Cuatro personas asesinadas en Santa Cruz do Valadouro (Lugo)

No hay lugar a dudas que algunos hechos violentos pasan a la historia de los pueblos como una inmensa y lúgubre mancha que marca, incluso, a generaciones venideras. Estas ven en el hecho sangriento una infame causa que continuarán retransmitiendo a sus descendientes, creándose mitos y leyendas, muy frecuentes en Galicia a la luz de un candil de gas, amparados por el calor del fuego procedente de una lareira.

La Galicia de finales del siglo XIX era un territorio pobre, eminentemente rural, con elevadas tasas de analfabetismo que vivía básicamente de una agricultura de subsistencia. Habían comenzado ya las grandes oleadas de emigrantes hacia Sudamérica y el Caribe en busca de una prosperidad que se les negaba en la tierra que los había visto nacer. Si el tiempo no acompañaba, se producían todavía grandes hambrunas, a las que solían añadirse epidemias y enfermedades, entre ellas la tuberculosis y el tifus. Era, sin lugar a dudas, un país pobre y depauperado que parecía estar condenándose a si mismo a lo largo de sus últimos mil años. A las desgracias naturales se les unía también el carácter pesimista y difuso de los gallegos de interior.

A pesar de ser un pueblo eminentemente pacífico y trabajador, también acontecían hechos funestos que marcarían su devenir. Decíamos antes que la Galicia rural era abrumadora en relación a los escasos núcleos urbanos, el mayor de los cuales no superaba los 70.000 habitantes. En esa Galicia eterna, que ahora parece tener los días contados, es a la que nos dirigimos para inmiscuirnos en un brutal y terrible episodio del que aún se habla en nuestros días en lugares que sirvieron como triste escenario para uno de los peores crímenes del siglo XIX gallego.

Al anochecer del 22 de noviembre de 1888 un grupo de hombres, armados con palos y otros utensilios de labranza, se dirigen montados en caballos hacía la casa rectoral del párroco de Santa Cruz do Valadouro. Encabeza la macabra cuadrilla Manuel Loxilde Castrillón, concejal del Ayuntamiento de A Pastoriza, municipio de la Terra Chá lucense. Cometen el error de no reparar en ser avistados por vecinos y conocidos, quienes posteriormente testificarían en el juicio que se siguió en su contra. Incluso, se dice que un hombre, de apellido Braña, les advirtió de las consecuencias que podrían acarrearles su funesto plan. Sin embargo, el proyecto se había iniciado tres meses antes y no era cuestión ahora de detenerlo. El inductor Manuel Loxilde, que era padre de siete hijos muy jóvenes, se encontraba en una muy delicada situación económica y no quería -o no podía- dar marcha atrás. En breve se iniciaría un proceso de embargo de sus bienes a causa de las deudas fiduciarias contraídas con distintos prestamistas. También era conocedor de la buena situación económica de la que gozaba el párroco de Santa Cruz, don Manuel Neira, quien -además de rogar a Dios por sus feligreses- se supone que se dedicaba a negocios de préstamo a quién recurría a sus servicios. Al parecer, Loxilde podía tener alguna deuda contraída con el párroco, que era oriundo del mismo municipio que el autor intelectual de la matanza que tendría lugar en su casa.

En torno a las ocho de la noche llegan al lugar elegido para perpetrar la masacre. Debido a la desconfianza y al temor que causaban las personas desconocidas en aquel entonces, es Manuel Loxilde quien llama a la puerta de la casa rectoral. Al parecer, abre la puerta el religioso, quien la franquea sin ningún problema al conocer personalmente al visitante. Los criminales aprovechan esta circunstancia para abalanzarse sobre el cura y entrar de lleno en la vivienda en la que se encuentran otras personas, dos mujeres y un hombre, todos ellos al servicio del párroco. Suponen una inmensa mayoría en relación a los moradores de la casa, quienes además cuentan con la desventaja de ser bastante mayores que sus atacantes. Ante todo, se preocupan de que sus víctimas no griten. Para ello, les introducen trapos en la boca con el objetivo de que su muerte se produzca por asfixia.

Se sabe, según el sumario, que uno de los participantes de este crimen se encargó de asfixiar con sus manos al sacerdote, pues declararía en el transcurso del juicio que pataleaba mucho. Además del párroco, son asesinados también sus tres criados: Luisa García, de 66 años; su hermano, Jesús García y una sobrina de ambos, Josefa Gasalla García, una joven de tan solo 22 años. Convertida la rectoral en panteón, buscan por todos los rincones la supuesta fortuna que le atribuían al religioso. En cuanto a este último aspecto, hay divergencias entre las distintas fuentes sobre el botín que alcanzaron en el brutal atraco. Hay quienes lo elevan hasta las 70.000 pesetas de la época, en tanto que otros lo reducen hasta tan solo 970 pesetas, que era una cantidad muy considerable en aquel entonces. Al marcharse del macabro escenario, los autores de la matanza cometen muchos errores que luego servirán a los investigadores como prueba de cargo. Así, se apoderaron de algunos candelabros y objetos religiosos que posteriormente abandonarían, así como de una escopeta de caza con la que harían lo mismo.

