El asesinato de una anciana en Pontevedra, sin resolver más de 20 años después
El año 1997 pasaría a la historia negra de Galicia como el del triple crimen de Vilaboa, aunque finalmente serían cuatro las personas asesinadas en relación con aquel trágico y dramático suceso relacionado con el trapicheo de drogas a pequeña escala. Aquel mismo año, en el que Fraga Iribarne cosechaba su tercera mayoría absoluta en el Parlamento galego, se producía otro crimen en Pontevedra que pasaría a la historia de la infamia, ya que no podría resolverse, quedando muy probablemente impune puesto que en poco tiempo prescribirán las acciones judiciales.
El escenario del trágico suceso fue la siempre vistosa zona histórica de Pontevedra, aunque la calle en la que se produjo, la de Xan Guillerme, está inundada de desvencijados y deprimentes edificios antiguos que parecen estar destinados a las personas más desgraciadas y desheredadas de la sociedad. Uno de esos inmuebles, concretamente el que ocupa el primer número, estaba ocupado por una mujer de 74 años, Isabel Ferreira Vieira, popularmente conocido como «La Cubana», quien era madre de un hijo y que había enviudado por tercera vez muy recientemente. En aquel sórdido y dantesco lugar sería encontrado el cuerpo de la mujer en cuestión, con evidentes señales de violencia, por parte de un vecino suyo. Según se dedujo de la autopsia, el cadáver de la asesinada, que fue encontrado sobre un gran charco de sangre, presentaba hasta un total de siete puñaladas, todas ellas mortales de necesidad. Tres de las puñaladas las había recibido en la espalda, otras tres en el pecho y una última de nueve centímetros en el cuello. Su muerte se produjo de forma casi instantánea al haberle provocado un schock hipovolémico a la víctima de aquel cruel crimen.
Los vecinos de la zona, conocedores de las malas relaciones que mantenía con su hijo, así como de otros entresijos, entre ellos el de ir provisto de un palo por la calle que le servía para hacerse temer e incluso amenazar, pensaron que tal vez Luis Ferreira, el único vástago de Isabel, fuese el autor material de su asesinato. Hacía escasamente seis meses que había fallecido su padre al precipitarse por las escaleras del interior de la vivienda en muy extrañas circunstancias, que jamás fueron aclaradas. Sin embargo, los investigadores no hallaron ninguna pista que pudiese incriminarlo y el pobre hombre fallecería algunos años después sin que se lograse esclarecer el suceso que le había costado la vida a su madre.
Detención de una familia
En vista de que el hijo de la fallecida era presumiblemente inocente, la Guardia Civil centró sus pesquisas en una familia próxima a la mujer asesinada, cuyos miembros eran viejos conocidos de la justicia. Incluso, uno de ellos había sido condenado a 20 años de prisión en el año 1982 por el asesinato de un panadero en la localidad pontevedresa de Cotobade. Casi tres años después de haberse perpetrado el asesinato, eran detenidos Miguel Ogando García, como presunto autor del mismo, así como su hermana María Teresa y un hijo de esta última, Julio Ruibal Ogando, un muchacho de 24 años, quien padecía una deficiencia psíquica congénita, en calidad de cómplices.
La reconstrucción hecha por el Instituto Armado y a tenor de los datos aportados por un testigo protegido en el caso, conocido en Pontevedra como «El crimen de la Cubana», los agentes encargados de la investigación recogieron restos biológicos del pubis y el abdomen de la víctima que se correspondían con el perfil biológico del sobrino del principal acusado. Al parecer, según la misma reconstrucción, estos podrían proceder del momento en que este último se interpuso entre su tío, Vicente Ogando, y la mujer asesinada.
Las primeras hipótesis sobre este suceso apuntaban a que en la tarde del día de autos, los tres miembros de la familia acudieron a la casa de Isabel Ferreira con la intención de que se hiciese efectiva una deuda que esta había contraído con sus visitantes. Después de haber tomado algo con lo que los obsequió su anfitriona, Vicente Ogando se habría abalanzado sobre su víctima, propinándole las seis cuchilladas que acabarían con su vida de forma prácticamente instantánea. Al tiempo que le daba muerte, le habría arrebatado las escasas joyas que la mujer poseía así como sus libretas de ahorro. Posteriormente arrojaría el arma homicida, así como los documentos bancarios a la ría del Lérez.
Juicio y absolución
El fiscal solicitaba, en el juicio que se celebraría el 24 de octubre de 2001, un total de 19 años de cárcel para el principal acusado, Vicente Ogando García, así como una importante indemnización económica para la única nieta de la víctima. El ministerio público no acusaba a la hermana ni al sobrino del sospechoso, por entender que habían colaborado con la justicia y que intentaron detener el ataque mortal de su familiar contra la víctima. El testigo protegido llegó a declarar que, al parecer, el supuesto autor del crimen le habría confesado que le levanto las ropas, ya que debido al grosor de las mismas así la habría podido apuñalar mucho mejor.
Sin embargo, cuando las cosas parecían que estaban bien atadas, el jurado popular -compuesto por nueve personas- declararía que Vicente Ogando no había estado en la casa de Isabel Ferreira el día en el que se cometió su asesinato. Ocho de sus nueve miembros creyeron en la inocencia del único acusado después de responder a un total de 16 preguntas que les había efectuado el juez instructor del caso. De nada habían servido las declaraciones realizadas por el sobrino del incriminado ni tampoco la del testigo protegido que había compartido celda con el acusado, quien regresaría a prisión dónde se encontraba ingresado por otras fechorías, aunque el día en que fue asesinada «La Cubana» él se encontraba de permiso penitenciario.
La acusación particular anunció su recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al considerar que los miembros del jurado eran totalmente legos en asuntos de investigación policial. Además, no tuvieron en cuenta el testimonio del sobrino del único acusado, al considerarlo incapaz y fácilmente manipulable. Sin embargo, la máxima institución legal gallega confirmó la sentencia emitida por la Audiencia de Pontevedra y el caso pasaría a engrosar la numerosa nómina de crímenes sin resolver que se acumulan en los cuarteles y las comisarías de policía de Galicia.
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