Un tórax humano en la desembocadura del río Lagares

Pocas veces se encontraría algún pescador con una sorpresa tan desagradable como le sucedió a un aficionado a la pesca deportiva al percatarse que con su anzuelo no había capturado precisamente un pez. Eran unos restos humanos, concretamente un tórax, que se habían enganchado al arpón de su caña de pescar. Ocurría en la jornada del 17 de abril del año 2000. Inmediatamente después de tan macabra captura, puso en conocimiento de la Policía el truculento hallazgo. Los investigadores se encontraron ante sí con una ardua tarea, que tardarían varios meses en desenmarañar.

Transcurridos ya seis meses de tan desagradable suceso, después de haber realizado las oportunas comprobaciones, los investigadores, con la inestimable ayuda de los forenses, comprobaron que aquellos restos humanos pertenecían a un varón joven, de 22 años de edad, que vivía en la comarca de las Rías Baixas desde hacía ya algún tiempo, aunque era originario de la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Se llamaba Jesús Enrique Fernández Romero, quien -a pesar de su juventud- era un viejo conocido de las fuerzas de seguridad por sus múltiples antecedentes policiales. La joven con la que convivía, Rosario Beatriz Montes, había denunciado su desaparición el mismo mes en que fue hallado su cuerpo, cuatro días después de haberse perpetrado el crimen que le costó la vida. La víctima y su novia eran padres de una niña de apenas dos años de edad.

Botín de robo

Los hechos, según la reconstrucción policial, se inician a raíz de un suculento botín de un robo con fuerza que había perpetrado la víctima en el que podría haberse hecho con la nada despreciable cantidad de 1.800.000 pesetas(10.800 euros al cambio actual). Supuestamente, José Enrique Fernández se habría negado a entregar la parte proporcional de este preciado botín a su compañera, por lo que esta habría contratado unos sicarios para que le diesen muerte a su cónyuge. Para ello, siempre según el testimonio policial, le habría pagado hasta 300.000 pesetas (1.800 euros actuales) a una camarilla compuesta por los hermanos Isaac y César Valderrama y Juan José Galera Ares, quienes, presuntamente, darían muerte al joven madrileño.

Los hechos habrían tenido lugar en la localidad pontevedresa de O Porriño, cercana a la ciudad de Vigo en la madrugada del 8 de abril del año 2000. Según deducciones efectuadas por la policía, previas al juicio, Beatriz Montes habría dejado la puerta de su vivienda abierta para que pudiesen entrar los presuntos sicarios. Estos se habrían servido de una manta que anudarían al cuello de José Enrique Fernández, quien habría fallecido como consecuencia de asfixia o estrangulamiento.

Posteriormente se les plantearía un problema muy grave, que no era otro que el deshacerse del cuerpo de la víctima. En un principio, habrían procedido a incinerarlo, quemando el cadáver de una manera artesanal, pues al parecer el tórax hallado en Rande presentaba evidentes signos de haber sido chamuscado. Sin embargo, debido a las dificultades que se les planteaban, decidieron descuartizarlo seccionándolo en varios trozos, ayudados para ello de una sierra eléctrica. Finalmente, habrían introducido el cuerpo, ya seccionado, en varias bolsas de plástico que depositarían en la desembocadura del río Lagares, aprovechando para ello las mareas vivas. De hecho, un equipo de hombres-rana se desplazaría hasta el lugar para intentar hallar más restos, sin obtener el éxito deseado.

Absolución

Casi dos años más tarde de haberse identificado el cuerpo de Jesús Enrique Fernández Romero, se celebraría en la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio contra los cuatro acusados de haberle dado muerte. Su novia, los dos hermanos Valderrama y Juan José Galera. El fiscal solicitaba importantes penas de prisión para los encausados, a quienes acusaba de un delito de asesinato con alevosía, así como a la indemnización de 120.000 euros para la única hija de la víctima.

La sorpresa en este caso vendría dada por la decisión de los miembros del jurado que se encargaban de dilucidar la culpabilidad o inocencia de los procesados. Los siete miembros, por unanimidad, decidían absolver a los cuatro acusados, quienes, tras pasar dos años en prisión provisional, quedarían libres de cualquier responsabilidad, ya que el jurado entendió que no se les podía acusar del crimen, algo que, al parecer, el fiscal no lo tenía tan claro.

Esta sentencia fue una de las más controvertidas de la historia reciente, siendo rebatida por distintos profesionales, tanto de la propia judicatura como de la policía, quienes pusieron en duda la decisión del jurado. Unos días más tarde de conocerse el veredicto, un hermano de José Enrique Fernández, que se encontraba en prisión, amenazaba con tomarse la justicia por su mano en una carta dirigida a sus familiares, ya que había coincidido con uno de los hermanos Valderrama en el Penal del Puerto de Santa María.

Como consecuencia de esta controvertida sentencia, este caso ha pasado a formar parte de los muchos crímenes que se encuentran sin resolver en Galicia y en el resto de España. Dado el tiempo que ya ha transcurrido, es muy probable que este desgraciado suceso prescriba en la más absoluta impunidad.

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