«El Crimen de Cuenca» o «Caso Grimaldos» fue uno de los errores judiciales más sonados y más lamentables de la historia de España. El suceso alcanzaría gran repercusión en la España de la época, salpicando directamente al Ministerio de Gracia y Justicia, desde cuyas instancias se ordenaría al Tribunal Supremo que iniciase una investigación, además de la revocación y posterior nulidad de la condena de los dos encausados. Sin embargo, la decisión judicial llegaría muy tarde para ambos sentenciados pues ya habían cumplido la totalidad de su pena y lo peor de todo es que habían sufrido en carne propia la dureza que se aplicaba en la época por parte de las autoridades para obtener la confesión de un delito que jamás se había cometido y cuya víctima aparecería vivo y coleando 16 años después de su presunto asesinato.
Los hechos se sitúan en los municipios conquenses de Osa de la Vega y Tresjuncos, al oeste de la provincia de Cuenca. En la zona el ganado ovino era hace más de un siglo el principal sustento de la mayoría de sus habitantes y el suceso tendría lugar entre pastores que se dedicaban a estas tareas agrarias. El personaje principal de la trama sería un individuo, pequeño de estatura y supuestamente corto de entendederas llamado José María Grimaldos López, de 28 años de edad, conocido como «El Cepa». Al parecer, este hombre era objeto de constantes burlas por parte de otros dos colegas suyos, León Sánchez Gascón «El Pastor» y Gregorio Valero Contreras, «El Varela», siendo esas chanzas uno de los argumentos empleados a la hora de encausarlos, pues la familia de la inexistente víctima estaba al corriente de las mismas.
El día 21 de agosto de 1910, Grimaldos vendió unas ovejas de su propiedad, siendo el dinero de la venta de las mismas el principal móvil del supuesto crimen que atribuirían a «El Pastor» y «El Varela» la causa de un hipotético sangriento suceso cuyo cadáver jamás aparecería. Lógico por otra parte. La familia de «El Cepa» denunciaría la desaparición de su pariente ante el Juzgado de Belmonte, quién sobreseería la causa en el año 1911, después de ser sometidos a un primer interrogatorio las dos personas a quienes se atribuía la muerte del pastor desaparecido. Sin embargo, su familia proseguiría con las gestiones para aclarar su paradero, volviendo a reabrirse el caso en el año 1913, merced a la llegada al Juzgado de Belmonte de un nuevo titular, Emilio Isasa Echenique, otro de los personajes tristemente claves en esta trama y cuyo final es todavía una incógnita cuando está a punto de cumplirse un siglo de su muerte.
Reapertura del caso
La reapertura de las investigaciones acerca de lo que le podría haber sucedido a José María Grimaldos no pudo haber sido más desgraciada ni desafortunada. Por un lado, su familia mostraba el pleno convencimiento de que tanto Sánchez Gascón como Valero Contreras estaban implicados en la presunta muerte de «El Cepa» que no cabía lugar a posible discusión de ningún tipo. La Guardia Civil no escatimaría medios ni tampoco métodos para obtener la confesión de los dos encausados, que serían sometidos a todo tipo de vejaciones, escarmientos y torturas, algunas de ellas de lo más inhumano y deleznable, que parecían retroaer a la época medieval. Baste señalar que les arrancaron uñas, vello facial, fueron colgados de los genitales y hasta les dieron como único alimento bacalao sin desalar al tiempo que se les privaba de tomar agua. Una verdadera salvajada, pero cierta.
Tras soportar unos tormentos despiadados e inhumanos, los dos encartados terminarían por confesar, responsabilizando el uno al otro, aunque ninguno de los dos conocía el verdadero paradero de José María Grimaldos. Llegaron a declarar que habían quemado el cuerpo, cuyo cadáver no aparecía por ninguna parte. El juez encargado del caso decidió levantar un acta de defunción, que fijaba el óbito de «El Cepa» con fecha de 21 de agosto de 1910, situando la hora en que le dieron muerte entre las ocho y media y nueve de la mañana, siendo el móvil del crimen el dinero que la falsa víctima había cobrado por las ovejas que había vendido aquel mismo día.
Cuatro años más tarde de la falsa confesión que se vieron obligados a emitir se celebraba el juicio contra León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras en la Audiencia Provincial de Cuenca. Su abogado defensor procuró por todos los medios que no fuesen sentenciados a la pena de muerte. A pesar de que el sumario estaba plagado de contradicciones y había muchas diligencias por esclarecer, al tiempo que existían bastantes lagunas jurídicas en torno a la culpabilidad de los encausados, ambos serían declarados culpables y serían condenados a 30 años de cárcel cada uno. En el año 1925 les llegaría el indulto, después de haber pasado más de una década entre rejas. No obstante, su vida tendría que dar un giro radical, pues sobre ellos pesaba la sombra de una falsa culpabilidad y su reintegración social, teniendo en cuenta los prejuicios de la época, era poco menos que imposible.
