En aquel mes de febrero de 1990 Galicia seguía todavía embebida por la reciente toma de posesión como titular de la Xunta por parte de Manuel Fraga Iribarne, con el sonido reciente de los centenares de gaiteiros que se habían reunido en la Plaza del Obradoiro para dar la bienvenida al nuevo presidente. Por su parte, en la localidad lucense de Chantada aún resonaban con fuerza los ecos del terrible crimen múltiple perpetrado por Paulino Fernández hacía menos de un año.
Cuando faltaban unas semanas para que se cumpliese el primer aniversario de la trágica y cruel matanza de las aldeas de Surribas y Queizán, Chantada se vería nuevamente sorprendida por un trágico episodio criminal de grandes dimensiones. Su atrocidad era si cabe mucho peor que la llevaba a cabo por el psicópata y esquizofrénico Paulino Fernández. En la jornada del 21 de febrero aparecían brutalmente asesinados una madre y su hijo, quienes se encontraban abrazados, lo que añadía un mayor patetismo a la situación, ya de por si dramática.
En un principio se había especulado incluso con la posibilidad de que la muerte de ambos fuese debida a un enfrentamiento familiar entre progenitora y vástago, teoría que fue desechada en el momento que se les practicó la autopsia a los cuerpos. Por otro lado, se apuntaba también a la posibilidad de un ajuste de cuentas. No obstante, las investigaciones de la Guardia Civil avanzarían a un mejor ritmo del esperado, y en muy poco tiempo fue detenido un joven de 19 años, Edelmiro López Agrelo, quien relataría ante las autoridades de forma minuciosa como había llevado a cabo el horripilante doble crimen que remataría de consternar a la ya de por sí abatida localidad de Chantada.
Portugués en libertad
Junto con Edelmiro López, sería detenido también el súbdito portugués Carlos Manuel Barra Dacosta, de su misma edad, por su presunta relación con los hechos. Sin embargo sería puesto en libertad tan solo 24 horas más tarde al comprobar que no guardaba vínculo alguno con el sanguinario suceso. Además, había un hecho con el que resultaría fácilmente incriminar al supuesto autor de tan tamaña salvajada, que eran los restos que se encontraron en las uñas de las víctimas, pues se deducía, como así había sucedido, que en el lugar de los hechos, la Casa Grande de Randolfe, en la parroquia chantadina de Bermuín de Abaixo, pudo haber pelea entre víctimas y agresor.
A los pocos días de cometerse el crimen y con Edelmiro López ya en prisión provisional sin fianza, se procedió a la reconstrucción de los hechos, que sería un factor clave a la hora de dilucidar la condena que debía cumplir el reo. El homicida empleó un palo de roble de grandes dimensiones con el objetivo de robar en la vivienda. Al parecer, llamó a la puerta, abriéndole la mujer María Blanco Domínguez, de 69 años de edad. Al sentir un impresionante griterío, su hijo José Fernández Blanco, de 46 años, acudió en su ayuda, sin que pudiese evitar los mortales golpes que le estaba propinando a su madre. El motivo del doble crimen vendría motivado por un robo y se perpetró a las primeras horas de la noche, antes de que madre e hijo se fuesen a dormir.
Lo que no pudieron encontrar los investigadores fueron las ropas de Edelmiro López, que se supone debían estar ensagrentadas. La sentencia apuntaba a la posibilidad de que una vez perpetrado el doble crimen, el asesino se hubiese desplazado hasta su vivienda para cambiarlas. Tampoco quedaron reflejados con exactitud los itinerarios, así como las actividades que hizo en el día de autos.
«Débil mental»
En el juicio celebrado en su contra en la Audiencia Provincial de Lugo en la primera semana de julio del año 1992, los magistrados consideraron a Edelmiro López Agrelo como un joven que padecía cierta «debilidad mental», aunque no iba más allá en su descripción, circunscribiéndose a que los médicos que lo examinaron consideraron que padecía oligofrenía. La defensa del reo argumentó que su defendido había estado el día de autos en el casino de Chantada, entre las doce de la mañana y las siete y media de la tarde, así como que las ropas que llevaba puesta no se hallaron rastros de sangre de las víctimas, lo que fue contrarrestado por los jueces argumentando que podía haber cambiado su indumentaria tras haber cometido el crimen. Respecto a la estancia en el casino, fue rebatida comentando que Edelmiro pudo desplazarse andando desde el mencionado centro hasta el lugar dónde perpetró el crimen.
El joven, que en el momento de ser condenado tenía a sus padres y un hermano ingresados en prisión, sería sentenciado a cumplir 24 años de cárcel y a indemnizar a los herederos de las víctimas con 20 millones de pesetas (120.000 euros actuales). La sentencia hacía hincapié en que concurría el agravante de superioridad, dada la complexión del asesino y la escasa envergadura de ambas de víctimas, al tiempo que descartaba la intervención de más personas en este suceso. Además, también se utilizaría en su contra la minuciosa descripción que ofreció de los hechos ante la Guardia Civil en el momento de efectuarse la reconstrucción de los mismos, en la que se señala que narra con todo tipo de detalles como habían acontecido, pudiendo ser corroborados posteriormente por los encargados de la investigación criminal.
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