«Caso Almería»: Más de cuatro décadas de incógnitas de un lamentable crimen de Estado

Hay veces en la que la suerte parece estar echada de antemano o quizás te cruces con un gato negro en el camino. Eso pudo haberles ocurrido a tres jóvenes con edades comprendidas entre los veinte y los treinta años que no dejaban de ser más que anónimos y honrados trabajadores que fueron confundidos con peligrosos terroristas de ETA en una época en la que la temible banda criminal asesinaba a diestro y siniestro de forma indiscriminada y sin contemplaciones. El prólogo de su fatal episodio comenzó a escribirse a media mañana del día 6 de mayo de 1981 cuando un comando de la organización terrorista vasca atentaba contra el general Joaquín de Valenzuela, a la sazón jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey, en el que fallecería su ayudante el teniente coronel Guillermo Seco Tovar, además de resultar herido de gravedad el alto mando militar contra el que iba dirigido el artefacto explosivo que los terroristas introdujeron en el interior de su vehículo. Aquel era un año auténticamente conflictivo, ya que a los muchos atentados que había consumado la banda, se sumaba el descontento existente en algunos cuarteles españoles, que tendría su máxima expresión en la intentona golpista del 23 de febrero de 1981.

Al día siguiente, 7 de mayo de 1981, tres jóvenes Jesús Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales se dirigían a bordo de su propio vehículo desde Santander, ciudad en la que residían hasta la localidad almeriense de Pechina donde tenían previsto asistir a la primera comunión del hermano pequeño de Mañas Morales. Sin embargo, el automóvil en el que viajaban sufrió una avería por lo que decidieron alquilar un Ford Fiesta en la localidad Puertollano, en la provincia de Ciudad Real. Su premura por conseguir un coche despertó las falsas sospechas de algún ciudadano que inmediatamente relacionó a los tres muchachos con un comando terrorista que supuestamente había actuado en Madrid, aunque ninguno de los tres tenía la más remota relación con la banda criminal ETA.

A raíz del falso chivatazo se montaría un dispositivo para capturar a los falsos terroristas. El sábado, 9 de mayo, los tres jóvenes se dirigieron a Roquetas de Mar, ya en Almería, con el propósito de visitar a un hermano de Juan Mañas, siendo aquí donde se iniciaría el calvario que les conduciría a la muerte. Sin ni siquiera ser previamente identificados, ni muchos menos leerles sus derechos, fueron detenidos a punta de pistola por orden del responsable de la Guardia Civil almeriense, Carlos Castillo Quero, un teniente coronel muy impulsivo y ávido por ganarse el favor personal de sus superiores, quien además intervendría directamente en el trágico episodio que costaría la vida a tres jóvenes que tan solo deseaban disfrutar del fin de semana con su familia.

Vehículo calcinado

Al día siguiente, en el punto kilométrico 8.550 en un terraplén del pequeño municipio almeriense de El Gergal aparecería un vehículo calcinado con los cuerpos de tres jóvenes en un estado prácticamente irreconocible en su interior. En un primer momento se difundió la noticia que se trataba de los terroristas de ETA que habían atentando aquella misma semana contra el general Valenzuela. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La familia de uno de los muchachos, que estaba intranquila por su desaparición, inmediatamente pensó que a su pariente podría haberle sucedido algo y llegó a sospechar, no sin fundamentos, que se trataba de los jóvenes cuyo vehículo había sido hallado pasto de las llamas.

Para tratar de tapar lo que era un clamoroso error de la Guardia Civil almeriense, desde esta instancia se emitió una versión oficial que, una vez efectuadas las oportunas comprobaciones, nada tenía que ver con lo que realmente había acontecido.Según la misma, los tres jóvenes se habrían revuelto contra el conductor del Ford Fiesta, el agente Manuel Fernández Torres, quien posteriormente resultaría condenado, viéndose obligados los dos agentes a salir del interior del vehículo. Posteriormente, se habría detenido la caravana que los acompañaba y se habría producido un tiroteo en el que participaría el mismo teniente coronel Castillo Quero. No obstante, el resultado de las autopsias contradiría a la versión emitida desde el Instituto Armado, pues según las mismas las tres víctimas habrían fallecido con anterioridad y habrían sido introducidos despedazados el el mismo vehículo que ellos habían utilizado para cruzar prácticamente gran parte del territorio español de una punta a otra.

