Un crimen sin esclarecer en Chantada (Lugo) casi 20 años después

Las lindes de tierras, los históricos marcos que delimitan microparcelas de terreno y también el derecho a utilizar el paso a las fincas han sido causa de muchas disputas en Galicia a lo largo de su historia, en torno a los cuales se generaría una negra y falsa leyenda, que es completamente ajena a la verdadera indiosincrasia de lo que muchos medios de comunicación foráneos bautizaron como «Galicia profunda», en un claro intento de desprestigiar y desacreditar a una tierra que tiene mucho que ofrecer y que siempre ha pedido muy poco. Raras o muy raras veces ha llegado la sangre al río en el sentido literal de la palabra y las que lo ha hecho ha servido para que ciertos periodistas, como era el caso de Margarita Landi, utilizasen ese trágico suceso para cebarse de una forma obscena con una tierra que nada tenía que ver con la que ella retrataba en sus crónicas o en sus intervenciones en distintos medios de comunicación, mientras escondía su angosta maldad detrás de una pipa que le otorgaba un carácter macabro o si se quiere dantesco,  cuando no pintoresco.

Aunque jamás se ha podido demostrar, en un principio se sospechó que la muerte violenta de un anciano, Antonio Mazaira Vázquez, de 84 años de edad, en la parroquia chantadina de Nogueira, se vinculó en un principio a una supuesta disputa sobre el acceso a unas fincas que sostenía desde hace ya bastantes años con Julio Capón Vigo, quien sería absuelto por la justicia después de celebrarse tres juicios, en uno de los cuales había resultado condenado.

El 24 de abril de 2001 aparecía brutalmente asesinado Antonio Mazaira en un camino rural de servicio vecinal. Según los análisis practicados por los forenses, habría fallecido como consecuencia de un traumatismo cranoencefálico, el cual habría sido provocado por un objeto romo, que jamás llegaría a encontrarse. Desde un primer momento los investigadores pusieron su punto de mira en las malas relaciones que mantenía el fallecido con su vecino Julio Capón Vigo por la servidumbre y acceso a unas fincas emplazadas en la parroquia en la que sucedieron los trágicos acontecimientos.

Llamadas telefónicas

Una de las circunstancias en las que se basaron los investigadores para la acusación del vecino de Nogueira fueron unas llamadas telefónicas que se registraron desde el teléfono fijo de Julio Capón a horas intempestivas en la madrugada del siguiente a ser hallado el cuerpo sin vida de Antonio Mazaira a un conocido abogado chantadino cuando ni siquiera había sido imputado en el caso. A partir de ese momento comenzaría un largo peregrinar por los juzgados de las familias de ambas personas involucradas en el suceso, dando lugar a veredictos muy dispares.

El primer juicio contra Vigo Capón se desarrollaría en el mes de noviembre del año 2002 en el que el jurado encargado de juzgar el caso lo consideraría culpable. Consecuencia de esta decisión, sería condenado a una pena de diez años de cárcel, 67.000 euros de indemnizaciones a los familiares de los fallecidos y a una orden de alejamiento de Nogueira, la parroquia en la que había aparecido muerto el octogenario, de un total de cinco años.

Tras un recurso interpuesto por la defensa del acusado en el que aludió a un defecto de forma en la vista que se había celebrado contra su defendido, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenó la repetición del juicio contra Julio Vigo Capón, que se celebraría en noviembre del año 2003. En el transcurso del mismo, el acusado se ampararía en su derecho a no declarar, sin tener que responder al interrogatorio que le efectuasen tanto la acusación particular como la fiscalía. El veredicto del tribunal sería el mismo que un año antes.

Absolución

La resolución definitiva en torno a este más que controvertido suceso tendría lugar en mayo del año 2004, cuando se celebró el tercer juicio en contra de Julio Vigo, tras aducir su abogado defensor un nuevo defecto de forma. Si las decisiones tomadas anteriormente habían sido polémicas, esta última no lo iba a ser menos. Por seis votos a favor y tres en contra quedaría absuelto de los cargos que le imputaban, pese a que el jurado en esta ocasión tenía más pruebas, entre ellas la de un joven, Rubén González, quien aseguró que en el día de autos había escuchado decir al acusado a su esposa «María, fun eu» (María, he sido yo). Sin embargo, el jurado no tendría en cuenta esta prueba testifical, de la cual se carecía cuando había sido condenado en el primer juicio.

En este segundo juicio entrarían en juego otras personas, entre ellas un yerno del acusado, procurador en la villa de Chantada, así como sus dos hijas. Su presencia en el transcurso de la tercera vista oral estaba motivada por el afán de aclarar las llamadas telefónicas realizadas desde el teléfono fijo de Julio Vigo a un conocido letrado chantadino. A todo ello se sumaba la declaración de los agentes de la Guardia Civil de la localidad, quienes, conocedores de las desavenencias que mantenía con la víctima, se dirigieron a su domicilio con la finalidad de hablar con él. Sin embargo, esto último no sería posible, dado que los familiares de quien se convertiría posteriormente en el reo les comentaron que no se encontraba bien de salud en ese día.

La decisión del jurado fue muy controvertida, pues en sus conclusiones finales solamente habían alcanzado la unanimidad en dos puntos. Uno de ellos era el relativo a la enemistad manifiesta existente entre Julio Vigo y Antonio Mazaira, además de las circunstancias en las que se había producido su muerte, la cual se había debido a un traumatismo cranoencefálico abierto, provocado por un objeto romo, a raíz del cual fallecería horas más tarde.

Otro de los puntos de vista del desacuerdo existente entre los miembros del jurado vino dado a consecuencia de unas supuestas amenazas de muerte que habría proferido el acusado contra su víctima en más de una ocasión. Cinco miembros del tribunal creyeron esta acusación, en tanto que los otros cuatro, no. Además, si en esta ocasión no había acuerdo entre los jurados, Julio Vigo quedaría absuelto, ya que la ley establece que los juicios solamente se pueden repetir en tres ocasiones.

Este trágico suceso ha pasado a engrosar la lista de la más de una decena de casos que se encuentran sin resolver en Galicia a lo largo de los últimos veinte años, con el agravante que en poco más de un lustro se cumplirán dos décadas de la última actuación judicial por lo que el hecho podría quedar impune, como ya ha sucedido en más de una ocasión.

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