacadas fue la del fiscal encargado del caso, quien comparó la actitud del asesino con las de los nazis en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial cuando empleaban técnicas similares para matar a los internados en los campos de concentración y a prisioneros. Víctor Bouzós sería condenado a la pena de 40 años de cárcel -20 por cada uno de los asesinatos- además de indemnizar con 250.000 euros a la madre de las pequeñas, en concepto de responsabilidad civil. La magistrada ponente de la causa destacaría en la redacción de la sentencia la «peligrosidad» del parricida, así como «la carencia de los valores más elementales y escrúpulos».

Sobre el asesino se escribirían muchas páginas, tanto en la prensa gallega como en la del resto del Estado. De él, se dijo que era un hombre frío, solitario y calculador. De la misma forma, los péritos forenses que lo entrevistaron corroborían su carácter psicopático, capaz de discernir entre el bien y el mal, pero que apenas mostraba emociones. Hasta el momento de matar a su hijas, Víctor Bouzós no había pisado nunca la cárcel, si bien es cierto que ya había protagonizado algunos altercados que le acarrearon numerosos antecedentes policiales. De la misma forma, se señalaba que padecía algunos episodios relacionados con alguna patología de carácter psiquiátrico, aunque son precisamente las personas con enfermedades psicosomáticas las que menos actos delictivos protagonizan, según informaciones facilitadas por profesionales de la salud mental.

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Cinco muertos en el incendio de un pesquero francés en A Coruña

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Puerto de A Coruña

En los años ochenta del pasado siglo Galicia había comenzado a engancharse al tren del progreso económico y social. La emigración era ya cosa del pasado. Incluso, según algunas estadísticas de la época, la tierra gallega se había convertido en un receptor de personas procedentes de otros lares, mayoritariamente de la Península Ibérica. La ganadería había comenzado su modernización, en tanto que la pesca estaba ya siendo explotada de forma industrial. A todo ello se sumaba que comenzaba a madurar su autogobierno y ahora la referencia empezaba a estar en Santiago de Compostela.

Si antes se aludía a la importancia de la pesca en la economía gallega, de esa significación eran conscientes grandes corporaciones extranjeras, cuyos buques era frecuente que atracasen en las instalaciones portuarias gallegas, bien fuese porque hacían escala o directamente venían a descargar grandes cantidades de pescado que se cotizaba en las lonjas gallegas. Una de esas embarcaciones, de trágico recuerdo, fue el bacaladero francés Valois quien al atardecer del 29 de octubre de 1988 atracaría en el puerto herculino, para pernoctar en uno de sus muelles después de hacer una larga travesía desde Terranova hasta Galicia.

Todo el mundo considera que los barcos amarrados a puerto no corren peligro. Y es cierto, pero no siempre sucede así. El buque, de bandera gala, pernoctaría en el muelle de Calvo-Sotelo. Llevaba a bordo diez tripulantes, ocho de ellos franceses y uno español. Este último, junto con otros tres de la decena de miembros que componían de la tripulación, salvarían sus vidas al no encontrarse en el momento del incendio en el interior del bacaladero, pues tenían permiso de sus superiores para ausentarse durante aquella trágica noche.

De madrugada

El incendio en el que perecerían cinco de los nueve tripulantes del buque francés se inició en torno a las cinco y media de la madrugada del día 30 de octubre de 1988. Apenas quince minutos más tarde, se recibía una llamada en el Cuartel de bomberos de la ciudad herculina, que inmediatamente envió varias patrullas y vehículos contra-incendios para sofocar el fuego que alcanzaría grandes dimensiones al encontrarse descansando los miembros de la tripulación, circunstancia esta que jugaría en su contra pues los cinco que se encontraban en el barco terminarían pereciendo a consecuencia de las llamas que arrasaron el Valois.

Según los resultados de las pesquisas de las investigaciones llevadas a cabo, el fuego se inició en la cocina del barco e inmediatamente se extendió por el resto de los departamentos, siendo los camarotes en los que se encontraban durmiendo cinco de los tripulantes la zona más afectada por las llamas. Durante cuatro largas horas lucharon los bomberos coruñesas en sus tareas de extinción de incendios, quienes pese a su extraordinario esfuerzo no consiguieron sofocar el fuego, siendo precisa la ayuda del remolcador de la Armada Española, Mahón, quien se desplazó desde la base naval hasta el lugar del siniestro.

Ante el temor de que el fuego alcanzase los depósitos de combustible del Valois, alrededor de las diez de la mañana del 30 de octubre se procedió a su vaciado con la finalidad de que las llamas no se extendiesen a otros barcos que se encontraban en las inmediaciones del bacaladero. En un principio solamente su capitán había conseguido huir del fuego, aunque también perecería a consecuencia del mismo, siendo su cadáver el primero en ser rescatado. Con una fuerte escora, provocada -al parecer- por el agua lanzada por los bomberos, el bacaladero sería trasladado por el remolcador Sestosa-25 hasta el dique de abrigo, en las inmediaciones del castillo de San Antón.

El fuego que arrasó el buque francés se consideró extinguido en torno a la una y cuarto del día del trágico siniestro, siendo conducido hasta el muelle de Méndez- Núñez. Allí fueron rescatados los cuatro cadáveres de los otros cuatro tripulantes que aún permanecían en su interior para ser conducidos hasta el depósito del Hospital Juan Canalejo de A Coruña, a donde previamente había sido evacuado el cuerpo del capitán, fallecido también en el mismo incendio.

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