Las rivalidades entre los clanes de etnia gitana casi siempre son irreconciliables. Mucho peor es cuando hay ajustes de cuentas de por medio. Y ni que decir tiene si se juntan cuestiones de droga o supuestos conflictos que deben ser saldados de acuerdo con su propia ley, que en muchas ocasiones terminan en un reguero de sangre. Así acontecería el 26 de abril de 2002 cuando un enfrentamiento entre los clanes de los Pachangas y los Capitos se saldaría con tres víctimas mortales en un tiroteo ocurrido en Alicante a las dos y media de la tarde de la fecha mencionada, como consecuencia de un enfrentamiento a tiro limpio que se desencadenaría a raíz de una deuda de 1.800 euros que tenía contraído un clan con el otro.
A esa hora de la tarde, cuando muchos alicantinos estaban degustando la sobremesa, los miembros del clan de los Capitos se dirigieron a los bajos de un inmueble del área marginal, enclavada en el Nou Alacant, con la intención de cobrar la supuesta deuda que con ellos mantenían los miembros del clan adversario, los Pachanga. Ni corto ni perezoso, utilizaron todos los medios que estaban a su alcance, entre ellos algunas armas cortas con las que acometieron a sus adversarios en un viejo y decrépito inmueble situado entre la calle Benilloba con Travesía del Canal. Lo que no contaban los agresores era con el hecho de que su contrincantes se defenderían repeliendo la agresión, también por las bravas, empleando el mismo método que su atacantes, las balas.
Durante algunos segundos, algunos vecinos asistieron atónitos a lo que parecía más el Antiguo Oeste americano que la civilizada capital alicantina. Entre unos y otros se produciría un constante intercambio de disparos que traería consecuencias nefastas. En el mismo escenario de la balacera, dos miembros del clan de los Capitos perderían la vida, en tanto que un tercero resultaría gravemente herido, falleciendo cuando era trasladado al Hospital General de Alicante, muy próximo al trágico lugar de autos. Otro de los involucrados en el tiroteo, pertenenciente al clan de los Pachanga, a quien en un principio se le atribuyeron las tres muertes, ingresaría con heridas muy graves en el aludido centro sanitario, aunque finalmente podría salvar su vida.
Hasta un total de una docena de casquillos de bala recogería la Policía del lugar de autos, además de incautarse de dos pistolas de nueve milímetros parabellum, que pertenecían a los participantes en el tiroteo, a pesar de que fuentes policiales consideraban que en el intercambio de disparos habrían intervenido más armas, que en aquel momento estaban escondidas. Los clanes enfrentados en el tiroteo eran viejos conocidos de la Policía, que ya los había detenidos en numerosas ocasiones como consecuencia de haber traficado con distintos estupefacientes, entre ellos cocaína y hachís. En el momento en que se desarrollaron los trágicosa acontecimientos los Capito tenían pendientes cuentes con la Justicia, pues estaban pendientes de un proceso en el que se los acusaba de tráfico de drogas y también de armas.
Detenciones y posterior juicio
A mediados de mayo de 2002 serían detenidos en Salamanca dos de los presuntos autores de los disparos que costaron la vida a los miembros del clan rival. Los dos hombres, con edades que rondaban los cuarenta años, habían huido hasta la ciudad castellana después del triple crimen. Para sopresa de la Policía, en cuestión de pocas horas ambos detenidos serían puestos en libertad, al entender el juez ante el que prestaron declaración que no había elementos suficientes para encausarles.
Más de cinco años tardaría el patriarca del clan de Los Pachanga en enfrentarse a la Justicia. El fiscal lo acusaba de dos delitos de asesinato por los que solicitaba 37 años y cuatro meses de cárcel en un proceso en que se destaría una gran expectación y para el que la Policía había tomado excepcionales medidas de seguridad, por temor a que se suscistasen enconados enfrentamientos entre ambos clanes. El acusado negaría en todo momento su participación en los hechos que le atribuían. No obstante, este hombre sería absuelto de los cargos que le imputaban al no quedar plenamente acreditada su intervención en los trágicos acontecimientos que se habían desarrollado el 26 de abril de 2002.
El fallo del Tribunal argumentaba que el no haber sido encontrada el arma que determinaría su participación, así como la ausencia de restos de pólvora en las manos del supuesto homicida, que había sido atentido por los servicios santiaros por herida de bala, dejaba claro que «no existía una evidencia clara que el procesado percutiera un arma». Añadía el auto judicial que «surgían serias dudas sobre los concretos actos llevados a cabo por el imputado», amparándose en el principio judicial de in dubio pro rero, en caso de duda a favor del acusado.
Concluía la sentencia apuntando que se «consideraba probado que miembros de los Capito se habían personado en la vivenda del clan de los Pachanga para saldar una deuda», siendo así como inició el tiroteo entre «persona o personas no suficientemente determinadas cercanas al acusado y probablemente este último», siendo allí cuando resultó herido y otras tres personas fallecieron. Además ninguna de las armas encontradas por la Policía pertenecían al único encausado, ya que probablemente pertenecerían a los miembros del clan agresor.
Con ello y con total impunidad se cerraba así un capítulo más, que no sería el último, entre dos clanes que mantenían una guerra abierta, que tendría sucesivos episodios basados en el control del tráfico de drogas en la capital alicantina. Tal vez la Ley gitana impere otra vez.
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