Dos muertos y más de 100 heridos en los sucesos de Ferrol

En los primeros años setenta Ferrol, además de Vigo, eran los principales centros industriales de Galicia. Hasta la ciudad departamental se habían trasladado trabajadores de todo el área noroeste gallega que veían en una ciudad que se encontraba prácticamente tomada por los militares una oportunidad de escapar de la miseria que les hubiese representado el hecho de quedarse en sus aldeas de origen. En la principal ciudad del norte de Galicia se habían asentado las dos principales empresas de astilleros de la época, dando empleo a miles de trabajadores que procedían de la comarca de Ferrolterra y también de la provincia de Lugo, principalmente.

Como consecuencia de la ingente cantidad de obreros que trabajaban en Ferrol surgirían también importantes grupos de oposición al régimen franquista, que veía como en el principal bastión de su líder tomaban una gran fuerza distintos grupos políticos y sindicales afines al Partido Comunista de España (PCE), considerado en aquel entonces el principal aglutinador de la oposición al régimen que lideraba todavía con mano de hierro el viejo general.

Uno de los principales sindicatos que se había ido insertando de forma clandestina en las estructuras del aparato sindical del Estado franquista era Comisiones Obreras, quien había conseguido infiltrarse en el caduco Sindicato Vertical. La clandestina organización de la época en aquel entonces ejercía ya un gran control en las redes obreras de Ferrol, lo que equivalía a que se negasen a acatar muchas de las directrices emanadas del organigrama estatal. Así ocurrió en marzo de 1972. En aquella época los dirigentes de la estructura gremial del franquismo firmaron un acuerdo que no reconocía las revindicaciones de los trabajadores de Ferrol, quienes, en asamblea, rechazarían el convenio firmado en Madrid. A partir de ese momento se iniciaron una serie de movilizaciones que arrojarían la trágica consecuencia de dos trabajadores muertos y más de un centenar de heridos el 10 de marzo de 1972, fecha que acabaría convirtiéndose en el Día da Clase Obreira Galega.

Despidos

Al no acatar el acuerdo que se había firmado en Madrid, en el que se negaba que los trabajadores de ASTANO y Bazán tuviesen su propio convenio, los dirigentes de estas empresas despidieron a sus representantes sindicales, uno de los cuales sería agredido por los guardias de seguridad de las factorías. Al tener conocimiento el resto de las plantillas y de la agresión a un representante sindical, se declara una situación de huelga general en ambas empresas que terminará degenerando en graves enfrentamientos entre trabajadores y la policía.

El responsable de Bazán habló con los representantes de los obreros pero no alcanzaron ningún acuerdo, lo que provocó las protestas de los operarios quienes se mantuvieron firmes en sus peticiones, además de protagonizar una concentración delante de la sede de la empresa de la que intentó dispersarlos la policía. La actuación de los cuerpos de seguridad del Estado no haría sino empeorar la situación.

Al día siguiente de estos primeros acontecimientos, el 10 de marzo de 1972, a las siete y media de la maña 4.000 trabajadores de Bazán, que se encuentran las puertas de la empresa cerrada, deciden ir en manifestación hasta el Polígono de Caranza, entonces un barrio nuevo y en construcción para reunirse con los de ASTANO. Al paso de los obreros por la Avenida de Castilla y el puente de As Pías, la policía cargaría contra ellos, quienes respondieron a la carga con piedras.

Posteriormente, los miembros policiales dispararían contra los manifestantes provocando la muerte de dos ellos y más de medio centenar resultarían heridos. Los muertos fueron los trabajadores Daniel Niebla y Amador Rey. La cifra de lesionados nunca se pudo contabilizar con exactitud, pues muchos de los lesionados no acudieron a centros sanitarios, a fin de evitar ser reconocidos y represaliados por parte de las autoridades franquistas. Los agentes de la policía se verían en la obligación de refugiarse en el cuartel, dónde tuvieron que resistir dos intentos de asalto.

Del sangriento suceso se harían eco los principales medios de comunicación extranjeros, entre ellos The Guardian, Le Monde o The New York Times, lo que contribuiría a dañar gravemente la imagen exterior de una decrépita dictadura.

Intervención militar

Debido a que los sucesos se estaban escapando fuera del alcance de las autoridades del régimen imperante, estuvo en su mente la intención de intervenir militarmente en la ciudad, ya que la huelga de los astilleros había tenido un efecto contagio con el resto de las empresas de la ciudad, que quedaría aislada por tierra al cortarse su entrada, así como también por vía telefónica.

Un buque de guerra de la Armada se instalaría frente al puente de As Pías. Además, la policía contaría con la ayuda de efectivos de refuerzo procedentes de otras localidades españolas, entre ellas de León y Lugo. Un grupo de representantes de los trabajadores se entrevistó con el capitán general de la zona Marítima del Cantábrico a fin de evitar que hubiese una intervención militar en la ciudad. Los astilleros permanecerían cerrados durante dos semanas.

Las protestas de los trabajadores se saldarían con un total de más de 100 despidos y 60 encarcelados y otros 54 multados con cantidades que oscilaban entre las 50.000 y las 250.000 pesetas, cifras muy elevadas para la época que, en algunos casos, suponían varios meses de salarios.

Por los trágicos acontecimientos en Ferrol, en los que perdieron la vida dos trabajadores, nunca se detendría a nadie ni tampoco se efectuarían denuncias contra los causantes de las muertes. En el año 1997 el Parlamento de Galicia aprobaría por unanimidad una declaración institucional en la que se reconocía la fecha del 10 de marzo de 1972 como Día da clase traballadora galega y en el que se hacía constar su especial significado como un destacado símbolo de la lucha por las libertades públicas.

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