A la mañana siguiente del crimen, el 23 de noviembre de 1888, un mozalbete que ayudaba al sacerdote a oficiar misa descubre el tétrico escenario en el momento en que se dirige a la casa rectoral. Se encontró con las puertas abiertas, con la casa completamente revuelta. Al tiempo que se van divulgando los hechos, el vecindario de las comarcas de A Mariña y Terra Chá, las más próximas al escenario del horrendo crimen, se alarman, produciéndose una sensación generalizada de temor y consternación.

Mientras el pavor generalizado se apodera de las gentes de bien del inmenso rural lucense, en el atrio de la iglesia el médico forense de Mondoñedo, el prestigioso y célebre escritor gallego Manuel Leiras Pulpeiro -que era masón y anticlerical- se encarga de hacer las autopsias a los cuatro cadáveres de las personas asesinadas. En sus indagaciones, el galeno llega a la conclusión de que la matanza se produjo antes de que las víctimas hubiesen cenado, pues no encuentra rastro alguno de comida en sus bolsas estomacales. Mientras esto ocurre, los criminales hacen una vida completamente normal, abusando incluso de su propia arrogancia que finalmente terminará redundando en contra suya. Loxilde Castrillón paga las deudas antes de que llegue la ejecución de las mismas. Otro tanto hace un sujeto conocido como «O Roxo», que ayudó a Loxilde a efectuar su macabro plan. Incluso se cuenta que el concejal de A Pastoriza esperó en una cuadra de uno de sus acreedores hasta el día siguiente, porque en el momento en el que le iba a pagar no se encontraba en casa.

Detenciones

Las pesquisas de la Guardia Civil avanzan de forma lenta, pero enseguida comienzan a encajar las piezas de aquel enrevesado rompecabezas ante el que se hallaban. Se practican hasta diez detenciones, aunque varios de los detenidos son puestos en libertad al comprobarse su inocencia. En este contexto resulta clave la declaración de un detenido apellidado Braña, a quien en un principio se relacionó con el suceso. Este individuo declara que la noche de autos se encontró con los criminales y que les advirtió acerca de las consecuencias que podría acarrearles sus pretensiones. La actitud de aquellos hombres le resultó muy sospechosa. Finalmente, son detenidos seis individuos, todos cómplices o convictos de asesinato. Se da la circunstancia de que el promotor de la matanza no perpetró materialmente ninguno de los crímenes.

En el transcurso del juicio, que se inició el 1 de abril de 1889 y que se celebró en la Audiencia de Mondoñedo, los acusados incurren en múltiples contradicciones. Como estrategia de defensa no se les ocurre peor cosa que acusarse mutuamente entre ellos, lo que les ocasiona un resultado catastrófico. El fiscal que lleva el caso, en sus conclusiones definitivas, eleva la petición de seis penas de muerte para los acusados. En su alegato hace una rogativa pidiendo que sea esta la primera y última vez que se vea obligado a pedir semejante medida judicial.

El día 25 del mismo mes de abril se conocen las sentencias definitivas. Los procesados son inculpados de delito completo de robo con homicidio por lo que son sentenciados a la máxima pena. Además de Manuel Loxilde Castrillón, resultan condenados también, Ramón Seivane García, a quien se atribuía el asesinato del sacerdote; José García Seco, Ramón García, que era primo de una de las víctimas a la que el asesinó personalmente; Antonio Fernández y José Lindín. Este último, adujo -en su defensa- que había participado en el crimen porque carecía de cualquier sustento que llevarse a la boca la mayor parte de sus días. Ahora solo les quedaba la apelación al Tribunal Supremo, quien se encargaría de ratificar las sentencias impuestas por la Audiencia de Mondoñedo.

Ejecución e indulto

La ejecución de los criminales despertó una gran expectación, dado que las ejecuciones en aquel entonces solían ser públicas. Las mismas se desarrollaban en la parte posterior del Santuario de Os Remedios, enfrente de donde se celebran las concentraciones de ganado con motivo de las fiestas patronales de San Lucas o las Quendas. Se calcula que hasta el lugar se desplazaron en torno a unas 12.000 personas, procedentes de los municipios de Ferreira do Valadouro, Alfoz do Valadouro, A Pastoriza y Abadín.

A lo largo del día 25 de abril de 1890, fecha designada para la ejecución, los operarios que trabajaban en la elaboración de los seis cadalsos, preparados para otras tantas ejecuciones a garrote vil, fueron duramente increpados por parte de los familiares de los condenados, a quienes solamente les quedaba la esperanza del indulto por parte de la reina regente María Cristina de Habsburgo. Interceden por el perdón de los condenados el general José Sánchez Bregua y el entonces obispo de Mondoñedo, Manuel Fernández de Castro y Menéndez Hevia.

Finalmente, la reina concede la gracia del indulto a cinco de los sentenciados a muerte. El único que morirá en el patíbulo será Manuel Loxilde Castrillón, autor de la planificación del asalto y muerte del sacerdote y sus criados. Asimismo, había previsto asaltar también la casa del párroco de Santa María de Riotorto. Los cinco indultados serían condenados a prisión perpetua, siendo destinados al penal de Ceuta. Cuentan algunas crónicas que estos dejaron impresos sus nombres en las paredes de la prisión. Unos treinta años más tarde serían puestos en libertad.

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