Asesinan a su hijo de un año y tiran su cuerpo a un pozo en Barro (Pontevedra)
En aquel mes de diciembre de hace cuatro décadas, el viento del autonomismo estaba recorriendo Galicia, pues, no en vano, el 21 de diciembre se refrendaría el segundo estatuto de autonomía de su historia. Atrás había quedado el frustrado e ilusionante proyecto de 1936. Sin embargo, para esta nueva convocatoria había algo que no cuadraba, pues eran los partidos de ámbito estatal quienes propugnaban el voto afirmativo, mientras que los nacionalistas de izquierda solicitaban de sus electores votar de forma negativa. Cosas de la vida. El texto estatutario se aprobaría con una ínfima participación, queriendo olvidar muchos políticos la celebración de aquel referéndum que había servido para tan poco, salvo para gastar el dinero. Con una abstención que superó el 70 por ciento, récord de absentismo electoral de cualquier convocatoria celebrada en España, las máximas autoridades del país dieron su visto bueno al Estatuto de Autonomía de Galicia. Como para quedarse con la conciencia tranquila.
En aquella tierra todavía se seguía transitando por enfangadas corredoiras, siendo todavía muchos de sus paisanos quienes seguían practicando una agricultura de autoconsumo. Aunque les dijesen que el estatuto iba con ellos, quizás no pensasen lo mismo. En el interín de la campaña estatutaria se produjo un suceso que supera lo macabro y lo grotesco, algo a lo que no estaban acostumbrados -ni de lejos- aquellos buenos hombres y mujeres, que se tapaban ellos su cabeza con una pucha y ellas la cubrían con un pano bien anudado. El desgraciado acontecimiento nos traslada a la localidad pontevedresa de Barro, concretamente a la parroquia de Portela. Allí sería encontrado el 10 de diciembre en un pozo negro el cuerpo de un pequeño de tan solo un año de edad, Jordi Rey Fernández, quien había sido arrojado por sus padres después de haberle dado muerte.
Denuncia
Hay una clásica expresión que se ha convertido en un axioma y que quizás encierra una innegable verdad. No es otra que «la policía no es tonta», que tantas veces habremos escuchado a lo largo de nuestras vidas. Los padres de la criatura, concretamente su madre, Carmen Fernández, presentaría una denuncia ante la Benemérita sobre la presunta desaparición de su hijo más pequeño. Añadía, que, además de la ausencia de su vástago, también que le habían sustraído 5.000 pesetas (30 euros actuales). Sin embargo, había algo que no cuadraba en su declaración ante los agentes, quienes proseguirían con su interrogatorio a la progenitora del crío en fechas sucesivas. El cuerpo del pequeño aparecería a las tres de la tarde del miércoles, 10 de diciembre de 1980 en un pozo negro situado en una finca, anexa a la vivienda en la que convivía en compañía de sus progenitores y sus dos hermanos, mayores en edad que el pobre infortunado.
El hallazgo del cuerpo del pequeño alertó a los agentes de la Guardia Civil, quienes inmediatamente pusieron su foco de atención en la madre del pequeño, quien el día anterior había presentado una denuncia sobre su hipotética desaparición. La mujer, que fue trasladada hasta el cuartel, había ingerido una abundante cantidad de psicofármacos antes del interrogatorio en el que explicaría a los agentes los pormenores del suceso, saliendo así a relucir las contradicciones en las que había incurrido en su primera declaración. A consecuencia del elevado consumo de medicamentos, la mujer ingresaría durante unos días en el Hospital de Pontevedra para ser tratada de la intoxicación que presentaba.
Según el relato del fiscal en su escrito de acusación, en el juicio celebrado el 1 de octubre de 1981, la muerte del pequeño se habría producido en la madrugada del 9 de diciembre de 1980. Esta se habría hecho por estrangulamiento y en común acuerdo de ambos cónyuges. Al parecer, el pequeño, por quien desde un principio habían mostrado un gran rechazo, habría iniciado un llanto que no les permitía descansar. Para paliar esta situación, Carmen Fernández le habría echado las manos al cuello con la finalidad de matarlo. No consiguiendo su objetivo, su marido, Benito Rey Varela le habría ayudado en esta tarea anudándole al cuello una venda de tejido que terminarían por producirle la muerte a consecuencia de la asfixia.
Que la pobre criatura no era del agrado de sus padres, parece ser que era de dominio público entre las gentes de la localidad, ya que la madre no se había recatado en decir en sucesivas ocasiones que «ya se podía morir de una vez», pues al parecer el niño padecía algún tipo de enfermedad congénita. De la misma manera, en el cuerpo del pequeño los forenses encontrarían diversos tipos de hematomas que evidenciaban que un crío de tan solo 14 meses sufría malos tratos por parte de sus progenitores.
26 años de cárcel
En el juicio celebrado en los primeros días del mes de octubre de 1981, quedaron puestas de relieve todas las pruebas aportadas por el ministerio fiscal, quien, en un principio, solicitaba una pena de 27 años de cárcel para cada uno de los dos cónyuges, así como una indemnización solidaria de 500.000 pesetas (3.000 euros) para los dos hermanos mayores de Jordi Rey Fernández.
La condena final se acercaría muchísimo a la petición de la fiscalía, ya que tanto Benito Rey Varela como su esposa Carmen Fernández Montcaizudom, serían condenados a la pena de 26 años, 8 meses y un día de prisión, además de la indemnización que también se solicitaba para sus hijos mayores.
El padre del pequeño, Benito Rey Varela, se vería beneficiado de un indulto, concedido por el Consejo de Ministros en su reunión de 5 de junio de 1992, por el cual obtendría la libertad provisional a condición de que no volviese a delinquir en el periodo en el que estuviese vigente la pena a la que había sido condenado.
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