Cuatro personas asesinadas por dos policías en Nigrán (Pontevedra)

En los años noventa Galicia se encontraba en plena transformación de cara al siglo XXI. En los distintos canales de televisión, así como en la prensa, se reflejaban las obras de las autovías que, por fin, terminarían con el atraso finisecular de una tierra en la que su gran figura seguía siendo Manuel Fraga Iribarne. El todopoderoso presidente de la Xunta era noticia por muchas cosas. Además de haber visitado a dictador cubano Fidel Castro, también alcanzaba notoriedad por sus mayorías absolutas en un tiempo en el que sus adversarios políticos nada podían hacer ante el ciclón que representaba el líder conocido como «el León de Vilalba». De la misma forma, distintos ensayos del político conservador gallego servían de acicate a la polémica en el apartado concerniente a las competencias que debían de tener los distintos gobiernos autonómicos, presentándose a sí mismo como un arduo defensor de los derechos del autogobierno en la comunidad autónoma que presidía.

En aquella Galicia, en la que todo parecía ir viento en popa, también sucedían acontecimientos desagradables. Alguno, casi extremo y demasiado desagradable. El bonsai Atlántico, tal como la definió el escritor gallego Manuel Rivas, no estaba acostumbrado ni mucho menos preparado para sufrir algunos hechos que parecían más propios de otras latitudes que del finisterrae europeo. Así sucedió al anochecer de aquel 31 de enero de 1994 cuando dos policías, que no eran precisamente funcionarios ejemplares, ejecutaron un macabro plan consistente en dar muerte a la familia del empresario David Fernández Grande con el objetivo de extorsionarle y hacerse así con un suculento botín de 20 millones de pesetas(120.000 euros). El suceso guarda una aparente relación con el relatado por Truman Capote en su novela «A sangre fría», aunque aquello era América y no la idílica Galicia.

En torno a las ocho y media de la tarde del último día del primer mes del año, Manuel Lorenzo, y Jesús Vela, se encaminaron a la vivienda unifamiliar de Nigrán, localidad muy próxima a Vigo, con el objetivo de hacerse con un considerable botín para así poder hacer frente a las innumerables deudas de juego, drogas y prostitución en las que se hallaban inmersos. Tras llamar a la puerta del chalet, les abrió la esposa de Fernández Grande, Pilar Sanromán, a quien le preguntaron en reiteradas ocasiones por su marido. A la vez que se cercioraban de que no se encontraba en casa, llegaron los primeros rodeos de aquellos hombres que posteriormente le preguntaron por el hijo mayor, de quien decían que estaba siendo investigado por un asunto turbio, lo que alarmó a la dueña de la casa.

Guantes quirúrgicos

Los dos policías para llevar a cabo su plan utilizaron unos guantes quirúrgicos con la finalidad de no dejar huellas que, en un momento dado, pudiesen incriminarles. A partir de ese instante comenzaría el largo calvario de una familia que sufriría en sus propias carnes un gran y terrible horror. En ese momento comenzaron su macabra fechoría amordazando y maniatando a las tres personas que en ese momento se encontraban en la vivienda, Pilar Sanromán y sus dos hijos, David, de 22 años y Pedro, de 15.

En medio de una gran tensión, algo más de dos horas mas tarde llegaba a su casa el principal objetivo de aquellos dos desalmados, el conocido empresario David Fernández Grande, quien al entrar en su domicilio se vio sorprendido por aquellos dos hombres a cara descubierta, a quienes conocía y que le exigieron 200 millones de pesetas(1,2 millones de euros) a cambio de su libertad y de la de los restantes miembros de su familia. Un poco más tarde de la llegada del patriarca del clan familiar, llegaría su hija Marta, con quien, los secuestradores de su familia, aplicarían el mismo protocolo que los demás moradores de aquella vivienda.

Desde un primer instante, el empresario les advirtió que no contaba con la cantidad de dinero exigida, por lo que se inició una larga y tensa negociación entre los secuestradores y el industrial gallego. Se iniciaba así una dramática y tensa noche en la que de cuando en vez los extorsionadores intercambiaban alguna breve conversación con Fernández Grande con la finalidad de tratar de llegar a un acuerdo que pusiese fin a la situación. La cantidad que debía entregar a sus captores se fijó en 20 millones de pesetas(120.000 euros).

A primera hora de la mañana llegaba a la casa la empleada doméstica, Ana Isabel Costas, que sería igualmente amenazada y amordazada como lo habían sido los otros cinco miembros de la familia.

La matanza

Tras la desesperante situación que vivía la familia Fernández Sanromán, por fin llegaría el dinero, por vía de un empleado de las empresas de David Fernández, quien llegó con la cantidad exigida por los secuestradores en torno a las dos de la tarde del día 1 de febrero. Quizás en ese momento la familia extorsionada creyó que la situación llegaba a su fin, pero quizás no imaginaba que iba a ser tan trágico ni tan dramático. A partir de ese momento se iniciaba la segunda fase del macabro plan trazado por los dos agentes de policía, consistente en separar a los miembros de la familia e ir repartiéndolos en las distintas estancias que tenía la casa.

