La matanza de Atocha: mucho más que un atentado terrorista

En aquella época de la historia se vivían en España momentos de esperanza, no exentos de una palpable tensión provocada por los muchos atentados terroristas que un día tras otro se cobraban las vidas de personas inocentes, tan solo por el hecho de ser policías, guardias civiles o defender un ideario u otro. Eso es lo de menos. Uno de los capítulos más negros de la historia de la Transición se escribiría un gélido día del mes de enero del año 1977, concretamente el día 24, en la madrileña calle de Atocha, cuando eran acribillados a tiros de forma totalmente impune tres abogados laboralistas y otras dos personas más, que trabajaban en el despacho que estaba situado en el número 55 de la aludida vía de la capital de España.

La muerte de aquellos cinco inocentes, letrados y militantes de Comisiones Obreras, sacudiría los cimientos de un país que estaba dando sus primeros pasos hacia un sistema democrático y plural que, en breve, tan solo cinco meses después de aquella brutal matanza, celebraría sus primeras elecciones democráticas en más de cuarenta años. La firmeza de la sociedad de la época, a pesar del temor que infundió tamaña barbaridad, resultaría clave para que el país no perdiera el rumbo previsto y continuase implacable su trayectoria en la consolidación de un sistema de libertades en el que cada cual, con la única premisa de respetar a su prójimo, es libre de trazar su propio destino en las condiciones y en las circunstancias que lo desee.

Un trío de jóvenes de ideología de la ultraderecha se había propuesto por aquel entonces meter el miedo en el cuerpo a una sociedad que, aunque apostaba por las libertades, se encontraba con el lógico temor a que sucediese algún evento inesperado, estando muy vivo y presente el recuerdo de lo ocurrido en el año 1936. Al parecer, aquellos tres muchachos no escogieron su objetivo al azar, sino que lo habían planeado y trazado con escrupulosa meticulosidad, pensando tal vez que las fuerzas del orden no les diesen captura ni mucho menos se fijasen en ellos, pues se creían todavía herederos de viejos privilegios de un orden que ya había sido desarticulado, a pesar de que todavía quedasen muchos de sus antiguos resquicios en pie.

Huelga del tranporte

El principal móvil de aquella masacre se encuentra en la huelga del transporte en la que el Sindicato de Transportes de Comisiones Obreras había obtenido importantes avances, logrando así desarticular algunas mafias que habían crecido al socaire del régimen que había gobernado España hasta hacía poco menos de un año. Conocedores de la reunión que en el despacho de la calle Atocha se celebraba, aquella gélida noche madrileña del mes de enero los tres criminales subieron por las escaleras de uno de los viejos edificios, situado en la finca número 55. Hasta carecía de ascensor. Mientras muchos madrileños apuraban las últimas cañas y cervezas de aquel día, aquel trío de jóvenes subía enérgicamente con paso firme las desconchadas y viejas escaleras de un no menos viejo edificio, cuyo aspecto bien podría recordar a los escenarios de algunas de las novelas escritas por Agatha Christie. Alguien, de forma calculada y hasta tenebrosa y macabra, se encargaría de llevar el terrorífico ambiente a la más triste realidad.

En torno a las diez y media de la noche, aquel macabro trío compuesto por José Fernández Cerrá, de 31 años, que portaba una trenca verde y actuaba a cara descubierta; Fernando Lerdo de Tejada, de 23 años y Carlos García Juliá, de 21, quien llevaba un chuvasquero azul y cubría su rostro con una capucha, llamaron a la puerta del despacho de los abogados laboralistas. Desconociendo de quien se trataba, una de las personas que se encontraba el interior, abrió la puerta y se vio sorprendida de bruces por un individuo que le encañonaba con un arma corta. Aquel sujeto en cuestión le preguntó en reiteradas ocasiones por Joaquín Navarro, principal objetivo de los asesinos, pues era hasta ese momento el responsable del área de transportes de CC.OO. La respuesta que obtuvo es que allí no se encontraba la persona por la que preguntaban. Ante la desconfianza de la contestación, uno de los criminales registró el despacho, al tiempo que se le obligaba a la totalidad de las personas que se encontraban en aquel piso a que se concentrasen en el salón, donde otro de aquellos energúmenos les apuntaba con la pistola mientras quienes se iban a convertir en víctimas levantaban las manos hacia arriba, tal y como les habían exigido sus captores y posteriormente asesinos.

El plan había sido trazado con tal meticulosidad que uno de los terroristas se encargaría de cortar las líneas telefónicas, además de registrar debidamente el despacho en previsión de que quedase alguna otra persona en el interior de la oficina. Cuando se cercioraron que allí no se encontraba la persona a la que buscaban, y una vez concentradas diez personas en el hall, los tres asesinos abrieron fuego de forma indiscriminada contra todos ellos. Vaciaron por completo los cargadores, en tanto no tuvieron rubor alguno en rematar a quienes yacían en el suelo gravemente heridos, si bien es cierto que la mitad de las personas que se hallaban en el local lograrían sobrevivir. El resultado de la acción terrorista fue trágico, cinco personas muertas y otras cinco gravemente heridas. Uno de los heridos sería quien, arrastrándose por el suelo, abrió la puerta a uno de los sindicalistas que descubriría la masacre y contempló horrorizado como yacían cinco cuerpos amontonados sobre uno de los sofás que había en el local, en tanto que sobre la moqueta se observaba un enorme charco de sangre, que también salpicaba las paredes, así como el mueble sobre el que habían caído.

