Dos trabajadores asesinados en una cantera de Cervo (Lugo)

A finales de los años setenta del pasado siglo el norte de Lugo se estaba convirtiendo en el principal motor industrial de la provincia. A la llegada de una importante empresa dedicada a la producción de aluminio, se sumaba además la expansión de sus áreas portuarias emplazadas en Burela y Celeiro respectivamente. A todo ello habría que añadir otras industrias ya existentes, entre ellas las dedicadas al sector naval y a las explotaciones mineras de caolín. Los municipios costeros comenzaban a gozar de una importante pujanza económica que se traduciría, con el paso de los años, en una intensa expansión demográfica de la que carecía el resto de una provincia que parecía haber sucumbido a un atraso finisecular.

Uno de los municipios que más estaba experimentando el notorio auge provocado por la instalación de grandes industrias era el de Cervo, previamente a la segregación de Burela, que en aquel entonces era ya el cuarto en lo que a población censada se refiere de la provincia de Lugo. Sus muchos asentamientos empresariales lo habían convertido en un atractivo especial para una gran parte de los muchos jóvenes, y otros que no lo eran tanto, que tanto abundaban en un territorio incapaz de ofrecerle una salida digna a una mano de obra que empezaba a estar muy cualificada y que ya no quería emigrar como habían hecho sus ancestros.

En todos los lugares dónde se radican importantes empresas, como era el caso de la Costa lucense y más concretamente en el triángulo formado por Burela-San Cibrao-Xove, es muy común que aniden todo tipo de personas, independientemente de su carácter, condición social o personal o cualquier otra. Así sucedía en la villa costera de Burela en la época previa a convertirse en municipio autónomo y que comenzaba a acoger a un gran número de forasteros. En Cervo se localizaba una importante empresa germana dedicada a la explotación de caolín y eran muchos a los hombres que les daba trabajo. Buenos y malos.

Como si de un extraño y macabro arte de magia se tratase, un camionero se vería truculentamente sorprendido en torno a las dos de la tarde del primer lunes del mes de diciembre de 1979, concretamente el día 3. Ante un estado de estupor que le conminó desde el primer instante, en uno de los barracones a los que habitualmente se dirigían los trabajadores para comer, contemplaría atónito como dos de los cuerpos de los hombres que trabajaban en la explotación de caolín yacían tirados sobre sendos charcos de sangre. Se trataba de Emilio García Díaz, de 52 años, que era natural de Alfoz, y José López Balseiro, oriundo del vecino municipio de O Valadouro. Alguien les había dado muerte de una forma horrenda. Inmediatamente, llamó a sus superiores y se puso el caso en conocimiento de las autoridades para investigar lo que allí había ocurrido.

Fallo en la inspección ocular

En un primer instante se pensó que la muerte de ambos trabajadores, en tanto no se les practicó la autopsia y no se detuvo al autor confeso del doble crimen, había sido provocada por arma blanca o con alguna herramienta de trabajo, pues presentaban heridas superficiales muy profundas. Además, así lo relataba la prensa de la época. Poco a poco, los investigadores irían atando cabos hasta que sus sospechas se empezaron a cernir sobre un individuo joven, de unos 25 años, a quienes sus antiguos compañeros le calificaban de «raro» y que hacía escasos días que había abandonado la localidad portuaria de Burela. Se constaba asimismo que el asesino se había apoderado del sueldo mensual que habían cobrado ambos trabajadores y cuyo importe total ascendía a 60.000 pesetas (360 euros actuales).

A primera hora de la tarde de la jornada siguiente, martes, sería detenido en la capital de Lugo el autor de los dos asesinatos, José Pardiño Expósito, cuando se dirigía a la estación de autobuses lucense tras haber descendido de un turismo. Fue identificado por sorpresa por miembros del Servicio de Información de la Guardia Civil, cuyo cuartel se encuentra a poco más de 200 metros del lugar dónde se produjo la detención, siendo inmediatamente trasladado a sus dependencias. El autor del doble crimen no opuso resistencia alguna, además de confesarse autor de la muerte de ambos trabajadores desde el primer momento.

En su primera declaración en las dependencias de la Benemérita de Lugo, responsabilizaría a las dos víctimas de su expulsión de la empresa en la que trabajaba, motivo este que le llevó a cometer el brutal crimen que conmocionaría profundamente a la provincia de Lugo y especialmente a su zona litoral en aquellos últimos días de la década de los años setenta del anterior siglo. Si bien es cierto, que los investigadores no hicieron mucho caso de este primer testimonio. De la misma forma, se le intervinieron 40.000 pesetas, de la cantidad total que había sustraído a sus víctimas. Las otras 20.000 las había gastado en el transcurso de la noche anterior en el barrio chino de la capital lucense.

Tras su detención, y tras la realización de las autopsias a los cadáveres de los trabajadores asesinados, se constató que el doble crimen lo había perpetrado con una escopeta a la que le había recortado los cañones. Al parecer, el arma homicida se la había sustraído a un hermano suyo, quien días antes había denunciado su desaparición ante el Cuartel de la Guardia Civil de Abadín, localidad de la que era natural. Declararía también que había efectuado los disparos a muy corta distancia, sin que las víctimas tuviesen tiempo alguno a reaccionar, de ahí que hubiese fallado la primera inspección ocular.

Condena

En junio de 1980 se desarrollaría en la Audiencia Provincial de Lugo el juicio contra José Pardiño Expósito, en una jornada que estaría cargada de una gran tensión, pues en el mismo se dieron cita las viudas e hijos de las dos víctimas del doble crimen de Cervo, además de numerosos compañeros, algunos de los cuales prestarían declaración en calidad de testigos.

De la pena a la que fue condenado el autor de ambos asesinatos, se desprende que llevaba el rostro cubierto con algún antifaz, ya que fue una de las circunstancias que agravaron su condena, así como la de reincidencia. El juez estimaría, a su vez, la eximente incompleta de enajenación mental transitoria. En total sería condenado a un total de 40 años de cárcel y al pago de una indemnización de 1.800.000 pesetas(10.800 euros) a los familiares de las víctimas.

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