En ese momento se desencadenaría la terrible orgía de sangre y dolor que aterraría a Galicia y al resto de España. Uno de los secuestradores, Manuel Vela disparo, con un cojín de por medio para evitar que se escuchase el disparo, sobre el empresario. Al parecer, marró uno de los tiros, pero acertaría el segundo con el que acabó con su vida. Repetirían el ritual con los restantes miembros de la familia, a excepción de los dos hijos varones, que se encontraban encerrados en una habitación. Conscientes del futuro que les podía aguardar sino hacían algo, consiguieron romper las ligaduras con las que habían sido maniatados y echar el pestillo de la puerta. Gracias a esta habilidad, comenzaron a lanzar gritos de socorro por una ventana que daba a la calle. Los policías darían constantes golpes a la puerta del cuarto en que estaban encerrados, amenazando con matarlos sino abrían, pero la cerradura resistió el envite de los golpes de los secuestradores.

Los crímenes fueron cometidos con un arma corta, 9 milímetros parabellum, que supuestamente había sustraído Manuel Vela de la Comisaría de policía Vigo, siendo arrojada posteriormente al mar, ya que nunca apareció. Ambos agentes del cuerpo armado disponían de un impresionante arsenal de armas, aunque en el cuádruple crimen solamente se empleó el arma anteriormente mencionada.

Ante el temor a que pudieran ser descubiertos, decidieron abandonar el lugar de autos, con su botín. Sin embargo, dos de las víctimas habían logrado sobrevivir a aquel dramático y cruel envite. Sus testimonios resultarían fundamentales en la resolución del caso, ya que uno de los muchachos conocía personalmente a uno de los asaltantes. Su detención sería tan solo cuestión de horas. Manuel Lorenzo fue detenido en el momento en que abandonaba una cafetería, en tanto que su compinche, Jesús Vela corrió su misma suerte en el instante en que bajaba a depositar la basura en los cubos habilitados a tal efecto. Previamente, se habían repartido el suculento botín que habían alcanzado. 

El diario madrileño «El País» publicaba, en su edición del 4 de febrero de 1994, que uno de los secuestradores, Manuel Lorenzo había planeado asesinar a su compañero de andanzas, citando a fuentes de la investigación policial. Al mismo tiempo, informaba que había sido hallado parte del dinero que habían conseguido en un vehículo, marca Opel Kadett, de color rojo, alquilado por este último policía con la intención de huir a Portugal. En el coche se encontraron algo más de ocho millones y medio de pesetas(51.000 euros) de la parte que le había correspondido del botín.

424 años de condena

El juicio por aquella brutal matanza se celebraría en el mes de junio de 1996 en medio de unas excepcionales medidas de seguridad, así como de una gran expectación. Contra los autores del crimen existían una gran infinidad de hechos probados que demostraban sus verdaderas intenciones, siendo la principal los guantes quirúrgicos que emplearon en su macabro plan. A ello se sumaba el hecho que incluso habían recogido las colillas de los cigarrillos que habían consumido a lo largo de la noche, con la finalidad de eliminar cualquier prueba de cargo en su contra.

Uno de los acusados, Manuel Lorenzo se sacó de la manga una versión extraordinaria con la que pretendía justificar aquella matanza. Según su declaración, esta habría sido obra de un tercer hombre, cuyo nombre no revelaba porque había amenazado a su novia con la que -por aquellas fechas- tenía pensado contraer matrimonio. La misma sería consecuencia de una operación de tráfico de armas por la que el empresario asesinado había recibido 200 millones de pesetas(1,2 millones de euros).

Manuel Lorenzo y Jesús Vela serían condenados cada uno a un total de 212 años de prisión, por seis delitos de detención ilegal, uno de robo con homicidio, cuatro de asesinato y dos de homicidio en grado de tentativa. A todo ello, se les sumaban también otros delitos menores.

Indemnización a un acusado

El Tribunal de Estrasburgo rechazaría la posibilidad de que Manuel Lorenzo fuese indemnizado por el tiempo que permaneció en prisión mientras estuvo vigente la llamada «Doctrina Parot». Cuando esta fue revocada por los magistrados europeos, tanto Lorenzo como Vela alcanzarían su libertad definitiva en el año 2013. A pesar de todo, el alto tribunal si estimó que se indemnizase al acusado con los 2.000 euros que había empleado en las costas que le costó el recurso.

La puesta en libertad de los dos asesinos no pasaría desapercibida para la familia y amigos de las víctimas, quienes se manifestaron en contra de la decisión de excarcelarlos. Además, instaban a las autoridades que los mantuviese alejados de la ciudad de Vigo, dado el temor que podían ocasionar en la población, así como las secuelas que podría producir a los familiares de las víctimas. Si bien, esta última medida solamente se concede en casos muy puntuales, tales como los del maltrato a mujeres.

 

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