Los GRAPO asesinan a un trabajador de Vulcano en Vigo

La Transición democrática transcurría en Galicia con la más absoluta normalidad, incluso con una cierta alegría por los tranquilos aires de cambio que se estaban viviendo, que llegaban con la promesa de un futuro que, aunque incierto, todo hacía presagiar que era evidente una mejora en las condiciones de vida de los algo más de 2,7 millones de habitantes con los que contaba la tierra de Rosalía en aquel entonces. Solamente se sobresaltaban en época electoral, cuando algunos coches recorrían ciudades y villas gallegas con unos potentes y molestos altavoces solicitando el apoyo popular para una candidatura u otra. Era una de las grandes novedades del nuevo tiempo que se avecinaba, pese a que había muchas otras.

Galicia siempre ha tenido la sana fama de ser un lugar pacífico -cuando no idílico- en el que apenas suceden cosas graves, aunque, por desgracia, tampoco se libra de estar presente en las páginas de sucesos, como casi todos los lugares. El terrorismo tuvo una contada escalada en esta tierra, con algunos brotes, pero que por fortuna nunca llegaron a enraizar lo suficiente como para que se alterase la normal placidez y convivencia de los gallegos. En los años ochenta surgió un minúsculo grupo, el denominado Exército Guerrilheiro, cuya efímera existencia se saldaría con cuatro víctimas mortales y un indeterminado número de heridos. El lugar de Galicia donde más engarzaría el terrorismo fue la ciudad de Vigo, en la que -debido en parte a su actividad industrial- surgieron los autodenominados Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre(GRAPO), que llevarían a cabo algunas actividades violentas en el sur gallego y en Santiago de Compostela, principalmente, llegando a disponer en la urbe olívica de una sólida y constante infraestructura.

La primera víctima de los GRAPO en Galicia sería un humilde trabajador, Olegario Collazo Melón, empleado de la factoría Vulcano, quien moriría acribillado a balazos cuando se disponía a entrar en su utilitario a primera hora de la tarde del 9 de abril de 1979, lunes santo para más señas, jornada previa a la gran tragedia que viviría la ciudad tan solo 24 horas más tarde con el trágico y dramático accidente de Santa Cristina de la Polvorosa cuando un autocar en el que viajaban 45 niños, acompañados de sus profesores, se precipitaría a las aguas del río Órbigo a su paso por la provincia de Zamora. Y es que las desgracias nunca llegan solas.

Confusión

Si cualquier muerte violenta carece de cualquier explicación racional, en este caso adquiere dimensiones mayúsculas. Al parecer, según diversos comunicados emitidos por los terroristas posteriormente remitidos a distintos medios de información, el asesinato del trabajador de Vulcano obedeció a una dramática y macabra confusión. El objetivo de sus asesinos no era el empleado de los conocidos astilleros vigueses sino un inspector de la policía, a quien habían estado haciendo un seguimiento en fechas previas, tal y como quedaría acreditado en el juicio que se celebraría dos años más tarde en la Audiencia Nacional en Madrid.

Olegario Collazo había adquirido un coche de segunda mano que con anterioridad había sido propiedad de un funcionario del Cuerpo Superior de Policía. Los terroristas, confundidos por este impreciso dato, habían estado siguiendo al trabajador, quien se vio sorprendido a las cuatro de la tarde de aquel lunes santo cuando se dirigía desde su domicilio, sito en la Travesía de Vigo, hasta la factoría en la que prestaba sus servicios como administrativo por dos jóvenes, uno de los cuales vestía un anorak  y una gabardina clara disparándole, hasta en siete ocasiones, con una pistola del calibre nueve corto, una vez que había bajado la ventanilla de su vehículo. La víctima había sido alcanzada por la metralla en los pulmones y el corazón. Inmediatamente fue trasladado por los servicios sanitarios hasta el Hospital Xeral de la ciudad olívica en el que ingresaría cadáver, no pudiendo hacer otra cosa los médicos que confirmar su muerte.

El atentado provocaría una lógica ola de estupor e indignación en una localidad que para nada estaba habituada a este tipo de sucesos. Los trabajadores de Vulcano pararían en la jornada en la que tuvo lugar su sepelio, que constituyó una gran manifestación de duelo, en solidaridad con su compañero asesinado. La condena sería unánime desde todos los sectores de la sociedad gallega de la época, que se preparaba para vivir pacíficamente en democracia y libertad, aunque muchos pretendiesen con sus provocaciones alterar el tranquilo devenir al que siempre han aspirado y contribuido la totalidad de los gallegos.

55 años de prisión

Apenas medio año después de este asesinato, el cerebro de los GRAPO y principal inductor de este crimen, José María Sánchez Casas, sería detenido en Valencia, junto a otros miembros de la misma banda terrorista, entre los que se encontraba Isabel Aparicio, quien también había estado presente en la organización del atentado que le había costado la vida al trabajador gallego. El juicio contra estos dos terroristas, así como contra el autor material de la acción, Alfonso Rodríguez García y la también miembro del grupo violento, Carmen López Anguita se celebraría en abril de 1981 en la Audiencia Nacional en Madrid.

Los magistrados, en sus conclusiones definitivas, consideraron probado que Sánchez Casas había recibido información de otros miembros de su misma formación terrorista acerca del supuesto inspector de policía, que posteriormente no resultaría ser tal. De la misma manera también era condenado, en calidad de máximo responsable de los GRAPO, y de ordenar la muerte de Olegario Collazo a Rodríguez García, quien en aquel momento era el responsable de los comandos del grupo terrorista.

Por este crimen, José María Sánchez Casas sería condenado a 22 años de prisión, mientras que el ejecutor material del atentado, Alfonso Rodríguez debía cumplir una pena de 25 años de cárcel. Las dos mujeres detenidas serían condenas a cuatro años de prisión cada una de ellas por este mismo atentado. En total, las penas de cárcel por este suceso se elevaban a un total de 55 años de prisión, aunque Sánchez Casas acumulaba un total de 270 años de prisión por distintos hechos delictivos. Este terrorista fallecería en 1999, tras haber quedado en libertad dos años antes debido a la grave dolencia cardíaca que padecía. De la misma forma, también fallecería en la cárcel zaragozana de Zuera Isabel López Aparicio en los primeros días del mes de marzo del año 2014.

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