De todos es sabido que la emigración gallega realizó una muy fecunda labor en tierras americanas en la primera mitad del siglo XX. La huella de la diáspora gallega no dejó indiferente a nadie. «Gallego» es un apelativo, y también un calificativo, muy común en nuestros días para referirse principalmente a los españoles, así como a la forma de expresarse de quienes proceden de la Península Ibérica, independientemente de cual sea su origen.
Hoy en día la estancia gallega en las tierras que se sitúan allende el Océano Atlántico sigue estando muy viva entre sus gentes, conservando los ancestrales centros culturales que fundaran hace ya más de un siglo la ingente cifra de emigrantes galaicos que se trasladaron a diferentes países del nuevo mundo en busca de una prosperidad que se les negaba en la tierra de sus padres. Sin embargo, también en esa gran colonia surgieron algunos problemas con consecuencias demasiado trágicas que para nada empañarían la extraordinaria labor llevada a cabo por quien huía de una miseria que, en su tierra, estaba más que asegurada.
Un dramático suceso de las características antes aludidas tendría lugar el 30 de julio de 1955 protagonizado por dos personas que se habían trasladado a Uruguay, otrora denominada la Suiza americana que, sin embargo, en la década de los cincuenta ya se encontraba en una muy franca decadencia. El caso acontecido en pleno centro de la capital uruguaya, Montevideo, estaría hoy en día encuadrado dentro de lo que se denomina violencia de género o machista.
Un botellazo
Dos gallegos que habían salido hacía ya años rumbo a América, Roberto Díaz Vilar y María del Pilar Cancelo Pérez se conocieron en el país del Plata en torno a la segunda mitad de los años cuarenta del pasado siglo. Ambos se habían separado de sus antiguas parejas y habían iniciado una convivencia, calificada de «ilegal» por la prensa española de la época, haciendo referencia con toda seguridad a que en aquel entonces se consideraba un delito el amancebamiento estaba tipificado como delito en el código penal española y así seguiría hasta mayo del año 1978.
Desde hacía ya algo más de un año las relaciones entre Roberto y Pilar se habían ido deteriorando, desconociéndose las causas, aunque quizás la difícil situación que comenzaba a atravesar el país sudamericano tuviese mucho que ver. Sea como fuere, se cuenta que las peleas y enfrentamientos en la pareja estaban a la orden del día. El estado de su relación llegaría a un punto extremo en el verano de 1955, llegando hasta tal punto que el hombre sacudiría un botellazo a su compañera que la dejaría inconsciente. Roberto Díaz aprovecharía la situación para asfixiar a Pilar Cancelo con un cinturón de los que empleaba para ajustarse los pantalones. Posteriormente, recogería el cuerpo de la víctima y lo depositaría en una cantera, dónde sería hallado por la policía uruguaya.
Consciente de que la justicia se le echaba encima, el emigrante gallego trató de poner tierra de por medio, o mejor dicho agua en este caso, para huir del país americano, trasladándose en los primeros meses del año siguiente, 1956, a su tierra de origen. Además, aprovecharía para cobrar los salarios devengados a su compañera. Su destino sería la localidad coruñesa de Valdoviño, muy cerca de Ferrol.
Interpol
En vista de que Roberto Díaz había desaparecido sin dejar rastro alguno, la policía uruguaya alertaría a la Interpol para que se procediese a la detención del ciudadano hispano-uruguayo, pues el criminal poseía ambas nacionalidades. Una vez localizado, las autoridades sudamericanos solicitaron de las españolas su extradición, ya que estaba acusado de un delito de asesinato. Debido a un convenio de reciprocidad en la justicia que afectaba a los emigrantes vigente entre España y Uruguay, este último estado aceptó que a Roberto Díaz Vilar fuese juzgado por tribunales españoles con la condición de que no le fuese aplicada la pena de muerte, vigente en el Estado español para determinado tipo de delitos, pero que no la contemplaba la legislación del país charrúa, lugar en el que se había cometido la infracción penal.
El acusado de la muerte de María del Pilar Cancelo Pérez, una emigrante gallega de 49 años, sería condenado en noviembre de 1958 a una pena de 16 años de cárcel por un delito de homicidio, además de verse obligado a reintegrar el importe de algo más de 3.000 pesetas que había defraudado a la Hacienda uruguaya, en concepto de los salarios devengados obtenidos ilegalmente de su compañera. De la misma forma, también se le condenaba a pagar las costas judiciales y a indemnizar con 102.000 pesetas a los familiares de la víctima.
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