Como consecuencia de aquella salvaje acción fallecieron los abogados Enrique Valdevira Ibáñez, de 34 años; Luis Javier Benavides Orgaz, de 26 y Francisco Javier Sahuquillo, de 29. Morirían también el estudiante de derecho Serafín Holgado de Antonio, de 27 años y el administrativo, empleado del despacho Ángel Rodríguez Leal, de 25. Aunque con heridas de gravedad, conseguirían salvar sus vidas los abogados Miguel Ángel Sarabia Gil, de 50 años, Alejandro Ruiz Huerta-Carbonell, de 30; Luis Ramos Pardo, de 25 y Lola González Ruiz, quien contaba con 31 años en el momento de producirse tan trágico episodio.

Los asesinos no se tomaron la molestia de huir de la capital de España tras su vil acción. Hicieron su vida normalmente como de costumbre, aunque pronto empezaron a estar en el punto de mira de la Policía, que desde un primer momento apuntó hacia ellos. Mientras tanto, el clima social y político del país se enrarecía a consecuencia de un brutal atentado que amenazaba con socavar los cimientos de la naciente democracia española. El entierro de las víctimas de la calle Atocha se celebraría en un ambiente de contenida tensión, si bien es cierto que es justo señalar que en ningún momento ni el Partido Comunista de España, al que pertenecían las víctimas y cuya legalidad estaba todavía en el alero, ni tampoco su sindicato, Comisiones Obreras, perdieron en ningún instante la compostura y supieron estar a la altura en tan delicado instante en el que muchos temían por el futuro de una democracia que se encontraba en pañales. Se temía que esta salvaje acción fortaleciese a grupos de ultraderecha y que contribuyese a enrarecer todavía más el tenso ambiente que se vivía en los cuarteles, en un tiempo en el que el Ejército era todavía uno de los pilares básicos sobre el que se substentaba el Estado.

Detenciones y condena

La dilegencia de la Policía haría que en muy poco tiempo fuesen detenidos los tres autores de la cobarde y vil acción que había extremecido por completo a un país. Si bien es cierto que a partir de ahí se iniciarían también un cúmulo de irregularidades que llegan hasta nuestros días. Se hablaría y mucho sobre quien podría estar detrás de aquella salvajada, apuntando directamente a algunas personalidades políticas de la época así como también a algún mando policial. De la misma forma, otra de las pistas a seguir era la relación que pudiesen guardar los asesinos con grupos de ultraderecha italiana, muy activos en aquel entonces. Lo cierto es que nunca se llegarían a investigar esos contactos, ni tampoco a los altos mandos a los que se creía que pudiesen guardar un estrecho vínculo con los criminales.

Además de los tres autores materiales de la masacre, serían detenidos también Francisco Albaladejo Corredera, así como los antiguos miembros de la División Azul, Simón Ramón Fernández-Palacios y Leocadio Jiménez Carava, a quienes se les acusaba de facilitar las armas con las que se cometieron los asesinatos. Cuando se celebró el juicio contra los implicados en el terrible atentado, ya se habían producido las primera irregularidades, muy criticada desde distintos sectores así como por las familias de las víctimas. Un más que extraño permiso penitenciario concedido en la Semana Santa de 1979 a Fernando Lerdo de Tejada sería aprovechado por este para huir del país, sin ser condenado ni siquiera juzgado. Sus responsabilidades prescribirían con total impunidad en enero del año 1997. Se suponía que había huido a Sudamérica y que podría estar en Brasil, en tanto que Simón Ramón Fernández-Palacios, uno de los viejos divisionarios, fallecería en el año 1979.

Las penas a las que fueron condenados todos los implicados se pueden considerar de muy duras, aunque el anterior Código Penal contemplaba multitud de beneficios penitenciarios a los que se acogerían los condenados, haciendo su estancia entre los muros de la cárcel mucho más llevadera. Así fueron condenados a un total de 193 años de prisión cada uno José Fernández Cerra y Carlos García Juliá. De la misma manera era sentenciado a 73 años de cárcel Francisco Albaladejo Corredera por su implicación en la matanza. Este último, que ya había sido detenido por la Policía en el año 1977, moriría en el Hospital de Valladolid a la edad de 63 años, en el año 1985, a consecuencia de un cáncer de laringe. Hasta el momento de su ingreso en el centro sanitario se encontraba cumpliendo la pena en la prisión vallisoletana. El otro condenado sería el ex-divisionario Leocadio Jiménez Carava, quien sería sentenciado a cuatro años de cárcel. Fallecería también el año 1985, víctima de un tumor. La única mujer encausada fue Gloria Herguedas, novía de Fernández Cerrá, condenada a un año de prisión en calidad de cómplice.

Si polémico fue el permiso concedido a Lerdo de Tejada, no lo sería menos el acceso a la libertad condicional de García Cerrá, quien aprovecharían esta situación para huir a Brasil en el año 1991. El país sudamericano accedería a conceder su extradicción en el año 2020, tras ser detenido dos años antes. No obstante, el asesino de la calle Atocha recobraría la libertad apenas 287 días después de haber pasado por las dependencias carcelarias, debido a que ya se encontraba en régimen de libertad condicional cuando emprendió su huida y se le aplicó el código penal en vigor en aquel entonces, en base al principio que se debe aplicar la sanción que más favorezca al reo.

Síguenos en nuestra página de Facebook cada día con nuevas historias