Aquellos años, finales de la década de los ochenta. en los que Compostela se estaba consolidando como capital gallega, se sucedían las turbulencias en la política y la sociedad del noroeste peninsular a raíz de diversos asuntos que afectaban a la Xunta de Galicia. En 1989 Fraga Iribarne se encontraba preparando su desembarco político en la tierra que lo había visto nacer, mientras el otrora discípulo suyo Xosé Luís Barreiro Rivas, que acababa de dimitir como vicepresidente del ejecutivo gallego, se enfrentaba a la acción de la Justicia por su implicación en el escándalo del juego. Sin embargo, a pesar de aquellos vaivenes a los que se encontraba sometida una tierra que trabajaba honradamente por su futuro, se sucederían una serie de acontecimientos trágicos que conmocionarían de sobremanera a un país que siempre había mostrado su espalda a cualquier atisbo de violencia.
Pocas o muy pocas veces golpeó el terrorismo a Galicia, si bien es cierto que hubo una etapa histórica que el territorio gallego se vio seriamente afectado por acciones violentas, que hicieron temer a las autoridades que la tierra gallega se fuese a convertir en un núcleo de actuación de algunas bandas de criminales. Así sucedió ya bien entrada la década de los ochenta del pasado siglo, cuando -en varias ocasiones- se sucedieron los actos terroristas, siendo los GRAPO y el desaparecido Exército Guerrilheiro do Pobo Galego Ceibe quienes se encargarían de dejar su trágica huella, acabando en muy poco tiempo con la vida de varias personas, mayoritariamente agentes de la Guardia Civil, pero tampoco se libraría de sus asesinas balas el conocido empresario gallego Claudio Sanmartín, quien moriría asesinado en mayo del año 1988.
Una de esas escasas veces que Galicia sufrió la amarga experiencia del terrorismo fue una lluviosa mañana de primavera. La fecha elegida por los violentos fue el 11 de marzo de 1989 y el escenario la siempre lustrosa Praza das Praterías de la capital gallega. Alrededor de las once y media de la mañana cinco miembros de los GRAPO se dirigieron a la oficina del Banco de España con la finalidad de perpetrar un atraco. En la puerta se encontraban custodiando la sede dos agentes de la guardia civil, quienes leían tranquilamente la prensa con el exclusivo ánimo de que el tiempo discurriese de la forma más placentera posible. Sin embargo, aquellos terroristas, dos hombres y tres mujeres, se encargarían de que aquello no fuese así.
A quemarropa
No tuvieron tiempo los agentes a reaccionar ante sus verdugos cuando estos empuñaron las pistolas con las que iban armados y con las que les dispararían a quemarropa y a la sienes, falleciendo prácticamente en el acto. Posteriormente, intentarían hacerse con dinero en efectivo de la cámara acorazada, pero sin poder lograr su objetivo, ya que había sido cerrada por uno de los empleados de la entidad bancaria. Los terroristas efectuarían varios disparos contra la misma, pero resultando en vano. Incluso, amenazarían a uno de los empleados, quien negó que tuviese las llaves de la cámara que le solicitaban los terroristas. A lo largo de quince minutos se vivieron dantescas escenas de tensión en pleno casco histórico de la capital gallega. En vista de que su objetivo se había vuelto imposible, los terroristas huyeron a pie por el casco histórico, apoderándose de las armas reglamentarias de los agentes a quienes habían dado muerte. Algunos empleados del banco se refugiaron en los sótanos y allí esperaron a que los terroristas abandonasen el local.
En el trágico episodio vivido en Compostela fallecerían dos miembros de la Benemérita, Pedro Cabezas González, de 47 años, natural de A Coruña, quien dejaba viuda y dos hijas, y Constantino Limia Nogueira, de 52 años de edad, oriundo del municipio orensano de Xunqueira de Ambía. Este último era padre de tres hijos.
Los terroristas huirían a pie por las calles compostelanas, siendo vistos por muchos ciudadanos. En la acción terrorista, atribuida a los GRAPO, se sospechaba que habían intervenido los miembros de la cúpula del grupo armado. Se trataba, entre otros, de Laureano Ortega Ortega, María Jesús Romero Vega y Encarnación León Lara. Todos ellos serían detenidos en el transcurso de una operación antierrorista llevada a cabo en Santander en diciembre de 1992, lo que daría lugar a una desarticulación provisional de la banda, que aparecería posteriormente con otros actos terroristas.
María Jesús Romero Vega sería capturada en octubre de 1990 y condenada por la Audiencia Nacional a más de 75 años de prisión, aunque abandonaría la cárcel en el año 2013 al anularse la conocida como «Doctrina Parot». Laureano Ortega sería condenado en 1994 a una pena similar, aunque se beneficiaría de la misma medida que su compañera. En el transcurso de la misma operación en el que fue detenido este último, también serían detenidos los Encarnación León y Elvira Diéguez Silveira, quienes serían condenados a penas que sumaban más de cien años de prisión, aunque se verían favorecidos por la aplicación de la medida antes aludida.
El atentado sería condenado de forma unánime por todas la fuerzas políticas y la sociedad gallega de la época, siendo especialmente dura la condena realizada por el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Fernando González Laxe.
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