
A comienzos del nuevo milenio fueron muchos los gallegos, tanto empresarios como trabajadores, que vieron en las islas Afortunadas un nuevo Dorado, aunque la realidad pintase otro panorama verdaderamente muy distinto. Muchos se desplazaban hasta allí en vista de los elevados salarios que se pagaban, así como de la oportunidad de hacer negocio que ofrecía el archipiélago canario. Sin embargo, como casi siempre ocurre, no todo el mundo alcanzó el tan preciado éxito que se busca y quizás por motivos del caprichoso destino la vida les mostró su rostro más amargo.
Un sector que atraía a muchos empresarios y trabajadores fue el de la construcción. Las nuevas urbanizaciones y segundas viviendas destinadas a los días de ocio provocaron una ingente mano de obra en las islas Canarias. Entre los empresarios del sector que hasta allí se desplazaron se encontraba un antiguo miembro de la Policía Armada, José Mosquera Campos, quien disponía de una pequeña constructora que iba tirando en Galicia, pero que la suerte le comenzó a resultar esquiva en el momento en que puso pies en el territorio insular.
Desde hacía algún tiempo este conocido constructor, originario del municipio lucense de Sober, mantenía agrias disputas con los promotores, a la sazón paisanos suyos, José Ernesto Rodríguez, Antonio Pérez Pérez y un hermano de este último. Detrás de esos enfrentamientos había problemas de carácter económico. José Mosquera aducía que los promotores no le satisfacían las cantidades adeudas por parte de los promotores inmobiliarios, además de hacer constantes rebajas en los precios de su trabajo. A todo ello se sumaba el hecho de que supuestamente las víctimas «le hacían la vida imposible», tal y como alegaría el encausado durante la vista que se siguió en su contra en noviembre de 2002 en la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Discusión y tiroteo
El crimen que costó la vida a los dos promotores gallegos tuvo lugar en la mañana del 4 de agosto del año 2000 en una de las casetas que se utilizaban para guardar el material y otros elementos en la construcción de las obras de las urbanizaciones. Al parecer, José Mosquera había concertado una cita con los tres promotores, propietarios de la empresa Pevise, que operaba en la isla de Gran Canaria. Según manifestaría en el transcurso del juicio, dos de ellos acudieron a la hora prevista, mientras que el tercero, Casimiro Pérez Pérez, se demoraría diez minutos, suficientes para que pudiese salvar su vida, tal y como relataría el autor de los dos asesinatos ante la policía en el momento de su detención.
No hubo testigo que presenciasen el dramático suceso. Todo lo que se ha sabido acerca del mismo es a través de declaraciones y deducciones que hicieron los cuerpos y fuerzas de seguridad. El encausado alegaría ante el juez que sus dos víctimas le habían agredido, pues según se pudo observar en la comisaría presentaba algunos cortes o arañazos superficiales en el rostro, no se sabe si infringidos por el mismo o por terceros. Mosquera relató ante el Tribunal que sus dos víctimas habían utilizado un cúter para agredirle, aunque este arma jamás apareció en el inventario efectuado por los investigadores del caso.
En el interior de una de las casetas aparecería el cuerpo de José Ernesto Rodríguez, quien presentaba sendos disparos en el tórax y la cabeza realizados con un arma del calibre 22, la empleada por José Mosquera para darles muerte. Además, la circunstancia de hallarse en excedencia del cuerpo de Policía le facultaba para la posesión lícita de armas. A tan solo tres metros de dónde apareció el cadáver de la primera de las víctimas, ya fuera de las casetas y en un sendero de tierra, el cuerpo de Antonio Pérez Pérez, quien fue asesinado de tres balazos, dos en el pecho y uno en la cabeza. Después de cometer el doble crimen, Mosquera se entregaría en la comisaría de Policía de la capital gran canaria.
Condena y muerte
A pesar de que el juicio se celebró muy lejos de Galicia, concretamente en la isla de Gran Canaria, despertaría una gran expectación en la Comunidad gallega, que siguió con asiduidad sus sesiones a a través de los distintos medios de comunicación. La vista oral tendría lugar en noviembre del año 2002. En el transcurso de la misma declararía el hermano de una de las víctimas, Casimiro Pérez Pérez, quien se salvó milagrosamente de convertirse en la tercera víctima de una gran carnicería. Así, pudo saberse que, al parecer, los dos promotores asesinados habían decidido rescindir el contrato que los ligaba con José Mosquera Campos, lo que tal vez pudo ser el detonante de la matanza que consternaría a Galicia y a Canarias muy especialmente.
La Audiencia canaria condenaría a la pena de 30 años de prisión a Mosquera, quien cumpliría parte de su pena, primero en la prisión del Salto del Negro, próxima a Las Palmas de Gran Canarias. Posteriormente, sería trasladado hasta Alcalá-Meco y finalmente a la coruñesa de Teixeiro, en el municipio de Curtis. En el año 2006 obtendría la libertad provisional debido al grave estado de salud en el que se encontraba, ya que recientemente -por aquel entonces- le había sido diagnosticada una grave enfermedad, la cual terminaría con su vida en diciembre de ese mismo año.
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