Tres años más tarde, una carta anónima dirigida a la familia de Juan Mañas Morales, presumiblemente de un agente de la Guardia Civil que fue testigo del desgraciado episodio relataba de forma pormenorizada como se habrían producido los hechos. La misma, a la que tuvo acceso el diario EL MUNDO fue parcialmente reproducida en su suplemento «Crónica». En la misiva el agente en cuestión apuntaba a la existencia de torturas, ya que señalaba que en un primer momento los jóvenes fueron objeto de una gran paliza por parte de sus captores, llegando a perder uno de ellos el conocimiento, instante que supuestamente sería aprovechado por otros para dispararle varios tiros a consecuencia de los cuales fallecería Mañas Morales. El mismo Castillo Quero ordenaría que sus cuerpos fueran introducidos en el interior de su propio coche, el Ford Fiesta alquilado en Puertollano, el cual sería trasladado hasta el punto kilométrico en el que aparecieron los cuerpos. Allí, se habrían gastado dos cargadores con los que se habrían disparado hasta sesenta balas. La acción concluiría prendiendo fuego al vehículo con gasolina y abandonándolo en el lugar en el que aparecería aquel lejano domingo de primavera de 1981. Lógicamente, esta misiva, al ser anónima tal vez por miedo a posibles represalias, nunca fue tenida en cuenta por parte de las autoridades judiciales.

Ante el craso y fatal error comenzarían las investigaciones dirigidas a esclarecer el trágico episodio que marcó uno de los peores capítulos de la Transición española. El abogado de las víctimas solicitó que los hechos fueran investigados como tres asesinatos y no simples homicidios, pues entendía que había habido una deliberada actitud de provocar la muerte de los jóvenes cuyo único motivo de su celeridad en Puertollano obedecía a que deseaban asistir a una primera comunión.

51 años de cárcel

Algo más de un año después, con el Mundial de fútbol acaparando toda la actualidad informativa de la época, se celebraría el juicio contra los involucrados en el triple crimen de Estado que tuvo como escenario la provincia almeriense. Carlos Castillo Quero, obedeciendo a su rudo carácter, se mostraría inflexible no admitiendo prácticamente nunca que había cometido un grave error que había costado la vida a tres inocentes. Su abogado consiguió que el hecho no fuese calificado como asesinato sino como homicidio, con la atenuante de cumplimiento del deber. El teniente coronel de la Guardia Civil sería condenado a tres penas de ocho prisión por homicidio, que sumaban un total de 24 años de cárcel, de los que apenas llegaría a cumplir diez, ya que obtendría la libertad condicional en 1992. Tan solo dos años más tarde fallecería a consecuencia de un infarto de miocardio, sin haber reconocido el grave error que llevaría la desolación a tres familias de humildes y honrados trabajadores.

Por su parte, el teniente ayudante Manuel Gómez Torres sería sentenciado a 15 años de cárcel, en tanto que el conductor de la Guardia Civil Manuel Fernández Llanos recibiría una pena de 12 años de prisión. Ninguno de los dos llegaría a pasar más de seis años entre los muros de cárcel, obteniendo la libertad condicional a finales de los años ochenta por su buena conducta. La sentencia condenatoria llevaba aparejado, eso sí, la pérdida de empleo y destino el el Instituto Armado, aunque en el año 1999 saldría a la luz una noticia en la que se daba cuenta de que los tres encausados por el tristemente conocido como «Caso Almería» habrían recibido dinero de los fondos reservados, lo que no dejaba de ser una afrenta para las familias de los tres inocentes asesinados en mayo de 1981.

Debido a las circunstancias en las que se produjeron los acontecimientos, cada una de las familias de las víctimas recibirían cuatro millones de pesetas en concepto de indemnización, declarando al Estado como responsable civil subsidiario. Sin embargo, a lo largo de las últimas cuatro décadas, sus respectivas familias han sobrellevado el dolor en silencio sin que ninguna administración tuviese la decencia y el decoro de pedir perdón por un suceso que no tendría que haber ocurrido jamás, a pesar del excesivo celo en el cumplimiento de sus funciones del teniente coronel Castillo Quero, a quien atribuyen la avidez de pretender éxitos por la vía rápida, aún a costa de la vida de los demás. Solamente su ayudante, Gómez Torres tuvo el decoro de pronunciar unas palabras en las que decía que sentía muchísimo lo acontecido en aquella trágica primavera de la prometedora década de los ochenta. Y desde aquí pensamos que mucho más lo habrán sentido las familia que perdieron a sus seres queridos de una forma cruel, repugnante y si se quiere hasta absurda.

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