Aparición de Grimaldos
El 8 de febrero de 1926 el cura párroco de Tresjuncos, Pedro Rufo Martínez Enciso recibió una carta de su colega del vecino municipio de Mira en la que le solicitaba una partida bautismal de José María Grimaldos López, quien deseaba contraer matrimonio. El sacerdote, que había sido uno de los principales promotores del proceso contra «El Pastor» y «El Varela», estupefacto ante tal petición, no contestó a la misiva de su compañero, a la vez que la ocultó durante algún tiempo. Impaciente por el retraso de la partida bautismal, el mismo Grimaldos decidió acudir hasta Tresjuncos y solicitar el documento de forma personal. Fueron muchos los vecinos los que contemplaron con estupor y sorpresa la presencia vivo y coleando de «El Cepa», saltando la noticia a la opinión pública y llegando a oídos del juez que había encausado a los dos inocentes. Este último ordenaría la detención del desaparecido. A pesar de todo, el acontecimiento ya tenía un largo recorrido y eran muchas las voces que comenzaron a tomar partido por los dos hombres injustamente condenados.
El suceso saltaría de inmediato a las páginas de la prensa de la época, siendo los medios que se oponían a la dictadura de Primo de Rivera quienes se mostraron más ácidos con el hecho y culpaban directamente al Ministerio de Gracia y Justicia, cuyo titular era Galo Ponte y Escartín, quien se vería obligado a tomar cartas en el asunto. Este último ordenaría al Tribunal Supremo la revisión del caso, quien terminaría anulando la sentencia que había dictado la Audiencia Provincial de Cuenca en el año 1918. En el auto emitido por el alto tribunal se destacaba que la confesión de quienes se habían convertido en verdaderas víctimas de un crimen que jamás había ocurrido se había obtenido mediante torturas y se habían empleado métodos salvajes, lo que cuestionaba la actitud de la Guardia Civil. El escándalo estaba servido y ahora comenzaba una leyenda que ha llegado hasta nuestros días. Sin embargo, la verdadera justicia para los dos falsos encausados se había demorado demasiado, tanto que ya habían cumplido sus respectivas penas además de padecer unos terribles y brutales tormentos que ni en épocas remotas se habrían infringido de forma semejante.
Para aclarar lo sucedido, se le preguntó al principal protagonista del caso lo que le había ocurrido. Grimaldos manifestaría que al ver el dinero que le habían pagado por las ovejas le dio «un barrunto», por lo que decidió desaparecer de la zona yendo a tomar unos baños medicinales a un manantial de la provincia de Cuenca. De la misma manera, por extraño que pueda parecer, negaría haber tenido conocimiento de lo ocurrido con los otros dos pastores con los que compartía terrenos para pastar sus rebaños. Mientras, el juez encargado del caso Emilio de Isasa Echenique fallecería en el mismo año en que se descubrió la verdad. Su muerte estuvo rodeada de grandes incógnitas. Su óbito, oficialmente, fue atribuido a una angina de pecho, pero tomarían cuerpo los rumores que apuntaron a un hipotético suicidio.
Consecuencias
La vida de los dos encausados proseguiría su rumbo, aunque no de la forma normal que ellos hubiesen deseado, pues habían cumplido una injusta condena. Ambos, «El Pastor» y «El Varela» reharían sus respectivas vidas muy lejos del pueblo que los había visto nacer. Se trasladaría a Madrid, para huir de un infernal ambiente que los condicionaba de una manera muy cruel. Si es que en hechos similares puede haber justicia, a ambos les llegó demasiado tarde, cuando un tribunal les reconoció, ya en 1935 en plena IIª República española, una pensión vitalicia de 3.000 pesetas anuales, con retroactividad desde cinco años antes. Sin embargo, el dinero no lo paga todo, en otras cosas el sufrimiento padecido por ambos hombres.
También en ese mismo año se iniciaría un proceso contra quienes habían participado en la causa que se siguió contra León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras. Entre ellos algunos oficiales y agentes de la Guardia Civil, así como los dos forenses. No obstante, debido a la época en la que se desarrolló este hecho, los tribunales no tuvieron la suficiente valentía para acometer una condena ejemplar y todos ellos fueron absueltos. Desgraciadamente, «El crimen de Cuenca» no fue el único error de envergadura de la justicia española, ya que algo más de cuarenta años después fueron ejecutados tres inocentes por dos asesinatos, estos con víctimas, pero que el tiempo y los propios hechos se encargarían de probar la inocencia de quienes fueron ejecutados por la muerte de las estanqueras de Sevilla. Y hace apenas dos décadas, otra inocente Dolores Vázquez pagaba con cárcel por otro asesinato que no cometió. A veces la Justicia no hace todo lo bien que se desease su trabajo y solamente desear que casos como el que se acaba de narrar o similares no vuelvan a producirse, ante todo por el bien de las personas.
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